Al final, después de la dura pelea pública, ¿Toto Caputo y Santiago Bausili le están haciendo caso a Domingo Cavallo? Es lo que sugiere la aceleración en la compra de dólares por parte del Banco Central, que en los últimos días llegó a un promedio diario de u$s192 millones.

Es una cifra que supera ampliamente los promedios de los meses previos: en enero hubo compras por u$s55 millones diarios, en febrero por u$s83 millones, en marzo por u$s80 millones y en abril por u$s138 millones.

Previsiblemente, la suma viene en ascenso, coincidiendo con la intensidad creciente del flujo de divisas que deja la balanza comercial. Ya en marzo se había batido el récord de exportaciones, y se acaba de conocer la nueva marca histórica alcanzada en abril, con ventas de bienes al exterior por u$s8.914 millones y un saldo neto de u$s2.711 millones.

Lo mejor es que las expectativas para mayo y junio son aun más altas, dado que en las estadísticas de comercio exterior todavía no se ve reflejado el impacto pleno de la suba en el precio del petróleo, el nuevo rubro estrella de la exportación nacional. Dado que hay un desfasaje de unos 45 días entre el inicio de la operación aduanera y el ingreso por la exportación, todavía se están registrando los precios del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Eso implica que si las exportaciones de combustibles crecen a un 85% anual no es -al menos, no todavía- por el «efecto precio», sino por el boom productivo en la cuenca de Vaca Muerta.

Tal vez se trate sólo de una coincidencia, o una estrategia financiera de corto plazo ante los vencimientos de deuda, pero no deja de ser llamativo el hecho de que el volumen de compra de dólares se haya intensificado en la misma medida en que el flujo de entrada de divisas fue más fuerte.

Y eso es, precisamente, lo que Domingo Cavallo le había sugerido el mes pasado al equipo económico del gobierno: que aprovechara la «ventana de oportunidad» que le iba a dar esta época del año -tradicionalmente generosa en ingreso de dólares del agro- para acumular reservas en el BCRA.

Piñas van, piñas vienen

Cavallo sostenía que, de esa forma, se transmitiría una señal de mayor confianza al mercado. Y afirmaba que el gobierno no debería tener miedo de que la contracara inevitable de la compra de dólares -la inyección de pesos al mercado- pudiera tener un efecto de presión sobre la inflación ni sobre el tipo de cambio.

Claro que Cavallo no se detuvo ahí. También dijo que esta era la ocasión ideal para deshacerse de las restricciones remanentes del cepo, que dificultan a las empresas el movimiento de capitales entre los diferentes segmentos del mercado financiero. Cavallo dijo que era ese cepo, y no el «riesgo kuka», el verdadero obstáculo para que el índice de riesgo país cayera por debajo del nivel de 500 puntos.

Para completar, calificó a Caputo como «un trader sin formación teórica ni ideología», en línea con la visión despectiva que suelen entrever los economistas del sector académico respecto de los que actúan en el mercado de capitales.

Además, Cavallo dejó flotando una advertencia inquietante: que el año próximo, por el solo hecho de realizarse elecciones presidenciales, volverá a producirse una masiva dolarización por parte del público. Y que siempre será mejor que esa situación ocurra con un mercado cambiario libre, porque el tipo de cambio se ajustará rápidamente, sin que se genere una sangría de reservas del BCRA.

Lo que ocurrió a partir de allí es conocido por todos: acusaciones de «resentimiento» de parte de Caputo hacia Cavallo y hasta una amenaza velada de contar sugerencias que el padre del Plan de Convertibilidad había hecho al inicio de la gestión Milei, y que implicaban ruptura de los derechos de propiedad -es decir, el ministro insinuó que Cavallo quería reeditar alguna medida confiscatoria parecida al Plan Bonex de 1990-.

La cautela de Toto

Parecía que esa esgrima verbal marcaba un alejamiento irreconciliable entre los puntos de vista de los dos economistas. Sin embargo, los hechos parecen demostrar que, en el fondo, no había tantas diferencias.

Para empezar, Caputo confirmó que su objetivo es llegar a la liberalización total del mercado cambiario. Es decir, no discrepaba con Cavallo respecto de la conveniencia de esa medida, sino que no creía que en este momento estuvieran dadas las condiciones. 

