El Gobierno oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Esta medida inicia el proceso para una posterior liquidación del organismo, bajo la supervisión de un Administrador designado por el Ministerio de Defensa.

La normativa establece que el Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) será el encargado de determinar los puestos de trabajo necesarios y la dotación requerida.

En consecuencia, identificará al personal del IOSFA indispensable para el cumplimiento de los objetivos de la OSFA, a fin de formalizar su transferencia bajo el régimen jurídico aplicable.

Por su parte, el personal no transferido será evaluado por el administrador, quien dispondrá las medidas correspondientes. Además, el personal de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que actualmente presta servicios en el IOSFA deberá reincorporarse a sus organismos de origen.

Esta decisión del Ejecutivo se produce tras el anuncio del gobierno de Javier Milei, a principios de octubre, de destinar $210.000 millones del Tesoro nacional para cancelar la cuantiosa deuda de la obra social militar.

Esta deuda mantenía paralizada la atención médica de los afiliados, afectando a unos 2000 proveedores y prestadores, incluyendo 30 grandes acreedores, además de un amplio número de clínicas, farmacias, laboratorios y profesionales. El anuncio surgió en un contexto de agravamiento de la crisis del IOSFA, que incluyó la renuncia en septiembre del anterior administrador, Ariel Guzmán.

Una vez concluida la liquidación del IOSFA, el Ministerio de Defensa asumirá los compromisos y obligaciones pendientes relacionados con el personal que no haya sido transferido. Aquellos empleados de planta permanente con estabilidad que permanezcan en situación de disponibilidad seguirán bajo el ámbito del Ministerio hasta su reubicación o baja, la normativa vigente. La resolución lleva las firmas del presidente Javier Milei y sus principales ministros.

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El Senado sesionará este jueves, a partir de las 14, para tratar un ecléctico temario que incluirá como plato fuerte el proyecto de modificación de la ley de salud mental. El texto fue elaborado por el Poder Ejecutivo, pero tuvo severas modificaciones en su debate en comisión a raíz de las fuertes críticas que desató la visión del Gobierno.

El proyecto genera polémica y controversia, al extremo de que hay un dictamen de minoría de un sector del peronismo disidente que propone algunas modificaciones, pero que en esencia se opone a la iniciativa. El kirchnerismo también lo rechaza de plano.

En este escenario, el oficialismo tendrá que hacer las cuentas con cuidado para saber si tiene los votos para aprobar la iniciativa y enviarla a Diputados en revisión.

La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich (Capital), se mostró confiada que tendrá el apoyo necesario gracias a una serie de modificaciones de último momento que se le incorporarán al dictamen cuando se lo discuta en particular.

Bullrich habló al terminó de la reunión de Labor Parlamentaria en la que se acordó el resto de los temas que se discutirán este jueves,

Según informó la senadora libertaria, la sesión incluiría también el debate del proyecto que crea un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), iniciativa que busca contemplar las inversiones de entre 200 y 1000 millones de dólares.

Además, se incluiría una iniciativa que reglamenta y regula el denominado mercado de carbono, texto que obtuvo dictamen hace tres semanas y que establece un régimen que permite canjear, comprar o vender permisos para emisión de gases de efecto invernadero.

El proyecto de salud mental modifica la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, al extremo de que da marcha atrás con el espíritu reformista del texto y vuelve a contemplar muchas de las garantías de la Ley 26.657 que se encuentra vigente y que fue sancionada durante el kirchnerismo.

Mientras que el proyecto original establecía la obligatoriedad estricta de la firma psiquiátrica para una internación, el dictamen permite que la evaluación la realice un médico preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto a un segundo firmante preferentemente psicólogo.

Además, se habilita la teleconsulta sincrónica para la intervención psiquiátrica, se reconoce la firma del psicólogo para la evaluación y efectivización del alta, y se mantiene la prohibición de crear manicomios o realizar prácticas manicomiales.

Otro de los cambios es que se restituye el financiamiento nacional a las provincias. Sin embargo, la redacción del dictamen genera ciertas dudas entre los senadores del interior, que no confían en que el Poder Ejecutivo cumpla con su palabra.

Por esa razón, Bullrich dijo que se le introducirán cambios a esa cláusula para hacer “más taxativa” la obligación del financiamiento nacional a las provincias.

En ese sentido, también se incluirá la posibilidad de que las provincias puedan firmar convenios con la Nación en los cuales se defina el financiamiento que recibirá el distrito del Tesoro, ya sea por uno o más períodos fiscales.

Resultado de la fuerte presión realizada por las facultades de psicología, también se modificará el dictamen de manera tal que sea obligatoria la participación de un psicólogo en las evaluaciones que los equipos interdisciplinarios deben hacer de los pacientes como paso previo a su internación.

Homenajes y jura

Antes de ingresar al debate de los proyectos, la sesión contemplará también una serie de homenajes al senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, que falleció hace un mes atrás mientras dormía en su vivienda particular.

Con la apertura del recinto tras cinco semanas de inactividad podrá jurar la reemplazante de Pagotto. se trata de la actual diputada provincial Claudia Cecilia López, quien fue segunda en la lista de senadores de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales de 2023.

También habrá un tributo a la memoria de Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), el principal gremio de los trabajadores del Congreso, que murió el pasado 14 del corriente.