POLITICA
Crecen las críticas al proyecto de Zona Fría en el Senado y se frena el debate tras la media sanción en Diputados

El Gobierno deberá esperar si lo que quiere es avanzar rápidamente con la aprobación de la ley de Zona Fría en el Senado de la Nación. En la previa al inicio del debate en las comisiones, cada vez más senadores se van mostrando contrarios al acompañamiento que busca La Libertad Avanza, que es el de la aprobación sin modificaciones.
En la Casa Rosada ya sabían que no contaban con el apoyo del peronismo ni de la senadora cordobesa Alejandra Vigo. Pero en las últimas horas se fueron conociendo las opiniones de otros legisladores de la Cámara Alta que discuten la ley en su totalidad o en parte de su articulado.
La modificación de la ley de Zona Fría no solo impacta en los distritos que la pierden sino que también cambia la ecuación del subsidio en su totalidad. Las zonas que la mantendrán solo recibirán una reducción del costo del gas en boca de pozo; la distribución, el transporte y los impuestos tendrán un costo del 100%. En la actualidad el subsidio es sobre el precio final.
En una cámara donde el 25% de los votos son patagónicos, el oficialismo cuenta con 21 senadores y sabe que para poder avanzar como quiere, sin cambios, tiene que sumar a todos los provinciales, a todo el PRO y, como mínimo, a 7 de los 10 radicales. Y acá es donde empiezan los problemas.

Al rechazo de la senadora cordobesa ya se le sumó el del radical Maximiliano Abad, oriundo de Mar del Plata, ciudad que perdería el subsidio. Quedan nueve del bloque de la UCR para ir a pescar.
En las últimas horas se puso en duda el acompañamiento de los mendocinos Rodolfo Suarez y Mariana Juri, ambos del radicalismo. El ex gobernador mandó a sus senadores a votar la norma cuando era el titular del Ejecutivo provincial y la senadora suele acompañar el voto de su coterráneo.
En este esquema, el radicalismo quedaría al límite del apoyo que necesita el oficialismo para poder sancionar la ley, por lo que no podría sufrir ninguna baja más. Y esto parece difícil que no suceda, ya que en las últimas horas el pampeano Daniel Kroneberger —provincia que quedaría excluida de la ayuda— señaló que aún no tiene definida su posición.
Pero además aparecen los bloques provinciales que empiezan a poner condiciones. Este es el caso de la senadora de La Neuquinidad, Julia Carrozo, que ya adelantó que tal como llegó la ley no la va a acompañar y solicitó modificar un artículo que deja en poder del Ejecutivo el porcentaje de subsidio a aplicar en la Patagonia.
El artículo que cuestiona Carrozo es el 2°, que establece que los beneficios para las regiones que quedan dentro de la Zona Fría “serán determinados por el Poder Ejecutivo nacional, por sí o a través de la autoridad de aplicación de la presente ley, con las modalidades que considere pertinentes”.
A la posición de la neuquina se le sumó la de los dos senadores de Santa Cruz, que en algunos casos acompañan y en otros no.
En las últimas horas se conoció que Natalia Gadano y José Carambia se oponen al proyecto y el oficialismo sigue sumando bajas en un debate que todavía no comenzó.
“Nadie está apurando el debate porque no están los votos. En La Libertad Avanza apuestan a la relación con los gobernadores pero el artículo que habla sobre que las provincias se tienen que hacer cargo de la deuda de sus distribuidoras con Cammesa está generando mucho ruido. Nadie tiene un peso”, explicó un senador de la oposición dialoguista que seguramente votará a favor del proyecto de la Casa Rosada.
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El Gobierno apeló la sentencia que lo obligaba a pagar las deudas con PAMI y otros prestadores de salud

El Gobierno apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Miguel Hugo Vaca Narvaja, que ordenaba regularizar en un máximo de 72 horas los pagos adeudados por el PAMI y el programa Incluir Salud a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Según el fallo, la apelación fue concedida con efecto devolutivo, lo que implica que la cautelar mantiene su vigencia hasta que la Cámara Federal se pronuncie.