Caputo tiene por delante un exigente calendario de vencimiento de deuda dolarizada, que implica que, para el trimestre julio-septiembre se acumularán obligaciones con los bonistas del mercado por u$s4.400 millones, con el Fondo Monetario Internacional por u$s1.613 millones y con otros organismos de crédito por u$s1.529 millones.

Se da por descontado que la parte de esos vencimientos que corresponde al capital será «rolleada», pero habrá que abonar los intereses, lo que implicará pagarle u$s820 millones al FMI y u$s551 millones a los organismos. El escenario base que manejan los analistas es que la deuda a mercado deberá ser cancelada en su totalidad, lo que implica que las necesidades de caja del Tesoro ascenderían a unos u$s6.170 millones.

El refuerzo de la caja del Tesoro -gracias, en buena medida, al «regalo» del BCRA que le transfirió $6 billones por las ganancias que dejó el último balance-, disipa los temores respecto de los pagos de deuda para este año.

En cambio, el panorama de 2027 luce mucho más complejo, tanto por el monto de los vencimientos -u$s23.000 millones para el Tesoro y u$s11.200 millones para el BCRA- como por el hecho de que se trate de un año electoral, lo cual puede impactar sobre las expectativas del mercado.

Inyectando plata en el mercado

La advertencia pública que Milei le había hecho a Bausili hace dos meses era bien elocuente: le había pronosticado que le iban a «salir dólares por las orejas», pero le hizo notar que existía el riesgo de que las compras del BCRA se trasladaran a los precios.

De hecho, el presidente nunca se había mostrado como un entusiasta de la acumulación de reservas, precisamente porque consideraba que ese objetivo podía tener efectos colaterales, como una escapada del dólar y una mayor inflación.

En un reciente discurso ante un auditorio de empresarios, dijo que reforzará el sesgo contractivo de la política monetaria para que no haya riesgos de desvíos en el sendero descendiente del IPC.

Sin embargo, los números están marcando algo diferente: la inyección de pesos que hace el Central cada vez que compra dólares va en un aumento notorio. En enero emitió $1,7 billones, en febrero y marzo $2,2 billones, en abril saltó a $3,8 billones. Y todo indica que en mayo también se superarán los $3 billones.

Estas cifras implican que en el último mes el BCRA emitió el equivalente al 7% del del M2 transaccional privado -que incluye pesos circulantes, depósitos en cuentas corrientes y en cajas de ahorro-. Si, en cambio, se toma como referencia al agregado M3 -que suma también la deuda del sector público y los depósitos en plazos fijos- esa emisión es por 2,3% de la base. Son números relativamente bajos, pero que duplican el nivel de expansión de los últimos meses.

Si el gobierno estuviera particularmente preocupado por el hecho de que esa expansión fuera inflacionaria, eso se reflejaría en un afán de absorción de todos los pesos «excedentes». Sin embargo, la postura de Caputo en las últimas licitaciones del Tesoro ha sido menos dura.

A diferencia de lo que ocurría a inicios de año, cuando no se contentaba con «rollear» los vencimientos de la deuda en pesos, sino que además «pasaba la aspiradora» mediante la colocación de bonos, en las últimas licitaciones apenas sacó del mercado $1 billón, una suma que, a esta altura, luce menor.

¿Hay más demanda de pesos?

Esta actitud podría interpretarse como que, desde el punto de vista del ministro, se está produciendo un aumento en la demanda de dinero por parte del público.

De hecho, Caputo hizo una argumentación técnica en ese sentido, al afirmar que cuando el dólar y las tasas de interés caen en forma simultánea, eso es un síntoma de que los argentinos tienen mayor disposición a mantener pesos en el bolsillo.

Es un punto que generó polémica entre los economistas, dado que los de la línea más ortodoxa sostienen que, contrariamente a lo que afirma Caputo, si hubiese mayor demanda de pesos eso se reflejaría en una mayor tasa de interés.

