En una resolución que podría tener impacto en la Argentina, la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) dictaminó hoy a favor del derecho a huelga tras un pedido que hizo el sector que representa a los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CIJ determinó que el derecho a la huelga está protegido por el convenio número 87 de la OIT, que garantiza el derecho de trabajadores y empleadores a organizarse libremente, afiliarse a sindicatos y redactar sus estatutos, todo sin interferencia ni autorización previa del Estado.

El dictamen podría tener impacto en la Argentina, ya que en la denominada “ley de modernización laboral”, aprobada por el Congreso el 28 de febrero último, se limitó el derecho a huelga en decenas de actividades a las que ahora se considera “esenciales”.

Con la reforma laboral se amplió la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto. Entre las esenciales, figuran el transporte aéreo, la educación y la recolección de residuos, entre otros. Entre los servicios “trascendentes”, aparecen la industria y la gastronomía, por ejemplo. Cuando Javier Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT.

La consulta ante la CIJ fue impulsada por el Consejo de Administración de la OIT, cuyo representante argentino es Gerardo Martínez, el jefe de la Uocra y exintegrante del Consejo de Mayo, el organismo oficial en el que se discutió originalmente el proyecto de ley de reforma laboral.

Martínez, que integra el consejo directivo de la CGT, pretende utilizar este pronunciamiento en su disputa legal con el Gobierno por la validez de la reforma laboral.

“Celebramos el fallo del dia de hoy de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el cual ratifica que el derecho a la huelga es un derecho indiscutible del derecho a la libertad sindical e integra el contenido esencial del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)en un histórico respaldo de la Corte Internacional de Justicia: el derecho a la huelga es pilar fundamental de la libertad sindical”, dijo Martínez.

Noticia en desarrollo

Eduardo Duhalde reapareció ayer públicamente en la Universidad de Lanús (UNLa) para la presentación de un libro su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. El acto se interrumpió por un momento cuando un grupo de manifestantes entonó cánticos y lo acusó de ser el responsable de la Masacre de Puente Pueyrredón, en la que murieron los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

“A Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”, le gritaron al expresidente desde la tribuna del cine auditorio Tita Merello de la universidad lanusense, donde se desarrollaba la actividad, que se realizó a sala llena, según comentaron desde la universidad a .

Duhalde, de 84 años, no aparecía en público desde hacía varios meses. Incómodo, se mantuvo en silencio ante los insultos y los cánticos en su contra. Por momentos, sonrió de manera irónica. A su lado, estaban Aritz Recalde (director del Departamento de Humanidades y Artes de la universidad y autor del libro que se presentaba, La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires) y Daniel Bozzani, rector de la casa de altos estudios.

“¡Adonde vayan los iremos a buscar!”, le cantaron a Duhalde, que evitó responder y se mantuvo sentado en su silla. Un grupo de militantes peronistas contraatacó con la entonación de la marcha peronista, según imágenes divulgadas en redes sociales por asistentes a la sala Tita Merello.

Los manifestantes interrumpieron la presentación cuando Duhalde iba a comenzar a hablar. Antes, había hecho uso de la palabra Bozzani y, luego, Recalde. Luego de que Duhalde fuera presentado por Mauro Guevara, moderador de la actividad, se produjo el incidente.

Además de los cánticos, los manifestantes portaban copias de la tapa del diario Clarín del 27 de junio de 2002, el día siguiente a las muertes de los militantes piqueteros Kosteki y Santillán, cuyo título principal rezaba “La crisis causó dos nuevas muertes”.

Los manifestantes protestaron contra la presencia de Duhalde durante unos pocos minutos y fueron retirados del cine y auditorio universitario. Tras ello, se quedaron unos minutos dentro de la universidad entonando cánticos y luego se fueron. Según informaron desde la UNLa a , de trataba de “familiares de Santillán, militantes de izquierda y estudiantes-militantes de izquierda del Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria (Cesaco)”. Desde la casa de altos estudios, añadieron que ese centro de estudiantes es el único que conduce la izquierda.

El Cesaco publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram criticando la visita del exgobernador, en el que señaló: “¡Darío Santillán y Maximiliano presentes!¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”.

Cuando Duhalde comenzó su discurso, se refirió brevemente a la protesta en su contra. “Nos acostumbramos a no escuchar. El 80% de los argentinos no quieren peleas, lo dicen las encuestas. Sin embargo, hay gente que quiere seguir peleando. La Argentina no va a salir de ninguna manera, si seguimos peleando entre nosotros. Tienen todo el derecho de plantear cosas distintas, pero de ninguna manera peleándonos los argentinos”, afirmó el expresidente. Durante su intervención, además, anunció que su Movimiento Productivo se constituyó como partido político en la provincia de Buenos Aires.

Kosteki y Santillán murieron el 26 de junio de 2002, cuando Duhalde ejercía como presidente interino tras la salida de Fernando de la Rua. Los manifestantes fueron víctimas de un violento operativo antipiquete llevado a cabo por la policía. Por el asesinato de los militantes, fueron condenados a prisión perpetua el excomisario bonaerense Alfredo Luis Fanchiotti y el excabo Alejandro Gabriel Acosta.

Los familiares de Kosteki y Santillán sostienen que la Justicia solo condenó a los culpables directos, pero no investigó la “responsabilidad política” de los asesinatos, que le atribuyen a Duhalde.