INTERNACIONAL
Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional

El avance de China sobre sectores estratégicos de América Latina ya no se limita al comercio ni a la inversión: responde a una estrategia deliberada para ampliar su influencia política y condicionar la soberanía de los países de la región. Así lo advirtió el vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, Randy Scheunemann, en entrevista con Infobae, en el marco de una cumbre organizada por esa institución que reunió en Buenos Aires a dirigentes de nueve países para analizar el impacto de los regímenes autoritarios, el crimen organizado y las políticas de libre mercado.
De acuerdo con Scheunemann, el control de sectores clave por parte de empresas chinas forma parte de las políticas del Partido Comunista para ejercer presión y condicionar decisiones soberanas en América Latina. Las operaciones de estas compañías, según el dirigente, están alineadas con los intereses de seguridad y política exterior de Beijing.
“No existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en el exterior”, afirmó Scheunemann.

Sostuvo que el modelo de expansión de Beijing combina herramientas económicas, tecnológicas y políticas, con efectos que —según advirtió— van mucho más allá del plano estrictamente comercial.
“El problema es que no existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina o en Estados Unidos con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos”, puntualizó.
Scheunemann identificó la infraestructura crítica como uno de los principales objetivos del plan en las sombras de China en la región. Explicó que el control sobre sectores como energía, transporte y, especialmente, telecomunicaciones, brinda a Beijing capacidades que trascienden lo económico y pueden transformarse en herramientas de presión política y acceso a información sensible.
En este contexto, el vicepresidente del IRI subrayó el papel de las empresas tecnológicas chinas en la provisión de redes de comunicación en América Latina.
“Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”.

El dirigente también alertó sobre los riesgos asociados a proyectos de conectividad internacional, como los cables submarinos. Explicó que permitir la participación de empresas chinas en estos proyectos implica que “cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la agencia de inteligencia china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos”.
En el caso de Chile, el proyecto Chile-China Express de la empresa China Mobile busca unir Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de 19.873 kilómetros, bajo control de entidades sujetas a la ley de inteligencia del Partido Comunista Chino.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el proyecto como una amenaza a la seguridad regional, mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) advirtió sobre “riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional”.
Aunque el gobierno chileno anuló el decreto de concesión inicial tras la aparición de antecedentes sobre posibles riesgos de seguridad, el proyecto continúa bajo evaluación oficial.
En entrevista con este medio, Scheunemann habló sobre el control de Beijing en recursos naturales críticos y señaló que minerales como el litio y las tierras raras son esenciales para las industrias tecnológicas, energéticas y de defensa, lo que los convierte en objetivos prioritarios para China.

“Cuando los chinos pueden controlar un activo, por ejemplo el procesamiento de tierras raras, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior”, explicó.
Como antecedente, recordó que Beijing ha impuesto restricciones comerciales en el pasado, afectando a Estados Unidos y Japón tras desacuerdos políticos.
Según el informe Global Critical Minerals Outlook de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes, con una cuota de mercado promedio del 70%. Domina más del 80% del procesamiento global de tierras raras y más del 60% del litio de grado batería.
El “triángulo del litio” —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más del 58% de las reservas mundiales.
Un informe bipartidista del Congreso de Estados Unidos denuncia que Beijing manipula los precios del litio, subsidia empresas estatales y utiliza su peso económico para condicionar a los países productores.
Scheunemann advirtió sobre los acuerdos comerciales con empresas chinas, señalando que brindan al Partido Comunista Chino “la munición de hacer valer su voluntad en todo el mundo”.
Frente a este escenario, Scheunemann sostuvo que la defensa debe centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la transparencia.

“Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática”, afirmó.
Subrayó, además, que “a lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas”; prefieren acuerdos secretos donde los parlamentos no pueden conocer los términos.
Destacó que los marcos regulatorios son la primera línea de defensa frente a la subversión china. Cuando los acuerdos son públicos, pierden atractivo para Beijing.
