POLITICA
Con la ausencia de Adorni, Karina Milei lanzó la escuela de dirigentes de LLA en la Capital
Mientras La Libertad Avanza (LLA) baraja sus alternativas rumbo a 2027 en la ciudad de Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei lanzó, ayer, una escuela de dirigentes del partido en el distrito. En la fuerza libertaria esperan formar cuadros técnicos para un eventual desembarco del sello violeta en el Ejecutivo porteño y apuntalar la agenda de la Casa Rosada en el tradicional bastión de Pro.
El acto de inauguración se realizó sin el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había sido anunciado como director de la escuela de dirigentes, antes de que estallara el escándalo en torno a sus viajes al exterior y sus propiedades. Según pudo saber , el funcionario finalmente no estará al frente del instituto de formación.
“Es importante tener la escuela para que nosotros podamos llevar las ideas de Javier [Milei] a todos lados”, aseguró Karina Milei en el evento que se realizó ayer en el barrio porteño de Recoleta. La secretaria general de la Presidencia aseguró que esta iniciativa busca colaborar con el crecimiento de LLA en la ciudad de Buenos Aires y apuntalar la reelección del primer mandatario en 2027.
El proyecto también apunta a formar cuadros técnicos “comprometidos con los valores de la libertad y preparados para desempeñarse en áreas de gestión, administración pública, formulación de políticas y liderazgo institucional”. En LLA se preparan para un eventual desembarco del sello violeta en el Ejecutivo porteño.
Aún no está definida cuál será la estrategia que seguirá el espacio para alcanzar ese objetivo.
Pese a que Karina Milei había dicho semanas atrás durante una reunión reservada con Bullrich y legisladores porteños que no haría un acuerdo con Pro, una de las alternativas que contemplan ahora los libertarios es volver a confluir, como en octubre pasado, con el partido de Jorge Macri. El jefe de gobierno ya confirmó que irá por la reelección en 2027, pero no se cierra a la posibilidad de disputar una PASO con algún candidato libertario en el distrito o llegar a una fórmula conjunta.
Otra de las posibilidades de LLA es volver a competir en soledad, como lo hizo en los comicios porteños de mayo de 2025, cuando la boleta que encabezara Manuel Adorni logró imponerse con alrededor del 30% de los votos y duplicó la cosecha de Pro.
Adorni, corrido
Con ese triunfo en la ciudad, el nombre del ministro coordinador había cobrado fuerza como un posible candidato de LLA a la jefatura de gobierno. El jefe de gabinete había acordado con Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario y alfil de Karina Milei en la ciudad, los proyectos que impulsaría la bancada violeta en la legislatura porteña.
Así, Adorni contaba con el aval de la Secretaria General de la Presidencia, quien, como contó , lo había elegido para conducir el armado de equipos técnicos en la ciudad. En febrero, cuando se conoció que LLA pondría en marcha una escuela de dirigentes, fuentes de Casa Rosada habían confirmado a este medio que Adorni asumiría como su director.
Ayer, sin embargo, el jefe de Gabinete no participó del acto de lanzamiento del instituto de formación. Ante la consulta de este medio, en LLA confirmaron que el ministro coordinador finalmente no estará al frente de la escuela, pero negaron que haya sido corrido por las sospechas de corrupción que lo aquejan desde hace meses.
“[Adorni] era una opción, pero también se estaban analizando otras opciones. No es que quedó corrido, sino que lo que se buscaba era tener un perfil más académico para el director de la escuela y no un perfil político, por lo menos en esta instancia”, explicaron en el partido.
Descartan que las sucesivas revelaciones sobre el aumento de su patrimonio y la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito -que opacaron su protagonismo en la ciudad y lo dejaron fuera de competencia por el Ejecutivo- hayan influido en las definiciones en torno a la conducción de la escuela.
Adorni enfrenta una semana crucial. En el Gobierno afirman que presentará en los próximos días su declaración jurada.
El director del Instituto de Formación finalmente será Fernando Pedrosa, historiador y docente de la Universidad de Buenos Aires. En línea con este perfil técnico, la escuela contará con la participación de especialistas, pero también de funcionarios que acompañan al Presidente en la administración nacional.
Según confirmaron en LLA a , los ministros Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger serán directores de dos cursos que se dictarán en la escuela: uno de Economía y otro de Desregulación, en sintonía con los cargos que ocupan en el gabinete libertario.
Como contó este medio, sus nombres son algunos de los que barajan en la cúpula del partido de Milei para competir en la ciudad tras la baja de Adorni y los gestos de autonomía de Patricia Bullrich.
La escuela también desarrollará un Laboratorio de Ideas “pensado como un ámbito permanente de análisis, debate y elaboración de propuestas innovadoras para enfrentar los principales desafíos que atraviesa la ciudad de Buenos Aires”.
