POLITICA
Conflicto en FATE: trabajadores marchan a Plaza de Mayo en rechazo al cierre de la planta

Los trabajadores despedidos de FATE se movilizarán hoy a las 15:30 en el centro porteño, en rechazo al cierre de la planta de San Fernando. La protesta incluirá una concentración frente al Juzgado Laboral y una marcha hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir respuestas.
La medida se realizará en la antesala de una definición clave sobre la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, cuyo vencimiento abre un escenario de mayor tensión entre la empresa y el sindicato. Mientras la firma pidió no prorrogarla, el gremio sostiene que no se cumplieron las condiciones básicas para sostener ese proceso.
En ese contexto, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) endureció su postura y decidió llevar el conflicto a la calle, con una convocatoria que busca sumar respaldo sindical, social y político.
Reclamos por salarios y continuidad laboral
El eje de la protesta estará puesto en la falta de pago de salarios, para la que el gremio pidió trabar un embargo por $5200 millones a Fate, y en la paralización de la actividad. Desde el gremio denuncian que la empresa mantiene un esquema de presión económica sobre los trabajadores, en un contexto en el que la producción continúa detenida.
Además, cuestionan que durante la conciliación no reestableció la situación previa al conflicto, como establece la normativa. Ese punto incluye la reanudación de tareas y el cumplimiento de las obligaciones salariales, aspectos que consideran incumplidos.
La audiencia reciente ante la cartera laboral no logró acercar posiciones y dejó expuesto un escenario sin acuerdo en el corto plazo.
Presión política y pedido de intervención
La movilización también se inscribe en una estrategia más amplia del sindicato para trasladar el conflicto al plano político. En ese marco, impulsan un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de utilidad pública la empresa y habilitar su ocupación temporaria.
El planteo apunta a que el Estado provincial intervenga para garantizar la continuidad productiva, con participación de los trabajadores. A la vez, el gremio pidió una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien considera un actor clave para destrabar la situación.
En los últimos días, los dirigentes sindicales insistieron en que el caso de FATE no es aislado y lo vincularon con el impacto más amplio de la crisis sobre el empleo industrial.
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POLITICA
La Justicia electoral advirtió sobre el bajo nivel de participación de los votantes jóvenes

La Cámara Nacional Electoral se mostró preocupada por los bajos niveles de participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años durante un encuentro que mantuvo con organizaciones de la sociedad civil, en busca de una articulación institucional orientada a los comicios presidenciales del 2027.
A la reunión concurrieron representantes de Conciencia, Cippec, Poder Ciudadano, Pulsar.UBA, Observatorio Electoral de la Facultad de Derecho, Club Político, Red Ser Fiscal, entre otras entidades, con quienes se abordaron desafíos relacionados con la capacitación electoral, la participación ciudadana y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP).
Participaron los camaristas Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, además de los secretarios del tribunal.
Uno de los puntos centrales del intercambio fue la inquietud por los niveles de abstención electoral de los ciudadanos de entre 16 y 29 años. Este segmento etario presenta niveles de concurrencia a las urnas inferiores al promedio general del padrón.
Durante el encuentro se destacó la necesidad de fortalecer las políticas de formación cívica y educación electoral, además de consolidar estrategias que resulten adecuadas para este grupo etario, con el objetivo de promover una participación más activa, informada y sostenida en el tiempo.
Asimismo, se analizó el impacto de los cambios en los instrumentos de votación, particularmente en la implementación de la Boleta Única Papel.
Los especialistas coincidieron en su buen desempeño en las últimas elecciones nacionales y subrayaron que es importante seguir realizando capacitaciones específicas que faciliten su comprensión y utilización en las elecciones de 2027.
Las asociaciones de la sociedad civil señalaron la necesidad de mantener el debate presidencial obligatorio y dijeron estar preocupadas por las modificaciones previstas en el proyecto de reforma electoral que ingresó al Congreso, en lo referido a la rendición de cuentas de la campaña.
También destacaron su preocupación por la desinformación, la comunicación y la calidad del debate público, particularmente en lo que respecta a la relación de los jóvenes con el sistema democrático.
