POLITICA
La polémica por la morosidad: un gobernador del norte desafía a Milei y congela las ejecuciones de deudas prendarias
CÓRDOBA.− La pelea económica y política entre el gobernador riojano Ricardo Quintela y el presidente Javier Milei es de larga data y ahora sumó otro capítulo. El mandatario, esta vez, buscó diferenciarse sobre el trato del endeudamiento de las familias. Mientras Nación sostiene que el problema surge y debe resolverse “entre privados”, el riojano decidió intervenir sobre la dificultad creciente de los hogares para pagar sus deudas.
El gobernador impulsó una ley que sancionó la Legislatura, que establece la suspensión por 180 días de las ejecuciones de garantías prendarias sobre bienes muebles, registrables o no, y créditos instrumentados cuando el deudor sea una persona humana o una micro, pequeña o mediana empresa radicada en la provincia.
La suspensión alcanza tanto a las nuevas ejecuciones como a los procesos judiciales que ya están en marcha.
El avance de los niveles de mora en el país desde fines de 2024 fue acelerado. En diciembre de ese año, la mora total (que incluye el crédito del sistema financiero y de proveedores no financieros) por monto representaba el 3,6% del crédito relevado; un año después había escalado al 12,6% y en junio llegó al 17,5%. En apenas 18 meses, el indicador se multiplicó por 4,9.
La norma aprobada en La Rioja contiene una precisión importante: la deuda no desaparece. Tampoco se modifica, condona o extingue la obligación. El acreedor conserva sus derechos y podrá volver a ejecutar la garantía una vez terminado el período de gracia.
Quintela, con la ley, declaró una emergencia económica y crediticia y decidió intervenir directamente sobre las ejecuciones. Un análisis realizado en la provincia por el contador Luis Herrera estima que los créditos prendarios representan apenas entre el 5% y el 7% del total de los créditos en mora. El grueso del problema estaría concentrado en préstamos personales otorgados por bancos, financieras y billeteras virtuales.
Esto significa que la suspensión puede ser significativa para una familia que está a punto de perder el automóvil o la moto que entregó como garantía, pero no constituye por sí misma una solución al problema general del sobreendeudamiento.
Para el gobierno nacional, la mayor mora no es la prueba de un fracaso del sistema financiero, sino que refleja que después de años de crédito prácticamente inexistente volvió a aparecer. Desde el Banco Central sostienen, además, que el sistema tiene capacidad para absorber las pérdidas potenciales: en junio, las previsiones cubrían 86,6% de la cartera irregular y la integración de capital llegaba a 29,8% de los activos ponderados por riesgo.
Quintela hace una interpretación diferente. A su entender, el problema no es solamente que las familias hayan tomado crédito y ahora tengan dificultades para devolverlo, sino qué tipo de crédito están tomando, a qué tasas y para qué.
El gobernador, además firmó un DNU por el que creó un régimen de protección de los usuarios de créditos de consumo y cuestionó las operaciones que, según su administración, contienen tasas y condiciones abusivas. Planteó que muchas familias ya no se endeudan para mejorar su situación sino para pagar deudas anteriores.
Más allá de La Rioja, el peronismo opositor hizo del endeudamiento familiar uno de los nuevos ejes de confrontación con Milei.
El bonaerense Axel Kicillof planteó que la morosidad no puede ser considerada simplemente un problema individual entre deudor y acreedor, y cuestionó que la regulación de las nuevas formas de crédito, particularmente las billeteras virtuales, quede fuera de los controles tradicionales.
Diputados del PJ Federal también pidieron investigar las condiciones de financiamiento ofrecidas por billeteras y financieras.
La medida de Quintela llega pocos días después de que La Rioja volviera a poner en circulación los “Chachos”, por $4000 millones, y comunicara que continuaría en default con sus acreedores. Milei lo cruzó y calificó la emisión de la cuasimoneda como un “Plan Platita 2.0”.
Quintela asegura que la crisis financiera provincial tiene como una de sus causas el conflicto con la Nación por los fondos que, según sostiene, dejaron de transferirse. En marzo, frente a los reclamos de los bonistas, el gobierno riojano volvió a responsabilizar a la Nación por el deterioro de sus finanzas.
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POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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