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ECONOMIA

Crisis en Granja Tres Arroyos: paralizada y con una deuda récord de $51.700 millones

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Lo que hasta hace poco era el emblema del sector avícola nacional, con una participación del 35% del mercado, hoy se debate entre la supervivencia y la cesación de pagos.

Se trata de Granja Tres Arroyos (GTA), que actualmente registra una deuda que supera los $51.700 millones en el sistema financiero.

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Este impresionante pasivo también se refleja en la calle con la emisión sistemática de cheques sin fondos, al punto que más de 300 documentos por un valor cercano a los $7.000 millones fueron rechazados en los últimos meses.

Además, la empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados y su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios.

Los datos forman parte de un informe comercial que circula en el sector y entre sus proveedores.

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El documento muestra cómo el perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero viene sufriendo un constante deterioro, con un millonario pasivo; deuda previsional exigible por $7.272 millones e importantes atrasos en los pagos tributarios.

Pero, la crisis no es solo un problema de números.

Situación límite

En la cadena productiva ligada a la empresa el panorama es devastador. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos describieron una situación que empeora semana a semana.

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«No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo», señalaron las fuentes.

Quienes todavía permanecen en el sistema de integración enfrentan una situación límite.

En el sector explican que los productores que se quedaron dentro del esquema de Granja Tres Arroyos se están haciendo cargo del pago de la electricidad, el gas y otros gastos.

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Lo hacen mediante la venta de cabezas de ganado vacuno y porcino y con el objetivo de «subsistir», aunque sin perspectiva de poder cobrar.

​La profundidad de la crisis es tan grande que no es solo contable, sino también productiva.

Clima interno

El complejo que solía procesar unos 700.000 pollos diarios ha visto reducida su capacidad a apenas 200.000 unidades.

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Este desplome del 70% en la faena ha golpeado directamente a su red de productores integrados, que denuncian que la falta de alimentos para las aves y los constantes atrasos en los pagos están asfixiando la cadena de valor.

La situación se traslada al clima interno, que es de tensión máxima.

En las plantas de faena del complejo Wade (ex Cresta Roja), en la zona sur del Gran Buenos Aires, los trabajadores han iniciado bloqueos y paros ante el pago fragmentado de salarios.

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«Nos pagan en cuotas, a veces en sobre, y no tenemos certezas ni sobre el aguinaldo ni sobre la continuidad de los puestos«, aseguran los empleados que acusan al sindicato de ofrecer alguna solución.

​Mientras los rumores de una posible venta del paquete accionario circulan en los pasillos de la industria, desde la compañía se limitan a dar respuestas vagas sobre la normalización de la operatoria.

Problema estructural

Sin embargo, el mercado es pesimista debido a que se advierte que la fuga del 85% de los productores asociados y la presión fiscal y previsional sobre la empresa pintan un escenario donde la convocatoria de acreedores asoma como una posibilidad cada vez más cercana.

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Quienes abonan esta teoría lo hacen explicando que el colapso de la compañía no es solo una cuestión de flujo de fondos diario, sino un problema estructural de acumulación de pasivos.

Señalan que los números revelan una empresa acorralada por el fisco y los organismos de seguridad social.

En el caso de la deuda previsional exigible, se trata de un punto crítico, ya que el atraso con la seguridad social (AFIP/ARCA) suele ser de ejecución rápida y tiene prioridad legal sobre otros acreedores comerciales.

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A este problema se suma un complejo entramado de atrasos impositivos con ARCA.

El ente recaudador ha intensificado los embargos sobre cuentas bancarias y facturas pendientes, lo que genera un «efecto pinza» ya que, a medida que la empresa intenta facturar para obtener liquidez, el fisco interviene los ingresos, impidiendo que el dinero llegue a la cadena de pagos (productores y sueldos).