La resolución judicial surgió de un amparo colectivo y el juez Vaca Narvaja dispuso que el Estado nacional pague las deudas en un plazo máximo de 72 horas y fijó una vigencia de seis meses para la cautelar, o hasta el dictado de una sentencia firme.
El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.
En sus fundamentos, el magistrado señaló que el Estado nacional se encuentra “en mora” en el cumplimiento de sus obligaciones y advirtió sobre las “demoras crónicas” en los pagos a prestadores, así como el “riesgo inminente” para las personas con discapacidad.
La apelación presentada por las autoridades nacionales no suspende los efectos de la cautelar. De esta manera, PAMI e Incluir Salud deben continuar con el proceso de regularización de pagos mientras se tramita el recurso ante la Cámara Federal.
El caso
La medida fue impulsada por el colectivo Defendamos Córdoba, junto a otras instituciones como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y centros terapéuticos locales.
La denuncia de los demandantes sostiene que los prestadores no cobran lo que debe pagar el Estado, por lo que las terapias de niños, adultos mayores y personas con discapacidad se ven interrumpidas y los medicamentos dejan de entregarse.
En ese contexto, Vaca Narvaja instó al Pami y al Ministerio de Salud a cumplir con los pagos, “evitando dilaciones, suspensiones e interrupciones, debiendo a tal fin arbitrar todas las medidas que resulten necesarias para su cumplimiento, bajo apercibimiento”.
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Al dictar la sentencia, el juez citó un informe del programa Incluir Salud del Ministerio de Salud de la Nación respecto a las demoras en los pagos a prestadores. Allí, la cartera que conduce Mario Lugones argumentó que la falta de pagos responden a «un proceso de reordenamiento estructural del área orientado a corregir desvíos acumulados y garantizar su sostenibilidad, como consecuencia de los resultados de la intervención del organismo».
En ese sentido, el reporte sostiene que “la transferencia del Programa al ámbito del Ministerio de Salud de la Nación implicó la incorporación a los estándares de gestión propios de la Administración Pública Nacional centralizada, generando demoras en la etapa inicial de tramitación de los pagos».
PAMI, Gobierno, salud
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Revés para Cristina Kirchner y sus hijos: la Cámara de Casación confirmó el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación confirmó definitivamente la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa en la que la exmandataria está presa cumpliendo una condena de seis años de prisión por corrupción.
Esto es así porque la Casación rechazó su recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de decomisar sus bienes. Con el recurso rechazado, el fallo de decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato.
Sin embargo, Cristina Kirchner puede aún recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, de queja, aunque difícilmente prospere. La presentación del recurso de queja no suspende la ejecución de sus bienes.
La decisión de rechazar el recurso extraordinario es de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación y dejó firme la decisión de avanzar con la ejecución de los bienes.
Los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña rechazaron por mayoría los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner contra la sentencia que había confirmado la ejecución de bienes para hacer efectivo el decomiso en la causa Vialidad.
En el caso del recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner, los tres integrantes de la Sala coincidieron en declararlo inadmisible.
En su voto, Hornos sostuvo que los recursos no demostraban la existencia de una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de la Corte Suprema.
Señaló que los agravios planteados por las defensas remitían principalmente a cuestiones de derecho común vinculadas con la interpretación del art. 23 del Código Penal y con las reglas aplicables al decomiso, materias que, como regla, no habilitan la instancia extraordinaria.
También afirmó que la sentencia cuestionada había dado una respuesta “extensa, fundada y razonada” a los planteos formulados por las defensas y que las impugnaciones solo reflejaban discrepancias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso y el estándar probatorio aplicable.
Hornos reiteró además el fundamento general del decomiso en casos de corrupción, al señalar que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y que el instituto busca impedir que el ilícito produzca beneficios económicos permanentes.
Por su parte, el juez Diego Barroetaveña adhirió al voto de Hornos. Consideró que los agravios de las defensas se limitaban a expresar desacuerdos con lo decidido y que no planteaban una controversia federal concreta sobre el alcance de normas constitucionales. También entendió que no se verificaban supuestos de arbitrariedad que justificaran la apertura de la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.