En conversación con Infobae, Scheunemann abordó el impacto del crimen organizado, advirtiendo que cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más confrontan el poder del Estado. Explicó que estas estructuras se expanden mediante la corrupción, ofreciendo sobornos a jueces y funcionarios. Recordó el caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el país se transformó en un narcoestado, y advirtió sobre la capacidad de adaptación de estas organizaciones.
Finalmente, alertó sobre el riesgo de retroceso político en la región. Consideró que el mayor desafío es sostener el avance hacia gobiernos comprometidos con el libre mercado y los valores democráticos, evitando el retorno a modelos estatistas del pasado, representados por figuras como Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Ese creo es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro”, dijo.

La entrevista completa con Randy Scheunemann
– En el marco de sus reuniones con líderes locales y regionales, ¿qué balance preliminar puede hacer? ¿Cuáles fueron los principales temas abordados, los acuerdos alcanzados y las perspectivas a corto plazo?
Estoy aquí en nombre del Instituto Republicano Internacional y tuvimos una serie de eventos acá (Buenos Aires). También estuve manteniendo una amplia gama de reuniones bilaterales, en las que hablamos sobre toda una serie de temas entre Estados Unidos y Argentina: reformas económicas de libre mercado; resistir los intentos de subversión de dictaduras en la región, ya sea de China, Rusia o Irán.
Tenemos numerosos eventos vinculados a ese tema. También abordamos los desafíos de seguridad más amplios en la región, más allá de esos intentos de subversión, como las organizaciones criminales transnacionales; las nuevas oportunidades económicas derivadas del auge de los minerales en Argentina y del sector energético; así como los objetivos y aspiraciones del gobierno del presidente Milei.
Asimismo, destacamos la notable mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y la emergente asociación estratégica entre ambos países, junto con el papel de liderazgo que Argentina desempeña en la región.
– ¿Cómo está evaluando Estados Unidos el crecimiento de los regímenes autoritarios en el hemisferio occidental? ¿Y qué prioridad ocupa eso en la agenda geopolítica?
Creo que tiene una enorme prioridad cuando uno mira alrededor de la región y ve la amenaza del terrorismo auspiciado por Irán, que ha atacado a este país (Argentina) al menos en dos ocasiones, y la presencia de las redes de terroristas de Irán en la zona de la Triple Frontera, entre otras.
Cuando uno observa la subversión rusa, parte de la cual fue revelada recientemente en este país, con recursos dedicados y campañas de desinformación para socavar al gobierno de Milei; y, en especial, los esfuerzos de China en este hemisferio por subvertir los procesos democráticos y realizar emprendimientos económicos no transparentes —particularmente en el área de los minerales—, además de intentar influir sobre los procesos democráticos. Y eso lo medimos.
Hemos reunido a parlamentarios, periodistas y líderes de la sociedad civil de al menos nueve países para que vengan y compartan experiencias sobre lo que están haciendo, en particular los chinos, para socavar las democracias de sus países. Y, lo más importante, para reunirse a hablar sobre cómo abordar eso: no solo describir el problema, sino tomar medidas concretas para enfrentarlo.
Qué leyes hay que aprobar, qué marcos regulatorios deben reformarse para intentar controlar lo que están haciendo los chinos, que no es solamente venir y participar en el comercio libre, sino realizar un aprovechamiento económico y político para avanzar los objetivos de China, que son ciento por ciento antidemocráticos.
– Cuando estos regímenes controlan puertos o avanzan en infraestructura crítica —como redes 5G o cables submarinos, por ejemplo en Chile—, ¿qué riesgos representan para la soberanía regional y para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Creo que, primero y principal, hay que comprender que no existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en ultramar. Entonces, si Huawei tiene control de la red de 5G en un país determinado, significa que el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque, esencialmente, son lo mismo.
No existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina, en Chile o en Estados Unidos, con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos, tal como ellos los perciben. Y la amenaza que eso implica es que uno está colocando sus datos en manos del Partido Comunista Chino.
Si uno permite que los chinos participen en operaciones de cable, cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la MSS china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos. Es eso lo que han estado haciendo los chinos en todo el mundo.
