El Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el sindicato de aceiteros y las cámaras empresarias, luego de que el gremio anunciara un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales.

Según informó la cartera conducida por Sandra Pettovello, la conciliación tendrá vigencia por quince días desde este miércoles, «período durante el cual las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto».

Señala que «las organizaciones sindicales deberán dejar sin efecto toda medida de acción directa y prestar servicios de manera normal y habitual, mientas que las empresas deberán abstenerse de adoptar represalias, garantizar el normal otorgamiento de tareas y mantener las condiciones laborales habituales».

En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia virtual para este viernes 29 de mayo a las 11, «con el fin de avanzar en las negociaciones y alcanzar acuerdos que contribuyan al normal desarrollo de la actividad».

La medida de fuerza anunciada por el gremio aceitero

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) habían informado que «ante la decisión intransigente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las patronales aceiteras y de biodiesel, que ofrecieron una recomposición salarial del cero por ciento en la negociación colectiva salarial del sector», convocaron a una medida de fuerza una medida de fuerza conjunta, siguiendo el mandato otorgado por las y los delegados de base.

Desde las organizaciones gremiales recordaron «el compromiso asumido en la paritaria del año pasado, que indicaba que entre el 27 de abril y el 2 de mayo de este año analizaríamos la evolución de las variables económicas del país y su impacto en el salario para negociar los aumentos necesarios».

Apuntaron que «las patronales, que obtuvieron una ganancia adicional de 3.740 millones de dólares con la enorme reducción de los derechos de exportación, ofrecieron un aumento salarial de 0 por ciento para mayo. No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan».

El reclamo de los aceiteros, que buscan un fuerte aumento de sueldo

«Además, volvieron a desconocer el criterio de negociación bajo el concepto del Salario Mínimo Vital y Móvil, que garantice las nueve necesidades que establece la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo, y quieren utilizar la lógica del índice de inflación del INDEC, que ya sabemos que no representa los gastos de una familia trabajadora. Lo que proponen es una trampa y, al mismo tiempo, niegan una historia de paritarias que lleva más de 20 años y que siempre aceptaron«, subrayaron.

Los Aceiteros apuntaron: «Vuelven, como lo hicieron en 2020, con la idea de acomodar los salarios a la inflación y sostienen que sólo podrá haber aumentos a partir de junio y con el techo impuesto por ellos mismos que estará apretado entre el aumento de 12,7 por ciento de principio de año y el IPC anual. Así, las y los aceiteros deberíamos esperar que se liquiden los salarios de junio para recibir un aumento que nunca podrá superar la inflación mensual«.

La Federación que lidera Daniel Yofra sostuvo que «estas empresas lograron ganancias extraordinarias sin aumentar la cantidad de trabajadores porque el gobierno les regaló una baja de los derechos de exportación, que fueron reducidos entre un 27 y un 67 por ciento (dependiendo el producto) respecto a 2023».

Agregó que «la ganancia adicional fue -como dijimos- de 3.740 millones de dólares para el sector (contemplando la baja de derechos de enero, la quita de derechos durante septiembre y la nueva baja en diciembre de 2025). Sólo con esa ganancia extraordinaria, pueden pagarnos al menos 5 años de salarios de todos los aceiteros».

Los gremios expresaron que «las patronales no quieren hablar de salarios y tampoco quieren hablar de lo que representa lo que ellas llaman ‘costo laboral’ que no es otra cosa que el trabajo de miles de compañeras y compañeros que producen lo que se exporta. ¿Y cuánto es ese ‘costo’? En la actividad aceitera los salarios representan apenas un 3,3 por ciento de las exportaciones del sector».

Detallaron que «en 2025 se batieron récords de producción procesamiento de soja y girasol. Eso lo hicimos nosotros, los que producimos: pasamos de 183 toneladas por mes a 191 toneladas por mes por trabajador. Lo hicimos sin que las patronales aumentaran la cantidad de trabajadoras y trabajadores» y destacaron que «de todo esto, las patronales no quieren hablar. Mucho menos sobre las necesidades de las familias aceiteras, de los aumentos de los precios de todo lo que consumimos los trabajadores».

El súper sueldo que reclaman: equivale a ocho salarios mínimos

El último acuerdo fijó un salario básico inicial de $2.344.000, que incluyó una suma extraordinaria no remunerativa, incrementada un 32 por ciento respecto a la anterior, que se abonó en enero y febrero pasado.

