A pesar de que tantos los bancos como el Gobierno sostienen que en materia de morosidad lo peor ya pasó, los últimos datos oficiales reportados mostraron que en abril la irregularidad en los préstamos siguió creciendo, en especial en el segmento de consumo.

La mora en los préstamos a individuos subió a 12,1% en abril, su nivel más alto en 20 años, según el Informe sobre Bancos del BCRA. Los créditos personales llegaron al 14,9% de irregularidad en la cartera (+0,5% en el mes) y las tarjetas de crédito alcanzaron al 12,5% (+0,7%). Tomando el crédito al sector privado en su conjunto, la morosidad total llegó en abril al 7,3% (+0,3%).

La explicación para que los banqueros digan que la mora está aflojando y que los números no lo demuestren no está en los créditos impagos sino en la falta de créditos nuevos. El mismo informe muestra que en abril el crédito para el consumo cayó un 0,9% en términos reales (es decir, descontada la inflación), en un contexto de reducción de todo el financiamiento al sector privado.

Así, aún cuando la irregularidad empiece a frenarse, los datos de la mora seguirán siendo negativos mientras la otra parte de la ecuación, el stock total de créditos, no pueda despegar. Y para eso falta mucho.

En los bancos explican claramente que no están saliendo a colocar préstamos en ninguna línea por dos razones.

La primera es que la demanda no lo exige: el consumo privado luce estancado y hay más clientes tratando de cubrir agujeros que pidiendo financiación para comprar algo. En el crédito para empresas, el panorama es igual de desalentador.

En segundo lugar, los bancos quieren bajar su nivel de riesgo hasta “limpiar” sus carteras de préstamos con atrasos. De esa forma, eligen al público, no lanzarse a prestar hasta que el panorama sea más claro y seguir colocando sus fondos en la deuda pública. Las estrategias para esto son conocidas: no actualizar los límites de las tarjetas, ponerse más estricto a la hora de calificar a los clientes y, sobre todo, mantener las tasas de interés en un nivel elevado.

La excepción fue el crédito en dólares, que creció atado al buen momento del comercio exterior. La pre-financiación de exportaciones y otras líneas en moneda extranjera están sosteniendo la actividad crediticia en muchos bancos. De ahí que algunas entidades -no todas- sigan presionando al BCRA para que se flexibilice aún más la posibilidad de prestar en dólares, restringida como medida precautoria desde la crisis de 2001.

Cada vez que el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, habló acerca de la creciente morosidad en el crédito para las familias, señaló dos cuestiones. La primera es que la irregularidad ya tocó su máximo nivel durante el verano, por lo que ya comenzó a reducirse. Los datos oficiales de abril, aún con las particularidades de la medición, ponen en duda esa afirmación.

El segundo mensaje oficial es que desde el Gobierno no va a haber medidas concretas para paliar la situación. Bausili dijo que hacerlo sería “decidir sobre el dinero de la sociedad” y que el BCRA no está dispuesto a hacer eso. Por ello, no cabría esperar ninguno de los auxilios clásicos, como generalizar topes en las tasas o extensión en los plazos. Se descarta que haya algún “alivio regulatorio”, que brinde flexibilidad a los bancos a los efectos de refinanciar a los endeudados o cualquier posibilidad en la que el Estado absorba las pérdidas en alguna medida.

“El proceso de digestión de la mora está muy avanzado. Muchos bancos ya han visto el pico de la mora, algunos en diciembre, otros en febrero o marzo. Eso hace que algunos bancos ya empezaron a retomar una política de expandir el crédito», dijo Bausili en su última conferencia de prensa.

Aún con ese mensaje que llegó del BCRA, claramente hubo soluciones desde la órbita oficial ante la preocupación por la mora. Un mes atrás, el Banco Nación lanzó un primer “kit de soluciones” para los que necesitan refinanciar deudas, con tasa fija nominal del 65%, plazos de hasta 72 meses y montos de hasta $ 100 millones. También ofreció la cancelación de deudas con tarjetas, con tasas del 35% hasta $10 millones.

