Los metrodelegados volverán a liberar los molinetes del subte este miércoles desde las 8 en la estación San Pedrito de la línea A y amenazaron con nuevas medidas que podrían afectar el servicio en los próximos días. La protesta se realizará en reclamo por descuentos salariales de la concesionaria Emova, en medio de un conflicto que el 20 de octubre terminó con dirigentes gremiales detenidos y un paro en las seis líneas y el Premetro.

Según denunció el gremio, las quitas son ilegales e injustificadas y se mantienen pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan ponerles fin.

“No descartamos incrementar las medidas con acciones que puedan afectar el servicio en los próximos días si la empresa no cumple con el compromiso adquirido y deposita los salarios descontados de manera ilegítima”, advirtieron los metrodelegados en un comunicado, en el que condicionaron la continuidad de las protestas a que la compañía reintegre el dinero reclamado.

El sindicato también rechazó las acusaciones de la concesionaria sobre incumplimientos de las jornadas laborales.

“El salario tiene carácter alimentario y la concesionaria no tiene potestad, ni fundamento para intentar sancionar a los trabajadores con la privación del mismo mediante la sustracción fraudulenta de haberes”, denunció el gremio.

La última liberación de molinetes terminó con detenidos y un paro

El 20 de octubre, una protesta similar en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B terminó con la detención de dirigentes gremiales y una paralización total del servicio que se extendió durante seis horas y afectó a las seis líneas y el Premetro.

El conflicto comenzó cuando un trabajador abrió una puerta de emergencia para permitir que los pasajeros ingresaran sin pagar boleto. Tras una denuncia, la Justicia ordenó interrumpir la medida y dispuso su detención por desobediencia. Durante el procedimiento también intervinieron otros dirigentes gremiales, que fueron alcanzados por las órdenes judiciales.

Las detenciones provocaron una respuesta inmediata del sindicato, que decidió paralizar el servicio. “La medida de fuerza nace cuando nos detienen”, sostuvo entonces el metrodelegado Facundo Heredia en diálogo con TN.

El Gobierno porteño respaldó el operativo policial y cuestionó la protesta. “Pocas personas tuvieron de rehén a 500.000 personas”, afirmó el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, quien calificó la medida de intempestiva e injustificada.

Jorge Macri también defendió las detenciones y advirtió que no aceptaría “extorsiones mafiosas”. “El que bloquea un servicio esencial va preso”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Subte, Metrodelegados

Luego de que se desatara una polémica por el artículo que proponía gravar con Ganancias las inversiones realizadas a través de CEDEARs, el Gobierno nacional resolvió retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. De esta manera, quedará trunco el tratamiento de la iniciativa en Diputados.

Tanto desde Casa Rosada como desde el bloque de diputados libertario confirmaron a Infobae que la totalidad del proyecto será retirada. Así, cada uno de los articulados volverá a ser revisado antes de que sea tratado por ambas cámaras.

Horas antes, se había confirmado que solo iba a ser eliminado el artículo que contenía la propuesta de modificar el tratamiento tributario de los certificados de depósito argentinos, conocidos como CEDEARs. Se trata de los instrumentos que se negocian en el mercado local, pero representan acciones, bonos y otros activos que cotizan fuera del país.

La decisión había sido confirmada por Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo. “Quedó de un borrador viejo. Se va a retirar”, escribió el funcionario en su cuenta de X sobre el traspié.

El objetivo del apartado era que las operaciones con esos certificados tuvieran el mismo régimen impositivo que la compra directa del activo extranjero al que representan. De esa forma, las ganancias obtenidas con inversiones en compañías o instrumentos del exterior habrían quedado alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Según explicó el tributarista Sebastián Domínguez a este medio, la alícuota que podría haberse aplicado era de 15%. La medida contemplaba los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara el proyecto.

El capítulo que generó controversia proponía reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Bajo el criterio de “transparencia fiscal”, el tratamiento tributario habría dependido del activo subyacente y no del vehículo elegido para realizar la inversión.

En la práctica, una persona que invirtiera desde la Argentina en una empresa extranjera mediante un CEDEAR habría recibido el mismo trato fiscal que quien adquiriera esa acción de manera directa en el exterior.

Qué cambios buscaba impulsar el proyecto

El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, que había sido enviado este lunes a la Cámara de Diputados, reunía 240 artículos que buscaban introducir cambios en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y determinadas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en julio y apuntaba a flexibilizar regulaciones de distintas actividades del sector financiero.

Entre sus ejes figuraba la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. Además, el texto preveía que esos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, con exigencias de seguridad, trazabilidad, identificación del emisor y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Por otro lado, la propuesta contemplaba la creación de los “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría que pretendía incluir plataformas digitales, aplicaciones y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales habilitados. Así, las transacciones efectuadas en esos espacios iban a tener la misma validez jurídica que las realizadas en mercados autorizados.

La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y de la CNV. La autoridad monetaria conservaría el control sobre pagos, liquidaciones y compensaciones que involucren pesos o moneda extranjera, mientras que el organismo regulador del mercado quedaría a cargo de la emisión, el registro y la negociación de valores negociables tokenizados.

Por otra parte, el Ejecutivo proponía ampliar el universo de activos que pueden respaldar un crédito. La lista incluía activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados en cuentas bancarias o de proveedores de servicios de pago. Asimismo, para concentrar los datos de esas garantías, se proponía la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías.

También estaban en marcha modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas destinadas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el proyecto buscaba habilitar cláusulas de actualización e indexación en pagarés, admitir títulos electrónicos para los cobros con tarjeta y permitir que los fondos comunes inviertan en activos virtuales, bajo las condiciones que establezca la CNV.

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