POLITICA
“Chachos de regalo”: la insólita máquina con la que La Rioja busca promocionar su cuasimoneda en la Feria de Turismo

En la Feria de Turismo Internacional que se celebra por estos días en la Ciudad de Buenos Aires hay un puesto provincial que encendió la polémica. Se trata del stand de La Rioja, donde una máquina regala la cuasimoneda provincial.
“Los Chachos vuelan”, señala el eslogan de la máquina que instaló el gobierno provincial en el predio. Allí, los visitantes ingresan en un cubículo y los billetes comienzan a volar y tienen que atraparlos para llevárselos de recuerdo.
“El Chacho es una herramienta de política pública que puso el gobernador (Ricardo Quintela) para movilizar el circuito económico”, señaló el secretario de Turismo de La Rioja, José Rosa. “Lo presentamos en la temporada de verano del 2025 y tuvimos la inyección de 400 millones de pesos. Y 300 millones en invierno”, agregó.
“Todo turista tiene la posibilidad de canjear el 50% de lo que gastó en Chachos, cuando termina su estadía”, explicó. Se trata de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) que la gestión de Ricardo Quintela ya había implementado entre julio y diciembre de 2024.
POLITICA
Tras el polémico fallo del juez de San Nicolás, reflotan un proyecto que tipifica los bloqueos sindicales como delito penal

Verónica Razzini, diputada nacional de La Libertad Avanza, volverá a presentar en los próximos días en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que encuadra a los bloqueos sindicales como delito penal, pero actualizará su contenido con el fin de impedir nuevos fallos como el del juez Alejandro López, de San Nicolás, que absolvió a un líder del Sindicato Camioneros que había bloqueado una empresa en 2021.
La iniciativa había sido presentada en octubre de 2024, cuando la legisladora aún integrada el bloque del PRO, partido por el que ganó su banca por la provincia de Santa Fe en las elecciones de 2023, pero no tuvo suficiente respaldo político y perdió estado parlamentario.
En el proyecto se incorpora en el Código Penal de sanciones a los bloqueos directos con penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión a “quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio para sí o para terceros o causar un perjuicio”. Y también castiga los bloqueos indirectos con penas de seis meses a tres años de prisión, una figura que se refiere al que “hiciere uso de amenazas o exigencias por fuera de los requisitos legales para operar a proveedores, prestadores de servicios, clientes o cualquier tercero vinculado con el comercio, industria o establecimiento bloqueado con el propósito de impedir, estorbar o entorpecer de manera indirecta el normal desarrollo comercial y/o productivo del mismo”.

Contempla, además, que el sindicato, empresa u organización que promoviere o facilitare las acciones previstas en el proyecto serán pasibles de las penas establecidas en el artículo 304 del Código Penal, donde figuran sanciones como “multa de 2 a 10 veces el valor de los bienes objeto del delito; suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de 10 años; cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad, y pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere”.
En ese momento, La Libertad Avanza estaba en plenas negociaciones con la CGT para cambiar el capítulo laboral de la Ley Bases y el proyecto de Razzini, aunque contaba con respaldo del oficialismo, del PRO y otros bloques, quedó congelado para facilitar la sanción de la norma que le interesaba al gobierno de Javier Milei.
Aun así, en la Ley Bases fue incluido un artículo que considera los bloqueos como grave injuria laboral y que de esa forma les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones que atormentan a las pymes.

En la Ley de Modernización Laboral, además, se incluyó un artículo que responsabiliza de manera directa a los jefes de los sindicatos: considera como una de las infracciones muy graves “provocar, y/o instar y/u organizar el bloqueo o tomar un establecimiento”. El agregado de “instar y/u organizar” permitirá que las sanciones previstas por la ley alcancen no sólo a los ejecutores de bloqueos o tomas sino también a los líderes de los sindicatos que hacen esas protestas.
Ambos artículos tuvieron que ver con el impulso de Razzini, quien, antes de ser legisladora, fue presidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), al que fundó en 2021 junto con la abogada Florencia Arietto para agrupar a los dueños de las pyme y diseñar una estrategia para frenar ese tipo de protestas.