Pero entre quienes adhieren al punto de vista del gobierno hacen otro análisis: afirman que cuando cae la demanda por activos en pesos, el Tesoro se ve obligado a convalidar una mayor tasa en las licitaciones de bonos, y eso se traslada al sistema bancario. Es, de hecho, lo que ocurrió el año pasado antes de la elección legislativa. Ahora, como los inversores compran bonos en pesos a menor tasa, Caputo tiene el argumento de una mayor demanda de pesos.

Sus críticos contestan que, si esa fuera la verdadera situación, entonces no se estaría viendo un crecimiento en la compra de dólares por parte de los ahorristas. Los últimos números marcaron que en abril se duplicó ese nivel de compras, y ya supera los u$s1.500 millones mensuales.

El tema, como queda en evidencia, da para un extenso debate. Pero lo cierto es que, de momento, el gobierno se está dando el gusto de comprar grandes cantidades de dólares sin subir la tasa de interés ni generando una contracción monetaria que enfríe más la economía. Como pedía Cavallo.

Lo que hasta hace poco era el emblema del sector avícola nacional, con una participación del 35% del mercado, hoy se debate entre la supervivencia y la cesación de pagos.

Se trata de Granja Tres Arroyos (GTA), que actualmente registra una deuda que supera los $51.700 millones en el sistema financiero.

Este impresionante pasivo también se refleja en la calle con la emisión sistemática de cheques sin fondos, al punto que más de 300 documentos por un valor cercano a los $7.000 millones fueron rechazados en los últimos meses.

Además, la empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados y su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios.

Los datos forman parte de un informe comercial que circula en el sector y entre sus proveedores.

El documento muestra cómo el perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero viene sufriendo un constante deterioro, con un millonario pasivo; deuda previsional exigible por $7.272 millones e importantes atrasos en los pagos tributarios.

Pero, la crisis no es solo un problema de números.

Situación límite

En la cadena productiva ligada a la empresa el panorama es devastador. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos describieron una situación que empeora semana a semana.

«No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo», señalaron las fuentes.

Quienes todavía permanecen en el sistema de integración enfrentan una situación límite.

En el sector explican que los productores que se quedaron dentro del esquema de Granja Tres Arroyos se están haciendo cargo del pago de la electricidad, el gas y otros gastos.

Lo hacen mediante la venta de cabezas de ganado vacuno y porcino y con el objetivo de «subsistir», aunque sin perspectiva de poder cobrar.

​La profundidad de la crisis es tan grande que no es solo contable, sino también productiva.

Clima interno

El complejo que solía procesar unos 700.000 pollos diarios ha visto reducida su capacidad a apenas 200.000 unidades.

Este desplome del 70% en la faena ha golpeado directamente a su red de productores integrados, que denuncian que la falta de alimentos para las aves y los constantes atrasos en los pagos están asfixiando la cadena de valor.

La situación se traslada al clima interno, que es de tensión máxima.

En las plantas de faena del complejo Wade (ex Cresta Roja), en la zona sur del Gran Buenos Aires, los trabajadores han iniciado bloqueos y paros ante el pago fragmentado de salarios.

«Nos pagan en cuotas, a veces en sobre, y no tenemos certezas ni sobre el aguinaldo ni sobre la continuidad de los puestos«, aseguran los empleados que acusan al sindicato de ofrecer alguna solución.

​Mientras los rumores de una posible venta del paquete accionario circulan en los pasillos de la industria, desde la compañía se limitan a dar respuestas vagas sobre la normalización de la operatoria.

Problema estructural

Sin embargo, el mercado es pesimista debido a que se advierte que la fuga del 85% de los productores asociados y la presión fiscal y previsional sobre la empresa pintan un escenario donde la convocatoria de acreedores asoma como una posibilidad cada vez más cercana.

Quienes abonan esta teoría lo hacen explicando que el colapso de la compañía no es solo una cuestión de flujo de fondos diario, sino un problema estructural de acumulación de pasivos.

Señalan que los números revelan una empresa acorralada por el fisco y los organismos de seguridad social.

En el caso de la deuda previsional exigible, se trata de un punto crítico, ya que el atraso con la seguridad social (AFIP/ARCA) suele ser de ejecución rápida y tiene prioridad legal sobre otros acreedores comerciales.

