POLITICA
Cuando a Milei se le queman los manuales
La motosierra es una pieza del museo de la revolución libertaria. Representa la épica del ajuste que aportó orden en medio de la destrucción de un régimen económico decadente. Javier Milei se aferra a ese símbolo como a un talismán que lo devuelve a los tiempos en que su prédica contracultural y los resultados marchaban al mismo paso.
Cuando clama en un discurso “la motosierra no para” expresa una forma de nostalgia. Los instrumentos que le sirvieron en la fase de ruptura se revelan insuficientes para el desafío que ahora enfrenta el Gobierno: cómo pasar de la estabilización al crecimiento. Responder, en definitiva, qué viene después del dolor.
Milei experimenta la ansiedad de una transformación. El índice de precios de marzo, con una suba del 3,4%, lo puso frente a un dato que le pareció “repugnante” y que puertas adentro de la Casa Rosada se interpretó como un momento de quiebre. El ansiado “exterminio de la inflación” no ocurrirá en los plazos que imaginó el Presidente.
El Indec también registró un período de seis meses de deterioro de los salarios, que le da contexto a las cifras de actividad económica. Se mantiene el vigor de la energía, el agro y la minería, mientras persiste la caída de sectores intensivos en mano de obra como la industria, la construcción y el comercio.
En ese panorama el dogmatismo es un lujo. La lógica del recorte cueste lo que cueste amplifica el riesgo político en semanas en las que casi todas las consultoras de opinión pública registran un descontento social en ascenso.
Dentro del Gobierno sostienen que de a poco Milei y su equipo económico se ubican en una misma sintonía. En línea con lo que alguien podría llamar “gradualismo” si esa palabra no estuviera prohibida en el diccionario libertario. “Lo importante es el sendero de reducción de la inflación, no tanto la velocidad”, señala un funcionario del alto mando oficialista.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) recalculó el pronóstico de inflación anual al 30,4%, casi el doble de su previsión original. El presupuesto 2026 la establecía en 10,1%, casi lo mismo que se acumuló en el primer trimestre. Los argentinos conviven desde hace años con esos niveles de desequilibrio. Recurrieron a Milei cuando el descalabro de la gestión Alberto Fernández-Cristina Kirchner-Sergio Massa colocó el índice de precios arriba del 100%. El reto del actual gobierno es evitar que la tasa siga escalando y, al mismo tiempo, sortear una recesión. Eso tampoco lo perdonan las mayorías que definirán el año que viene al próximo presidente.
La tasa de abril se estima que será mejor, en el orden del 2,5%. A juicio del FMI y de buena parte de los analistas, será un nuevo techo desde el que bajará muy de a poco si no hay accidentes. En el Gobierno prevén que en el segundo trimestre los salarios empiecen a recuperar lo perdido. El Banco Central sigue tomando medidas para incentivar el crédito, aunque todavía el sistema financiero tiene que digerir la morosidad que arrastra.
Se necesitan pesos en la calle, sin que eso agite la inflación. El dólar quieto ayuda a anclar los precios, aunque la apreciación cambiaria puede ser un inconveniente en el segundo semestre del año.
Milei sobreactúa dogmatismo para que no se interprete un ligero giro heterodoxo como una claudicación. El martes se describió como un héroe de la mitología griega asediado por fuerzas del mal que lo tientan a traicionar sus principios. No va a devaluar ni a emitir, juró. Magnificó la más mínima objeción como si fuera la prueba de una conjura para derrocarlo. Rogó otra vez “paciencia” como el predicador de una fe edificada en teorías económicas que proclama infalibles.
Luis Caputo lo secundó con su anuncio de que vienen “los 18 mejores meses de las últimas décadas”. Él insiste siempre que puede con la idea de que lo importante es el rumbo de desinflación y no los plazos. Hay esbozos de una nueva narrativa del esfuerzo y la perseverancia antes que la urgencia del milagro.