La actual diputada es una de las dueñas de una empresa de distribución de materiales de construcción ubicada en Rosario que en junio de 2020 amaneció con dos sedes bloqueadas por el Sindicato de Camioneros d, que exigía que 18 de los 100 empleados se afiliaran a esa organización. La medida duró tres meses.

Razzini, dueña junto con sus hermanos de la firma que fundó su padre hace 60 años, se resistió y por eso fue amenazada, insultada, intimidada con armas de fuego y tuvo que mudarse para evitar ataques. Su denuncia terminó con 10 empleados y tres delegados presos. Los trabajadores que participaron de la protesta fueron despedidos y presentaron un amparo, pero una jueza consideró que las desvinculaciones eran legales.
Una vez que con el MEAB logró fallos judiciales contra los bloqueos y sus responsables, decidió pasar a la política para tratar de que haya una legislación que evitara las acciones sindicales que, amparadas en el derecho de huelga, violan otros derechos constitucionales como el de propiedad, a la circulación y a trabajar.
En diálogo con Infobae, la diputada Razzini criticó el fallo del juez López: “Estamos enojados, al igual que la sociedad que levantó su voz, porque volvimos al mismo punto de discusión de antes luego de que se habían logrado fallos muy importantes y condenas contra los bloqueos en otras causas, y a nivel institucional se consiguió todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, la generación de inversiones y la recuperación del respeto por la propiedad privada”.

“Esto es volver al patoterismo: tenemos jueces que validan que, por más que los delitos estén comprobados, no importa porque están dentro del marco de una huelga”, sostuvo Razzini. Y agregó: “Lla huelga es el derecho a la protesta que tiene un trabajador de no presentarse a realizar sus tareas y no ser despedido por eso, no a cometer delitos. El derecho de huelga no es más importante que el derecho a trabajar”.
Para Razzini, fue positivo que se produjera una “reacción muy rápida” del empresariado, que, como anticipó Infobae, se impulsan dos denuncias distintas del MEAB y de un grupo de pymes contra el juez de San Nicolás ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, en las que cuestionan el fallo absolutorio del dirigente Maximiliano Cabaleyro y los otros 6 imputados en el bloque de Rey Distribución y piden determinar si existe responsabilidad que pueda justificar el enjuiciamiento y la remoción del magistrado.

Con respecto a su proyecto de ley, la legisladora anticipó que “el contenido va a ser muy parecido” al presentado hace dos años: “Sólo voy a cambiar los fundamentos porque justamente este fallo es muy grave ya que un juez no puede decir que en el marco de una huelga todo vale a pesar de que se cometan delitos”.
La diputada advirtió que “esta es una Argentina distinta y no vamos a permitir un paso atrás porque es muy grave bloquear empresas, es algo que no sucede en el resto el mundo y tiene que ser castigado porque, si no, no vamos a tener posibilidad de desarrollarnos como Nación porque frena el trabajo tan fuerte que hacemos para que vuelvan las inversiones y el país despegue”.
Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini
POLITICA
El Senado reabrirá un viejo debate sin saldar sobre la coparticipación federal de impuestos

Mientras espera a que la Casa Rosada destrabe las leyes más pesadas -sin acuerdo aún en varios frentes- y aguarda la definición si se sesiona o no esta semana, el Senado abrirá el juego de un eterno debate sin saldar y sobre el que nadie quiere ceder: la coparticipación federal de impuestos. Ocurrirá esta tarde, desde las 16, en la comisión homónima que comanda el jefe del radicalismo en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes).
Durante la reunión informativa, titulada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, expondrán el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur; el diputado radical Lisandro Nieri (Mendoza); el ex legislador macrista -defensor acérrimo de la era Cambiemos desde la comisión de Presupuesto de la Cámara baja- y actual director ejecutivo de Cippec, Luciano Laspina; y el titular económico de Fundar, Guido Zack.
El cuerpo en cuestión no suele mantener un ritmo voluminoso en comparación con los que más trabajo consumen en la Cámara alta, por eso llama la atención el convite de las próximas horas, por más que sea de carácter informativo. No obstante, este tipo de movimiento suele quedar, más tarde, en una expresión de deseo. Lo que sí aparecen todos los meses son los documentos relacionados con lo tributario y los respectivos fondeos hacia los distritos.
