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A 32 años del atentado contra la sede de la AMIA, 49 intendentes de distintas provincias argentinas firmaron hoy, en la sede histórica de Pasteur 633, una declaración conjunta por la memoria, la justicia y contra la impunidad que persiste en la causa que investiga el ataque terrorista del 18 de julio de 1994. La firma se realizó en el marco del Encuentro Federal por la Memoria, una iniciativa impulsada por el Vaad Hakehilot, la Federación de Comunidades Judías Argentinas, que buscó, según remarcaron sus organizadores, “federalizar” el reclamo de justicia más allá del ámbito porteño.

El acto contó con la participación de representantes del gobierno nacional, del porteño, jefes comunales de todas las extracciones partidarias, diplomáticos, otras autoridades, y referentes del ámbito comunitario.

La jornada comenzó con una ceremonia de recordación de las víctimas del ataque terrorista en la plaza seca de la AMIA. Con la presencia de los presidentes de las comunidades judías del interior del país, se realizó un minuto de silencio y se encendieron 85 velas —una por cada persona fallecida—, con una plegaria del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra. Del encendido participaron familiares directos de tres víctimas: Hugo Basiglio, hijo de Hugo Basiglio; Marina Degtiar, hermana de Cristian Degtiar; y Marcelo Alguea, hermano de Silvana Alguea. También encendieron velas el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, y el presidente del Vaad Hakehilot de AMIA, Marcos Cohen.

Al dar la bienvenida a las autoridades, el director ejecutivo de la AMIA, Daniel Pomerantz, definió el sentido político de la convocatoria: “Cada uno de ustedes trae hoy la voz de su comunidad. Juntos, representan la Argentina que no olvida.” Agregó que el encuentro buscaba “reforzar el compromiso de mantener vivo el reclamo de justicia” frente a un atentado que, sostuvo, no solo apuntó contra “la institución madre de la comunidad judía argentina”, sino que constituyó “un crimen contra toda la sociedad”.

El momento central se trasladó luego al auditorio de la institución, donde los intendentes presentes suscribieron el documento conjunto. La declaración compromete a los firmantes a sostener iniciativas para visibilizar la impunidad en la causa AMIA, promover políticas de derechos humanos y convivencia democrática, fortalecer la educación en valores, y desarrollar programas de prevención del antisemitismo y la xenofobia. El texto también reafirma la necesidad de una Justicia “independiente, eficaz y transparente” como condición para la consolidación de una sociedad más justa.

Los intendentes que participaron del acto fueron, por la provincia de Buenos Aires: Gustavo Menéndez (Merlo); Fernando Moreira (General San Martín); Soledad Martínez (Vicente López); Ariel Sujarchuk (Escobar); Mariel Fernández (Moreno); Rodrigo Aybar (Tres de Febrero); Juan Andreotti (San Fernando); Leonardo Boto (Luján); Marcelo Matzkin (Zárate); Gastón Granados (Ezeiza); Federico Otermín (Lomas de Zamora); Carlos Balor (Berazategui); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Eva Mieri (Quilmes); Federico Susbielles (Bahía Blanca), Pablo Garate (Tres Arroyos); Ricardo Marino (Carmen de Patagones), y Carlos Bevilacqua (Villarino).

De la provincia de Santa Fe: Pablo Javkin (Rosario); Juan Pablo Poletti (Municipio de Santa Fe); Marcelo Lind (Moisés Ville); Lucas Bussi (Palacios); Dana Astore (Las Palmeras); y Claudio Teloni (Monigotes).

De la provincia de Córdoba, Daniel Passerini (Municipio de Córdoba); Gustavo Benedetti (Arroyito); y José Ibarra (Oliva). De Entre Ríos, Rosario Romero (Paraná); Adrián Fuertes (Villaguay); Mauricio Davico (Gualeguaychú); Dora Bogdan (Gualeguay); Hernán Besel (Basavilbaso); Verónica Luxen (Ubajay); Javier Mendelovich (General Campos); Mario Ernesto López (Villa Domínguez), y Jaime Vélez (Ingeniero Miguel Sajaroff).

