POLITICA
Conflicto universitario: la Justicia intimó al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.
El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei. Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.
La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.
Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.

La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. Ambos planteos fueron rechazados. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el recurso extraordinario del Ejecutivo por falta de sentencia definitiva y dejaron firme la cautelar. Aunque la resolución no tuvo efectos económicos inmediatos —dado que para esa fecha ya existía un acuerdo firmado—, representó un aval implícito a la vigencia de la ley.
Ese acuerdo había tomado forma el 10 de junio, cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes suscribieron un acta en la que el Estado se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios de $50.000.000.000. El texto también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuel Belgrano a partir de junio y fijó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias. Para el Ejecutivo, ese convenio satisfacía “en lo sustancial” los artículos 5 y 6 de la ley y eliminaba el riesgo que había motivado la medida cautelar original. Sin embargo, las universidades recordaron que el propio Estado había aclarado al firmar que el acta no implicaba abandonar su postura en el proceso judicial. Desde el CIN calificaron el acuerdo como “una gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo” y argumentaron que el convenio no cubría todos los requisitos que la norma establece.

Con ese telón de fondo, el Gobierno solicitó formalmente el levantamiento de la cautelar. El 1 de septiembre, Cormick rechazó el pedido. En su resolución, el magistrado concluyó que “el Estado Nacional no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos “en relación a los perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, ni que exista “una definición efectiva y final” sobre el deterioro de ingresos y la pérdida salarial del colectivo afectado. El juez sostuvo que, ante la situación planteada por los actores, “mal puede considerarse superado el peligro en la demora” y aclaró que el rechazo no implica adelantar criterio sobre el fondo del litigio.
El conflicto encontró un nuevo punto de quiebre el 17 de septiembre, cuando fracasó la ronda paritaria convocada por la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno. La cartera ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que todos los sindicatos rechazaron de forma unánime. La oferta fue idéntica a la presentada a comienzos de mes. Ante ese resultado, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) confirmaron un paro escalonado de 23 días con actividades de visibilización en cada repartición y unidad académica, que comenzó el lunes 21 de septiembre en el Rectorado y se extenderá hasta el 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, fue directo al caracterizar la situación: “No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial”, declaró.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) también tomó posición. Su secretario general, Daniel Ricci, afirmó: “Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes”.
Como punto de confluencia del plan de acción, el 15 de octubre se realizará frente al Palacio de Tribunales la quinta edición de la Marcha Federal Universitaria, la segunda en lo que va del año.
POLITICA
Día de la Lealtad: el PJ llega plagado de guerrillas internas y con una grieta cada vez más profunda

Un 17 de octubre con lealtades divididas. Así encontrará el Día de la Lealtad, siempre importante en el calendario peronista, a las distintas vertientes que conviven en el universo justicialista. Algunos leales a Cristina Kirchner, otros leales a Axel Kicillof, y otros atados a sus distritos, sin entrar en la discusión nacional.
Una buena parte del cristinismo marchará hacia San José 1111 para saludar a la ex presidenta, reivindicar su rol dentro del peronismo y volver a levantar la bandera de “Cristina presidenta”, que se ha convertido en un grito de guerra de ese sector, que mezcla en sus pedidos la libertad de CFK y el reconocimiento de su figura dentro del armado.
El cristinismo está en pie de guerra con el armado político de Axel Kicillof desde hace tiempo por el lugar que ocupa la ex presidenta en el ecosistema peronista. Pero esa rivalidad se acentuó la semana pasada cuando el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, explicó que, según entendía, la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al que acudió la defensa de la ex presidenta, no era vinculante con la justicia argentina.
En los últimos días dos mujeres importantes del cristinismo reaccionaron con dureza contra Bianco y, por elevación, contra Axel Kicillof. Mayra Mendoza dijo en un acto en Solano: “A mi me critican porque no soy careta. Me van a criticar por leal, por defender mi lugar, y prefiero que me critiquen por eso a que lo hagan porque soy una desagradecida. Vamos a trabajar para que Cristina pueda estar libre”.