Sobre estos textos “muy bien preparados” se refirió Vischi en mayo pasado, cuando asumió la presidencia de la comisión. En ese sentido, agregó: “Podemos iniciar un gran debate, que está con una vigencia muy requerida en este momento para el país. Fundamentalmente, abrir el debate sobre los impuestos: cómo se coparticipan, cuáles son los impuestos que verdaderamente merecen la pena y cómo nos vamos a organizar para hacer que el Estado brinde una verdadera respuesta a la sociedad. Me parece que es importante”.

En dicho cónclave también fue electa la vice, la senadora del peronismo disidente Flavia Royón (Salta). La secretaria de Energía del Gobierno anterior planteó la necesidad de “tener una discusión seria sobre las obligaciones” y, también, sobre “los recursos que hoy tienen las provincias”, con “situaciones que cada vez están afrontando más”. Habló de una “discusión que tenemos que dar a fondo”.
Por su parte, el libertario Francisco Paoltroni no perdió la ocasión para meter bocado y recordó: “La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos lleva un largo debate inconcluso desde la reforma de la Constitución del 94. Mi provincia fue muy privilegiada y beneficiada en ese reparto del año 89, con una de las alícuotas más elevadas del reparto a nivel nacional, pero, a su vez, es lo que más ha afectado a la provincia, porque nada se le exige a Formosa en materia de estos fondos coparticipables que recibe del sector privado de todo el resto del país”.
El legislador continuó: “Formosa podría representar el 4% del área agrícola nacional pero un gobernador -en referencia al inoxidable Gildo Insfrán-, que se apropió del cargo de gobernador durante tantos años, impide el desarrollo. Y ese desarrollo es el empleo que no tenemos en Formosa, son los impuestos que no se tributan de IVA y de Ganancias que, a su vez, son coparticipables para el resto de la Nación. Entonces, ahí hay una gran falla. Lo que debería haber sido un gran beneficio para el desarrollo provincial se terminó convirtiendo en una celda que tiene a 600.000 formoseños de rehenes”.
En tanto, para la jornada de mañana ya fueron convocadas otras comisiones, como el plenario de Legislación General; y Población y Desarrollo Humano, que analizará proyectos sobre la creación de un registro de personas deudoras alimentarias en mora. Una de las iniciativas es empujada por el senador del peronismo pampeano Pablo Bensusán.
juan carlos cardenas / comunicacion senado.
POLITICA
Un mundo con final abierto

El tema principal de la Argentina es la incertidumbre global. Es la preocupación de todos los países. No solamente de los estados, sino también de los que tienen que tomar decisiones económicas. Empresariales y, sobre todo, financieras. Es lo que más importa a los consumidores porque está pegando sobre una materia que impregna a toda la economía: la energía, más que nada en los precios de los combustibles, que empuja a la inflación.
Esa incertidumbre se debe a varios fenómenos bastante extraños. Uno muy inusual: hay dos guerras simultáneas, algo que no es fácil de ver en la historia, con elementos que están entrelazados y con actores que están en ambos conflictos, como Estados Unidos.
El primer tema que afecta mucho a los combustibles es la guerra de los Estados Unidos e Israel contra Irán. Es la última derivada de un ataque terrorista, el de Hamas, que lamentablemente pocos recuerdan. Es el punto inicial en la línea de acontecimientos que se sucedieron desde aquel momento hasta ahora.
Esta guerra no tiene fin. Donald Trump no le encuentra una salida. Tenemos noticias de que los iraníes proponen una tregua que signifique liberar el estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo es la forma que tiene EE.UU. de asfixiar a Irán en sus exportaciones de petróleo. Plantean terminar con ese conflicto, pero desde los Estados Unidos exigen un desmantelamiento del plan nuclear, que en Teherán se niegan a conceder.
Este conflicto está impactando en el precio de los combustibles, particularmente en Estados Unidos, en vísperas de las elecciones de medio término. Si vemos el recorrido de los precios de la gasolina, antes de que empiece la guerra el galón estaba a US$2,90, y hoy está a US$4,30. Esto es determinante para la orientación del voto; por eso se supone que muy probablemente Trump pierda, al menos, la Cámara de Representantes.