Y hacen lo mismo en cuanto a intentar controlar los minerales críticos. Nosotros vemos que, cuando los chinos pueden controlar un activo —por ejemplo, el procesamiento de tierras raras—, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior. Cortaron a Estados Unidos, cortaron a Japón porque no les gustó lo que dijeron los líderes japoneses sobre los líderes estadounidenses; entonces, interrumpieron los vínculos comerciales.
Y, entonces, ahora están haciendo acuerdos llamados comerciales con los chinos. Y, si uno hace eso, le da la munición al Partido Comunista Chino de hacer valer su voluntad en todo el mundo.
– ¿Qué mecanismos tienen los países de la región y sus aliados para contrarrestar las prácticas del Partido Comunista Chino?
Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática, que es en lo que nosotros hemos trabajado para construir durante nuestros dos días aquí. A lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Les gustan los acuerdos que se hacen en secreto, donde los términos son privados y los parlamentos no pueden ver los detalles, y donde los periodistas no pueden comprender de qué se tratan. Entonces, cuando las operaciones son transparentes y abiertas al público —como ocurre si uno realiza un acuerdo comercial con Estados Unidos, Francia o Australia—, de repente las ofertas no se ven tan interesantes.
Por eso, las leyes, los marcos regulatorios y una mayor transparencia y rendición de cuentas, promulgadas por parlamentos democráticos, son, creo, la primera línea de defensa contra la subversión china.
– Cree que América Latina ha avanzado en el fortalecimiento institucional o, por el contrario, ha sufrido un deterioro? ¿Cómo evalúa hoy la salud de la democracia en la región?
Creo que estamos en una encrucijada histórica en América Latina en este momento. Durante años hubo gobiernos de izquierda estatistas que predican el control gubernamental de la economía, que sostienen que Estados Unidos es el enemigo y que plantean que Cuba y Venezuela, bajo Chávez y Maduro, son el curso de acción correcto a seguir.
Esos gobiernos han estado perdiendo elección tras elección. Y vemos algunos gobiernos, desde Costa Rica y Honduras, en América Central, hasta Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile, aquí en el sur, comprometidos con los principios del libre mercado en todos los casos, y también con una política exterior que mira a los valores democráticos compartidos en lugar de los autoritarios, con los Maduros, los Chávez y las Cubas del mundo.
Ese es un cambio histórico respecto de dónde se encontraba América Latina durante décadas, en un contexto en el que el mapa político regional viene mostrando un giro y mayor alternancia tras varios procesos electorales recientes . Y Argentina está a la vanguardia de ese cambio; por eso es tan interesante estar acá y trabajar con el gobierno argentino, con la sociedad civil y con los partidos políticos.
– Ahora que mencionaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿cuál debería ser el rol de la región frente a estos regímenes? En el caso venezolano, tras la salida de Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez al frente en un contexto de transición, ¿qué deberían hacer los países para acompañar ese proceso?
Creo que el rol de los países democráticos en el trabajo contra los autoritarios es, justamente, trabajar juntos para brindar recursos que permitan llevar democracia a los países autoritarios; llevarles las herramientas y el apoyo que necesitan: respaldo diplomático, capacitación y visibilizar de inmediato cuando ocurren irregularidades, como lo que se robó en Venezuela. Muchos, aunque no todos, los países de la región lo observaron y lo notaron.
Agregar presión política y económica sobre las dictaduras de Cuba y Nicaragua es lo correcto. El pueblo de Nicaragua y de Cuba merece la libertad tanto como la gente de Chile y Argentina. Han sufrido mucho bajo dictaduras, y esas dictaduras no van a durar para siempre.
La dictadura de Maduro se terminó. La transición sigue siendo muy incierta en Venezuela, pero uno ve lo que ocurre cuando hay dictaduras: además de reprimir a su propia gente, conducen a migraciones masivas hacia otros países —más de 7 millones de venezolanos han salido del país en la última década— , a veces desestabilizando a los países receptores.
Entonces, lo que ocurre en Venezuela no se queda solo dentro de ese país.
– En relación con las redes de crimen organizado en América Latina, ¿considera que han incrementado su capacidad de incidir o capturar determinados procesos? ¿Qué países están, a su juicio, más expuestos a esta amenaza?