Modelo desintegrado

Pero la mayor señal de alerta surge del hecho de que la empresa haya recurrido a consultoras de deuda como Columbus Investment Banking, lo cual sugiere que el problema ha superado la capacidad de gestión interna y requiere una reestructuración profunda.

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Se habla de una posible refinanciación masiva o de un proceso concursal en la justicia, hipótesis que la firma hasta ahora ha evitado bajo la premisa de «opción de última instancia».

Sin embargo, la crisis ha desmantelado el esquema de «integración», que era considerado el pilar sobre el que se construyó el liderazgo de la empresa.

La pérdida de más del 85% de los productores integrados es un dato devastador.

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En el modelo de integración, el productor pone la infraestructura (galpones, gas, electricidad) y la mano de obra, mientras que la empresa provee los pollos bebé y el alimento balanceado. Al cortarse la cadena de suministro de alimentos y los pagos, la relación contractual se rompió.

Los pocos productores que permanecen informan que los envíos de alimento llegan con intermitencias (a veces cada cuatro días), lo que pone en riesgo sanitario la producción y eleva la tasa de mortandad de las aves.

Perfil deteriorado

Esto también confirma que el productor ha dejado de ser un socio estratégico para convertirse en un acreedor forzoso que subsidia la operación de la empresa con su propio capital para evitar la pérdida total de su producción.

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​»El fuerte deterioro del perfil crediticio de la compañía es lo que hoy marca el ritmo del conflicto», señalan en el sector.

Recuerdan también que, con una deuda previsional que asciende a los $7.272 millones, la empresa se enfrenta a un escenario de embargos judiciales que, sumado al abandono del 85% de su red de productores, pone en duda su capacidad para recuperar el volumen de faena perdido.

La situación también trae consecuencias a todo el sector ya que, al ser el principal jugador del mercado avícola, cualquier movimiento en su estructura operativa tiene un impacto directo y casi inmediato en los precios de venta al público.

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Los analistas coinciden en que la contracción forzada de la oferta de la empresa genera una presión alcista sobre el precio del pollo entero y sus trozados en todo el mercado.

Ante este escenario, la industria se comienza a reconfigurar.

Si bien firmas de menor escala o jugadores regionales intentan absorber la cuota de mercado vacante, no poseen la logística ni la capacidad instalada para cubrir el hueco de manera inmediata.

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Impacto en el precio del pollo

Esto crea un «cuello de botella» que, en los próximos 30 a 60 días, podría trasladarse a una suba de precios por encima de la inflación minorista en el rubro frescos.

Si eso ocurre, el consumidor no solo enfrentará un aumento de precios, sino también una mayor dispersión.

Y, en la medida en que la oferta se atomice, las diferencias de precios entre supermercados y carnicerías de barrio serán más pronunciadas, dependiendo de quién logre asegurar stock de proveedores que mantengan su cadena productiva estable.

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​Por eso, los expertos advierten que el desenlace de esta crisis es una prueba de fuego para el sector agroindustrial.

Si la empresa no logra una reestructuración financiera urgente (posiblemente con la entrada de nuevos inversores de capital de riesgo o una fusión estratégica), la estructura de costos del pollo —uno de los principales sustitutos de la carne vacuna— se verá alterada de forma permanente.

​Para el bolsillo del trabajador, el producto dejará de ser, al menos temporalmente, el refugio de precios accesibles que solía ser ante la suba de la carne roja. La incertidumbre en Granja Tres Arroyos es, en definitiva, una variable que el consumidor deberá sumar a su tablero de costos mensuales, anticipando un invierno donde el precio de la proteína básica estará sujeto a la capacidad de supervivencia de un gigante en terapia intensiva.

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ECONOMIA

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de limpieza en julio de 2026

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El régimen de casas particulares establece salarios mínimos por hora y mensuales para las trabajadoras de tareas generales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el cierre de una nueva negociación paritaria, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció incrementos escalonados en los salarios mínimos para empleadas domésticas y demás trabajadores alcanzados por la Ley N° 26.844.