Otra guerra es la que se desató a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Está ligada a la anterior porque hay un nexo histórico entre Rusia e Irán. Este conflicto también sigue abierto: Trump, que venía a cerrar todas las guerras, no solo no pudo cerrar ninguna, sino que abrió o estimuló otras.
En algún momento, Trump fue el respaldo de Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania. Pero ahora se aproximó a Putin, justamente para poder moderar la disparada de precios de los combustibles, que está provocada por la otra guerra. Trump levantó sanciones contra Rusia para que pueda exportar alrededor de 300.000 toneladas de diesel. Sanciones que él había sostenido.
Hay quienes dicen que no hay una alianza, sino un sometimiento de Trump a Putin. Y algunos interpretan que se trata de una cuestión psicológica y personal. Que habría una especie de veneración, admiración o envidia del presidente de Estados Unidos, que es muy personalista en el manejo del poder, respecto de Putin, que manda en serio. Que lidera una autocracia.
Según informó The Wall Street Journal, el 18 y 19 de noviembre podría haber una cumbre entre Trump, Putin y un actor muy importante de la escena que se mantiene silencioso: Xi Jinping, aunque todavía no confirmó su presencia. Es una conferencia importante porque no está Europa, ni Ucrania. Aunque quieren hablar de Ucrania y de Europa.
Europa es la otra zona dramática hoy en este mundo sacudido. Están afectados Francia, Italia y Albania, por protestas relacionadas a ajustes fiscales y al recorte del poder adquisitivo. Es la aparición de una nueva figura, la misma que en EE.UU. determinó la derrota de Biden: los nuevos pobres. Se trata de gente que está conforme porque la inflación se desaceleró pero no tiene el poder adquisitivo de antes. Los precios están quietos pero el salario no alcanza y descubren lo que descubrió hace años el maestro Juan Carlos Torre: los programas de estabilización dejan un sabor amargo porque se detiene la inflación y, en consecuencia, aparece la verdadera situación de cada individuo en la escala social. Y todos van descubriendo, principalmente la clase media, que quedaron en una situación inferior a la que estaban cuando se desató la crisis.
El problema del salario que no alcanza está afectando a todas las sociedades occidentales y produce protestas, que, en algún momento, están estimuladas por Putin. Hay una intervención permanente de Rusia a través de influencers en redes sociales para producir una radicalización, sobre todo en Europa, el continente desde el cual Rusia es observada con mayor preocupación.
Europa está atenazada porque no solamente está siendo hostigada por Putin, sino también por Trump, cuya política es recuperar el poder económico que EE.UU. cedió a lo largo de décadas, principalmente en el campo comercial. Washington, para liderar el mundo, admitió tener déficit comercial frente al resto de los países. Estados Unidos, con Trump, quiere recuperar ese poder y, por eso, le pide a Europa que financie lo más caro: la defensa. No van a ser más sus custodios.
Estados Unidos se dedicó durante muchos años a financiar la defensa europea, beneficiando a empresas americanas que vendían la tecnología que se utilizaba. Esto implica una discusión en cada país respecto a aumentar el presupuesto de defensa y, en consecuencia, cómo incrementar los impuestos. Lo que genera mayor malestar. Se trata del derrumbe de algo que se conoció durante toda la posguerra como el “Estado de Bienestar”.
En los últimos 50 años, los europeos vivieron como nadie había vivido en toda la historia. Este bienestar está en crisis en Europa y genera movimientos de insatisfacción, en muchos casos muy violentos. Algunos pueden estar siendo estimulados por los rusos.
Zelensky fue a pedir auxilio a los europeos explicando que, si no lo protegían, Putin iba a ir por ellos. Los europeos están en una situación muy incómoda, tironeados por las distintas fuerzas.
Todo este panorama de incertidumbre encarna en gente con mucha preocupación, que son los actores del sistema financiero. Hace unos días, el titular de un fondo de inversión que está enfocado en la compra y venta de bonos soberanos me decía que es una situación desesperante porque están perdiendo plata todos los meses, pero, a su vez, todos están esperando una gran ganancia para cuando se anuncie el fin de alguna de estas guerras, sobre todo la de Medio Oriente. Como la paz se insinúa todo el tiempo, nadie quiere desprenderse de esos títulos que un día pueden multiplicar su valor. Mientras tanto, pierden la plata.