Creo que hay enormes riesgos que enfrentan los países de la región, y que todos enfrentamos, derivados del crimen organizado, ya sea que contrabandeen narcóticos, personas o mercancías. Cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más desafían el poder del Estado.
Cuando son capaces de ofrecerle a un juez, a un funcionario de aduana o a un policía el triple o cuádruple de su sueldo para que mire para el otro lado frente a una transacción, esa corrupción va permeando en el país. Y vimos, en las décadas de los ochenta y los noventa, lo que ocurrió con Colombia cuando pasó a ser esencialmente un narcoestado. La gente de Colombia, con ayuda de Estados Unidos y otros, logró revertir esa situación. Pero las organizaciones transnacionales no desaparecieron.
Algunas se trasladaron al norte, a América Central y México; otras, al sur. Son persistentes y exigen una respuesta coordinada por parte de los Estados: aplicación de la ley y generación de oportunidades económicas, además de controles aduaneros y fronterizos. En regiones como la Triple Frontera, por ejemplo, la debilidad de los controles y la corrupción han permitido la expansión de múltiples actividades criminales —desde narcotráfico hasta trata de personas— .
Estamos viendo parte de esa respuesta, pero no en todos lados. Y los delincuentes pueden ver que, si reciben una fuerte presión en uno o dos Estados, se trasladan a otro donde pueden operar con mayor libertad. Entonces, Venezuela, que esencialmente fue un narcoestado, podía utilizarse como base para moverse por el hemisferio.
Por eso es tan importante concluir la tarea en Venezuela, pero también asignar recursos a todos los países de la región para asegurar que el área de la Triple Frontera esté bajo control de los gobiernos y no de las organizaciones terroristas.
– En términos de recursos y cooperación, ¿considera que la coordinación actual entre aliados y herramientas como el Escudo de las Américas es suficiente? ¿O resulta necesario avanzar hacia una estrategia más robusta para contrarrestar estas organizaciones criminales?
Creo que está claro que se necesita más. El Escudo de las Américas es una organización relativamente nueva y un concepto relativamente nuevo. Y está recién comenzando a tener los efectos de cooperación necesarios para lidiar con estas organizaciones. Pero la policía, los poderes judiciales, las aduanas, los funcionarios necesitan más. Tiene que haber más coordinación entre inteligencia y las fuerzas de la ley para contrarrestar estas organizaciones. Y los Escudos de las Américas, que es una reunión de gobiernos que piensan similar, es un paso crítico para hacer avanzar este proceso.
– En el contexto de la creciente presencia de Irán, ¿cuál identifica como el principal riesgo para América Latina en la actualidad y en el mediano plazo, de cara a los próximos cinco años?
El principal riesgo, creo, es que el increíble avance que vimos recientemente hacia gobiernos que dan respuesta, que están dedicados a los libres mercados y comparten valores y una política exterior, no perdure. Y que volvamos a los modos del pasado, donde los Ortega, los Chávez y los Maduro pueden prosperar.
Donde haya gobiernos ineficaces de izquierda que consideran a Estados Unidos como un enemigo, en lugar de un aliado de los principios democráticos. Donde se impongan políticas estatistas que socavan la prosperidad, en lugar de políticas de libre mercado que la promueven.
Ese, creo, es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro que hoy empieza a delinearse en la región. En un contexto que, además, los analistas ya describen como de alta volatilidad, con riesgos de erosión democrática, debilidad institucional y fragmentación regional
INTERNACIONAL
Le tiró pintura negra al vestido de su cuñada para arruinarle la boda y la condenaron a 10 meses de cárcel

Un casamiento que debía ser inolvidable por el amor y la alegría terminó en un verdadero escándalo en Maidstone, Inglaterra. Gemma Monk, de 35 años, estaba a punto de dar el “sí” junto a su pareja de toda la vida, Ken Monk, cuando su propia cuñada irrumpió en la ceremonia y le arrojó pintura negra encima, dejando a todos los 50 invitados en estado de shock.
