INTERNACIONAL
Cómo opera el Partido Comunista Chino para socavar la democracia en América Latina, según el Instituto Republicano Internacional
El avance de China sobre sectores estratégicos de América Latina ya no se limita al comercio ni a la inversión: responde a una estrategia deliberada para ampliar su influencia política y condicionar la soberanía de los países de la región. Así lo advirtió el vicepresidente del Instituto Republicano Internacional, Randy Scheunemann, en entrevista con Infobae, en el marco de una cumbre organizada por esa institución que reunió en Buenos Aires a dirigentes de nueve países para analizar el impacto de los regímenes autoritarios, el crimen organizado y las políticas de libre mercado.
De acuerdo con Scheunemann, el control de sectores clave por parte de empresas chinas forma parte de las políticas del Partido Comunista para ejercer presión y condicionar decisiones soberanas en América Latina. Las operaciones de estas compañías, según el dirigente, están alineadas con los intereses de seguridad y política exterior de Beijing.
“No existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en el exterior”, afirmó Scheunemann.
Sostuvo que el modelo de expansión de Beijing combina herramientas económicas, tecnológicas y políticas, con efectos que —según advirtió— van mucho más allá del plano estrictamente comercial.
“El problema es que no existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina o en Estados Unidos con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos”, puntualizó.
Scheunemann identificó la infraestructura crítica como uno de los principales objetivos del plan en las sombras de China en la región. Explicó que el control sobre sectores como energía, transporte y, especialmente, telecomunicaciones, brinda a Beijing capacidades que trascienden lo económico y pueden transformarse en herramientas de presión política y acceso a información sensible.
En este contexto, el vicepresidente del IRI subrayó el papel de las empresas tecnológicas chinas en la provisión de redes de comunicación en América Latina.
“Si Huawei controla la red de 5G en un país, el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque esencialmente son lo mismo”.
El dirigente también alertó sobre los riesgos asociados a proyectos de conectividad internacional, como los cables submarinos. Explicó que permitir la participación de empresas chinas en estos proyectos implica que “cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la agencia de inteligencia china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos”.
En el caso de Chile, el proyecto Chile-China Express de la empresa China Mobile busca unir Valparaíso con Hong Kong mediante un cable submarino de 19.873 kilómetros, bajo control de entidades sujetas a la ley de inteligencia del Partido Comunista Chino.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el proyecto como una amenaza a la seguridad regional, mientras que la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) advirtió sobre “riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional”.
Aunque el gobierno chileno anuló el decreto de concesión inicial tras la aparición de antecedentes sobre posibles riesgos de seguridad, el proyecto continúa bajo evaluación oficial.
En entrevista con este medio, Scheunemann habló sobre el control de Beijing en recursos naturales críticos y señaló que minerales como el litio y las tierras raras son esenciales para las industrias tecnológicas, energéticas y de defensa, lo que los convierte en objetivos prioritarios para China.
“Cuando los chinos pueden controlar un activo, por ejemplo el procesamiento de tierras raras, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior”, explicó.
Como antecedente, recordó que Beijing ha impuesto restricciones comerciales en el pasado, afectando a Estados Unidos y Japón tras desacuerdos políticos.
Según el informe Global Critical Minerals Outlook de la Agencia Internacional de Energía (AIE), China es el principal refinador de 19 de los 20 minerales estratégicos más importantes, con una cuota de mercado promedio del 70%. Domina más del 80% del procesamiento global de tierras raras y más del 60% del litio de grado batería.
El “triángulo del litio” —Argentina, Bolivia y Chile— concentra más del 58% de las reservas mundiales.
Un informe bipartidista del Congreso de Estados Unidos denuncia que Beijing manipula los precios del litio, subsidia empresas estatales y utiliza su peso económico para condicionar a los países productores.
Scheunemann advirtió sobre los acuerdos comerciales con empresas chinas, señalando que brindan al Partido Comunista Chino “la munición de hacer valer su voluntad en todo el mundo”.
Frente a este escenario, Scheunemann sostuvo que la defensa debe centrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la transparencia.
“Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática”, afirmó.
Subrayó, además, que “a lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas”; prefieren acuerdos secretos donde los parlamentos no pueden conocer los términos.
Destacó que los marcos regulatorios son la primera línea de defensa frente a la subversión china. Cuando los acuerdos son públicos, pierden atractivo para Beijing.