La promesa grandilocuente sonó a un consuelo para su jefe, que tuvo que decirle adiós a la ilusión de la tasa de inflación que iba a empezar con 0 en agosto. Milei, en realidad, no suele hacer duelo por pronósticos incumplidos.
Su inquietud de estos días responde al test que soportan sus convicciones. Los manuales en los que cree ciegamente parecen quemarse delante de sus ojos.
Abundan los ejemplos. El mes pasado dictaminó que la inflación minorista estaba destinada a desplomarse: “Inflación mayorista de los últimos doce meses viaja al 26% anual. A su vez, la del bimestre anualizada viaja al 17% mientras que la del mes de febrero anualizada lo hace al 13%. Podrán ponerlo como quieran pero la inflación está bajando y los Precios Mayoristas anticipan lo que viene a futuro en Minoristas”, escribió en redes cuando ese indicador dio 1,7% en febrero. Esta semana hizo silencio cuando el dato de marzo pegó un salto al 3,4%. Si se siguiera su lógica, la inflación estaría “viajando” a casi el 50% anual. Por suerte para él, su tesis parece no corroborarse.
La obsesión por tener razón lo expuso a otro momento incómodo cuando el jueves elogió un comentario periodístico que a su juicio probaba que la inflación es en todo momento un fenómeno monetario. Lo hacía sobre la base de un estudio académico que analizó más de 100 casos de planes de estabilización en el mundo. “Aquí se nota la diferencia entre los que trabajan seriamente, buscando datos y material riguroso y los brutos que opinan sin fundamento alguno”, escribió Milei. Le respondió poco después Fernando Morra, economista y exviceministro de Martín Guzmán: “Estimado Presidente. Como autor del paper, la evidencia muestra algo más complejo que ‘solo monetario’: desinflaciones exitosas combinaron tipo de cambio alto inicial, dinámica externa, políticas de ingresos con aumento de salarios y crecimiento. Quizás valga la pena leerlo”.
El alarde de superioridad técnica ha sido un arma que le resultó eficiente para dominar el debate público, pero empieza a tocar sus límites. El acierto de que con el recorte de gastos se iba a conseguir estabilidad le dio un prestigio que fortaleció un gobierno minoritario durante los primeros dos años. Con la repetición de vaticinios errados se arriesga a desperdiciar ese capital y tentarse con el vicio que más desprecia: la charlatanería. La ciencia del “o sea, digamos”.
El año previo a la batalla por la reelección le plantea la necesidad de salir de la emergencia que heredó en 2023. Se enfrenta a una operación política compleja que, además de estabilizar las variables económicas, demanda arbitrar entre intereses diversos y negociar consensos.
Los niveles de confianza que despierta su programa tienen en gran medida una raíz política. Milei ha gestado acuerdos frágiles, específicos, en los que rige el toma y daca circunstancial. La experiencia en el poder no le cura el recelo en los actores del sistema político. Se ofusca cuando el riesgo-país no baja de los 500 puntos y se niega a convalidar esa tasa para volver a los mercados de deuda internacionales. Pero no valida a los ministros, con Caputo a la cabeza, que le piden tejer alianzas duraderas que transmitan la expectativa de un futuro sin cambios drásticos de rumbo.
Para Milei suena a claudicación. Se ha cansado de decir que el “consenso es un crimen” como para terminar al frente de un gobierno de espíritu larretista. El Presidente se reconoce en la rebeldía del outsider. Así como no suelta la motosierra aunque el presente recomiende una pala, se afirma en el relato del hombre común que lucha contra los privilegios.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni puso en cortocircuito ese otro pilar de la revolución libertaria. El jefe de Gabinete desistió de explicar cómo hizo para comprarse una camioneta y dos nuevas propiedades desde que es funcionario público ni cómo costeó sus vacaciones premium al exterior con un salario que estuvo dos años congelado en 3,5 millones de pesos.