La agresora, Antonia Eastwood (49), esposa del hermano mayor de Gemma, Ashley, irrumpió en el salón de Oakwood House Register Office y desató el caos. Según contaron los testigos, la novia quedó empapada de pintura en el rostro, el vestido y la piel, mientras los presentes no podían creer lo que veían.
Aunque el incidente ocurrió fuera de cámara, un video de las cámaras de seguridad captó a alguien arrojando flores a Eastwood mientras huía. Así quedó Gemma Monk tras el ataque de su cuñada Antonia Eastwood. (Foto: gentileza The Mirror).
Un ataque por “venganza” que marcó a toda la familia
El episodio ocurrió el 24 de mayo de 2024, pero recién ahora se conoció la sentencia judicial.
La relación entre las familias Monk y Eastwood ya venía tensa desde hacía tiempo, con peleas y acusaciones cruzadas que se remontan a la boda de Ashley y Antonia en 2023. Según Gemma, su cuñada la acusó falsamente de “querer hacerla tropezar” en su propio casamiento, y desde entonces el vínculo se rompió. Antonia Eastwood fue condenada a 10 meses de cárcel en suspensión por el ataque a su cuñada. (Foto: gentileza Metro).
El día de la boda de Gemma, ni Antonia ni Ashley estaban invitados. Sin embargo, la mujer viajó desde Manchester y, en un acto premeditado, arruinó el vestido de la novia valuado en £1.800 y obligó a suspender la ceremonia por dos horas. El daño al salón y la pérdida de ingresos superaron las £5.000, según detalló la Justicia.
“Me arruinó el día más feliz de mi vida”
A pesar del ataque, Gemma se recompuso, se limpió como pudo en un vestuario y, con la ayuda de un asistente, se puso un vestido de reemplazo para poder casarse.
“Habíamos esperado ese día durante años. Nada me iba a detener. Si era necesario, caminaba al altar en ropa interior y con la cara manchada de pintura”, contó la novia, que trabaja como cuidadora de salud mental.
Pero el daño emocional fue profundo. En su declaración ante el tribunal, Gemma confesó: “Esto cambió mi vida para siempre. Perdí mi dignidad, mis hábitos, y sentí que ya no era la misma persona. Si no fuera por mis hijos y mi familia, no sé si habría podido seguir adelante”.
“Esto convirtió el día más especial de mi vida en el peor recuerdo que jamás olvidaré, y mi familia tampoco”, agregó la mujer.
Gemma Monk se casó con otro vestido dos horas después. (Foto: gentileza Metro).
El ataque coincidió con un momento delicado para Gemma, que venía de atravesar un susto por cáncer y había bajado mucho de peso. “Ella sabía por lo que estaba pasando y aun así decidió arruinar el día más importante de mi vida”, lamentó.
La Justicia condenó a la agresora, pero la víctima no quedó conforme
El caso llegó a juicio en Caorte de la Corona de Maidstone, donde Antonia Eastwood fue condenada por dos cargos de daño criminal. El juez Oliver Saxby KC le impuso una pena de 10 meses de prisión en suspenso, 160 horas de trabajo comunitario, una orden de restricción por 10 años y el pago de £5.000 en compensación (de los cuales £4.000 son para Gemma y £1.000 para el salón).
Durante la audiencia, Eastwood pidió disculpas a través de su abogado y alegó estar atravesando una depresión. Sin embargo, el juez fue contundente: “Esto debía ser un día especial para Gemma y su familia. Por tu culpa, se convirtió en una pesadilla. Fue un acto horrible, mezquino y cruel”.
Gemma, por su parte, aseguró que la sentencia fue “demasiado leve” y que nunca podrá perdonar a su cuñada. “No acepto sus disculpas. Debería haber recibido al menos 23 meses de prisión por todo lo que nos hizo esperar para llegar a este juicio”, expresó.
Habló la cuñada tras la condena: “Me avergüenzo de mí misma”
La mujer de 49 años, también conocida como Toni, declaró al Daily Mail: “Me avergüenzo de mí misma. No soy así. Nunca antes había tenido problemas con la policía. Jamás”.