La Cámara Nacional Electoral reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la participación en el proceso electoral, promoviendo instancias de diálogo institucional con actores clave de la sociedad civil que contribuyan a consolidar una ciudadanía activa e informada.
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POLITICA
La Corte intimó al máximo tribunal de Santa Cruz a entregar el expediente sobre la designación de nuevos jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz a remitir en un plazo de 48 horas el expediente completo relativo a la ampliación del tribunal provincial. Anteriormente, el cuerpo era integrado por cinco jueces, pero el número ascendió a nueve, después de que la medida fuera aprobada por la Cámara de Diputados santacruceña.
La medida se adoptó tras haberse rechazado la recusación promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz. De esta manera, el máximo tribunal nacional volvió a reiterar el pedido por segunda vez, luego de que las autoridades provinciales se negaran a hacer entrega de la documentación.
El pedido de la Corte Suprema se remonta al 23 de abril, cuando le informaron al TSJ que debía enviar todas las actuaciones vinculadas a la causa que cuestiona la constitucionalidad de la ampliación de las vacantes judiciales en la provincia.
Ante la falta de respuesta, el alto tribunal endureció su postura y ordenó que la documentación sea remitida “de inmediato” en formato digital. Según la información publicada en el sitio del Gobierno de Santa Cruz, la intimación fue formalizada este miércoles en Buenos Aires, en donde se mencionó la causa 917/2025 y los incidentes asociados.

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había rechazado la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra varios de sus integrantes, en el expediente donde se discute la validez de la ampliación del tribunal superior provincial.
Según el tribunal, el planteo del gremio fue extemporáneo y no se fundó en causales legales que justifiquen el apartamiento de los magistrados. De la misma manera, recordaron que la recusación es una herramienta de uso excepcional y aplicación restrictiva, especialmente cuando se pretende apartar a miembros de la propia Corte Suprema.
Esto se trató de una respuesta directa a las acusaciones realizadas por el gremio, que había fundamentado su negativa a hacer entrega del expediente en la existencia de supuestos vínculos políticos e institucionales de abogados patrocinantes con algunos de los actores involucrados en la causa.
El conflicto judicial se originó tras la sanción de la ley provincial N° 253/25, que dispuso ampliar la composición del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. La misma fue aprobada el 28 de agosto de 2025 por la Cámara de Diputados provincial, lo que dispuso la ampliación de 5 a un total de 9 jueces.

Se trató de un proyecto que fue presentado por la diputada Adriana Nieto, integrante del bloque Por Santa Cruz, bajo el argumento de que la medida tenía como fin responder al aumento de la población, garantizar la imparcialidad, la celeridad, la eficacia y el equilibrio dentro del Poder Judicial provincial.
Según el texto, no fueron modificados los requisitos para ser nombrado miembro del TSJ, por lo que estos aún deberán cumplir con lo expuesto en el artículo 127 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz. Entre ellos, es necesario ser argentino nativo o por opción, ser mayor de 30 años y ser abogado con seis años de ejercicio de la profesión, ya sea de forma particular o en organismos judiciales.
“Esto responde a una política de Estado que el gobernador viene sosteniendo firmemente. Esta ley implica un fortalecimiento de las instituciones. Vamos hacia una justicia más democrática, accesible y transparente”, sostuvo la legisladora al momento de defender la iniciativa.
A pesar de esto, diversos sectores políticos, judiciales y gremiales cuestionaron el proceso, tras denunciar supuestas irregularidades en la designación y toma de juramento de los nuevos vocales.
Frente a esto, la Asociación Gremial de Judiciales impulsó una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Legislativo provincial. Paralelamente, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos, todos ellos bajo análisis de la Corte Suprema en la actualidad.
En respuesta a la consulta sobre el caso, la Corte Suprema exige ahora el envío inmediato de la totalidad de los documentos, incluidos los incidentes cautelares, resoluciones internas sobre organización y juramentos, así como información sobre otros procesos relacionados.
Con la intimación de 48 horas en curso, el expediente por la ampliación del tribunal santacruceño entra en una etapa decisiva, a la espera de la remisión de todos los antecedentes requeridos por la Corte Suprema.
POLITICA
El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella volvió a citar a Ariel Vallejo, el financista de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero para el 26 de mayo.