Frente a este escenario, apareció la voz de quien probablemente sea la persona más importante del sistema financiero internacional: Jamie Dimon, presidente de JP Morgan, el banco más importante del mundo. Advirtió, desde Wall Street, que puede haber una crisis financiera internacional seria porque, por la defensa, los países se van endeudando; las empresas, a su vez, se van endeudando para poder mejorar su perfil en inversiones tecnológicas de inteligencia artificial. El crédito se va volviendo cada vez más caro. Y a esto hay que agregarle la inflación, derivada del aumento de combustibles. Así, Dimon pidió a los actores políticos que terminen con esta dinámica belicosa.
Estos vientos que sacuden al mundo e inyectan en la vida política montos muy difíciles de procesar de incertidumbre afectan también a la Argentina y al programa de Milei, principalmente a través del plan contra la inflación. El último índice mayorista, de septiembre, arrojó un número preocupante: 3,2%. El 15% de ese aumento se explica por el aumento de las naftas y el gas, en una economía que se sustenta en una matriz gasífera. Esto afecta a la principal oferta política del Gobierno, que es bajar la inflación.
No se logra bajar la inflación, que hace ya más de un año que viene siendo la misma, para inquietud del Presidente y del equipo económico. Milei y Caputo podrían contestar que es un problema de todos los países, lo que es cierto, pero, si uno mira cuánto aumentó en América Latina, la Argentina encabeza la lista.
Aumenta también la otra gran variable: el riesgo país. Milei tuvo un discurso importante este lunes en Neuquén, en una convención sobre petróleo, y se ufanó, con derecho, de cómo aumentan los ingresos en la Argentina por las exportaciones. Es verdad, esto no empezó con Milei, sino que en el gobierno anterior, pero está beneficiando a la Argentina en su conjunto y, también, al gobierno de Milei, con un superávit de comercio en materia energética muy importante. Un experto como Daniel Gerold lo adelantó muy temprano, durante la gestión de Alberto Fernández.
Aún así, el mercado financiero no le cree a un gobierno al que le ingresan más dólares que antes y va a tener un superávit de comercio muy importante. Sospecha que tiene problemas para pagar la deuda del año que viene y el riesgo país se vuelve a disparar. Uno puede pensar que eso sucede en todos lados y es cierto, pero no pasa de la misma manera. Desde el 9 de octubre hasta hoy, la Argentina tuvo un aumento del riesgo país de 56 puntos básicos. Pasó de 592 a 648.
En cambio, en México, el incremento fue de 11 puntos y, en Brasil, de 9, en medio de la incertidumbre por el resultado electoral. Mientras la Argentina está en 648, nuestro país vecino, el Brasil de Lula, está en 167. Por su parte, Colombia subió tres y quedó en 220 y Chile, que siempre es la niña bonita, aumentó dos, y llegó a 96.
La Argentina sigue con un problema de desconfianza del mercado financiero. Es una limitación curiosa porque este es un programa pensado por financistas para Wall Street. Los cerebros de este programa vienen del mundo de las finanzas, empezando por Luis Caputo.
El mercado sigue desconfiando, frente a un país que va camino a las elecciones. El Gobierno lo define como el “riesgo kuka”, el miedo a Axel Kicillof, que como candidato está muy visible. Caputo lo llamó “el anticristo”. ¿Es eso o son deficiencias del propio programa económico, que estabiliza la economía con algunas palancas riesgosas, como el atraso cambiario?
El Presidente habló de esta situación económica y de los dos problemas. Le habló a los que miran que el riesgo país volvió a superar la barrera de los 640 puntos y dijo que tiene resuelto el asunto de la deuda. También se dirigió a los que temen por el deterioro del salario y la inflación.