El blindaje a Adorni no tiene fisuras. Karina Milei no tolera un solo cuestionamiento a su funcionario. Estaba enojadísima con Guillermo Francos por haberlo criticado en televisión, refieren en su cercanía. Anotó también en la lista negra al biógrafo presidencial, Nicolás Márquez, que destrató a Adorni y le exigió renunciar.
Adorni volvió de a poco al terreno de la altanería, donde se mueve con naturalidad. Probó el agua en las redes sociales al responder con ironías a simpatizantes libertarios que minimizaban las denuncias sobre sus bienes. Pero se topó con una avalancha de comentarios insultantes.
Ahora tiene por delante una semana y media para preparar la sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde la oposición lo espera con hambre de venganza. Su intención es contraatacar. Ya hay gente en el Gobierno estudiando el patrimonio de los principales voceros del antimileísmo parlamentario. La lógica del “y vos más” nunca falla. ¿O sí?
Las peripecias de Adorni paralizaron la gestión libertaria. Milei está concentrado en encontrar la salida al laberinto de una macroeconomía insumisa a sus convicciones. A su hermana Karina la obsesiona el armado de una hegemonía política que requiere edificar poder permanente, desde candidaturas en todas las provincias a su nuevo hobby: la designación de jueces.
Los dos Milei comparten la inclinación conspirativa. Imaginan traiciones desde el desayuno. Pero ella tiene una fijación que él no comparte: la sospecha de que el asesor Santiago Caputo opera en su contra (y por ende contra los intereses del Gobierno) por ambición de poder.
Sobre ese campo fértil estalló a cielo abierto la interna libertaria cuando Daniel Parisini, alias Gordo Dan, puso su streaming Carajo al servicio de un ataque coordinado al diputado Sebastián Pareja, delegado karinista en la provincia de Buenos Aires. Parisini es íntimo amigo –e instrumento de comunicación- de Santiago Caputo.
La reacción respondió a la noticia de una citación judicial a tuiteros libertarios a raíz de una denuncia de Pareja, presentada durante la campaña bonaerense del año pasado. Los acusa de publicar en redes sociales su número de teléfono, en una acción que interpreta como amenazante. Al mismo tiempo se estaba ejecutando la orden de Karina de remover a Agustín Romo, compinche de Parisini y Caputo, de la jefatura del bloque oficialista en la provincia.
La máquina libertaria no está formateada para el disenso. En uno de los programas de Carajo llegaron a pasar un mensaje denigrante contra Karina Milei, en el habitual tono misógino y soez que caracteriza al canal. A los conductores los embargó el pánico al oírlo.
Lilia Lemoine encaró en redes sociales a Parisini y el duelo pareció salirse de proporciones. Milei se pronunció con un retuit a la diputada. Algunos usuarios de las redes lo compararon irónicamente con el día en que Perón echó a los montoneros de la Plaza de Mayo.
Dos fuentes de La Libertad Avanza (LLA) anticipan que al ministro Caputo ya le transmitieron la sugerencia de no asistir más a Carajo, el lugar que elige para comunicar las peripecias del plan económico entre aplausos, risas y adulaciones.
Esas guerras estridentes pero sin sustancia iluminan el problema en que se enreda Milei en un momento bisagra de su trayectoria: su desafío en 2026 no es ideológico sino de gestión. Necesita aliados y desconfía de casi todos. Precisa cohesión interna y tolera el caos si lo provocan los fanáticos. Se abraza al recuerdo de la motosierra cuando se requieren herramientas para crecer.
Atraviesa su propia transición. De soñarse el líder de una revolución al ejercicio árido de construir un orden liberal que no termine en la próxima frustración argentina.