Eastwood afirmó que había actuado “en un arrebato del momento” y que no estaba segura de por qué había tirado la pintura a su cuñada.

Gemma y Ken Monk cancelaron su luna de miel tras el ataque. (Foto: gentileza Metro).
La mujer también dijo que sufrió un ataque de pánico el día de su sentencia, y que estaba aterrorizada ante la posibilidad de ir a prisión.
El ataque no solo arruinó el vestido y la fiesta, sino que también obligó a la pareja a cancelar su luna de miel soñada en las Maldivas. “No estaba en condiciones de viajar”, admitió Gemma, que vive con Ken y sus hijos Tyler (18) y Naomi (11) en Herne Bay.
A pesar de todo, la pareja planea renovar sus votos en la misma fecha para intentar dejar atrás el mal recuerdo. “Ese día logré sonreír para las fotos porque me casaba con el hombre que amo. Pero no celebramos aniversarios desde entonces. Queremos volver a casarnos y, tal vez, así podamos celebrar de verdad y darnos la luna de miel que merecemos”, concluyó.
Reino Unido, boda
INTERNACIONAL
Moms group labeled ‘extremist’ flips script on SPLC after federal indictment: ‘Shut it down’

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The leader of a parental rights group that the Southern Poverty Law Center labeled an «extremist» organization is calling for the group to be «shut down» as it faces federal charges.
The Justice Department indicted the Southern Poverty Law Center on charges of wire fraud and conspiracy to commit concealment and money laundering, stemming from allegations that the civil rights organization funneled $3 million in donations to people linked to various violent extremist groups, including Unite the Right, the Ku Klux Klan and the Aryan Nations. These same extremist groups have been targeted by the Southern Poverty Law Center through its litigation and advocacy efforts for years.
Moms for America founder Kimberly Fletcher accused the Southern Poverty Law Center of being a «hate group against America, families, freedom, and God.»
«They’re not going to stop what they’re doing,» Fletcher said. «They’re going to continue funneling money into organizations that are extremist hate groups, and they’re going to continue to target organizations like ours, moms who just want to make sure that our kids are protected, our freedoms are defended, and we restore the republic.»
DAVID MARCUS: ERIKA KIRK IS THE MOTHER SQUABBLING CONSERVATIVES NEED
Kimberly Fletcher, president and founder of Moms for America, speaking at CPAC 2025 held at the Gaylord National Resort & Convention Center in National Harbor, Maryland. (Moms for America)
In its «Year in Hate and Extremism 2022» report, the Southern Poverty Law Center identified Moms for America as an «anti-government extremist» group, alleging that it is an «anti-student inclusion» group and that its measures have «contributed to a volatile climate» for teachers, faculty and school board members.
«I find it ironic that the Southern Poverty Law Center turns out to be the extremist group, which we’ve always known, but now that they’re finally being exposed because the DOJ has investigated them and found them to be funneling money into all the extremist organizations that they’re supposed to be protecting us against,» Moms for America President and founder Kimberly Fletcher said in an interview with Fox News Digital.
«Putting moms in the same category as the Ku Klux Klan or these violent protesters, rioters, it absolutely is not compatible.»
ANTIFA VIOLENCE EXPOSES UC BERKELEY’S HYPOCRISY ON FREE SPEECH AND TOLERANCE

The Southern Poverty Law Center (SPLC) building seen in March 2020 in Montgomery, Alabama. (Barry Lewis/InPictures via Getty Images)
Moms for America, which consists of roughly 500,000 mothers across the country, advocates for restoring «truth, family, freedom and the Constitution» in schools and American culture, and opposes critical race theory and LGBT ideology in public school curricula.
Fletcher said that the SPLC’s «extremist» label has disrupted the group’s operations, claiming that tech companies cut off services and that the organization faced threats and harassment, prompting dozens of the organization’s leadership to step down.
«We have been continuously targeted in threats of violence,» Fletcher told Fox News Digital. «I’ve had emails sent to me saying, ‘I know where your kids live, I know who your grandkids are. And mostly it’s just trying to scare us, but there have been times where I’ve gone face to face with the belly of the beast and people have been right in my face and physically pushing on me.»