Una encuesta de Casa Tres, de Mora Jozami, muestra las preocupaciones de los argentinos: economía en general, 22%; bajos salarios, 15%; desempleo, 15%. Cuando el problema económico es el principal, aparece como un problema derivado la percepción de corrupción. Como si hubiera una especie de pacto mafioso entre la sociedad y los gobiernos. No es un problema solo del gobierno de Milei. Algo así como si los argentinos dijeran: “Si me das prestaciones agradables y hay corrupción, miro para otro lado. Si me falta plata en el bolsillo, creo que es la que te estás llevando vos a través de Manuel Adorni, de la causa $Libra, de la Andis o de Facundo Leal, al que encontraron con dos millones y medio de dólares en la casa, además de drogas”. Ahora sabemos que Leal hacía gestiones, como contó Hugo Alconada Mon en , para que los Milei pudieran deshacerse de las acusaciones por el tema de $Libra.
Todos esos casos de corrupción aparecen en primer plano cuando hay malestar en el bolsillo. La encuesta de Casa Tres dice que sí. Las estadísticas del Indec o del Anses dicen que lo hay. Milei dice que no:
“Dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes, no llegan al día 20. ¿Podemos pensar lo que significa? Si se quedan sin plata verdaderamente el día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir diez días sin comer y sin beber? ¿Se dan cuenta de que la frase suena linda, pero es una pelotudez del tamaño de una casa? No nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela”.
Esta es la interpretación del Presidente respecto de ese dato que surge en las encuestas, seguramente puesto en la cabeza de la gente, como él plantea, por un genio maligno populista que logra montar una patraña en el cerebro de muchos que dicen que no llegan a fin de mes. Este es un debate abierto que seguramente dominará la campaña electoral.
En este panorama de conflictos de dimensión global que repercuten sobre la economía local y dañan los principales éxitos del Gobierno, la Argentina agrega sus propios enfrentamientos internacionales.
Se le pone combustible a ese conflicto eterno con el Reino Unido por las Islas Malvinas. La causa Malvinas pasó a primer plano y ahora se está debatiendo una ley que se tratará prointoi en el Congreso. Con esa iniciativa, el Gobierno complica a los peronistas, que que no pueden permitir que Milei se envuelva en la bandera de Malvinas con más emoción que ellos.
La iniciativa tiene dimensiones complicadas. Propone, como dice el propio texto, castigar a quienes explotan el petróleo argentino en las aguas de Malvinas, usurpadas por el Reino Unido, y a todos aquellos que provean o faciliten la actividad de quienes operan esos yacimientos. El yacimiento lo operan una empresa británica y una israelí.
¿Quiénes colaboran con esa explotación? Habrá que ver quiénes son los traders que van a comerciar ese petróleo, que se calcula que empezará a explotarse el año que viene. No hay tantos traders en el mundo: son cuatro o cinco. ¿Alguno opera en Vaca Muerta? ¿Se lo va a sancionar por eso? Probablemente sí. Por eso hay empresas de servicios petroleros, como Halliburton o Schlumberger, que ya dijeron que no quieren saber nada con Malvinas e indicaron que prefieren invertir en Vaca Muerta.
Es una nueva Argentina la que aplica esta sanción a quienes explotan recursos usurpados en aguas jurisdiccionales argentinas alrededor de Malvinas. Es un país que tiene la palanca de Vaca Muerta para presionar y castigar al sector petrolero.
Es una incógnita cuáles son los bancos que financian esa explotación. Otra incógnita: no sabemos cuáles son pero sí sabemos que son los que financian a Navitas, la empresa israelí que tiene una operación muy importante en el Golfo de México. ¿Será algún banco importante? ¿Hay otras empresas importantes que puedan prestar servicios indirectos o facilitar esa explotación? ¿Compañías de seguros? Esto está llamando la atención de gobiernos extranjeros, sobre todo del de Estados Unidos.
Hubo una llamada extraña del secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, no al canciller argentino, Pablo Quirno, sino al Presidente, cuando acababa de llegar de Washington. Hay quienes creen que se habló de la amenaza que significa este artículo de la ley, eventualmente contra empresas americanas. Clarín lo publicó el domingo en la tapa.