Del acto de lanzamiento participaron los legisladores porteños del bloque de LLA, entre ellos la presidenta de la bancada, Pilar Ramírez. Quien no se sumó al evento fue Juan Pablo Arenaza, lugarteniente de Bullrich en la ciudad.
Según pudo saber , su ausencia atendió a motivos personales y no a los sucesivos desmarques de la actual senadora respecto de los hermanos Milei que tensionaron la relación con la secretaria general de la Presidencia.
@JMilei,@KarinaMileiOk,pic.twitter.com/4w2Go7FVUh,June 8, 2026,había dicho semanas atrás,se conoció que LLA pondría en marcha una escuela de dirigentes,Abigail Contreiras Martínez,Karina Milei,La Libertad Avanza,Manuel Adorni,Conforme a,Karina Milei,,»¿Me estás diciendo psicótica?». Cómo fue el cruce entre Canosa y Fantino que habría provocado la renuncia del periodista,,La desdicha del oficialismo. El día en que Milei chocó con la pared,,Derrota en el Senado. La ira presidencial y los desplantes de Patricia Bullrich
POLITICA
Contratan un servicio de inteligencia artificial en el Tribunal Superior de Justicia porteño por casi US$ 600.000
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires contrató un servicio de inteligencia artificial (IA) para la gestión, administración, análisis y búsqueda de jurisprudencia del tribunal por casi 600.000 dólares.
Tras una licitación, la ganadora fue C&S Informática SA, que proveerá el servicio de IA. Esta novedad, dijo el tribunal, tendrá impacto en los procesos jurisdiccionales.
La adjudicación lleva la firma de todos los jueces del TSJ porteño: Inés Weinberg (presidenta), Alicia Ruiz (vicepresidenta), Luis Lozano, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi.
La adjudicataria deberá además suministrar un desarrollo de soluciones integrales para la gestión, la administración, la sistematización, la clasificación, el análisis, la búsqueda y la difusión de la jurisprudencia del Tribunal Superior.
La IA y la automatización serán visibles en el ingreso de escritos ante el Tribunal, en la validación de presentaciones y sus adjuntos, en la consulta y notificaciones, y en la búsqueda de causas similares.
También automatizará la producción de documentos y la de jurisprudencia, con una búsqueda más veloz de los antecedentes del tribunal porteño.
C&S Informática diseñará soluciones de los sistemas aplicables, tanto de programación y de testing como el soporte tecnológico, hosting y todo lo relativo al “alojamiento en la nube”.
Los cambios activarán los procesos con reemplazo de acciones manuales por automatizaciones, y se busca brindar respuestas inmediatas y propuestas generativas, pues se incluyen módulos de IA generativa de creación de contenidos, con la modernización de los portales actuales.
En lo atinente a la jurisprudencia, el Tribunal Superior de Justicia procurará agilizar el acceso de manera que sea intuitivo, con buscadores más veloces, tanto para los abogados litigantes como para la institución.
La compañía ganadora acreditó antecedentes relevantes sobre la provisión de diferentes herramientas informáticas de gestión en la administración pública, nacional y provincial, según fuentes del gobierno porteño. El contrato con el TSJ se extenderá por 5 años.
Esta semana, tanto el Tribunal como la empresa adjudicataria conformaron sus equipos para dar inicio al proceso de implementación de la IA.
A la licitación se presentaron 11 empresas y se eligió a la que mejor cumplió con lo requerido en los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas.
Además, resultó la más recomendable al sugerir tecnologías que se encuentran en consonancia con las expectativas y necesidades del TSJ, a la par que su cotización fue la más aceptable entre todas las ofertas admisibles.
El monto total de la adjudicación es de 587.528 dólares para implementar inteligencia artificial en sus procesos jurisdiccionales y desarrollar un sistema integral de gestión y búsqueda de su jurisprudencia.
La resolución RTSJ-2026-55-TSJ-TSJCABA, finaliza la licitación pública 4/2026 a la que se presentaron once empresas y en la que dos fueron rechazadas: Naxos AR SA porque su oferta no estaba firmada, y Digital Hive Group SA por presentar una garantía insuficiente.
De las nueve ofertas que superaron el filtro formal, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó a C&S Informática por encima de competidoras como Unitech SA, Systems Management Specialist SA, Datacloud SA, la UTE conformada por SG Soluciones Gráficas y Cumbresoft, Anfler Solutions, Data Voices y NSS SA.
Todas esas firmas fueron consideradas aptas técnicamente, pero descartadas por precio, según la resolución oficial.
La oferta ganadora superó en un 1,6% la previsión presupuestaria del renglón 1 del pliego y en un 13% la del renglón 2 del pliego, pero la comisión evaluó que su propuesta tecnológica era la más alineada con las necesidades del tribunal y que la empresa tiene mayor trayectoria en servicios digitales e inteligencia artificial para el sector público.