“la motosierra no para”,https://t.co/XrPxcLy0kh,April 16, 2026,Martín Rodríguez Yebra,Javier Milei,Luis Caputo,Conforme a,Javier Milei,,Críticas a Milei. Kicillof, en España: “Debemos mostrar que hay otro camino que no es el de la guerra, la crueldad y el abandono”,,»Amenaza para su reelección». El análisis de The Wall Street Journal sobre “los viejos problemas” que trajo el nuevo orden de Milei,,Destacó el respaldo del FMI. Caputo dio nuevos detalles sobre los fondos garantizados con organismos multilaterales
POLITICA
Piden un jury de enjuiciamiento contra el juez que absolvió al dirigente de Camioneros que bloqueó una pyme
El diputado bonaerense Manuel Passaglia presentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires para que se investigue si hubo mal desempeño del juez Alejandro López, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de San Nicolás, a raíz del polémico fallo que absolvió al líder local de Camioneros Maximiliano Cabaleyro y otros 6 imputados en el bloqueo a la pyme Rey Distribución.
Passaglia, legislador provincial por el partido Hechos y ex intendente de San Nicolás, no pide revocar el fallo de López sino investigar si la fundamentación jurídica de esas absoluciones tuvo “fallas graves”.
Se trata de la primera presentación efectuada contra el magistrado a 24 horas de la sentencia que eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante 5 días e incluyó amenazas y hostigamiento, con argumentos controvertidos: López admitió que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como “legítimo ejercicio de un derecho”.
El juez López dictó el veredicto absolutorio este miércoles en una causa caratulada como turbación de la posesión, coacción, extorsión y tentativa de extorsión, iniciada luego del bloqueo sindical en la empresa Rey Distribución, ubicada en San Pedro, donde los imputados principales eran Maximiliano Cabaleyro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, y 6 empleados de la pyme que participaron de la protesta.
El propio fallo tuvo por acreditado que hubo una obstrucción en las puertas del establecimiento que impidió la salida de vehículos. Sin embargo, López concluyó que esa conducta era atípica —es decir, que no constituía delito— porque los acusados ejercían un derecho reconocido por la ley: el derecho de huelga, amparado en el artículo 34, inciso 4, del Código Penal. El magistrado también señaló que no hubo violencia, daños ni amenazas identificadas durante la medida.
La denuncia promovida por Passaglia contra López no objeta esa conclusión final en sí misma, sino que cuestiona el camino argumental que llevó hasta ella.
Passaglia sostiene que el fallo explicó con detalle las razones que motivaron el conflicto laboral —diferencias salariales, deficiencias de seguridad e higiene, la situación de un delegado gremial— pero no analizó con la misma profundidad si la modalidad concreta de la protesta, su duración y su alcance, estaban comprendidos dentro de los límites del derecho invocado.
El señalamiento apunta específicamente a un pasaje de la página 103 del veredicto —de 110 páginas en total—, donde el magistrado respondió al planteo de las acusaciones sobre la tensión entre el derecho de huelga y los derechos de propiedad. Según la denuncia, López consideró innecesaria la ponderación en los términos planteados y dijo que, en determinadas circunstancias, la huelga se impone sobre otros derechos. Para Passaglia, esa formulación no resuelve el análisis concreto de los límites del bloqueo que el propio juez tuvo por acreditado.
La hipótesis no es que todo perjuicio empresarial derivado de una huelga constituya un delito. Tampoco que la obstrucción física sea suficiente por sí sola para condenar. La pregunta que plantea la denuncia promovida por el diputado de Hechos es más limitada: si la motivación efectivamente plasmada en el fallo satisface el deber legal de explicar por qué ese bloqueo concreto quedaba dentro de los márgenes del Derecho.
El segundo cargo de la denuncia apunta al modo en que el magistrado utilizó un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1958: el caso Kot, Fallos 241:291, dictado el 5 de septiembre de 1958.
Según la presentación, López invocó ese precedente —que en su momento ordenó la restitución de una fábrica ocupada a través de la vía del amparo— y extrajo de él una conclusión sobre la improcedencia de la intervención penal en conflictos colectivos laborales.