El magistrado lo resolvió luego de que la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA pidieran su detención porque no se presentó a su indagatoria prevista inicialmente para ayer. Además del financista debía presentarse su madre, Graciela Vallejo.
Mas allá de esta novedad, hoy la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió descartar que la Fundación Apolo sea querellante en el caso y ordenó que el expediente se quede en el juzgado de Armella.
Allí se investigan presuntas maniobras de evasión tributaria agravada y lavado de activos, con operaciones sospechadas por más de 818.000 millones de pesos y derivaciones en el ámbito financiero y del fútbol.
La Sala IV de la Casación hizo lugar al criterio de la fiscal Incardona y el fiscal de Cámara Diego Iglesias que buscaron evitar que distintas causas vinculadas con Sur Finanzas avanzaran de manera separada.
Para el juez Hornos, la hipótesis fiscal no podía ser examinada de manera aislada ni fragmentaria. La dispersión de expedientes puede afectar la eficacia de la pesquisa, dijo. Respaldó el planteo de los fiscales para que la investigación avance de forma concentrada, coherente y sin superposición de expedientes.
En cuanto a las indagatorias, ante la presentación del abogado de Vallejo, Mauricio D’Alesandro, el juez Armella pospuso la audiencia. El financista no se había presentado porque presentó un recurso contra su llamado a indagatoria, que fue rechazado.
Armella definió que Vallejo y su madre deben presentarse el 26 de mayo a las 9 y a las 11 bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y ordenar sus detenciones.
“Están citando a Vallejo por tres cuestiones que no debieran. La Cámara ya dijo a ARCA, que la causa corresponde a otro juzgado, el de Federico Villena; el caso de los clubes de fútbol ya fue enviado al juzgado federal de Campana y la Cámara ya dijo que no había lavado de dinero por el caso del fideicomiso de Banfield”, argumentó el abogado D’Alesandro.
Entre los investigadores hay una fuerte expectativa porque la declaración de Vallejo puede resultar explosiva si acepta responder preguntas. Las sospechas son que Vallejo manejó dinero de dirigentes del fútbol y de la política.
Días atrás, el Banco Central le aplicó una multa de $5400 millones por un sumario que señala que una de sus casas de cambio fue una supuesta intermediaria en un “pasamano” del dólar blue por US$25 millones.
Armella citó a indagatoria a Vallejo y a otras 15 personas acusadas de integrar una presunta asociación ilícita para lavar dinero, mediante una operatoria ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a diversos clubes que integran esa entidad, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.
El juez considera que Vallejo era la cabeza de la organización.
Ya se realizaron allanamientos en Sur Finanzas, varios clubes a los que la financiera les giraba fondos y en propiedades ligadas a esas maniobras que la Justicia considera sospechosas.
Además de Vallejo, su madre, Graciela Beatriz Vallejo, que figuraba como propietaria de varios autos y de algunas de las empresas, fue citada junto con dos personas de su extrema confianza, como Daniela Sánchez y la tesorera Micaela Sánchez, que estuvo detenida al comienzo de la investigación.
El listado de indagados incluye a Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo) y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.
La ronda de indagatorias finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.
Armella también ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los citados a declarar y de una docena de sociedades vinculadas a Vallejo.
“La investigación llevada a cabo en autos permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización”, dice la resolución a la que tuvo acceso .
Las medidas se ordenaron en una causa que comenzó con una denuncia contra ex dirigentes del club Atlético Banfield. Luego la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a Sur Finanzas por manejarse con empresas apócrifas y monotributistas que no tenían capacidad financiera para mover miles de millones de pesos.
Según esa denuncia, a través de la plataforma de la firma “Sur Finanzas PSP”, se hicieron transferencias por $818.000.000.000. Entre los sujetos que movieron esa fortuna se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas, y “sujetos no categorizados”. Por este motivo, la denuncia apuntaba al supuesto lavado de dinero.