Al respecto, Yofra declaró que «nuestro pedido tiene el mismo fundamento de hace 20 años, garantizar un salario inicial conforme nuestro derecho constitucional a un Salario Mínimo Vital y Móvil que garantice, conforme los establece el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».

En ese marco, relató que «para garantizar ese salario, y según las mismas estadísticas del INDEC, se necesitan $2.802.754 y eso es lo que reclamamos a las patronales aceiteras. Su negativa a otorgar aumentos demuestra su mala fe y sin lugar a dudas es una provocación a los sindicatos aceiteros y a los trabajadores». En concreto, el sueldo que reclaman los aceiteros equivale a ocho salarios mínimos.

Los sindicatos manifestaron que «por eso decidimos iniciar una huelga nacional aceitera. No estamos dispuestos a aceptar ni una rebaja ni un congelamiento salarial. Mucho menos vamos a atar nuestra vida y la de nuestras familias a la conveniencia de las patronales».

Un relevamiento realizado en el Comedor Pequeños Gigantes de Florencio Varela, procesado por Focus Market, describe con precisión la estructura de gastos, el peso de las deudas y los mecanismos informales que sostienen a los hogares cuando el mes no alcanza.

Los resultados permiten trazar un primer perfil económico de los participantes. El 40% declara ingresos variables y el 32% no cuenta con ingresos propios. Solo el 21% recibe un ingreso fijo mensual. Ese escenario se confirma cuando se pregunta por la estabilidad dentro del mes: el 55% afirma no tener ningún momento tranquilo desde el punto de vista económico, y solo el 23% identifica el cobro a principio de mes como un período de mayor holgura.

En ese contexto, la planificación financiera —herramienta central de cualquier política de educación económica— opera sobre una base inestable. No se trata de falta de conocimiento o de criterio: cuando el ingreso no es predecible, el presupuesto no puede serlo tampoco.

La iniciativa del estudio fue desarrollada por «EconoChori», creado por Massimo Pastore, un estudiante argentino de 16 años radicado en Miami, orientada a vincular conceptos económicos con decisiones cotidianas. El proyecto desarrolló su primera actividad presencial en el Comedor Pequeños Gigantes de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, un espacio comunitario que asiste a familias del barrio y que opera principalmente a través de donaciones y trabajo voluntario. En el marco de esa actividad, se relevaron 47 cuestionarios completados por participantes de la comunidad, en su mayoría mujeres de entre 30 y 49 años. Focus Market procesó y analizó los datos obtenidos.

La deuda como eje de la economía doméstica

El análisis de la estructura de gastos refuerza ese diagnóstico. La alimentación encabeza la lista de gastos prioritarios para el 93% de los encuestados. Que la comida sea el gasto dominante en casi la totalidad de los hogares relevados es, en sí mismo, un diagnóstico: cuando el presupuesto se organiza casi exclusivamente alrededor de la subsistencia, queda poco margen para cualquier otro rubro.

En ese contexto, el 44% de los encuestados incluye las deudas entre sus principales gastos mensuales. Pero cuando se pregunta cuál fue el gasto que más pesó durante el año, las deudas trepan al primer lugar: el 62% lo señala por encima de los servicios y el alquiler. El dato indica que la deuda no opera como un gasto más dentro del presupuesto, sino como una carga que condiciona el resto.

Esa dinámica se vuelve más clara cuando se analiza el destino del dinero extra. Ante un ingreso inesperado, el 53% destina ese dinero a cancelar deudas. Solo el 19% lo utiliza para consumo o inversión, y apenas el 2% logra ahorrarlo. El ingreso adicional no representa un margen de mejora: representa la oportunidad de reducir un pasivo que, de otro modo, se acumula.

La alimentación encabeza la lista de gastos prioritarios para el 93% de los encuestados

El ajuste que no aparece en los índices

El recorte de consumo que surge del relevamiento no se expresa en grandes categorías macroeconómicas. Se expresa en decisiones concretas:

• El 65% dejó de comprar ropa durante el último año
• El 65% dejó de comprar carne
• El 41% redujo o eliminó las salidas
• El 20% dejó de comprar medicamentos

Son resignaciones que no siempre captura un índice de precios, pero que definen la calidad de vida de un hogar.