El contrato cubre dos objetivos diferentes. El primero es la implementación de un servicio de inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales del TSJ porteño. El segundo es el desarrollo de una solución integral para la gestión, administración, sistematización, clasificación, análisis, búsqueda y difusión de la jurisprudencia del tribunal.
La resolución de adjudicación no detalla los pliegos técnicos, por lo que el alcance preciso de ambos módulos —qué tareas asistirá la IA dentro de los procesos judiciales, por ejemplo— surge de los pliegos de condiciones particulares y especificaciones técnicas aprobados en enero por la presidenta del TSJ Inés Weinberg.
La adjudicación no recibió impugnaciones de ninguno de los oferentes dentro del plazo legal y la asesora jurídica del tribunal dio su visto bueno sin objeciones.
La compra se cotizó y se pagará en dólares, lo que es inusual para una contratación de servicios de un organismo judicial porteño y refleja tanto el carácter tecnológico del objeto como la indexación al dólar que impuso el mercado de software en los últimos años.
Más causas
El disparador de la adquisición es la urgencia, ya que mientras que en 2024 ingresaron 1610 causas en el Tribunal Superior de Justicia, en 2025 esa cifra se disparó a más de 6800 expedientes, un incremento superior al 300%.
Ese número de explosión de causas se entiende por el dictado del fallo Levinas de la Corte que convirtió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el tribunal al que deben ser apeladas todas las decisiones de la justicia nacional laboral, civil, comercial y penal.
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POLITICA
Pese al aumento decretado por Claudio Vidal, policías de Santa Cruz mantienen el acampe y el reclamo salarial
Luego de la resolución del Gobierno de Santa Cruz de firmar este lunes un aumento a la Policía provincial, aún se mantienen focos de conflicto salarial acotado a El Calafate y algunas divisiones de Río Gallegos, mientras persiste un acampe de más de 45 días frente a la Gobernación.
Esta medida, impulsada por efectivos que rechazan el esquema fijado por decreto y denuncian ingresos por debajo de la línea de pobreza, se centra en el campamento frente a la sede gubernamental provincial que ya lleva 45 días bajo el rigor del frío que llega a sensaciones térmicas cercanas a los 20 grados bajo cero.
Según el comunicado difundido por el Gobierno de Santa Cruz, la suba fue establecida por la Resolución N.º 342/26 del Ministerio de Seguridad y ratificada por el Decreto Provincial N.º 0660/2026. El bloque oficialista afirmó que esa recomposición ubica a la fuerza entre las tres mejor remuneradas del país. Pero un grupo de policías, retirados, bomberos y personal del servicio penitenciario mantiene la medida de fuerza.
El aumento por decreto y la división de la protesta
El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto que elevó el piso salarial a $1.700.000 para los ingresantes. Los manifestantes reclaman un básico de $2.200.000 y exigen que la mejora alcance también a retirados y pensionados.
Dicha recomposición salarial, según informa el decreto, se realizó “mediante la actualización del valor punto, la creación del adicional remunerativo y no bonificable denominado “Compensador” y del adicional no remunerativo y no bonificable “Cumplimiento Efectivo del Servicio”, destinada al personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Provinciales. Y el Gobierno agregó que esto “consolida una mejora sustancial del salario del personal y fortaleciendo su poder adquisitivo”.
Pero el decreto también introduce modificaciones en la estructura de los ingresos. Según el Gobierno provincial a partir de julio de 2026, se dejan sin efecto varios suplementos no remunerativos y no bonificables que habían sido creados por los decretos N° 1542/2022 y N° 0337/2023.
Entre los adicionales eliminados se encuentran los denominados “por función policial operativa”, “por función penitenciaria de alto riesgo” y “por función operativa en siniestro”. La misma medida alcanza a los suplementos “por función en investigaciones”, “por función técnica de apoyo” y “por función de alta dedicación operativa”.
Tras esa decisión, algunas localidades como Perito Moreno, Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado levantaron las medidas; en Puerto San Julián y Piedrabuena quedaron pocos manifestantes. Pero el foco más activo continúa en Río Gallegos y El Calafate.
El bloque oficialista sostuvo que el Ejecutivo agotó el diálogo con la fuerza y recordó que hubo 15 propuestas salariales rechazadas. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pedro Pródromos aseguró que, en más de 30 días, se realizaron ocho reuniones de negociación.
La bancada vinculó la continuidad de la protesta a motivaciones políticas. En su comunicado afirmó: “Los intereses políticos no pueden estar por encima de la seguridad de los santacruceños”.
Hoy la protesta se desarrolla con guardias mínimas, a diferencia de otros acuartelamientos policiales. Los agentes cumplen sus turnos y luego van a las carpas instaladas frente a la Gobernación, donde dos efectivos llegaron a encadenarse a una entrada lateral del edificio.