Varios clubes de Primera y del Ascenso figuran entre las transferencias sospechosas que pasaban por la plataforma de esa firma. Con $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking. Como garantía de esos préstamos, el club de Boedo le cedió a Sur Finanzas los derechos de televisación. “Esta operación demuestra un mecanismo de interposición institucional donde la entidad rectora del fútbol desvía un activo financiero limpio (derechos de TV) directamente a la estructura de la organización lavadora”, sostuvo la fiscal Cecilia Incardona al pedir las indagatorias.
había revelado que la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza. “Voy a ver la manera de ayudarlos”, lanzó Tapia delante de un puñado de dirigentes.
Apenas unos días después, apareció en escena Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, con los fondos para el “salvataje”. La transferencia se concretó el 8 de mayo. Eran $300 millones como adelanto por los derechos de TV.
Entre otros delitos, Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al Régimen Nacional de la Seguridad Social y Obras Sociales de los empleados de Sur Finanzas en los períodos 6/2024, 7/2024, 9/2024, 11/2024, 12/2024, 7/2025 y 11/2025, por un total de $46.511.222,65. Se trata del mismo delito por el cual procesaron a Tapia y Pablo Toviggino.
La resolución destaca una serie de maniobras en perjuicio de los clubes como el descuento de cheques, la suscripción de mutuos, y contratos de sponsoreo supuestamente simulados, que le habrían generado ganancias ilegales a Vallejo y a sus empresas. Se menciona al club Atlético Banfield, San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, el Club Estrella del Sur, y el Club Atlético Temperley, entre otros.
Vallejo es presidente de Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP y Grupo Sur Finanzas, pero también ocupó diferentes cargos en Abo Inversiones, Valle Business, Roma Inversiones, Ars Cambios SAS y Fenus S.A.S. “Estas empresas y otras constituidas por personas de su entorno más cercano respondían directamente a sus intereses, interponiendo las mismas a la hora de establecer vínculos comerciales con terceros para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de los fondos”, resume la resolución de Armella.
Sur Finanzas es la financiera que llegó a ser sponsor de la selección nacional de fútbol, así como de equipos de primera división como Racing y Banfield.
Incluso fue prestamista en el caso de San Lorenzo y realizó donaciones a Independiente. Por eso, su vínculo con el fútbol no se limitaba solo a fotos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Antes de llegar a las primeras planas del deporte, focalizó sus negocios en las casas de cambio.
Su incursión en ese mundo comenzó en agosto de 2020, según los registros del BCRA. En ese entonces, ingresaron como accionistas de Centro de Inversiones Concordia su madre Graciela Vallejo (50%), Silvia Torrado (30%) y el propio Ariel Vallejo (20%). Dos años más tarde, en el segundo semestre de 2022, el empresario adquirió otra casa de cambio, llamada Ars Cambios. Precisamente, esa entidad es el foco del nuevo sumario oficial sobre maniobras vinculadas al dólar blue.
La investigación realizada por el BCRA describe a la empresa de Vallejo como una supuesta “intermediaria”. Entre el 2 de enero de 2023 y el 20 de diciembre de ese año contabilizó ventas por US$25 millones a otras casas de cambio, que a su vez no registraron ventas, tal como indica el sumario. La documentación agrega que Ars Cambios no recabó el motivo de esas operatorias ni el origen de fondos que financiaron sus ventas. Para el BCRA, la falta de registro de ventas de las otras entidades que adquirieron los dólares de la casa de cambio de Vallejo es un indicio de pérdida de trazabilidad del billete.
que estuvo detenida al comienzo de la investigación.,Centro de Inversiones Concordia, una de las financieras que tuvo Vallejo.,on $660 millones, San Lorenzo encabeza el ranking.,la maniobra se orquestó durante una reunión llevada a cabo en el predio de Ezeiza,Hernán Cappiello,AFA,Claudio Chiqui Tapia,AFAGate,Conforme a,,Patrimonio. El Gobierno defiende al titular de la ARCA al que un fiscal pide citar por ocultar propiedades,,Desafío de ATE. Unos 714 estatales pidieron un crédito en el Banco Nación, pero a la mayoría se lo rechazaron,,Dibujos contables y offshores. La Fiscalía detalló cómo ocultó sus propiedades en Miami y Buenos Aires el titular de la ARCA,AFA,,Fútbol y negocios. Ordenan peritajes sobre la quinta de Pilar y la colección de autos de lujo que se adjudican a la AFA,,Autos de alta gama y millones en el banco. Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención vinculado a Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo
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