En conversación con Infobae, Scheunemann abordó el impacto del crimen organizado, advirtiendo que cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más confrontan el poder del Estado. Explicó que estas estructuras se expanden mediante la corrupción, ofreciendo sobornos a jueces y funcionarios. Recordó el caso de Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando el país se transformó en un narcoestado, y advirtió sobre la capacidad de adaptación de estas organizaciones.
Finalmente, alertó sobre el riesgo de retroceso político en la región. Consideró que el mayor desafío es sostener el avance hacia gobiernos comprometidos con el libre mercado y los valores democráticos, evitando el retorno a modelos estatistas del pasado, representados por figuras como Daniel Ortega, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
“Ese creo es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro”, dijo.
La entrevista completa con Randy Scheunemann
– En el marco de sus reuniones con líderes locales y regionales, ¿qué balance preliminar puede hacer? ¿Cuáles fueron los principales temas abordados, los acuerdos alcanzados y las perspectivas a corto plazo?
Estoy aquí en nombre del Instituto Republicano Internacional y tuvimos una serie de eventos acá (Buenos Aires). También estuve manteniendo una amplia gama de reuniones bilaterales, en las que hablamos sobre toda una serie de temas entre Estados Unidos y Argentina: reformas económicas de libre mercado; resistir los intentos de subversión de dictaduras en la región, ya sea de China, Rusia o Irán.
Tenemos numerosos eventos vinculados a ese tema. También abordamos los desafíos de seguridad más amplios en la región, más allá de esos intentos de subversión, como las organizaciones criminales transnacionales; las nuevas oportunidades económicas derivadas del auge de los minerales en Argentina y del sector energético; así como los objetivos y aspiraciones del gobierno del presidente Milei.
Asimismo, destacamos la notable mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Argentina y la emergente asociación estratégica entre ambos países, junto con el papel de liderazgo que Argentina desempeña en la región.
– ¿Cómo está evaluando Estados Unidos el crecimiento de los regímenes autoritarios en el hemisferio occidental? ¿Y qué prioridad ocupa eso en la agenda geopolítica?
Creo que tiene una enorme prioridad cuando uno mira alrededor de la región y ve la amenaza del terrorismo auspiciado por Irán, que ha atacado a este país (Argentina) al menos en dos ocasiones, y la presencia de las redes de terroristas de Irán en la zona de la Triple Frontera, entre otras.
Cuando uno observa la subversión rusa, parte de la cual fue revelada recientemente en este país, con recursos dedicados y campañas de desinformación para socavar al gobierno de Milei; y, en especial, los esfuerzos de China en este hemisferio por subvertir los procesos democráticos y realizar emprendimientos económicos no transparentes —particularmente en el área de los minerales—, además de intentar influir sobre los procesos democráticos. Y eso lo medimos.
Hemos reunido a parlamentarios, periodistas y líderes de la sociedad civil de al menos nueve países para que vengan y compartan experiencias sobre lo que están haciendo, en particular los chinos, para socavar las democracias de sus países. Y, lo más importante, para reunirse a hablar sobre cómo abordar eso: no solo describir el problema, sino tomar medidas concretas para enfrentarlo.
Qué leyes hay que aprobar, qué marcos regulatorios deben reformarse para intentar controlar lo que están haciendo los chinos, que no es solamente venir y participar en el comercio libre, sino realizar un aprovechamiento económico y político para avanzar los objetivos de China, que son ciento por ciento antidemocráticos.
– Cuando estos regímenes controlan puertos o avanzan en infraestructura crítica —como redes 5G o cables submarinos, por ejemplo en Chile—, ¿qué riesgos representan para la soberanía regional y para la seguridad nacional de Estados Unidos?
Creo que, primero y principal, hay que comprender que no existe tal cosa como una compañía china. Está el Partido Comunista Chino, que controla las actividades de cualquier entidad china que opere en ultramar. Entonces, si Huawei tiene control de la red de 5G en un país determinado, significa que el Ministerio de Seguridad del Estado de China tiene acceso completo a todo lo que tiene Huawei, porque, esencialmente, son lo mismo.
No existe la libre empresa en el sentido en el que la entendemos nosotros en Argentina, en Chile o en Estados Unidos, con las entidades chinas que operan en ultramar. Son brazos del gobierno chino dedicados a buscar los intereses de seguridad chinos, tal como ellos los perciben. Y la amenaza que eso implica es que uno está colocando sus datos en manos del Partido Comunista Chino.