El argumento del magistrado habría sido que ese fallo no hizo referencias a delitos ni a tipos penales, lo que reforzaría la idea de que el derecho penal no era el camino adecuado para resolver el caso.
Passaglia cuestiona esa inferencia. En la denuncia sostiene que “una respuesta de restitución urgente no puede convertirse, sin demostrar el nexo correspondiente, en una regla general de exclusión penal de los conflictos colectivos”. Dicho de otro modo: que un tribunal haya optado por la vía del amparo en 1958 no demuestra automáticamente que las conductas analizadas en otro proceso, décadas después, sean penalmente atípicas o estén justificadas.
La denuncia aclara que no atribuye al juez una falsificación deliberada del precedente, ni sostiene que Kot obligue a condenar a los absueltos. Lo que solicita es que el Jurado contraste el texto íntegro del fallo de 1958, sus antecedentes y su objeto procesal con la caracterización que efectuó López para determinar si hubo una utilización objetivamente descontextualizada y si ese defecto tuvo gravedad funcional.
Qué puede y qué no puede hacer el Jurado
La presentación subraya con énfasis un límite que la propia legislación establece. El Jurado de Enjuiciamiento no es una tercera instancia judicial: no puede revocar el veredicto absolutorio ni ordenar la condena de Cabaleyro. Su función es exclusivamente disciplinaria: evaluar si el juez incurrió en una falta grave en el ejercicio de su cargo.
Los artículos invocados como encuadre provisional son los incisos d y e del artículo 21 de la Ley 13.661, que regulan las faltas de los magistrados bonaerenses. La denuncia también reconoce expresamente que el magistrado apoyó parte de su decisión en un precedente del Tribunal de Casación Penal de la provincia —el caso Ruiz, Carlos Amador, Sala I, sentencia del 13 de marzo de 2013— que respaldaba la atipicidad de la obstaculización de accesos durante conflictos laborales. Ese apoyo jurisprudencial, según afirma Passaglia, debe ser contemplado en el análisis.
La presentación es explícita al reconocer sus propios límites: “La existencia de un criterio discutible no basta para la remoción”. Si la investigación solicitada concluye que solamente hay una discrepancia interpretativa entre el juez y el denunciante, no quedará demostrada ninguna falta funcional.
Passaglia fue intendente de San Nicolás cuando Cabaleyro y Fernando Espíndola, otro dirigente de Camioneros, fueron arrestados en abril de 2022 como responsables de los bloqueos a Rey Distribución para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio.
En ese momento, el Sindicato de Camioneros protestó contra las detenciones bloqueando los accesos a San Nicolás, medida que impidió la entrega de alimentos y la recolección de residuos, pero la tuvo que levantar a las 48 horas ante la firme posición de Passaglia.
La primera presidencia de Javier Milei podrá ser recordada por muchas cosas: por retomar una senda de crecimiento luego de 12 años de estancamiento, por bajar la pobreza, la inflación, o por romper con el déficit fiscal. Podrá ser recordada por salvarnos de ser Venezuela, o por un período irrepetible de República (nunca los poderes han sido tan independientes). Pero quiero argumentar en estas líneas que probablemente no termine siendo recordada por lo que ocurrió durante su gestión -una tarea más bien de bombero al que lo obligó la herencia que recibió-, sino por haber plantado las bases del retorno del país a la prosperidad.
El triángulo de equilibrio fiscal, libertad económica y respeto de los derechos de propiedad son los basamentos conceptuales de la nueva Argentina. Pero los conceptos son una cosa y la realidad es otra. El equilibrio fiscal es fácil prometerlo, pero la ejecución es una tarea durísima: lo pone al ministro de Economía en la incómoda tarea cotidiana de decir que no, y a los desreguladores a ir a las cloacas de la normativa para librar una guerra de zapa contra los intereses creados.