OPPONENTS OF MAINE CAMPUS PRO-LIFE GROUP INVOKE CHARLIE KIRK IN SOCIAL MEDIA THREAT : ‘GOTTA BE CAREFUL’

Clashes occurred at the Unite the Right rally in Charlottesville, Va., on Aug. 12, 2017. (Evelyn Hockstein/For The Washington Post via Getty Images)
Despite threats and alleged shadowbanning by social media companies, Fletcher said the extremist label from the SPLC is «almost like a badge of honor.»
«You’re standing up for the right principles and values and so they’re gonna label you as an extremist,» and so we’ll just keep doing what we’re doing.»
To celebrate America’s 250th birthday, Fletcher said Moms for America is hosting a traveling festival in all 50 states geared toward families and children.
Fletcher said the key to countering the Southern Poverty Law Center and other leftist organizations’ attacks is to reach young people and unite families.
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«We are shining a light on all that’s good in America so that the darkness will be exposed for what it is because people gravitate to the lake,» Fletcher said.
Fox News Digital reached out to the Southern Poverty Law Center for comment.
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INTERNACIONAL
Una mujer denunció haber sido secuestrada y nadie le creyó: años después, su agresor fue condenado

Durante dos días, Denise Huskins, una mujer estadounidense de 29 años, estuvo desaparecida. Su pareja, Aaron Quinn, denunció a la policía que un hombre había entrado a su casa por la fuerza durante la noche, los había drogado y a ella la había secuestrado. Sin embargo, nadie le creyó.
Los agentes lo interrogaron durante horas, lo trataron como sospechoso y cuando la mujer reapareció con vida, se reforzó una hipótesis inesperada: que todo había sido un montaje.
El caso, que ocurrió en marzo de 2015 en California, se convirtió en uno de los ejemplos más resonantes de errores en investigaciones policiales. La historia, que fue comparada públicamente con la película Perdida de David Fincher, terminó meses después con un giro: el secuestro había sido real y el responsable fue condenado a 40 años de prisión.
Un secuestro y una denuncia ignorada
Denise Huskins y Aaron Quinn eran dos jóvenes fisioterapeutas que vivían en California y llevaban menos de un año de relación cuando ocurrió el hecho. No tenían exposición pública ni antecedentes, pero en 2015 sus nombres empezaron a circular en todos los medios de Estados Unidos.
En la madrugada del 23 de marzo de ese año, un hombre ingresó a la casa de Quinn, en la localidad de Vallejo, mientras la pareja dormía. Según se reconstruyó después, el intruso los despertó cerca de las 3 de la mañana y les dio una serie de órdenes precisas.
El sospechoso obligó a Huskins a atar a Quinn con precintos y utilizó un método que llamó la atención de los investigadores: les colocó antiparras de natación cubiertas para impedirles ver y auriculares con mensajes grabados, con los que simulaba la presencia de varias personas. También los obligó a tomar un sedante bajo amenaza.
Antes de irse, se llevó a Denise y le indicó a Aaron que se trataba de un secuestro por rescate de 17.000 dólares. También le dijo que no debía contactar a la policía.
Horas después, cuando el joven logró recuperarse parcialmente, llamó al 911 por recomendación de su hermano, que trabajaba en el FBI. Para ese momento, ya habían pasado cerca de nueve horas desde el secuestro.
Dos días más tarde, el 25 de marzo, Huskins reapareció en Huntington Beach, a más de 600 kilómetros de donde residía. Estaba viva, pero el caso recién empezaba. Denise Huskins fue secuestrada mientras dormía en la casa de su pareja, Aaron Quinn. (Foto: People)
Desde el primer momento, la policía puso en duda la versión de Quinn, ya que cuestionaron la demora con la que realizó la denuncia y señalaron inconsistencias en su relato. Por este motivo, fue trasladado a una comisaría, donde permaneció cerca de 18 horas siendo interrogado, casi un día entero. Durante ese proceso, le realizaron una prueba de polígrafo y le indicaron que había fallado, aunque más tarde se supo que el resultado había sido inconcluso.