Si uno permite que los chinos participen en operaciones de cable, cualquier cosa que uno envíe por ese cable está siendo leída por el gobierno chino, utilizada por la MSS china para sus propios fines, ya sea para reclutar ciudadanos o para chantajearlos. Es eso lo que han estado haciendo los chinos en todo el mundo.
Y hacen lo mismo en cuanto a intentar controlar los minerales críticos. Nosotros vemos que, cuando los chinos pueden controlar un activo —por ejemplo, el procesamiento de tierras raras—, lo utilizan para aplicar sus objetivos de política exterior. Cortaron a Estados Unidos, cortaron a Japón porque no les gustó lo que dijeron los líderes japoneses sobre los líderes estadounidenses; entonces, interrumpieron los vínculos comerciales.
Y, entonces, ahora están haciendo acuerdos llamados comerciales con los chinos. Y, si uno hace eso, le da la munición al Partido Comunista Chino de hacer valer su voluntad en todo el mundo.
– ¿Qué mecanismos tienen los países de la región y sus aliados para contrarrestar las prácticas del Partido Comunista Chino?
Lo más importante para contrarrestar al Partido Comunista Chino es la solidaridad democrática, que es en lo que nosotros hemos trabajado para construir durante nuestros dos días aquí. A lo que temen los chinos es a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Les gustan los acuerdos que se hacen en secreto, donde los términos son privados y los parlamentos no pueden ver los detalles, y donde los periodistas no pueden comprender de qué se tratan. Entonces, cuando las operaciones son transparentes y abiertas al público —como ocurre si uno realiza un acuerdo comercial con Estados Unidos, Francia o Australia—, de repente las ofertas no se ven tan interesantes.
Por eso, las leyes, los marcos regulatorios y una mayor transparencia y rendición de cuentas, promulgadas por parlamentos democráticos, son, creo, la primera línea de defensa contra la subversión china.
– Cree que América Latina ha avanzado en el fortalecimiento institucional o, por el contrario, ha sufrido un deterioro? ¿Cómo evalúa hoy la salud de la democracia en la región?
Creo que estamos en una encrucijada histórica en América Latina en este momento. Durante años hubo gobiernos de izquierda estatistas que predican el control gubernamental de la economía, que sostienen que Estados Unidos es el enemigo y que plantean que Cuba y Venezuela, bajo Chávez y Maduro, son el curso de acción correcto a seguir.
Esos gobiernos han estado perdiendo elección tras elección. Y vemos algunos gobiernos, desde Costa Rica y Honduras, en América Central, hasta Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile, aquí en el sur, comprometidos con los principios del libre mercado en todos los casos, y también con una política exterior que mira a los valores democráticos compartidos en lugar de los autoritarios, con los Maduros, los Chávez y las Cubas del mundo.
Ese es un cambio histórico respecto de dónde se encontraba América Latina durante décadas, en un contexto en el que el mapa político regional viene mostrando un giro y mayor alternancia tras varios procesos electorales recientes . Y Argentina está a la vanguardia de ese cambio; por eso es tan interesante estar acá y trabajar con el gobierno argentino, con la sociedad civil y con los partidos políticos.
– Ahora que mencionaba a Venezuela, Nicaragua y Cuba, ¿cuál debería ser el rol de la región frente a estos regímenes? En el caso venezolano, tras la salida de Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez al frente en un contexto de transición, ¿qué deberían hacer los países para acompañar ese proceso?
Creo que el rol de los países democráticos en el trabajo contra los autoritarios es, justamente, trabajar juntos para brindar recursos que permitan llevar democracia a los países autoritarios; llevarles las herramientas y el apoyo que necesitan: respaldo diplomático, capacitación y visibilizar de inmediato cuando ocurren irregularidades, como lo que se robó en Venezuela. Muchos, aunque no todos, los países de la región lo observaron y lo notaron.
Agregar presión política y económica sobre las dictaduras de Cuba y Nicaragua es lo correcto. El pueblo de Nicaragua y de Cuba merece la libertad tanto como la gente de Chile y Argentina. Han sufrido mucho bajo dictaduras, y esas dictaduras no van a durar para siempre.
La dictadura de Maduro se terminó. La transición sigue siendo muy incierta en Venezuela, pero uno ve lo que ocurre cuando hay dictaduras: además de reprimir a su propia gente, conducen a migraciones masivas hacia otros países —más de 7 millones de venezolanos han salido del país en la última década— , a veces desestabilizando a los países receptores.