El dato más crítico, sin embargo, es otro: el 20% dejó de comprar medicamentos. En un presupuesto donde la alimentación ya consume casi todo el margen disponible, la salud pasa a ser un gasto prescindible. Ese desplazamiento —de la proteína y la medicina hacia la deuda y la comida básica— describe un ajuste que opera por debajo de los indicadores formales y que difícilmente se revierta sin intervención sobre las causas estructurales que lo generan.

El recorte de consumo no se expresa en grandes categorías macroeconómicas sino en decisiones concretas

Las redes informales como primer sostén

Ese recorte en el consumo no opera en el vacío. Cuando el ingreso no alcanza y los gastos básicos ya están comprometidos, la pregunta siguiente es cómo se sostiene el mes. El dato es elocuente: apenas el 2% de los encuestados cuenta con ahorros o reservas para afrontar un período de dificultad. El resto recurre a lo que tiene disponible.

El relevamiento muestra que, ante un mes difícil, el 44% recurre a las changas, el 35% al fiado y el 28% a la familia. La ayuda social formal aparece recién en cuarto lugar, mencionada por el 12% de los encuestados.

Ese orden no es casual. El fiado, en particular, merece atención: es crédito sin banco, un mecanismo informal que sostiene el consumo básico cuando el ingreso se interrumpe y que, en la práctica, cumple una función que las políticas públicas no logran cubrir.

Ante un mes difícil, el 44% recurre a las changas, el 35% al fiado y el 28% a la familia

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Que más de un tercio de los participantes lo identifique como su principal red de seguridad habla de la vigencia de estructuras comunitarias que operan por fuera del sistema financiero formal.

El gobierno de Javier Milei consiguió otros USD 350 millones en bonos en dólares para reforzar el pago de los vencimientos de deuda de julio por USD 4.300 millones, al tiempo que evitó liberar pesos al mercado gracias a un elevado nivel de refinanciamiento en la licitación de este miércoles.

Según informó la Secretaría de Finanzas de la Nación, en la subasta se adjudicaron $12,57 billones en instrumentos de deuda, con ofertas totales por $16,14 billones y un rollover del 114,36% sobre los compromisos de la fecha.

Dentro de los instrumentos en dólares, se asignaron USD 200 millones en el bono AO27 (vencimiento 29 de octubre de 2027, TIREA 5,12%, TNA 5,00%) y USD 150 millones en el AO28 (vencimiento 31 de octubre de 2028, TIREA 8,49%, TNA 8,17%), reflejo de la mayor prima que exige el mercado por el plazo adicional de un año. Estos recursos se destinarán a cubrir parte de los vencimientos de julio, que ascienden a 4.300 millones de dólares.

En el tramo de instrumentos en pesos, la mayor adjudicación correspondió a la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026 (S15S6), por $5,16 billones y una tasa efectiva mensual de 1,99% (TIREA de 26,68%). Para los bonos ajustados por CER, se adjudicaron $0,54 billones con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7) a una TIREA de 2,00%, y $1,30 billones con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7) a una TIREA de 5,06 por ciento.

En el segmento ajustado por tasa BADLAR (TAMAR), se colocaron $3,76 billones con vencimiento el 31 de agosto de 2028 (TMG28) y un margen de 7,93 por ciento. Para los bonos dólar linked se adjudicaron $0,75 billones al 31 de julio de 2026 (D31L6) a una TIREA de 6,01%, y $1,06 billones al 31 de marzo de 2027 (D31M7) a una TIREA de 5,50 por ciento.

El resultado de la licitación reflejó un fuerte interés de los inversores en los instrumentos en pesos de corto y mediano plazo. El título más demandado fue la Lecap/Boncap con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, que concentró el 41,05% del total adjudicado, representando el mayor volumen dentro de la oferta en moneda local. Este instrumento, de tasa fija, suele ser elegido por quienes buscan seguridad y liquidez frente a escenarios de volatilidad.

En contraste, el título en pesos con menor demanda fue el bono ajustado por CER con vencimiento el 31 de marzo de 2027 (TZXM7), que sumó apenas el 4,29% del resultado final. La menor participación de este bono sugiere un interés más acotado por los títulos indexados a inflación a plazos intermedios, posiblemente por expectativas de estabilidad de precios en el corto plazo o por la preferencia de los inversores por tasas fijas y plazos más cortos.

“La vida promedio pondera de la cartera emitida fue de 1,06 años y se patearon vencimientos a 2028 por $3,8 billones”, destacó Felipe Núñez, el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo.

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