De Mendoza, el intendente de la ciudad capital, Ulpiano Suárez; de Chubut, Damián Biss (Rawson) y Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia); Mauricio Nadalich (Formosa), Dante Velázquez (La Quiaca, Jujuy), Luciano di Nápoli (Santa Rosa, La Pampa), Leonardo Stelatto (Posadas), de Chaco, Roy Nikisch (Resistencia) y Rubén Rach (Charata). Jorge Mario Emiliano Durand (Salta), Susana Laciar (San Juan) y Alejandro José Molinuevo (Concepción, Tucumán).

El texto completo de la declaración

“Los abajo firmantes, participantes del Encuentro Federal por la Memoria, realizado el 1° de julio de 2026 en la sede de Pasteur 633, en el marco de los 32 años del atentado terrorista perpetrado contra la AMIA, expresan su firme compromiso con la implementación y sostenimiento de las siguientes acciones:

“Impulsar y acompañar iniciativas orientadas a visibilizar la persistente impunidad en la causa, reafirmando el reclamo de justicia y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales del atentado del 18 de julio de 1994.

“Promover políticas y acciones que fortalezcan la paz, la plena vigencia de los derechos humanos y la convivencia en la diversidad, consolidando el ejercicio de la memoria colectiva como resguardo frente a toda forma de odio y discriminación.

“Garantizar el rol estratégico de la educación como herramienta fundamental para la transmisión de valores de respeto, diálogo y solidaridad, y para la formación de nuevas generaciones conscientes de las consecuencias del terrorismo en la sociedad.

“Desarrollar e implementar programas y proyectos en los ámbitos social, cultural y educativo que contribuyan a la prevención y erradicación del antisemitismo y la xenofobia, promoviendo una cultura de respeto y entendimiento mutuo.

“Reafirmar la importancia de una administración de justicia independiente, eficaz y transparente como pilar esencial del sistema republicano y condición necesaria para la consolidación de una sociedad justa y equitativa.”

En representación de la AMIA, su presidente, Osvaldo Armoza, agradeció la presencia de los jefes comunales y de los referentes de las comunidades judías de todo el país y subrayó el valor político de ampliar la base territorial del reclamo. “Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA”, sostuvo. Armoza remarcó que los intendentes presentes serán “portadores de este mensaje y testigos de este compromiso”, y que sostener la memoria activa es “una responsabilidad colectiva” que debe alcanzar a todo el país.

Como cierre simbólico del encuentro, cada intendente recibió de parte de la AMIA una serigrafía original del artista Martín Ron, autor de El muro de la memoria, la obra emplazada en una de las paredes exteriores del edificio de Pasteur 633.

Objetivo del Encuentro Federal por la Memoria

El Encuentro Federal reunió, además de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, a una nómina de funcionarios que reflejó el interés oficial —nacional, provincial y porteño— en la convocatoria. Estuvieron presentes el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish; el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Selá, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, quien asistió en representación del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La presencia de Santilli en el Encuentro Federal había quedado confirmada semanas atrás, cuando el funcionario todavía se desempeñaba como ministro del Interior, antes de su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

También participaron Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores de la Provincia de Buenos Aires; Fulvio Pompeo, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación; Gabino Tapia, ministro de Justicia porteño; Mariano Lomolina, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Ciudad; Jorge Stokland, director nacional del Registro Nacional de Cultos; Gonzalo Adrián, director general de Instrucción de la Policía Federal Argentina; Pilar Bosca Chillida, directora general de Cultos porteña; Juano Torreiro, director de Culto de la Provincia de Buenos Aires; María Teresa Bertotto, subdirectora adjunta de la Secretaría de Coordinación de la Procuración General de la Nación, y Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Al abrir la firma en el auditorio, el conductor del acto sintetizó el objetivo político del encuentro: “Desde hace 32 años buscamos justicia, una deuda gigante, que se acrecienta con el paso del tiempo, y que este país todavía tiene pendiente. Hoy, este Encuentro Federal por la Memoria busca precisamente eso: federalizar ese reclamo. Hacer que el pedido de justicia resuene en cada rincón del país, de la mano de intendentes y comunidades judías de toda la Argentina.”

Antecedentes y el 32° aniversario del atentado

La convocatoria de este miércoles se enmarcó en el trabajo territorial que el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, viene desarrollando desde hace semanas, con reuniones en distintos puntos del país para explicar personalmente el sentido de la iniciativa y sumar adhesiones. El antecedente inmediato fue el encuentro federal que, en junio de 2024, reunió en la misma sede a gobernadores de todo el país. La lógica es la misma: ampliar el compromiso institucional con la causa AMIA más allá de la Ciudad de Buenos Aires, y sostener la presión política sobre una causa judicial que, tres décadas después, sigue sin condenas por la autoría del atentado.