Lo que sí podemos afirmar es que funcionarios importantes de la Argentina recibieron noticias, a través de la Embajada de Estados Unidos, sobre esta preocupación del gobierno de ese país. Es una ley que empieza a inquietar al mundo de los negocios. ¿Empieza a inquietar a Toto Caputo? Es muy posible. El ministro de Economía es como hermano del canciller, por lo que ahí hay un núcleo que puede estar inquieto frente a una ley que sale políticamente, aunque no técnicamente, de la cabeza de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”.
Hay una preocupación adicional importantísima: esta ley, que es como una ley de embargo contra el Reino Unido por la usurpación de Malvinas, no funciona como suelen hacerlo este tipo de leyes de embargo. Esas normas ponen su ejecución en manos del Presidente, del Poder Ejecutivo. Esta ley lo delega en el Poder Judicial.
Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede ir a la Justicia Federal de Tierra del Fuego, provincia de la que forman parte las Malvinas, o a Comodoro Py, y sensibilizar a los jueces respecto de lo que sería una asistencia, no sabemos cuán directa o indirecta, de una empresa a las explotaciones petroleras usurpadoras en Malvinas.
Llevar a la Justicia a empresas que tengan alguna vinculación con compañías que explotan recursos usurpados queda en manos de la sociedad y de la Justicia, sin intervención política. Esto también inquieta, porque puede haber una especie de hiperactivismo judicial. Si uno mira la calidad ética de la mayoría de los jueces de Comodoro Py y de algunos fiscales, puede ser razonable la inquietud.
Todo esto se proyecta a otra dimensión conflictiva que el canciller Quirno está tratando de moderar con mucha prudencia: un conflicto con Chile. Entre el 10 y el 14 de noviembre está previsto que el Danstar, un buque de una empresa logística chilena, viaje desde Valparaíso a Malvinas.
La discusión es qué llevará. Los chilenos dicen que transportará mercadería común para que la consuman los isleños, como siempre. Desde la Argentina hay quienes plantearon la incógnita respecto a si puede ser que lleve insumos para la explotación petrolera.
Los chilenos responden que la Argentina no tiene derecho alguno a inspeccionar el barco. La Argentina firmó un tratado con Chile en 1984 que, en su artículo décimo, permite el libre tránsito de los barcos no solo por el estrecho de Magallanes, que es jurisdicción chilena, sino también por el mar territorial argentino inmediatamente posterior a la salida del estrecho, que es un mar territorial argentino. La discusión llevó a la Cámara de Diputados de Chile a establecer siete resoluciones preventivas frente a lo que puede hacer la Argentina.
Al mismo tiempo, se activa en la Argentina una especie de tensión, sobre todo parlamentaria, respecto de Chile. Esta lógica tiene que ver con el peronismo, que en determinados temas se vuelve procíclico respecto del Gobierno.
Desde la oposición se puede hacer daño a un gobierno obstruyendo sus iniciativas o exagerando sus impulsos: “¿Te gusta ir para allá? Te acelero, y de esa manera te genero el conflicto”. Sería la consigna de Juan Grabois, que, hablando del Presidente, dice: “A loco, loco y medio”. Es una estrategia de oposición por aceleración.
Dicho sea de paso, el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Iván Poduje, trató de loco a Milei. Nadie contestó desde el Gobierno argentino y al ministro le llamaron la atención en Chile.
La oposición se puede volver proactiva, porque aparece un diputado importante de la bancada peronista, Guillermo Michel, extitular de la Aduana durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, muy complicado por las sospechas alrededor de las importaciones. Michel, muy sagaz y bastante audaz, dice que no hay que conformarse con una inspección a un barco. Propone remover determinados regímenes de garantías para las inversiones chilenas, dejar de lado la doble imposición de impuestos, y cancelar tratados de inversiones.
Empieza a haber un espíritu antichileno que muchos creen que en Michel puede estar inspirado no tanto por el Partido Justicialista sino por ciertas vinculaciones que tendría con la Armada. En las Fuerzas Armadas argentinas siempre hay una rivalidad con Chile. Todo esto se ve radicalizado por el discurso oficial.
Santiago Caputo dio un paso interesantísimo e inquietante, respaldado por Milei a través de las redes sociales. En los papeles, Caputo es un asesor de imagen, un estratega de campaña. En la realidad, maneja más de medio gobierno. Desde esa condición, hizo este razonamiento: el Reino Unido es una nación donde ganan espacio quienes profesan la fe islámica, los musulmanes.