El juez Mariano Borinsky coincidió en declarar inadmisible el recurso extraordinario presentado por Cristina Kirchner. Sin embargo, mantuvo una posición parcialmente distinta respecto de los recursos presentados por Lázaro Báez y por el apoderado de Máximo y Florencia Kirchner.
Borinsky consideró que debía concederse parcialmente la instancia extraordinaria respecto de determinados bienes alcanzados por el decomiso.
En particular, sostuvo que existían cuestiones federales suficientes en relación con algunos inmuebles de sociedades vinculadas a Báez y respecto de los departamentos ubicados en Mitre 535 y los lotes correspondientes al complejo Los Sauces, vinculados a Máximo y Florencia Kirchner.
Según explicó, esos bienes habrían sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, que fue la fecha tomada por el tribunal como referencia temporal para evaluar bienes susceptibles de decomiso.
Además, dijo que la sentencia de mayoría no habría tratado de manera suficiente el impacto que esa circunstancia podía tener sobre la procedencia de la medida.
Borinsky entendió que, en esos puntos específicos, los planteos vinculados con el principio de legalidad y el derecho de propiedad justificaban habilitar parcialmente la revisión extraordinaria ante la Corte Suprema.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Caso cuadernos: la expareja de Centeno completó su declaración como testigo en una audiencia tensa

Recuperada a medias de la descompensación que obligó a suspender la audiencia anterior, Hilda Horovitz, la expareja de Oscar Centeno, completó hoy su declaración como testigo en el juicio oral de los cuadernos de las coimas y volvió a quedar enfrentada a sus propios mensajes y audios, en los que insinuaba que tenía material comprometedor sobre el caso y reclamaba dinero a cambio.
Durante el tiempo en que convivió con Centeno, aprovechando un viaje de él a la provincia de Salta, la mujer hizo copias de parte de la documentación que el chofer guardaba en su ropero para utilizarlas con fines extorsivos, según se desprende de su testimonio y los diversos elementos que le fueron exhibidos en estas dos audiencias.
La mujer afrontó un duro interrogatorio que la llevó a enfrentarse con mensajes y audios suyos, en los que, con mayor o menor sutileza, dejaba entrever que tenía material comprometedor y pedía dinero a cambio, presionando así sobre el exfuncionario Roberto Baratta, jefe de su pareja Centeno, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y presunto recaudador de la trama de coimas que se ventila en el juicio.
El martes, la mujer rompió en llanto cuando, en medio de las preguntas y la exhibición de audios, surgió la figura de “Negrito”, su padre adoptivo. Se descompensó, no logró recomponerse y el tribunal debió suspender la audiencia.
“No estoy bien del todo. Pero haciendo fuerza para estar y terminar con esto”, dijo Horovitz hoy, al comienzo de su declaración, para responder a la pregunta de si estaba en condiciones de retomar lo que había quedado trunco la audiencia pasada por su descompensación.
La declaración
La fiscalía reanudó el hilo de la audiencia pasada al exhibirle uno de sus audios. “Voy a hacerle quilombo, ahora me quedo tranquila porque quiero terminar la casa. Pero no va a quedar acá, va a seguir. Tengo 9 años para hacerlo mierda. Recién va el primero o el segundo año”, aseguraba Horovitz en el registro, en referencia a Centeno, de quien dijo haber sufrido episodios de violencia.
En ambas audiencias, la mujer ofreció un relato ambiguo respecto del material sobre el cual había obtenido una copia furtiva para “cubrirse”. Habló de los “papeles” de Centeno, también mencionó “recibos”, “carpetas”, “libretas” y “planos de casas”. Además, Horovitz dijo que vio los cuadernos de las coimas guardados en el ropero, pero que no alcanzó a leerlos, sino solo a ojearlos. La mujer nunca dejó en claro si esos registros en particular formaban o no parte de lo que tuvo en su poder y usó con fines extorsivos.
Como parte de la maniobra, la mujer se contactó con periodistas y le entregó los “papeles” de Centeno a una excolaboradora de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga. Según dijo, fue para “hacerlo apurar [a Baratta] y ver si me podía ayudar”. “No sé si está claro”, añadió.