Pero lo que este gobierno tiene, de sobra, es capacidad para transformar ideas en realidades. Y más allá del equilibrio fiscal y del programa de desregulación que se discuten mucho en la prensa, el Presidente ha impulsado una serie de reformas estructurales que son la llave para convertir a Argentina en un país desarrollado. Por momentos, quedan tapadas por el ruido y pasan desapercibidas, pero son lo realmente importante. “No confíes en tus ojos, te engañan”, le dice Obi wan Kenobi a Luke Skywaker. Miremos, entonces, esas cosas que tenemos enfrente, pero que todavía no hemos visto.
Arranquemos con la Ley Bases porque contenía una reforma clave que explica todo el boom energético que vino después: la liberación de las exportaciones que derivó en la eliminación del llamado “barril criollo”. El kirchnerismo había transformado los precios de exportación de energía en una decisión política. El resultado fue que, durante años, aun sabiendo de los recursos que teníamos, nadie invertía un peso. Una cosa es el riesgo de los mercados, pero mucho peor es el riesgo de un político. Removida esa restricción, reafirmados los derechos de propiedad y mejorado el marco fiscal, la producción de petróleo llegará este año a casi un millón de barriles diarios, récord histórico, y 90% por encima del valor del 2020. Para 2035 las exportaciones de energía se estiman en 47.000 millones de dólares, Argentina camina a convertirse en un jugador de clase mundial en energía. ¡Y pensar que con el kirchnerismo ¡importábamos energía!
La ley de Glaciares, que intentamos en la Ley Bases pero que tuvo que esperar dos años, hizo lo suyo con el potencial minero de Argentina. Es difícil entender como alguien pensó que le haría bien a Argentina prohibirle una explotación que le permitiría duplicar sus exportaciones, trayendo empleo y riqueza a todo el país. Chile exporta US$60.000 millones de recursos mineros, una referencia obvia para el potencial minero del país. Pero cuando el presidente Milei llegó Argentina exportaba solo 4000 (para 2026 estimamos ya 10.000). ¿Cómo sería nuestro país si no nos hubiéramos prohibido 60.000 millones de exportaciones anuales los últimos 30 años? Por suerte ya fue. Con exportaciones esperadas de 42.000 millones de dólares para el año 2035, Argentina emerge también como un gigante en esta arena.
En lo que hace al agro reconfiguramos el marco de propiedad intelectual para las semillas, para que puedan llegar a nuestro país las innovaciones en genética que se usan en el mundo. Hoy, un algodón en Brasil rinde tres veces más que en Chaco. En frutillas, una semilla californiana permite multiplicar la producción 5 veces. La productividad de nuestra soja viaja hace décadas a 60% de la velocidad del resto del mundo. Solo en soja y trigo ese atraso tecnológico nos venía costando 4000 millones de dólares anuales. Con un nuevo régimen de fiscalización que ya implementamos y el consenso que construimos en torno a una nueva ley de semillas abrimos la puerta para equiparar esas productividades. También se ampliaron significativamente los mercados para la carne argentina en el mundo. Dos ejemplos valen como muestra. Se quintuplicó la cuota de acceso al mercado norteamericano de carne vacuna, y se abrió y amplió el mercado japonés para nuestra carne aviar y bovina.
Siempre se habla del costo de la logística en nuestro país. Más allá de las múltiples desregulaciones en el sector de transporte (los bitrenes por sí solos bajaron el costo del camión entre un 20% y 30%), se acaba de completar la licitación de nuestra red troncal de rutas (9000 km.), a las que próximamente se sumarán concesiones y ampliaciones en otros 6000 km. en tramos todavía no concesionados (toca las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 158, 228 y 237). Y, finalmente, se están evaluando las dobles manos en segmentos de alto tránsito que se venían reclamando hace décadas (por ejemplo, en las rutas 3, 5 y 7, además de la Autopista 0017 en el conurbano).