En el entorno de tuiteros que rodea a Caputo se ha llegado a una conclusión, muy polémica, de que no hay un fundamentalismo que lleva a algunos musulmanes a radicalizarse y convertirse en terroristas sino que la religión islámica es intrínsecamente violenta. Según ese razonamiento, el Reino Unido está siendo ganado por esa religión y, por lo tanto, en Malvinas hay la usurpación de un Estado islámico.
Caputo se pregunta si Occidente va a permitir que una zona estratégica como el Atlántico Sur esté tomada por el Estado islámico. Entonces se da un paso inquietante: se reivindican las Malvinas no en nombre de los derechos argentinos, jurídicos e históricos, sino de una guerra de religión. ¿Sabrá Milei a donde estamos llegando?
Esta radicalización también se da en el texto de la ley porque, por inspiración de Santiago Caputo, el discurso del Gobierno es que estamos ante un problema de seguridad nacional por Malvinas. El tema no estaba en su agenda hasta fines de agosto y fue Trump quien lo impuso en su conflicto con Gran Bretaña.
Ahora sabemos que estamos casi en guerra. Por eso, la ley incluye un capítulo de seguridad nacional que ya no tiene nada que ver con Malvinas y que amenaza con penalizar lo que esa ley llama campañas de desinformación o la intervención extranjera en las campañas políticas. Si una fundación alemana, como ha sido tan común en la política argentina, financia a un candidato, ¿eso merecerá la intervención de un juez de Comodoro Py?
Lo interesante no es solamente cómo se radicaliza, en términos autoritarios, el pensamiento del Gobierno o, por lo menos, de su principal asesor. También están generando un instrumento que seguirá vigente cuando venga otro gobierno, al que probablemente el propio Santiago Caputo califique de soviético, si el presidente es Kicillof.
Es decir, estamos viendo que, con la excusa de Malvinas, se van corriendo las fronteras de otros instrumentos jurídicos muy inquietantes, con una tendencia autoritaria.
Veremos qué sucede en la Cámara de Diputados con este debate. Probablemente a muchos peronistas y kirchneristas se les haga agua la boca con estos impulsos estatistas de un gobierno anarcocapitalista que pretende controlar a la prensa con la excusa de una Doctrina de la Seguridad Nacional.
Todo esto, sobre todo en su dimensión antiislámica, tiene una motivación interna: la gran animadversión de Santiago Caputo hacia los Menem. En particular, su feroz interna con Sharif Menem, el sobrino de “Lule” Menem que trabaja en la Cámara de Diputados al lado de Martín Menem y con quien los amigos de Caputo ya tuvieron una polémica por cuestiones relativas a la discriminación de los musulmanes.
El tema Malvinas, la cuestión de los salarios, los morosos y los problemas de la ley que recorta los recursos para discapacitados empiezan a movilizar al PJ. Por lo tanto, también se ven gobernadores más exigentes con el Poder Ejecutivo, más remisos a aprobar determinadas leyes. Por ejemplo, a dar de baja la ley electoral que regula las primarias, las PASO.
Para otras leyes piden plata y, como dice Milei, “Plata no hay”. Es el discurso de “Toto” Caputo, que deja muy incómodo a Diego Santilli. Es un PJ que se moviliza y se pone más agresivo, ¿pero es un PJ renovado? Esa es la duda. Hoy hay dos candidatos firmes en el Partido Justicialista, frente al inquietante silencio de Cristina Kirchner: Axel Kicillof y Sergio Massa.
Aquel proyecto renovador que había estado en la cabeza de muchos dirigentes, que vieron que había que dar un salto hacia adelante después de la fatídica experiencia de Alberto Fernández, parece estar en un momento agónico.
Más allá de Trump, de Putin, del aumento de los combustibles, de la suba del riesgo país, de los problemas con la inflación o de la discusión sobre si el salario alcanza, esa dificultad del peronismo para renovarse es el gran activo de Javier Milei, es el gran trofeo, paradójico, que puede llevar a la elección.
Neuquén,Carlos Pagni,Donald Trump,Javier Milei,,Conforme a
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