A pesar de que los textos de los mensajes y algunos de los audios representaban amenazas casi explícitas -“que me deposite 2000 por mes y estamos todos tranquilos”, decía en uno- durante toda su declaración la mujer procuró no reconocer abiertamente la extorsión. Sostuvo que ella solo pedía “ayuda” o que simplemente advertía sobre las consecuencias de determinados actos.
“¿Cuál era el sentido de esas fotos?”, la consultó la fiscal Fabiana León. Se refería a una imagen de un bolso con dólares que Horovitz le envió a Baratta. “No sé”, decía Horovitz.
Sin embargo, la mujer buscó poner en valor que ella reconocía como suyos todos aquellos mensajes. “Estoy aceptando lo que hice, que es mucho. Porque acá vino uno que hizo la demencia [sic]”, dijo, y enseguida agregó: “Yo no puedo creer que un encargado, sabiendo la vida y obra de todo el mundo, no se acuerde de que lo que vio”.
La frase apuntaba al testimonio anterior de Julio César Silva, el encargado del edificio de la familia Kirchner en Recoleta, que en el juicio se desdijo de lo que había declarado en 2018 sobre movimientos de bolsos y valijas.
En su testimonio, Horovitz se remitió de manera indirecta a viejos intercambios entre Baratta y Miriam Quiroga, recuperados del teléfono del exfuncionario en otra causa. Esos mensajes, publicados por Infobae en 2021, muestran que Baratta -que nunca contestó directamente los contactos de Horovitz- intentaba contenerla a través de Quiroga para que no hablara. Le pedía que la entretuviera, que la sacara a tomar un café, que ganara tiempo.
Cansada de las evasivas, Horovitz le ordenó a Quiroga que le devolviera los papeles. “Perdelos”, la instruyó Baratta al enterarse. “Está loca pero no es boluda”, dice en otro de esos intercambios.
Los “papeles” de Centeno
Presente en la exsala AMIA, su expareja Centeno la escuchaba con la cabeza gacha, mientras realizaba anotaciones en una libreta. En la audiencia pasada, Horovitz dijo que Centeno tenía por costumbre hablar poco sobre su trabajo y “anotar todo”.
En muchos tramos, con la voz agrietada, reconoció haber sido su “testaferro” y querer “perjudicarlo” por haberla “cagado” con otras mujeres y haberla golpeado en más de una oportunidad.
Gran parte del duro interrogatorio fue llevado por la defensa de Baratta, en manos de Elizabeth Gómez Alcorta, extitular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández.
La letrada buscó indagar sobre la personalidad de Centeno. Le preguntó cómo era él “puertas adentro” y cuestiones sobre su pasado.
Horovitz se mostró esquiva, pero terminó por describir a Centeno como una persona con un temperamento “agresivo” y “variable”, muy hábil para mentir. Relató, por caso, que Centeno había dejado el Ejército luego de haberle tirado una granada a un superior y que evitó represalias al hacerse pasar por loco.
También la consultó por sus contactos con periodistas. La mujer sostuvo que, para evitar recibirlos en su casa, se reunió con algunos de ellos en plazas, aprovechando uno de sus paseos con su perro “Choco”.
“Los papeles que yo recogí, de los que hice fotocopias, nunca los tuvo un periodista, siempre los tuvo el hijo de Miriam Quiroga, Emiliano”, dijo hoy en el juicio Horovitz.
Lo conocía porque trabajaron juntos en Yacimientos Carboníferos. Él, sin embargo, recordó Horovitz, lo hacía en el “subsuelo”, en la parte de “archivos”.
El vecino de Cristina
A Horovitz la siguió Ignacio Laplacette, un empresario que vivió entre los años 2007 y 2011 en el primer piso del edificio donde vivió la expresidenta Cristina Kirchner, sobre la calle Uruguay.
Por problemas de salud, decidió vender el departamento, relató. Aunque la negociación por la compraventa la llevó Osvaldo Sanfelice, el comprador final que se presentó en la escritura fue Osvaldo De Sousa (socio del empresario Cristóbal López).
Siendo ya expropietario, contó haber pasado por la zona. Dijo haber mirado para su exdepartamento y haberse sorprendido al observar las ventanas tapadas con papeles.
completó hoy su declaración,Federico González del Solar,Conforme a
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