LA PLATA.− La Justicia intimó a la Casa Rosada a que en un plazo de cinco días le informe cuántas hectáreas de la provincia de Buenos Aires están en manos extranjeras y dónde están ubicadas. También le impuso la obligación de preservar todos los datos e informes públicos relevantes sobre compras de tierras por parte de extranjeros en la provincia.

El Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar interpuesta por la Defensoría del Pueblo bonaerense.

El planteo apunta obtener información y preservar toda la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses durante la vigencia de la ley de tierras, sancionada en 2011 pero derogada por el DNU 70/2023 que Javier Milei firmó a poco de asumir la Presidencia. El martes pasado, la Corte Suprema dejó a salvo el artículo de ese DNU que derogaba la ley de tierras.

La Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, había advertido que por la caída de esta ley se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

La jueza Güendalina Sessarego hizo lugar a la cautelar. Si el gobierno nacional cumple con la intimación, en cinco días la Defensoría del Pueblo podría acceder a un registro actualizado de tierras extranjeras en este territorio.

La ley de tierras rurales 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. También imponía límites por nacionalidad y por titular.

En diciembre de 2023, el DNU 70/2023, de Javier Milei, derogó la ley mediante su artículo 154. A partir de esta derogación – que quedó judicialmente suspendida durante casi tres años- se interpuso la medida cautelar de la Defensoría del Pueblo.

El martes de la semana pasada, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación. El argumento de la Corte fue procesal: consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había promovido la demanda, no tenía legitimación suficiente. La Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154, pero su fallo, en términos prácticos, confirmó la derogación de la ley a través de un decreto de Milei.

Una jueza de Formosa revocó ayer las condenas dictadas contra cuatro periodistas de a quienes les habían impuesto una pena de cinco días de prisión tras publicar un informe sobre pobreza en la provincia. El argumento del fallo condenatorio había sido que ejercieron el periodismo sin los debidos permisos.

La nueva sentencia fue dictada por la jueza de apelaciones de Las Lomitas Gabriela Soledad Plazas, que absolvió de culpa y cargo a los periodistas Lautaro Martín Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Federico Corbalán.

Revocó lo dispuesto hace 20 días por el juez de Paz de Las Lomitas, Omar Padilla, exconcejal peronista ligado al gobernador Gildo Insfrán, que los había encontrado responsables de haber violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa, por haber desarrollado una actividad sin contar con la autorización previa y por carecer de un carnet para ejercer el periodismo. Dos requisitos que no son exigibles. Padilla había condenado a cada uno a cinco días de cárcel sustituibles por una multa de $282.550.

En el fallo de hoy, Plazas advierte que la calidad o no de periodista se define “por actividad y no por la posesión de algún título habilitante” y recuerda que la Constitución de Formosa “señala enfáticamente que es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase” y que advierte que “ninguna ley ni autoridad podrán restringir la libre expresión y difusión de las ideas”.

La jueza entendió que, por ende, exigir credencial previa como condición para informar constituye una vía indirecta de censura y vulnera la propia jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, la libertad de expresión protegida por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.

Los periodistas que ahora fueron absueltos habían viajado a Formosa y mostrado las condiciones precarias en las que vive un pueblo originario. Forman parte de “Hambre de Futuro”, una sección de que visibiliza realidades de personas que viven en la pobreza y, para eso, sus periodistas recorren todos los rincones de la Argentina. “Hambre de Futuro” dedicó varios capítulos a la situación de comunidades formoseñas y uno de ellos fue el que motivó las actitudes amenazantes de la policía de Insfrán y la condena judicial.

La sentencia que había fijado las penas fue apelada por la defensa de los periodistas, que denunció una “grave e inaceptable afectación a la libertad de expresión” mediante una forma de censura indirecta. Señaló que sus defendidos ejercieron la profesión de periodistas en forma lícita, amparados por la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares internacionales en la materia.