Esta semana el Nación avanzó con un nuevo mecanismo de refinanciación para deudas de consumo, esta vez con tasas del 12% al 14% ajustadas por UVA y plazo de hasta 120 meses. Se trata de un verdadero rescate ofrecido por el banco estatal: su primer plan abarcó a deudores en situación 1 y 2, con 90 días de atraso como máximo. En esta segunda etapa, la refinanciación admite deudores en categorías 3, 4 y 5. Esta última es la de los “irrecuperables” según el Banco Central, aquellos que dejaron de pagar hace más de un año.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también hubo movimiento. La Legislatura porteña sancionó un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permitirá refinanciar deudas de tarjetas y préstamos personales a una tasa del 35% a familias con ingresos menores a 10 salarios mínimos ($3,7 millones). El plan se implementará a través del Banco Ciudad y se espera la adhesión de otras entidades financieras.

Más allá de que los datos oficiales sobre morosidad llegan hasta abril, en las semanas posteriores parece haberse acentuado el escenario de retracción para todos los préstamos. En junio, con el último dato oficial al día 23, el stock total de préstamos al sector privado en pesos creció apenas 0,5%, con una evidente caída en los créditos al consumo: los personales subieron solo 0,6% y el saldo de tarjetas cayó -4,2%, al igual que los prendarios (-0,4%). Con ese pobre desempeño en el otorgamiento de nuevas financiaciones, el ratio de morosidad tendrá combustible para mantenerse elevado.

Luego de una nueva ronda de negociaciones, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó aumentos progresivos en los salarios mínimos de las empleadas domésticas y los trabajadores incluidos en la Ley N° 26.844.

La Resolución N° 4/2026, difundida a comienzos de junio en el Boletín Oficial, formalizó los incrementos mensuales previstos entre abril y julio, tomando como base los sueldos mínimos de marzo. El ajuste fue de 1,8% para abril, mientras que en mayo se ubicó en 1,6% sobre el monto ya actualizado. En junio, la suba se ajustó al 1,5% y en julio se aplicará un 1,4%, siempre considerando los sueldos que resulten de los meses previos.

Al mismo tiempo, a partir del mes que viene, la mitad de la suma no remunerativa abonada en marzo se integrará definitivamente al salario básico. La resolución establece que estos incrementos tendrán vigencia en todo el territorio nacional, garantizando un piso salarial uniforme para el sector.

El valor de la hora de limpieza resulta del convenio colectivo que regula el trabajo doméstico en la Argentina y abarca a las personas que desempeñan tareas como limpieza, mantenimiento básico y otras actividades comprendidas en la categoría de tareas generales.

La tarifa oficial para el personal de limpieza en tareas generales quedó establecida en $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 por hora sin retiro para julio de 2026. El esquema incluye también los valores mensuales, que ascienden a $458.053,22 para quienes trabajan con retiro y $505.302,76 para quienes lo hacen sin retiro. Estos montos surgen de los acuerdos homologados y publicados en los canales oficiales del sector.

• Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.

• Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
• Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
• Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
• Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
• Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.

Por otra parte, en las regiones denominadas desfavorables —que comprenden las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en Buenos Aires—, se debe agregar un plus del 31% al salario final correspondiente a cada categoría.

En Argentina, un país acostumbrado a ciclos de boom y declive persiste una paradoja económica recurrente:

• Durante fases de alto intervencionismo -con cierre de mercados, inflación elevada, cepo cambiario, emisión monetaria para financiar déficits, subsidios crecientes, aranceles proteccionistas, regulaciones a las importaciones y crédito dirigido desde la Anses- el consumo aparenta resistir o incluso expandirse.
• En cambio, al ingresar en un proceso de estabilización -baja de inflación, unificación cambiaria, apertura comercial, desregulación de tasas, competencia importadora y mayor énfasis en exportaciones- sectores como el comercio, la industria y la construcción se debilitan.

Esta aparente contradicción se explica por las distorsiones acumuladas por malas políticas previas, que dejaron un tejido productivo de baja productividad, competitividad raquítica, alta presión tributaria, infraestructura deficiente e inversión privada escasa, todo agravado por una incertidumbre institucional pendular.

En entornos de alta inflación y controles, los agentes económicos, de manera racional, se desprenden de los pesos que “queman” en el bolsillo. La emisión monetaria para cubrir déficits fiscales inyecta liquidez que, combinada con regulaciones de tasas de interés (que reprimen el ahorro formal), cepos que limitan opciones de dolarización y subsidios sociales que sostienen el poder de compra nominal, impulsa un consumo “artificial”.

