En un fallo dividido, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo las restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que había pedido cumplir su condena de seis años por corrupción sin tobillera electrónica, con más horas de uso de su terraza y con más visitas.

La decisión fue dictada por el voto mayoritario de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes confirmaron el actual régimen de visitas, la utilización del dispositivo de monitoreo electrónico y el uso restringido de la terraza del edificio ubicado en la calle San José 1111.

El juez Mariano Borinsky, en disidencia, votó por flexibilizar.

Los argumentos de Hornos

El juez Hornos destacó que el adecuado cumplimiento de las condiciones actuales no conduce necesariamente a una flexibilización posterior y que su acatamiento no constituye una circunstancia excepcional ni un acontecimiento novedoso que imponga revisar o modificar el régimen actual de visitas.

Hornos agregó que el cumplimiento de las condiciones impuestas para la condena no opera como un mecanismo de progresiva flexibilización de las restricciones fijadas.

Además, el juez dijo que son un presupuesto indispensable para su mantenimiento y su incumplimiento podría provocar la revocación de la prisión domiciliaria y el ingreso a un penal para cumplir la condena.

Hornos afirmó que “su estricto cumplimiento es el comportamiento que legítimamente se espera y se exige a una persona que se encuentra cumpliendo” una pena de seis años de prisión. En ese marco, remarcó que la detención domiciliaria constituye una modalidad de cumplimiento de una pena privativa de libertad, de carácter excepcional y morigerado, cuya concesión, mantenimiento y regulación no operan de manera automática.

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, como culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de junio de 2025.

Con respecto a la utilización de la tobillera electrónica, Hornos afirmó que más allá de que Cristina Kirchner accedió a la prisión domiciliaria, la ejecución de la condena mediante la utilización de un dispositivo de control electrónico “aparece como una medida alternativa adecuada y proporcionada” para asegurar su cumplimiento “por hechos de corrupción de singular gravedad institucional”.

Según el juez, “no puede soslayarse el valor simbólico, expresivo y comunicacional que comporta el cumplimiento serio, visible y supervisado de una condena penal, particularmente en casos de trascendencia institucional”.

Y resaltó que la pena no constituye meramente una reacción ante el daño ocasionado, sino un mensaje institucional que expresa la gravedad de haber quebrantado los vínculos normativos que sostienen la convivencia democrática. También, argumentó Hornos, cumple una función expresiva, en tanto reafirma la vigencia de la norma vulnerada y el consenso social en torno a la ilicitud del hecho.

El juez Barroetaveña adhirió a la postura de Hornos y quedó conformada la mayoría.

Borinsky volvió a diferenciarse

En disidencia, el juez Borinsky votó por hacer lugar al recurso de la expresidenta y dejar sin efecto las tres restricciones cuestionadas.

Borinsky reiteró lo que viene sosteniendo en otros fallos al entender que las limitaciones a las visitas carecen de sustento normativo y afectaban los principios de legalidad y reserva y la protección constitucional de la intimidad.

Según el juez, agravar de oficio esas condiciones vulneraba el modelo acusatorio. Respecto de la tobillera electrónica, entendió que su imposición resultaba “innecesaria e irrazonable”.

Borinsky subrayó que se trata de una persona públicamente conocida, que estuvo a derecho durante más de un año y que cuenta con custodia policial permanente, por lo que no hace falta para asegurarse de que no se va a fugar.

Sobre la terraza, juzgó que la restricción horaria carecía de fundamentación válida. Y argumentó que en más de un año que lleva presa no hubo incumplimiento a las reglas impuestas. En ese contexto, valoró un informe realizado por consejeros de la Magistratura del kirchnerismo que dijeron que no hay antecedentes estadísticos relevantes de personas en prisión domiciliaria con estas restricciones.

La mayoría de la Casación también sostuvo que la aplicación del principio de igualdad a la ley impide la concesión de tratamientos diferenciales o beneficios injustificados fundados en la posición social, económica o política de la persona condenada.

La mayoría de Hornos y Barroetaveña remarcó que no se advierte que la defensa haya demostrado la existencia de un trato diferenciado o arbitrario a la condenada respecto de personas que se encuentren en situaciones sustancialmente análogas, ni tampoco que se le hayan impuesto restricciones carentes de justificación objetiva.

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.

En principio aparece como poco probable que el juez acepte el pedido, según dijeron a fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.

La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Jesica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió .

El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.

Mola en paralelo pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.

El fiscal quiere comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados es efectivamente de esa residencia.

Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar, y el exjefe de Gabinete bonaerense vive en su histórica casa del centro de Banfield.

Además, Mola solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof).

Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El domingo pasado, a la vez, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió .

Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento un hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Insaurralde por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.