Lejos de considerar a la pareja como víctimas, los investigadores comenzaron a tratarlos como sospechosos y a delinear una hipótesis polémica. Esa postura se consolidó cuando Huskins apareció con vida.
En una conferencia de prensa, las autoridades aseguraron que el secuestro no había existido y que todo se trataba de un fraude. Además, los acusaron de haber desviado recursos policiales y generar alarma en la comunidad. En ese contexto, se instaló la comparación con la película Perdida, en donde la protagonista finge su desaparición para vengarse de su marido que le fue infiel.
Mientras tanto, Huskins comenzaba a contar lo ocurrido durante el cautivero y denunció que había sido abusada sexualmente en dos oportunidades. A su vez, sostuvo que su agresor había grabado los ataques y que la había amenazado con difundir el material si hablaba.
Denise contó también que el hombre le hizo creer que formaba parte de una organización criminal más grande. Al momento de su liberación, todavía estaba bajo los efectos de sedantes y manifestó que tenía miedo de represalias. A pesar de la denuncia de la pareja, las autoridades sostuvieron que todo se trataba de una farsa. (Foto: People)
El giro en la investigación llegó meses después, a partir de un hecho que ocurrió en otra ciudad. El 5 de junio de 2015 en Dublin, California, un hombre intentó ingresar a una casa durante la madrugada. La pareja que vivía allí logró resistir y el agresor escapó, pero dejó evidencia clave: un celular y otros objetos similares a los utilizados en el secuestro de Denise Huskins.
La agente Misty Carausu, que investigaba el caso, analizó esos elementos y logró rastear el teléfono, lo que permitió identificar a un sospechoso: Matthew Muller. Al profundizar en el caso, detectó similitudes con el secuestro de Huskins y dio aviso a otras agencias. Poco después, el FBI encontró en la casa de Muller pruebas que lo vinculaban directamente, incluida la notebook de Quinn.
El juicio
El principal sospechoso, Matthew Muller, era un exinfante de la Marina de EE. UU. y abogado graduado en Harvard. Durante la investigación, se determinó que había actuado solo y que había utilizado grabaciones de audio para simular la presencia de otros cómplices, lo que explicaba parte del relato inicial de las víctimas.
En septiembre de 2016, Muller se declaró culpable del secuestro de Denise Huskins. En su declaración, admitió haber utilizado sedantes, dispositivos para impedir la visión y grabaciones para llevar adelante el plan. Matthew Muller, el agresor que secuestró a Denise Huskins y abusó de ella en dos oportunidades. (Foto: LA Times)
Además del cargo federal, también enfrentó acusaciones estatales por violación, robo y allanamiento. En un primer momento fue considerado no apto para ser juzgado por cuestiones de salud mental, pero años después, en 2022, fue declarado competente y volvió a declararse culpable de esos delitos.
El proceso judicial permitió confirmar que el secuestro había sido real y que la versión sostenida inicialmente por la policía era incorrecta.
Finalmente, Matthew Muller fue condenado a 40 años de prisión por el secuestro de Huskins. Con el avance de las causas adicionales, su responsabilidad quedó completamente acreditada.
Luego de la resolución judicial, Huskins y Quinn iniciaron acciones legales contra la ciudad de Vallejo. Denunciaron difamación, detención ilegal y daños emocionales, al sostener que habían sido tratados como sospechosos sin pruebas y por haber sido expuestos públicamente.
Leé también: Un conflicto amoroso, una venganza y un ritual: el caso de la mujer que será ejecutada por un aberrante crimen
En 2018, llegaron a un acuerdo con la ciudad por 2,5 millones de dólares. Las autoridades reconocieron errores en el manejo del caso y ofrecieron disculpas públicas.
Con el paso de los años, la pareja reconstruyó su vida: se casaron, formaron una familia y decidieron contar su historia en la serie documental American Nightmare, que repasa lo ocurrido y expone las fallas de la policía en la investigación.
Estados Unidos, secuestro, denuncia
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