Entonces, lo que ocurre en Venezuela no se queda solo dentro de ese país.
– En relación con las redes de crimen organizado en América Latina, ¿considera que han incrementado su capacidad de incidir o capturar determinados procesos? ¿Qué países están, a su juicio, más expuestos a esta amenaza?
Creo que hay enormes riesgos que enfrentan los países de la región, y que todos enfrentamos, derivados del crimen organizado, ya sea que contrabandeen narcóticos, personas o mercancías. Cuantos más recursos tienen las organizaciones delictivas transnacionales, más desafían el poder del Estado.
Cuando son capaces de ofrecerle a un juez, a un funcionario de aduana o a un policía el triple o cuádruple de su sueldo para que mire para el otro lado frente a una transacción, esa corrupción va permeando en el país. Y vimos, en las décadas de los ochenta y los noventa, lo que ocurrió con Colombia cuando pasó a ser esencialmente un narcoestado. La gente de Colombia, con ayuda de Estados Unidos y otros, logró revertir esa situación. Pero las organizaciones transnacionales no desaparecieron.
Algunas se trasladaron al norte, a América Central y México; otras, al sur. Son persistentes y exigen una respuesta coordinada por parte de los Estados: aplicación de la ley y generación de oportunidades económicas, además de controles aduaneros y fronterizos. En regiones como la Triple Frontera, por ejemplo, la debilidad de los controles y la corrupción han permitido la expansión de múltiples actividades criminales —desde narcotráfico hasta trata de personas— .
Estamos viendo parte de esa respuesta, pero no en todos lados. Y los delincuentes pueden ver que, si reciben una fuerte presión en uno o dos Estados, se trasladan a otro donde pueden operar con mayor libertad. Entonces, Venezuela, que esencialmente fue un narcoestado, podía utilizarse como base para moverse por el hemisferio.
Por eso es tan importante concluir la tarea en Venezuela, pero también asignar recursos a todos los países de la región para asegurar que el área de la Triple Frontera esté bajo control de los gobiernos y no de las organizaciones terroristas.
– En términos de recursos y cooperación, ¿considera que la coordinación actual entre aliados y herramientas como el Escudo de las Américas es suficiente? ¿O resulta necesario avanzar hacia una estrategia más robusta para contrarrestar estas organizaciones criminales?
Creo que está claro que se necesita más. El Escudo de las Américas es una organización relativamente nueva y un concepto relativamente nuevo. Y está recién comenzando a tener los efectos de cooperación necesarios para lidiar con estas organizaciones. Pero la policía, los poderes judiciales, las aduanas, los funcionarios necesitan más. Tiene que haber más coordinación entre inteligencia y las fuerzas de la ley para contrarrestar estas organizaciones. Y los Escudos de las Américas, que es una reunión de gobiernos que piensan similar, es un paso crítico para hacer avanzar este proceso.
– En el contexto de la creciente presencia de Irán, ¿cuál identifica como el principal riesgo para América Latina en la actualidad y en el mediano plazo, de cara a los próximos cinco años?
El principal riesgo, creo, es que el increíble avance que vimos recientemente hacia gobiernos que dan respuesta, que están dedicados a los libres mercados y comparten valores y una política exterior, no perdure. Y que volvamos a los modos del pasado, donde los Ortega, los Chávez y los Maduro pueden prosperar.
Donde haya gobiernos ineficaces de izquierda que consideran a Estados Unidos como un enemigo, en lugar de un aliado de los principios democráticos. Donde se impongan políticas estatistas que socavan la prosperidad, en lugar de políticas de libre mercado que la promueven.
Ese, creo, es el mayor riesgo: que volvamos a las formas fallidas del pasado, en lugar de avanzar hacia el camino prometedor del futuro que hoy empieza a delinearse en la región. En un contexto que, además, los analistas ya describen como de alta volatilidad, con riesgos de erosión democrática, debilidad institucional y fragmentación regional
INTERNACIONAL
Dem justices slap Soros-backed Philly DA with power strip in stunning decision: ‘Not reliable’
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A divided Pennsylvania Supreme Court, including two Democrat justices, ordered Soros-backed Philadelphia District Attorney Larry Krasner’s office to face new outside scrutiny over its post-conviction concessions, after the state’s high court found the office’s handling of one convicted murderer’s case was unreliable and said similar problems extended beyond just that single case.