A través de la Resolución N° 4/2026, publicada esta semana en el Boletín Oficial, se oficializaron los ajustes mensuales previstos entre abril y julio, tomando como referencia los valores mínimos de marzo. Según la normativa, el aumento para abril fue del 1,8%. En mayo, la suba será del 1,6%, calculada sobre los montos ya actualizados. Para junio, el porcentaje de incremento será del 1,5%, y en julio se aplicará un 1,4%, siempre sobre los salarios ajustados previamente.

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Además, a partir de julio, la Comisión dispuso que el 50% de la suma no remunerativa pagada en marzo pase a incorporarse de manera definitiva al salario. La resolución aclara que estos cambios tendrán alcance nacional, asegurando que el piso salarial sea uniforme en todo el país para el personal doméstico.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los incrementos acordados para el sector se aplican de manera escalonada entre abril y julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Supervisores: con retiro, $4.167,14 por hora y $519.840,95 al mes; sin retiro, $4.541,75 por hora y $576.213,21 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $3.959,56 por hora y $484.725,45 al mes; sin retiro, $4.318,35 por hora y $536.768,02 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $473.533,02 y $3.745,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 mensuales; sin retiro, $4.165,14 por hora y $524.858,76 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.491,58 por hora y $428.347,44 mensuales; sin retiro, $3.745,18 por hora y $473.533,02 al mes.
  • Supervisores: con retiro, $4.233,82 por hora y $528.158,40 al mes; sin retiro, $4.614,42 por hora y $585.432,62 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.022,91 por hora y $492.481,06 al mes; sin retiro, $4.387,44 por hora y $545.356,31 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $491.109,55 y $3.805,10 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 mensuales; sin retiro, $4.231,79 por hora y $533.256,50 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.547,45 por hora y $435.201,00 mensuales; sin retiro, $3.805,10 por hora y $481.109,55 al mes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los valores mínimos para empleadas domésticas varían según la categoría y la modalidad con retiro o sin retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Supervisores: con retiro, $4.297,33 por hora y $536.080,78 al mes; sin retiro, $4.683,64 por hora y $594.214,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.083,26 por hora y $499.868,28 al mes; sin retiro, $4.453,26 por hora y $553.536,65 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $488.326,19 y $3.862,18 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales; sin retiro, $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales; sin retiro, $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes.
  • Supervisores: con retiro, $4.438,77 por hora y $553.725,91 al mes; sin retiro, $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
  • Personal para tareas específicas: con retiro, $4.223,25 por hora y $517.006,43 al mes; sin retiro, $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
  • Caseros: salario mensual de $505.302,76 y $3.996,45 por hora.
  • Asistencia y cuidado de personas: con retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales; sin retiro, $4.435,86 por hora y $558.972,92 al mes.
  • Personal para tareas generales: con retiro, $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales; sin retiro, $3.996,45 por hora y $505.302,76 al mes.

Al mismo tiempo, para las zonas consideradas desfavorables —incluyendo La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires—, corresponde sumar un adicional del 31% sobre el salario final de cada categoría establecida.

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ECONOMIA

Creció la venta callejera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires en mayo: rubros principales y zonas más afectadas

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El rubro con mayor presencia fue Alimentos y bebidas, con un 64,8%, seguido por Artesanías, que alcanzó el 21,3% del total

El crecimiento de la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires registró una nueva alza en mayo de 2026, según el informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento detectó 117 puestos de venta ilegal en las áreas monitoreadas, lo que representa un incremento de 2,6% frente a abril y una suba de 6,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Las zonas más impactadas fueron la calle Perú, la avenida Corrientes y las estaciones 11 de Septiembre y Constitución, con un predominio del rubro Alimentos y bebidas, de acuerdo con la CAC. El rubro de Alimentos y bebidas encabezó la lista de productos comercializados irregularmente, según el relevamiento, que fue realizado entre el 1° y el 29 de mayo, de 10 a 20, incluyendo solo puestos fijos instalados en aceras, estaciones y plazas.