La licitación del Belgrano Cargas también ya se lanzó, y puede configurar un cambio trascendental en la logística del país. Siendo muy conservadores permitiría una baja del 40% en los fletes de 1000 km., y del 60% en fletes de 500 km. Implementada con un sistema de open-access, evitará el fracaso de las concesiones de los años 90, que focalizaron la operación en un mono-productor que nunca amplió la actividad a toda la economía de su región. Ahora cualquier empresa de logística podrá usar las vías en lo que seguramente será un ecosistema sumamente dinámico.
Pero nada de todo esto podría realmente potenciarse en serio sin mercados donde colocar nuestros productos. Argentina avanzó en apertura comercial en esta gestión más que en las últimas décadas. Tuvo que llegar Milei para que el tratado con la Unión Europea, que se aprobó con los votos decisivos de Italia, entrara en vigencia luego de 25 años de franela. Si en un día nuestros productores de miel, huevos y arroz arrasaron con los cupos libres de aranceles del Mercosur, vaya uno a saber hasta dónde puede llevarnos el acuerdo. A este se sumaron el tratado con EFTA y Singapur. El acuerdo con los Estados Unidos, también producto de un inteligente replanteo geopolítico del Presidente, avanza en su ejecución en todos sus frentes y ha permitido un acceso preferencial al mercado norteamericano, en lo que el Economist clasificó como el tratado más favorable que EE.UU. firmó con ningún país.
Pasando al funcionamiento de las empresas, no podemos dejar de mencionar la sanción de la Ley de Modernización Laboral, un intento por reconfigurar el mercado del trabajo, que permite los convenios por empresa (de los cuales pronto veremos los primeros casos) y mayor representatividad en los convenios colectivos, y que busca bajar la litigiosidad laboral en un mercado que desde el Covid se había flexibilizado de hecho vía monotributización.
También se implementó la mayor reforma del mercado de capitales desde la sanción de la Ley de Mercado de Capitales en 2012, porque se eliminó la necesidad de autorizaciones para la emisión de acciones, bonos o fondos comunes de inversión, dando libertad plena para un mercado que previamente se había hundido por el peso de su propia regulación. Escuchamos todos los días de pymes a las que esta nueva ventana les está dando un acceso al financiamiento impensado antes de la reforma. Un proyecto a punto de enviarse al Congreso profundizará la libertad de financiamiento estableciendo un registro nacional de garantías que agilizará la gestión privada de las garantías revolucionando el crédito prendario. La aprobación de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, que recupera la independencia para la institución, refuerza a su vez el marco de estabilidad macroeconómica logrado.
Resta mencionar tres iniciativas centrales que ya están en el Congreso: el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que ya tiene la aprobación de Diputados, y que permitiría el salto más grande en décadas para impulsar nuestra industria de punta y nuestro complejo de ciencia y tecnología. La ley de sociedades que da un marco de gran libertad para la gestión empresarial y que propone el primer marco realista en el mundo, con la necesaria supervisión humana, para las empresas que usan aplicaciones de IA. Ambos elementos serían clave para convertir a nuestro país en un hub de innovación e inversiones. Si queremos que Buenos Aires se parezca en algo a Dubái o a San Francisco estas dos iniciativas son vitales. Por último, el proyecto que define los derechos de propiedad sobre los bonos de carbono, con dictamen en el Senado, también reportará ingresos potenciales de miles de millones de dólares para los productores argentinos.
También deberíamos mencionar que lento, pero a paso seguro, avanza el programa de privatizaciones del Gobierno. Para fines del primer mandato del Presidente, el Estado se habrá retirado de la gestión de prácticamente todos sus activos en energía (excepto YPF), habrá concesionado la Hidrovía, las rutas, los trenes y la empresa de aguas del área metropolitana. Con un poco de viento a favor hasta nos sacamos de encima a Intercargo. Y no habrá progreso más grande en reducción de la corrupción que poder desprenderse de estas empresas.