Justice Kevin Dougherty wrote the 4-3 opinion in the case of Levar Brown, a Philadelphia man whose murder convictions became the centerpiece of a broader legal fight over Krasner’s Conviction Integrity Unit and the office’s willingness to concede relief in serious criminal cases. Dougherty was joined by Justice Daniel McCaffery, another Democrat judge on the state’s Supreme Court, and two other Republican judges. The dissenters were all Democrats.
The 4-3 decision reversed a Philadelphia post-conviction order granting Brown a new trial after Krasner’s office conceded his conviction should not stand and a Philadelphia judge approved the request. It also ordered that, going forward, Philadelphia judges handling post-conviction challenges must notify the Pennsylvania Office of Attorney General and allow the office to intervene before granting relief in any case where Krasner’s office concedes that a conviction should be overturned.
FETTERMAN TELLS PHILADELPHIA DA TO ‘LIGHTEN UP, FRANCIS’ AFTER HEATED ICE REMARKS
The ruling stops short of handing control of the cases to the state attorney general, but it creates a new court-ordered check on Krasner’s office in future post-conviction matters.
Police work the scene of a shooting on July 3, 2023 in Philadelphia, Pennsylvania. Early reports say the suspect is in custody after shooting 6 people in the Kingsessing section of Philadelphia on July 3rd. (Drew Hallowell/Getty Images)
«The prosecutor does not decide whether a defendant is entitled to relief under the Post Conviction Relief Act,» Dougherty wrote for the majority, emphasizing that a judge must independently determine whether a conviction should be overturned even when prosecutors agree with the defense.
The majority concluded that Krasner’s office’s concession in Brown’s case «was not reliable,» finding that Krasner’s office conceded relief when it was not warranted by the existing record, withheld material evidence from the court, submitted a false stipulation of fact, misstated facts in its pleadings, failed to conduct a reasonable investigation and opposed a required evidentiary hearing.
The court suggested that if its concerns in the Brown case were confined to just that case alone, it would not have justified a broader remedy. But the majority opinion said the concerns were evident in other post-conviction cases as well.
PHILLY DA’S ‘HUNT YOU DOWN’ WARNING TO ICE DRAWS CALLS FOR DOJ CRIMINAL PROBE
Since 2018, the Philadelphia DA’s office has conceded relief «well over 100 times,» mostly in murder cases, according to the opinion. The court also said there are apparently more than 1,000 cases still waiting to be reviewed by the office’s Conviction Integrity Unit.
The case was brought to the high court by family members of murder victims Michael Richardson and Robert Crawford. Brown was convicted by a Philadelphia jury in the 2004 murder of Richardson and convicted by another Philadelphia jury in the 2005 murder of Crawford, according to the Pennsylvania Attorney General’s Office.
Two decades later, Krasner’s office conceded that Brown should receive a new trial and argued that relief was due without an evidentiary hearing, the attorney general’s office said.
Philadelphia District Attorney Larry Krasner speaks during a news conference in Philadelphia, on Jan. 31, 2022. (AP Photo/Matt Rourke, File)
Pennsylvania Attorney General Dave Sunday praised the ruling, saying his office will now be able to serve as a check on the process for Philadelphia residents and victims’ families.
«As prosecutors, our role is to advocate for victims of crime, for public safety, and for justice,» Sunday said in a statement. «Centuries of experience teach that the best way to achieve that justice is through the adversarial process, with vigorous representation for both sides.»
PHILADELPHIA DA GOES INTO TIRADE ABOUT ‘FASCIST’ TRUMP, ‘HITLER’ WHEN CONFRONTED AT PARK IN VIRAL VIDEO
Sunday’s office said the court concluded the Philadelphia DA’s concession in Brown’s case was «not reliable» and «recognized that similar concessions in numerous other cases also appeared to be unreliable.»
«The Court directed judges to notify the Pennsylvania Office of Attorney General of any concessions before granting relief, and to permit the Office of Attorney General to intervene in future cases where the Philadelphia District Attorney’s Office attempts to concede a conviction,» the office said.
In a statement to Fox News Digital, the Pennsylvania Attorney General’s Office said it is still assessing what the ruling will mean for its workload, budget and personnel.
«We are assessing what yesterday’s Supreme Court of Pennsylvania order will mean for our office’s workload and what impacts it may have on our budget and our personnel,» the OAG Press Team said. «Given the many unknowns involved, including the number of cases concessions will be made in and our response to those concessions, it may be difficult to fully assess these impacts until the process truly begins.»