Mendoza, al igual que muchos de los dirigentes allegados a la ex mandataria, creen que el gobernador bonaerense es un desagradecido. A la voz de la legisladora provincial se sumó la de la diputada nacional Vanesa Siley. “El que niega eso (en referencia a la vincularidad de lo resuelto por la ONU con la justicia nacional) es porque quiere que Cristina siga presa. Es una actitud pasivo-agresiva. Si pongo en el chat GTP que me describa una actitud pasivo-agresiva, me sale Carlos Bianco”, afirmó.
La interna del peronismo bonaerense atravesará todo el Día de la Lealtad. A una fecha tan simbólica como la del 17 de octubre no le faltarán mensajes que en doble sentido, puñales discursivos o gestos de distanciamiento. Un camino con dirección hacia la ruptura más que a la unidad. Un trayecto imposible para una dirigencia que se hunde en sus desacuerdos, pero que no termina de dividirse.
Máximo Kirchner no estará en San José 1111. El viernes viajará a Chaco para sumar una nueva recorrida por el interior del país. Visitará una pyme, tendrá una cena dirigentes e intendentes del PJ local y el sábado al mediodía compartirá el acto central del peronismo chaqueño con Jorge “Coqui” Capitanich.
Tal como contó Infobae en otras oportunidades, el líder de La Cámpora viene subiendo el perfil público con visitas y actividades por fuera de la provincia de Buenos Aires. La posibilidad de una candidatura nacional es cada vez mayor, teniendo en cuenta la imposibilidad de CFK de ser candidata y la ruptura existente en el vínculo con Kicillof. En ese contexto, los movimientos de Kirchner son leídos en clave electoral dentro del peronismo.

El gobernador bonaerense va a encabezar un acto en el Polideportivo de González Catán, en el partido de La Matanza, con todo el esquema del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Será una nueva oportunidad para que Kicillof deje sobrevolando su voluntad de ser candidato a presidente el año que viene y mostrar su distancia de los conflictos internos que sacuden al peronismo bonaerense.
En el municipio que gobierna Fernando Espinoza estarán presentes algunos gremios cercanos al Gobernador, además del Movimiento Evita y Barrios de Pie, dos organizaciones sociales que empujan su candidatura nacional. Lo más importante no es la cantidad de gente que asista al acto, sino el contenido del mensaje de Kicillof, al que en el cristinismo le pusieron el sello de “traidor” y lo acusaron de querer “que Cristina siga presa”.
Las divisiones son cada vez más profundas y dañinas. Al límite de lo impensando. “Prefiero perder antes de que Axel sea presidente”, confesó un importante dirigente del peronismo que trabaja de lleno en la construcción de una alternativa. La vocación presidencialista de Kicillof, su estrategia -muchas veces cuestionada- y sus decisiones en política electoral generan un rechazo en un sector del peronismo que no puede digerir la posibilidad de que el gobernador bonaerense se pueda convertir en Presidente.
Existe en algunos dirigentes la hipótesis de que, si llegara al poder, Kicillof no tendría el liderazgo suficiente para conducir al peronismo. Sobre todo teniendo en cuenta la gran división interna del espacio y la importante influencia de la figura de Cristina Kirchner sobre un sector de la coalición. “No es jefe. No sabe cómo gestionar el poder”, precisó un dirigente del interior del país.

En ese clima se va a llevar adelante el Día de la Lealtad. Con un aire espeso, donde todos se miran de reojo y en donde hay proyecciones impensadas. Todo está roto. Muy roto. Tal vez, demasiado roto.
Sergio Massa aún no definió qué hará el próximo sábado. Tampoco el triunvirato de la CGT. Juan Grabois no tiene pensado participar en ningún acto de los que se están organizando. Está concentrado en el armado de un foro de la Fundación para el Desarrollo Humano. Esquivará las esquirlas de la interna bonaerense. Sergio Uñac es probable que haga alguna recorrida territorial y no esté en ningún acto puntual.
El PJ Federal, por el momento, tendrá agendas separadas. Al igual que los integrantes de La Liga de intendentes. Los jefes comunales bonaerenses se dividirán entre el kicillofismo y el cristinismo. Algunos intentarán hacer pie en el medio con actos en sus municipios. Es probable que cada uno de ellos levante la voz con pedidos de unidad.
En el interior habrá actos centrales en las provincias que conduce el peronismo como La Rioja, La Pampa y Formosa. El caso pampeano es un retrato de las dificultades que afronta el peronismo en este tiempo. En los últimos meses la tensión entre el gobernador Sergio Ziliotto y el ex mandatario Carlos Verna aumentó considerablemente. Una discusión de poder, egos y futuro, donde se empieza a poner en juego la sucesión del actual mandatario.