A este problema se suma un complejo entramado de atrasos impositivos con ARCA.

El ente recaudador ha intensificado los embargos sobre cuentas bancarias y facturas pendientes, lo que genera un «efecto pinza» ya que, a medida que la empresa intenta facturar para obtener liquidez, el fisco interviene los ingresos, impidiendo que el dinero llegue a la cadena de pagos (productores y sueldos).

Modelo desintegrado

Pero la mayor señal de alerta surge del hecho de que la empresa haya recurrido a consultoras de deuda como Columbus Investment Banking, lo cual sugiere que el problema ha superado la capacidad de gestión interna y requiere una reestructuración profunda.

Se habla de una posible refinanciación masiva o de un proceso concursal en la justicia, hipótesis que la firma hasta ahora ha evitado bajo la premisa de «opción de última instancia».

Sin embargo, la crisis ha desmantelado el esquema de «integración», que era considerado el pilar sobre el que se construyó el liderazgo de la empresa.

La pérdida de más del 85% de los productores integrados es un dato devastador.

En el modelo de integración, el productor pone la infraestructura (galpones, gas, electricidad) y la mano de obra, mientras que la empresa provee los pollos bebé y el alimento balanceado. Al cortarse la cadena de suministro de alimentos y los pagos, la relación contractual se rompió.

Los pocos productores que permanecen informan que los envíos de alimento llegan con intermitencias (a veces cada cuatro días), lo que pone en riesgo sanitario la producción y eleva la tasa de mortandad de las aves.

Perfil deteriorado

Esto también confirma que el productor ha dejado de ser un socio estratégico para convertirse en un acreedor forzoso que subsidia la operación de la empresa con su propio capital para evitar la pérdida total de su producción.

​»El fuerte deterioro del perfil crediticio de la compañía es lo que hoy marca el ritmo del conflicto», señalan en el sector.

Recuerdan también que, con una deuda previsional que asciende a los $7.272 millones, la empresa se enfrenta a un escenario de embargos judiciales que, sumado al abandono del 85% de su red de productores, pone en duda su capacidad para recuperar el volumen de faena perdido.

La situación también trae consecuencias a todo el sector ya que, al ser el principal jugador del mercado avícola, cualquier movimiento en su estructura operativa tiene un impacto directo y casi inmediato en los precios de venta al público.

Los analistas coinciden en que la contracción forzada de la oferta de la empresa genera una presión alcista sobre el precio del pollo entero y sus trozados en todo el mercado.

Ante este escenario, la industria se comienza a reconfigurar.

Si bien firmas de menor escala o jugadores regionales intentan absorber la cuota de mercado vacante, no poseen la logística ni la capacidad instalada para cubrir el hueco de manera inmediata.

Impacto en el precio del pollo

Esto crea un «cuello de botella» que, en los próximos 30 a 60 días, podría trasladarse a una suba de precios por encima de la inflación minorista en el rubro frescos.

Si eso ocurre, el consumidor no solo enfrentará un aumento de precios, sino también una mayor dispersión.

Y, en la medida en que la oferta se atomice, las diferencias de precios entre supermercados y carnicerías de barrio serán más pronunciadas, dependiendo de quién logre asegurar stock de proveedores que mantengan su cadena productiva estable.

​Por eso, los expertos advierten que el desenlace de esta crisis es una prueba de fuego para el sector agroindustrial.

Si la empresa no logra una reestructuración financiera urgente (posiblemente con la entrada de nuevos inversores de capital de riesgo o una fusión estratégica), la estructura de costos del pollo —uno de los principales sustitutos de la carne vacuna— se verá alterada de forma permanente.

​Para el bolsillo del trabajador, el producto dejará de ser, al menos temporalmente, el refugio de precios accesibles que solía ser ante la suba de la carne roja. La incertidumbre en Granja Tres Arroyos es, en definitiva, una variable que el consumidor deberá sumar a su tablero de costos mensuales, anticipando un invierno donde el precio de la proteína básica estará sujeto a la capacidad de supervivencia de un gigante en terapia intensiva.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.

En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.

A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027.

“La soja, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales”, enumeraron.