El oficialismo consiguió este jueves, con el apoyo de bloques aliados, el quorum necesario para abrir la sesión del Senado en la que buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y aprobar y girar en revisión a la Cámara de Diputados un nuevo régimen de biocombustibles.

Si bien el oficialismo pudo abrir el recinto, todavía persisten algunas dudas sobre la solidez de los votos que se requieren para el proyecto de biocombustibles, lo que pone en duda si el texto que impulsan las provincias del noroeste, que está último en el orden del día, llegará a debatirse.

La convocatoria fue el resultado de varios días de negociaciones desordenadas entre el bloque de La Libertad Avanza, encabezado por Patricia Bullrich (Capital), las bancadas de la oposición dialoguista y representantes provinciales.

De hecho, Bullrich resolvió incorporar al temario el proyecto de biocombustibles, resistido por varios senadores de la UCR y también por algunos integrantes del oficialismo, ante la presión de legisladores de las provincias azucareras, que amenazaron con no bajar al recinto si no se incluía la iniciativa en la sesión.

La agenda prevista para este jueves suma, además, dos convenios vinculados con el traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires de la justicia penal juvenil y de la competencia sobre los delitos asociados a ese fuero.

También está previsto el tratamiento de los pliegos que proponen a Alejandro Catania y Javier Galván Greenway como camaristas del fuero penal económico. Sus nominaciones permanecieron demoradas durante casi cuatro meses por decisión de la Casa Rosada, debido a presuntos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Tras permanecer en el freezer legislativo, las nominaciones de ambos magistrados al fin recibieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos diez días atrás como resultado de la presión de un grupo de senadores de la oposición dialoguista que no encontraban objeciones a sus candidaturas y no veían razones para bloquear el tratamiento de sus postulaciones.

El proyecto de Inocencia Fiscal II fue elaborado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por la Cámara de Diputados a fines de agosto último y, de acuerdo a los argumentos del oficialismo, apunta a disminuir las exigencias informativas para los contribuyentes, ofrecer mayor previsibilidad frente a eventuales controles y permitir la regularización de inconsistencias tributarias sin que ello suponga la pérdida de beneficios.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. Si la reforma se aprueba, podrán incorporarse contribuyentes con residencia fiscal en el país sin quedar excluidos por superar determinados umbrales, lo que expandiría de manera considerable el alcance del sistema simplificado.

La iniciativa, además, modifica el margen de intervención de ARCA para cuestionar declaraciones. El organismo solo podría objetarlas cuando identifique diferencias relevantes y debidamente fundadas, con un criterio asociado al impuesto determinado y no al saldo final a pagar. También se habilita la rectificación de declaraciones sin exclusión automática del régimen, siempre que el contribuyente regularice su situación.

El tramo más controvertido de la propuesta se concentra en sus consecuencias políticas y fiscales. Para el Gobierno, la norma apunta a construir un vínculo menos sancionatorio entre el fisco y los contribuyentes, además de incentivar el ingreso de fondos al circuito formal.

Sus detractores, en cambio, sostienen que el texto funciona como un blanqueo encubierto y que podría convertirse en un instrumento de alivio tributario demasiado amplio, con ventajas para sectores de mayor capacidad económica y un eventual efecto negativo sobre la recaudación.

El proyecto sobre biocombustibles propone sustituir el régimen vigente por un esquema con incrementos graduales en los porcentajes obligatorios de mezcla y una transición diferenciada para los distintos segmentos de la industria. El texto reúne iniciativas de varios bloques y fue negociado con especial atención por las provincias del noroeste.

La propuesta establece elevar el corte obligatorio de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con una distribución que reserva una parte al producto elaborado a partir de caña de azúcar, otra al derivado del maíz y un tramo sujeto a competencia.

En el caso del biodiésel, la mezcla en gasoil y diésel oil pasaría del 7,5% al 10% luego de un período de transición. A pesar de las críticas de los senadores de las provincias del centro del país, en el oficialismo sostienen que el régimen beneficia a todos, por lo que decidieron avanzar con el texto dictaminado en comisiones.

La reforma incorpora, además, topes a la concentración empresaria y mecanismos para asignar cupos. El aspecto más sensible es la situación de las pymes de biodiésel, mencionadas durante el debate como empresas no integradas, que reclaman una cuota protegida más amplia y estable para abastecer el mercado interno. El dictamen prevé una participación reservada, aunque con una disminución progresiva hasta 2036.

Ese punto concentra la discusión principal. Las firmas más pequeñas y legisladores de provincias con plantas regionales advierten que una apertura acelerada podría beneficiar a grandes compañías integradas verticalmente, con capacidad para producir a escala y controlar la cadena de valor.

En la vereda opuesta, los defensores de la reforma afirman que el esquema actual quedó agotado, que la intervención estatal sobre precios y cupos desalienta inversiones y que un sistema más competitivo permitiría aumentar la producción y mejorar la eficiencia del sector.

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