The office added that it appreciates the court allowing the AG’s office to «serve as a check on this process for the citizens of Philadelphia and ensure that the interests of victims’ families are represented.»
The State Capitol building in Harrisburg, Pennsylvania, US, on Wednesday, Feb. 28, 2024. (Rachel Wisniewski/Bloomberg via Getty Images)
SOROS-BACKED DA KRASNER THREATENS ICE AGENTS AT PHILLY AIRPORT: ‘I WILL PUT YOU IN HANDCUFFS’
Krasner’s office did not respond to Fox News Digital’s request for comment. But Krasner posted a video response online defending his reform agenda and attacking the ruling as an anti-democratic move that treats Philadelphia differently from other counties.
The video featured images of civil rights icons Rosa Parks and Martin Luther King Jr. as Krasner framed criminal justice reform as part of a broader social justice movement.
«Reform can be scary to those who need it,» Krasner said in the video. «Which part don’t you like? The safety or the freedom?»
Krasner said Philadelphia has not had better numbers for «safety» or «freedom» in his lifetime and argued that critics are fighting a national criminal justice reform movement.
«The truth is that criminal justice reform is a national social justice movement,» Krasner said. «And like all other social justice movements, it follows a certain pattern. First they ignore you. We’re past it. Then they laugh at you. We’re past that. Then they fight you. And we have been fighting for eight and a half years. And then the next step – we got to get there – is you win.»
Philadelphia District Attorney Larry Krasner speaks in Philadelphia, on Jan. 11, 2024. (AP Photo/Matt Rourke)
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Krasner said the Pennsylvania Supreme Court, in a «close decision,» ruled that when his office supports a defense position that someone deserves a new trial or release from custody, «we need to have the attorney general’s office looking over our shoulder unlike every other county.»
«Does that help democracy? No,» Krasner said. «It actually undermines the value of a vote in Philadelphia as compared to every other county.»
The majority opinion, however, said the order does not strip Krasner’s office of prosecutorial discretion. Instead, the court said the DA’s office remains free to litigate cases as it sees fit, but that the attorney general’s independent assessment and participation will «enhance the reliability» of post-conviction proceedings and their subsequent decisions.
In dissent, Justice David Wecht warned that the majority was injecting the attorney general into local post-conviction proceedings and interfering with the discretion of Philadelphia’s elected prosecutor. But the majority rejected that argument, saying the attorney general’s role would not override the DA’s discretion and would instead give courts the benefit of an adversarial process before convictions are overturned.
The ruling sends Brown’s case back to the Pennsylvania post-conviction court for further proceedings and sets a new process for future cases where Krasner’s office seeks to concede relief.
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INTERNACIONAL
Cuatro soldados israelíes murieron tras un ataque del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano
El Ejército israelí informó este viernes la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano.
“Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano”, reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.
Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años, y otros tres soldados cuyos nombres no se han desvelado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos los cuatro miembros de las FDI.
Por otra parte, el Ejército israelí indicó que, durante la noche, un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur de Líbano.
Poco antes, las FDI confirmaban que continúan atacando infraestructuras de Hezbollah en diversas zonas al sur de su país vecino.
“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en varias zonas del sur del Líbano”, rezaba dicha nota castrense.
Según el Gobierno libanés, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.
Estos ataques llegan después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.
Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EEUU en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, pidió ayer al Gobierno de Netanyahu “respetar” el proceso de paz en curso con Irán y no atacar a Donald Trump, “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel “hará pagar un precio muy alto a Hezbollah” por la muerte de cuatro soldados en Líbano.
“La lucha aún no ha terminado y nos esperan más desafíos. Estos requieren serenidad de juicio y una defensa firme de los intereses de seguridad de Israel”, señaló Netanyahu durante una ceremonia, según un comunicado difundido por su oficina.
El jefe de Gobierno también subrayó la necesidad de defender “nuestra relación vital con nuestros amigos estadounidenses, que han estado hombro con hombro con nosotros en esta batalla, una alianza que valoramos profundamente”.
Netanyahu aún no se ha pronunciado directamente sobre el acuerdo, aunque algunos miembros de su coalición lo descalificaron incluso antes de que se conocieran los detalles del texto, divulgados el miércoles.
Los términos del acuerdo exigen “el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, donde Israel pretende mantener presencia militar.