Ziliotto convocó a un acto que se realizará en el Club Belgrano, en Santa Rosa, al que no asistirán ni Verna, ni el intendente local, Luciano Di Napoli; ni la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. Estos últimos dos, potenciales candidatos a la gobernación por parte del peronismo. Una muestra de las tensiones existentes, que no desaparecen pese a las convocatorias de unidad.
Una de las particularidades que tendrá el 17 de octubre en el peronismo es la presentación en sociedad de Hazaña Argentina, un espacio que impulsa Alejandro Kim, el dirigente porteño, descendiente de coreanos, que acompañó a Guillermo Moreno el año pasado en Principios y Valores, pero que ahora empezó a transitar su propio camino.
El peronismo afronta un Día de la Lealtad marcado por las guerrillas internas y la falta de un proyecto común que una a todos los sectores, más allá de las diferencias marcadas respecto al gobierno de Javier Milei.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Gobierno celebró el número de la inflación y dijo: “Es el camino”

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó otorgarle la prisión domiciliaria a Mauricio Collareda, exjefe de Vialidad de Santa Cruz, quien fue condenado a cuatro años de prisión en la causa por el direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo. Por lo tanto, el exfuncionario seguirá detenido en el penal federal de Río Gallegos.
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El senador peronista y exgobernador de San Juan Sergio Uñac publicó este martes un video en sus redes sociales en el que explicó por qué le gustaría ser candidato a presidente en las próximas elecciones y advirtió que hay “hay mucho desánimo” en la sociedad.
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Claudio “Chiqui” Tapia estará ausente del país hasta el 17 de octubre. La mini gira del presidente de la AFA arrancó esta mañana, casi al mismo tiempo que trascendían las medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por enriquecimiento ilícito. En ese listado se destaca un pedido de información a la FIFA en Zurich (Suiza), su destino final.
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Causa Cuadernos: declararon agentes de inteligencia en una audiencia que se hizo a puertas cerradas y sin transmisión oficial

El Tribunal Oral Federal 7 realizó este martes una audiencia restringida, sin acceso del público ni transmisión en vivo, en la denominada causa Cuadernos, ante la declaración de agentes de inteligencia.
La sala donde se lleva adelante el juicio cerró sus puertas antes de iniciar la jornada y solo se permitió el ingreso a los abogados de las partes y a los testigos citados a declarar. La transmisión por YouTube fue interrumpida, al igual que en la audiencia del jueves anterior.
El presidente del Tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, explicó el motivo de la medida: “La Policía Federal informó que dos de las personas son integrantes del cuerpo de Inteligencia”. Ante esa comunicación, el tribunal dispuso que el proceso se desarrollara únicamente con los testigos citados y los abogados de las partes.
Adentro quedaron personal judicial, la querella de la Unidad de Información Financiera, los testigos y los defensores.
La audiencia, que finalizó después del mediodía, se concentró en aspectos técnicos del informe sobre los teléfonos de los imputados, incluido el cruce de llamadas entre ellos. No se dio a conocer la identidad de los testigos que declararon en esta jornada.
El cuidado de los datos personales
Antes de estas audiencias a puertas cerradas, las partes hicieron un acuerdo para evitar la filtración de datos personales. El pedido fue planteado por las defensas ante la posibilidad de que analicen cruces telefónicos, lo que finalmente ocurrió en la audiencia de este martes.
“Me parece muy correcta la medida”, consideró la fiscal Fabiana León. “Y respecto de las personas que están imputadas en la causa y que están siendo juzgadas, no tiene ningún sentido exhibir sus datos como es justamente su número de teléfono”, agregó.
Méndez Signori también se pronunció a favor del pedido y llamó a adoptar medidas “que impida que los teléfonos trasciendan”.
El pedido también se enmarcó en lo sucedido en jornadas donde se exhibieron fotografías y videos de allanamientos realizados en domicilios particulares, como el de Cristina Kirchner.
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