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En la distribución territorial, 45 puestos se localizaron en avenidas y calles, cifra que se mantuvo estable en relación a abril, aunque implicó un crecimiento interanual del 2,3 por ciento. Por su parte, en estaciones y plazas se relevaron 72 stands, lo que significó un avance de 4,3% frente al mes anterior y de 9,1% respecto a igual periodo de 2025.

La concentración de la venta ilegal mostró una clara focalización en sectores específicos. Según la Cámara, “las diez cuadras más afectadas contienen el 91,1% del total de puestos en calles, avenidas y peatonales”. La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles. Destaca, dentro de esa arteria, Perú al 100 con 21 stands y Perú al 0 con otros 10.

La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles.
La calle Perú lideró el registro con 31 puestos, equivalente al 68,9% de la categoría de avenidas y calles.

La avenida Corrientes ubicó 4 puestos, mientras que otras zonas como el Microcentro, Pueyrredón, Córdoba, Rivadavia y Santa Fe presentaron cifras menores.

Entre las estaciones, los epicentros de la venta ilegal fueron la Estación 11 de Septiembre, con 38 puestos (52,7% del total en estaciones), y la Estación Constitución, donde se contaron 32 stands (44,4%). Retiro y Lacroze sumaron una presencia marginal.

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La densidad promedio en la calle Perú fue notable, con 15,5 puestos por cuadra, muy superior a la de otras vías. Esta distribución evidencia una problemática localizada, que permite identificar fácilmente áreas prioritarias para el accionar de las autoridades y el sector formal.

El rubro Alimentos y bebidas dominó entre los productos ofrecidos en los puestos ilegales, con una participación del 64,8% sobre el total relevado, de acuerdo al relevamiento de la CAC. En la comparación intermensual, este segmento mostró un aumento de 0,9 puntos porcentuales.

operativo manteros en Parque Patricios
Se detectaron 117 puestos de venta ilegal en CABA

En segundo lugar figuraron las Artesanías, con un 21,3% de presencia, pese a una leve baja respecto al mes anterior. Artículos domésticos e Indumentaria y calzado presentaron una participación de 3,3% cada uno, mientras que otros rubros como óptica, librerías y viveros exhibieron menor incidencia.

La ubicación de estos puestos y el tipo de productos ofertados variaron de manera significativa según el área. En estaciones y plazas, la venta ilegal de Alimentos y bebidas prevaleció, con un 91,9% en la Estación 11 de Septiembre, mientras que en la Estación Constitución sobresalieron los productos falsificados de Indumentaria y calzado, sobre todo marcas como Nike y Adidas. En las avenidas, la calle Perú se consolidó como punto central para la venta de Artesanías e Indumentaria y calzado.

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En tanto, durante mayo, se detectaron dos casos de productos falsificados, ambos ubicados en la Estación Constitución.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios utiliza el Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP), que en mayo alcanzó 4,4 puntos, reflejando un avance del 3,9% en relación a abril y del 2% frente a igual mes de 2025. Este índice se elabora a partir de la cantidad de puestos ilegales identificados y los casos de productos falsificados en vías clave de la ciudad.



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ECONOMIA

Escándalo con las SIRA: aseguran que Alberto Fernández estaba al tanto de todo

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El financista Francisco Hauque fue a la TV como «una póliza de seguro de vida»: negó ser socio de Elías Picirillo y dijo que solo le prestó dinero

13/06/2026 – 20:51hs

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El avance de la investigación en la Justicia Federal por presuntas maniobras ilícitas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) sumó un testimonio de alto impacto político y judicial que sacude a la anterior gestión de gobierno. Durante una entrevista televisiva el viernes por la noche en el programa ¿La Ves?, emitido por la señal TN, el financista Francisco Hauque rompió el silencio y lanzó graves denuncias que involucran de forma directa a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese período, asegurando que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de la red de cobro de coimas montada para agilizar los permisos de importación y el acceso a los dólares oficiales.