El Encuentro Federal funcionó, además, como acto preparatorio del homenaje central por el 32° aniversario del atentado. Bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, el Acto Central se realizará frente a Pasteur 633 el viernes 17 de julio —y no el sábado 18, fecha exacta del aniversario—, debido a que ese día coincide con el Shabat, el día de descanso y reflexión en la tradición judía. La ceremonia comenzará a las 9.53, hora exacta en que estalló la bomba en 1994, con el sonido de una sirena.

Al cierre del Encuentro Federal, los organizadores extendieron la invitación al acto de julio a “toda la sociedad argentina”, con un mensaje: “La memoria del atentado a la AMIA no le pertenece solo a la comunidad judía: le pertenece a la Argentina.”

En la madrugada de este miércoles arribó a territorio venezolano un segundo contingente de fuerzas militares de la Argentina para reforzar las tareas humanitarias que el país lleva adelante desde el pasado viernes en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio. El nuevo despliegue es coordinado por el Ministerio de Defensa. A una semana de la catástrofe, el balance oficial es -por el momento- de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

El contingente viajó a bordo de aviones Embraer y Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y lleva equipamiento que el primer escalón no pudo transportar por la urgencia del despliegue inicial: una planta potabilizadora de ósmosis inversa con capacidad para producir 1.100 sachets de 500 ml de agua por hora, un grupo electrógeno mediano, duchas de campaña, una cocina móvil con víveres, carpas con catres para 40 personas y un puesto sanitario móvil.

Se incorporan, además, dos nuevos binomios perro-guía de la brigada certificada USAR del Ejército Argentino: Jack, del Batallón de Ingenieros de Montaña 8 de Mendoza, y Derek, del Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan.

La llegada de este segundo escalón se produce en un momento en que el paso del tiempo reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes bajo los escombros. Este martes, un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un equipo de socorristas jordanos, un hallazgo que renovó la esperanza de los familiares que aún esperan noticias.

Según precisó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en las dos zonas más golpeadas —Caraballeda y Catia La Mar— había unas 30.000 personas al momento de los sismos; de ellas, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

El primer escalón argentino había partido a contrarreloj desde la Base Aérea de El Palomar con escalas en Viru Viru y Manaos, y llegó a la Base Aérea El Libertador, en el estado venezolano de Aragua. Ese contingente, al mando del Coronel Miguel Ángel Wissinger, comandante de Protección Civil y Emergencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, incluyó cuatro binomios de perros-guía de la Infantería de Marina de la Armada Argentina y una brigada especializada en estructuras colapsadas.

De acuerdo a lo que se informó, una vez en tierra, las autoridades venezolanas les asignaron la zona B2 de la ciudad de Caraballeda, en el estado de La Guaira, donde actuaron en coordinación con equipos internacionales y representantes del Comando Sur de los Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa, la presencia de los canes en las primeras 96 horas resultó determinante para delimitar zonas con posibles sobrevivientes y optimizar los tiempos de búsqueda.

En paralelo, la Cancillería Argentina mantiene desplegada desde el 27 de junio una misión especial humanitaria y consular. Según el último reporte, la misión recibió 235 solicitudes de asistencia por correo electrónico y teléfono, registró 8 pedidos de búsqueda de paradero —con 4 ciudadanos ya localizados— y confirmó 6 argentinos fallecidos.

Además, identificó 7 personas en situación de especial vulnerabilidad, entre ellas cuatro grupos familiares con niños y un menor no acompañado, y realizó 12 gestiones documentales que incluyeron pasaportes de emergencia y autorizaciones de viaje para ciudadanos sin documentación. El número de emergencia consular en Venezuela es el +58 414-2387145.

La dimensión de la crisis humanitaria se agrava con cada balance. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC) informaron que más de 50.000 personas continúan desaparecidas. El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada” y reveló que la organización adquirió 10.000 bolsas para cadáveres.

Unicef estima que 1,8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños. El IRC señaló que “los servicios médicos están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos”, y advirtió que “la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, de los cuales 189 colapsaron por completo —158 de ellos en el estado de La Guaira—, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales. Desde el doble sismo se registraron casi 700 réplicas, aunque el funcionario aclaró que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

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