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, declaró este viernes que “todo el Líbano debe arder” tras el anuncio del ejército israelí de la muerte de cuatro soldados en el país.
Las bajas israelíes fueron las primeras anunciadas desde la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
El acuerdo también debía detener los combates entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano, y Washington ha expresado su frustración por la campaña israelí en curso.
“Con el debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no son negociables. Todo el Líbano debe arder”, afirmó Ben Gvir en un comunicado.
“Por cada lágrima derramada por una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar”, añadió.
“En Oriente Próximo, no se gana con respuestas mesuradas ni con moderación”.
El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró que Israel debe “actuar con furia. Erradicar. Derrotar el terrorismo”. «Debemos dejar que el fuego hable… y abrir las puertas del infierno», añadió, sin mencionar explícitamente al Líbano.
El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha sido ampliamente percibido en Israel como perjudicial para sus intereses, lo que evidencia el fracaso del primer ministro Benjamin Netanyahu a la hora de obligar al presidente estadounidense Donald Trump a tener en cuenta las demandas de seguridad israelíes.
Netanyahu se encuentra bajo presión de cara a las elecciones previstas para finales de octubre.
Según una encuesta publicada el viernes por el periódico Maariv, el 63% de los israelíes están «preocupados» por el futuro de Israel tras el acuerdo.
Avigdor Lieberman, líder del partido nacionalista de oposición Yisrael Beiteinu, pidió el viernes que se imponga un «alto precio» en el Líbano «del que la otra parte jamás se recuperará».
Si los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, «siguen en pie, esto es un fracaso directo del primer ministro y del ministro de Defensa», escribió en X.
(Con información de EFE y AFP)
Middle East,Military Conflicts
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Trump’s $300B Iran investment fund may be ‘close to impossible’ due to IRGC sanctions law, expert warns
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A proposed $300 billion investment fund for Iran included in the U.S.–Iran memorandum of understanding may face major legal obstacles under existing U.S. sanctions law, raising questions about whether the plan is workable even if both sides move toward a final agreement.
The memorandum, digitally signed Wednesday by President Donald Trump and Iranian President Masoud Pezeshkian, is aimed at ending the war and restoring traffic through the Strait of Hormuz. As part of the 14-point plan, the U.S. agreed to lift sanctions on Iran, allow Tehran to increase its oil revenue and regain access to parts of the international banking system, among other measures.
But one of the most ambitious parts of the framework — a proposed $300 billion private investment fund for Iran’s reconstruction and development — may collide with a longstanding U.S. determination that Iran’s construction sector is controlled directly or indirectly by the Islamic Revolutionary Guard Corps.
The issue is not just technical. It goes to whether one of the central economic promises of the Trump-Iran framework can realistically be executed under current U.S. law. If the $300 billion fund depends on investment in sectors Washington has already identified as IRGC-controlled, experts say the administration may be forced to rely on temporary waivers or new licenses — a legal structure that could make long-term investors wary and complicate any final deal.
TOP SENATE REPUBLICAN RIPS INTO TRUMP’S IRAN DEAL, SAYS $300 BILLION MAKES OBAMA DEAL LOOK LIKE ‘A PITTANCE’
A proposed $300 billion investment fund for Iran included in the U.S.–Iran memorandum of understanding may face major legal obstacles under existing U.S. sanctions law. (Mandel NGAN / AFP via Getty Images)
The State Department formally determined in 2020, and again in May 2025, that Iran’s construction sector was controlled directly or indirectly by the Islamic Revolutionary Guard Corps. Under the Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, known as IFCA, that finding creates sanctions risks for people or companies doing business in the sector.
Miad Maleki, a senior fellow at the Foundation for Defense of Democracies and a former Treasury Office of Foreign Assets Control executive, told Fox News Digital that the legal and sanctions-related problems surrounding the fund are more complicated than simply asking whether Congress would have to approve it.
«I think Congress is unavoidable for a durable version of that investment,» Maleki said. «If we have a final deal and now as part of this commitment, the U.S. government and allies are going to have to go in and help Iran to set up this fund or get access to such a fund.»
Maleki said the president has meaningful unilateral authority to begin easing restrictions. Trump could revoke relevant executive orders, direct the Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control to issue general licenses and waive some congressional sanctions laws.
But he said that does not mean the fund would be durable enough to attract serious investors.