Las políticas proteccionistas -con aranceles altos y trabas a las importaciones- protegen temporalmente a industrias locales poco competitivas, mientras el crédito subsidiado desde la Anses o líneas oficiales estimula el gasto presente a costa del futuro.

Esto genera un “efecto riqueza ilusorio”: la gente adelanta compras para evitar la pérdida de valor del dinero y las empresas venden en un mercado cautivo. Economistas keynesianos y estructuralistas latinoamericanos explicarían esto como una forma de sostener la demanda agregada y el empleo en contextos de rigideces estructurales. John Maynard Keynes justificaba la intervención estatal y el gasto para combatir el desempleo y la subutilización de recursos, especialmente en depresiones.

En América Latina, Raúl Prebisch -padre del estructuralismo cepalino- y Marcelo Diamand (con su teoría de la “estructura productiva desequilibrada”) argumentaban que la protección industrial, vía aranceles e intervención, era necesaria para superar la dependencia de exportaciones primarias y desarrollar un mercado interno dinámico, ante términos de intercambio desfavorables y fallas de mercado.

En la práctica argentina reciente (pre-2023), esto se vio en un consumo relativamente “resiliente” pese a una inflación de tres dígitos: snacks, electrónica y bienes durables para “festejos” o como cobertura contra la inflación. Sin embargo, como advierte Milton Friedman, la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, derivado del exceso de emisión. Esta “prosperidad” es insostenible: genera distorsiones de precios relativos, malas asignaciones de recursos y erosiona el capital.

Al corregir estos desequilibrios -baja de inflación vía superávit fiscal, apertura importadora, desregulación de tasas y competencia- emerge la fragilidad real. Empresas acostumbradas a protección, subsidios y liquidez artificial enfrentan costos reales más altos, competencia externa y una demanda más exigente.

El consumo se contrae porque los ingresos reales se ajustan (fin de la licuación inflacionaria) y el crédito se encarece al inicio. Sectores como la industria, el comercio y la construcción, con baja productividad acumulada, sufren más: quiebras, caída de actividad y desempleo transitorio.

Aquí entran las críticas de la Escuela Austriaca. Friedrich Hayek y Ludwig von Mises explican que la expansión crediticia y monetaria artificial géneros “malas inversiones” (malinvestments) y una estructura productiva insostenible. La corrección -el “ajuste”- es dolorosa, pero necesaria para reasignar recursos hacia usos productivos reales.

La incertidumbre institucional pendular argentina (cambios radicales de reglas en cada gobierno) amplifica esto: las decisiones de inversión se vuelven cada vez más racionales y cortoplacistas, lo que desincentiva el largo plazo. Baja inversión bruta privada, infraestructura deficiente y alta presión tributaria terminan de configurar ese diagnóstico de baja competitividad.

Prebisch mismo evolucionó y reconoció límites de una industrialización por sustitución de importaciones (ISI) excesiva. La apertura genera ganadores (exportadores, consumidores con mejor acceso a bienes baratos) y perdedores transitorios entre firmas ineficientes.

El problema argentino no es la estabilización per se, sino el legado de décadas de populismo intervencionista, que dejó empresas “zombis” con baja productividad. Ejemplos históricos (convertibilidad en los 90 o intentos previos) muestran caídas iniciales seguidas de recuperación si se sostienen las reformas.

El punto central es este: el consumo inflado por distorsiones no equivale a bienestar genuino. La estabilización duele porque expone fallas estructurales previas, pero es el único camino para elevar la productividad, atraer inversión y generar crecimiento inclusivo.

Como destacaba Hayek en “Camino de servidumbre”: el intervencionismo creciente erosiona libertades y eficiencia. Friedman insistía en reglas monetarias estables y libre mercado para el crecimiento.

En Argentina, con potencial en agro, energía, minería y servicios, la combinación de disciplina fiscal-monetaria, apertura inteligente y reformas institucionales (seguridad jurídica, baja de impuestos, inversión en infraestructura) puede romper el ciclo de decadencia.

El desafío es político: sostener el ajuste más allá del corto plazo, compensando transitoriamente a los más vulnerables sin revertir reformas. De lo contrario, volveremos al “consumo artificial” que solo posterga el colapso. La racionalidad económica exige mirar más allá del presente: productividad y competitividad, no ilusiones monetarias.

El autor es Analista Económico y director de la consultora Focus Market