Hauque, quien se encuentra investigado en el expediente judicial, utilizó su aparición en los medios de comunicación como una herramienta de protección personal. Al respecto, el financista dejó una fuerte definición sobre los motivos de su exposición pública al afirmar que estar en ese programa era «una póliza de seguro de vida». A lo largo de su relato, el denunciante buscó desmarcarse de las acusaciones y negó rotundamente tener una relación comercial o ser socio de Elías Picirillo, el financista conocido en el ambiente como el «rey del blue». Sobre el vínculo que los unía, aclaró de manera taxativa que solo le prestó dinero, precisando que la suma entregada se ubicó en torno a los 3.000.000 de dólares.

Al profundizar sobre el conocimiento que las autoridades políticas de la gestión del Frente de Todos tenían acerca del esquema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA, Hauque fue contundente en sus declaraciones televisivas. «Él participaba como en todos los negocios», sentenció en referencia a Alberto Fernández, y sumó a las acusaciones al exsecretario de Comercio de ese mandato al indicar que también sabía Matías Tombolini. No obstante, el financista evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía, Sergio Massa, como así también a los funcionarios directamente vinculados con su conducción ministerial.

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De acuerdo con el testimonio brindado por Hauque, el engranaje de la supuesta organización delictiva se habría iniciado a través de Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central, que actualmente se encuentra imputada en la causa. Según su versión, fue ella quien le acercó el denominado modelo de negocio a Juan Pablo Biondi, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación entre 2019 y 2021. Posteriormente, Biondi se lo llevó a Miguel Ángel Pesce, que «estaba al tanto de todo», sostuvo el financista apuntando contra el expresidente de la máxima entidad bancaria del país, aunque luego minimizó su propio rol y el de Picirillo al considerar que en el fondo ambos son perejiles.

El financista aprovechó la entrevista para desligarse de las sospechas que indican que él participaba activamente de las maniobras ilícitas mediante el uso de casas de cambio. Si bien reconoció que tuvo una agencia cambiaria en el año 2019, aclaró que tiempo después procedió a cerrarla y se defendió alegando que de la operatoria en sí no tiene los conocimientos de cómo funcionaba esa trama. En contraposición, relató que en varias ocasiones estuvo sentado en mesas donde compartió mucho con Picirillo, y que en esas reuniones pudo presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción, las cuales hoy forman parte del expediente penal.

Hacia el final de su intervención, Hauque manifestó una profunda preocupación por su integridad física y la de su entorno familiar, revelando detalles de las intimidaciones que viene sufriendo. «Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar», advirtió con temor. El financista denunció que Picirillo junto a otros sectores oscuros del poder le metieron la droga y confirmó que actualmente se encuentra amenazado y cuenta con custodia de la policía. Al respecto, detalló que sufrió una de las advertencias en un restaurante de Puerto Madero, describiéndolas como «amenazas sofisticadas ejecutadas por personas que trabajan con servicios de inteligencia y te hablan de tu familia».

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La causa judicial, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo, investiga el acceso preferencial al dólar oficial durante el último cepo cambiario, las ventas millonarias de divisas al mercado paralelo y las autorizaciones para importar otorgadas durante los años 2022 y 2023, manteniendo bajo la mira de la Justicia a más de 50 personas y empresas. El avance del caso logró un punto de inflexión tras el peritaje oficial sobre uno de los teléfonos celulares secuestrados a Martín Migueles, exsocio y amigo de Picirillo. El análisis de los chats de Migueles, un joven que comenzó como ladero en las oficinas del «rey del blue», reveló la existencia de este sistema paralelo y la participación de cómplices que operaban bajo los sobrenombres de «la vieja del Central», «la señora» y «Pato» para facilitar el ingreso de mercaderías y la obtención de dólares baratos.

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