Al conflicto salarial se sumó el temor a sanciones internas. Los manifestantes piden que no haya represalias, pero el Gobierno provincial rechazó una amnistía.
En el acampe también aparece como símbolo la imagen del subcomisario Gabriel Trujillo, quien a fines de junio fue atropellado por una persona en estado de ebriedad cuando iba a realizar horas adicionales en Cañadón Seco para complementar su sueldo. Tras el hecho en la Ruta Provincial 12, agonizó durante tres días y murió.
El oficialismo sumó las deudas de los municipios
En su comunicado, el bloque Por Santa Cruz incorporó otro eje a la discusión: las deudas de municipios con organismos provinciales. Indicó que Río Gallegos mantiene una deuda con la Caja de Previsión Social de $66.944.860.951,58 y con la Caja de Servicios Sociales de $41.979.176.336,63.
Para El Calafate, el bloque consignó una deuda de $322.761.262,12 con la Caja de Previsión Social y de $5.615.829.043,26 con la Caja de Servicios Sociales. Según la bancada, esas obligaciones crecen a un ritmo cercano a $3.600 millones mensuales.
Los legisladores sostuvieron que esos recursos son de los trabajadores santacruceños y que su incumplimiento afecta el financiamiento del sistema previsional y de salud. También afirmaron que, si los fondos fueran transferidos en tiempo y forma, la provincia tendría más herramientas para mejorar salarios e invertir en salud, educación, seguridad, viviendas y obra pública.
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POLITICA
El Gobierno oficializó designaciones en la Justicia: un exsecretario de Lijo asume en un juzgado con causas sobre la AFA e Insaurralde
El Gobierno nacional oficializó 33 designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
A través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei nombró a 21 magistrados judiciales, seis conjueces, cuatro fiscales y dos defensoras públicas para cubrir cargos nacionales y federales en la Ciudad de Buenos Aires y distintas provincias.
Entre los nombramientos se destaca el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien fue designado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. El magistrado se desempeñó como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
El tribunal, que hasta ahora se encontraba subrogado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, tiene competencia sobre una jurisdicción estratégica: comprende el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en esa localidad.
Entre los expedientes que tramitan en ese juzgado se encuentra la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su expareja Jesica Cirio.
El tribunal también interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino y la financiera Sur Finanzas. En ese expediente está imputado el empresario Ariel Vallejo, investigado por sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Quiénes son los jueces y camaristas nombrados por el Gobierno
En la Justicia penal de la Capital Federal fueron nombrados Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9.
También se oficializaron las designaciones de Paula Vanesa Romeo como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 y de José Ignacio Polizza como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.
En la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fueron designados Diego Javier Tula, como vocal de la Sala II; Claudio Fabián Loguarro, en la Sala III; Diego Fernando Manauta, en la Sala V; Marina Edith Pisacco, en la Sala VI; y María Claudia Jueguen, en la Sala X.
El Ejecutivo también nombró a Pedro Manuel Crespo como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 de la Capital Federal y a Javier Jorge Cosentino como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
En tanto, María Gabriela Janeiro fue designada jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°5.
Entre los cargos federales, María Virginia Ise fue nombrada vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, en Chaco; Santiago French, vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Santiago José Martín, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Además, Juan Tomás Rodríguez Ponte fue nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, mientras que Bernardo María Rodríguez Palma fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.
En el interior del país, Ruth María Ponce de León fue nombrada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en Misiones. Por su parte, Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron designados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Otro de los decretos dispuso el nombramiento de Leopoldo Jorge Rago Gallo por un período de cinco años, a partir del 26 de agosto de 2026, como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.
La norma recordó que Rago Gallo había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 2602, firmado el 23 de diciembre de 1992.
El Gobierno también nombró como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba a:
- Maximiliano Daniel Chávez.
- Agustín García Fauré.
- Gabriel Andrés Marnich.
- José Eduardo Villena.
- Fernando Gabriel Zarabozo.
- Andrea Cristina Di Gregorio.
Los fiscales y defensoras que completan las designaciones
En el Ministerio Público Fiscal fue oficializado Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Resistencia, en la provincia del Chaco.
También fueron designados Fernando Gabriel Alcaraz como fiscal federal de la Unidad Fiscal Mendoza; Hugo Daniel Froy, como fiscal federal de la sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres; y Juan Marcelo Burella Acevedo, como fiscal federal de la Unidad Fiscal de Corrientes.
La tanda se completó con dos nombramientos en el Ministerio Público de la Defensa.
Amanda Espino fue designada defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a cargo de la Defensoría N°7.
Leé también: El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
Por su parte, María Laura Irastorza fue nombrada defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Río Negro.
Los decretos consignaron que los nombramientos fueron realizados luego de que el Senado prestara los acuerdos correspondientes.
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