«Technically, the fund could be switched on through some kind of an executive action plan alone, but it would be on paper and it would have to be renewed every 180 days,» Maleki said, referring to waivers for mandatory sanctions tied to Iran’s construction sector.
JD VANCE REVEALS DETAILS OF US-IRAN DEAL, ADDRESSES WHETHER TAXPAYER MONEY WILL GO TO TEHRAN
An Iranian police officer stands on patrol near a poster depicting Iranian soldiers holding a net shaped like the Strait of Hormuz with U.S. military aircraft ensnared in Tehran, Iran, on May 9, 2026. (Majid Saeedi/Getty Images)
«If you’re anyone who is in an investment-type business, it’s hard to find someone who would be investing in construction-type projects that take time,» he added. «These projects are not like 180-day projects.»
The concern, Maleki said, is especially acute in Iran, where investors would face sanctions uncertainty, political risk and an unreliable partner.
«It’s hard to find someone who would be investing … based on something that could not just be renewed if Iran, especially in the context of Iran, where you don’t really have a reliable partner, where things can blow up any minute,» he said.
TRUMP’S IRAN DEAL ‘GIVING A LOT MORE TO GET A LOT LESS’ THAN OBAMA’S, SENATOR SAYS
A woman walks past a billboard showing a military hand holding the Strait of Hormuz with Farsi text which reads, «In Iran’s hands forever,» «Trump couldn’t do a damn thing,» «The control of Strait of Hormuz will be Iran’s forever,» in Vanak Square, in northern Tehran, Iran, on April 16, 2026. (Vahid Salemi/AP)
That structure raises a broader question about whether negotiators were truly expecting the memorandum to mature into a final, durable agreement.
«The more I’ve been digging into this memorandum of understanding, sanctions paragraphs of this memorandum, the more I have come to this kind of doubt that the negotiators really were counting on a final deal to be reached,» Maleki said.
«If you do get to a final agreement and you’re looking into actually meeting the commitments that you made, this $300 billion investment fund, it’s not something you can really set up,» he added. «I think it would be almost close to impossible to get something that would materialize.»
READ IT: THE FULL TEXT OF THE US-IRAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING:
Iranians burn American flags during an anti-U.S. demonstration outside the former U.S. embassy headquarters in Tehran, Iran, on May 9, 2018, after President Donald Trump withdrew from the 2015 Iran nuclear deal. (Photographer: Ali Mohammadi/Bloomberg via Getty Images)
Maleki said one possible explanation is that the U.S. side may view its role as limited to providing sanctions relief, while leaving Iran and potential investors to sort out whether the fund can actually be built.
«We’re going to give them the waivers that they need. If they can’t find investors to invest in this, that’s their problem,» he said, describing one possible view of the negotiators’ approach.
The Treasury Department and the Iranian mission to the U.N. did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment.
The issue could become a congressional flashpoint. Because IFCA waivers are limited to 180 days and require justification to Congress, any long-term investment framework for Iran could force the administration to repeatedly defend why sanctions tied to an IRGC-controlled sector should be suspended.
The legal obstacles also come as critics warn the pact gives Iran major economic benefits while leaving some of the most difficult nuclear and security questions for future negotiations. Maleki said the U.S. had already built significant leverage over Iran through sanctions, military pressure and the blockade, but may now be trading that leverage for the reopening of Hormuz.
«We reached a point that we had leverage that no U.S. president has ever had with Iran,» Maleki said. «Yet we gave that away for this, for the opening of the Strait of Hormuz.»
He argued that Iran is likely to use the process to delay rather than rush toward a final agreement.
«Iran is going to go back to its playbook of dragging, buying time with the sanctions relief-type incentives that I’m seeing in this package,» Maleki said. «I do not think that the Iranian regime is going to rush to get to a deal.»
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A man applies fresh paint to an anti-U.S. mural on a building wall on Karim Khan Zand Avenue in Tehran on April 8, 2025. The mural features the slogan «Down with the USA» and skulls replacing stars on the U.S. flag. (Atta Kenare/AFP)
John Hannah, a senior fellow at the Jewish Institute for National Security of America and a former national security adviser to Vice President Dick Cheney, warned that any economic windfall from the agreement could help the IRGC rebuild.
«It’s almost certain that the IRGC will use any economic windfall granted by this MOU to reconstitute as much of their conventional military as possible as fast as possible — especially the vast missile and drone arsenal that the IRGC believes proved critical to the strategic successes they achieved during the war,» Hannah told Fox News Digital.
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