A esto se suman cambios estratégicos en gestación que ni dimensionamos. Los gobernadores del norte están impulsando legislación que permita destrabar la navegación en los ríos, que reduciría los costos en casi 10% para todas las actividades productivas de esa región. También podemos mencionar las ampliaciones en la red de gasoductos en el centro del país, recientemente anunciado por la empresa TGN, que redefinirán la competitividad de la industria en Córdoba y Santa Fe, con potencial de bajar el precio de la energía a un tercio durante una parte importante del año. Ni hablar de que Bahía Blanca avanza para convertirse en un hub de petroquímica y fertilizantes de clase mundial. Todo esto confirma algo que siempre dijo el Presidente: la infraestructura tiene que desarrollarla el sector privado, no el viejo y corrupto régimen de obra pública, donde hasta una cosa tan sencilla como comprar caños terminaba saliendo el doble de lo que verdaderamente costaba.
Si liberar los ríos baja los costos totales el 10%, si los bitrenes bajan el costo del transporte terrestre 20%, si la integración de gasoductos baja el precio del gas a un tercio, si la importación de maquinaria usada permite comprarla a un sexto, si los trenes reducen el costo de transporte entre un 40 y 60%, empieza a quedar claro la magnitud de las oportunidades que vienen. No por nada Argentina vive un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones que no se veía desde fines del siglo XIX. Es consistente con un gobierno que ya acumula 17.600 desregulaciones. Por eso tampoco asombra que 2024 y 2025 haya sido el bienio con mayor aumento de productividad desde los 80, según estimaciones privadas.
La mayor libertad y estabilidad hace que se sumen iniciativas sorprendentes todos los días: un puente sobre Bernardo de Irigoyen para sacar la producción sojera de Santa Catarina, Brasil, por Misiones, la explosión de destinos de exportación de la yerba mate, la hidrovía del Río Negro, el riego en la Patagonia, la maricultura… podríamos seguir. La Argentina próspera hacia la que caminamos será muy diferente a la actual. Cuatro millones de argentinos dejarán el conurbano y migrarán hacia las oportunidades laborales y una mejor calidad de vida que les ofrecerá el interior. Las ciudades capitales de provincias se poblarán de progreso, rascacielos y conectividad.
Dentro de 30 años seguramente se discuta qué funcionó mejor, qué funcionó peor y qué podría haberse hecho distinto. Habrá habido aciertos y errores. Pero si este proceso se consolida, la presidencia de Javier Milei será recordada, no tanto por cómo transformó su presente, sino por cómo le dio al país la oportunidad de un futuro.
Ministro de Desregulación del gobierno de Javier Milei.
Federico Sturzenegger,LA NACION,Política
POLITICA
Julia Strada criticó a los diputados que no dieron quórum y apuntó contra los gobernadores: “Prefieren arreglar con el Gobierno que defender a la gente”
El tablero del recinto quedó detenido antes de que comenzara el debate: la oposición reunió 121 diputados y no alcanzó los 129 necesarios para abrir la sesión en la Cámara de Diputados. La convocatoria buscaba tratar el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad, pero las ocho bancas que faltaron para el quórum dejaron esos asuntos fuera de discusión. Desde la oposición, la jornada fue leída como otra señal de los acuerdos que el Gobierno teje con sectores provinciales.
La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Julia Strada puso nombres y contexto a esa interpretación. En una entrevista con Infobae Al Amanecer, vinculó las ausencias con negociaciones entre gobernadores y el oficialismo, y cuestionó a los legisladores que no llegaron al recinto. “Es una vergüenza que, con argumentos que desconocemos, no aparezcan a trabajar”, afirmó.
Ocho ausencias dejaron sin debate al DNU 70/2023 y la emergencia en discapacidad
La diferencia numérica marcó toda la sesión. Con 121 legisladores presentes, la oposición quedó a ocho votos de habilitar el debate, una distancia que Strada consideró difícil de explicar frente a la agenda prevista. “No hay margen para nadie”, sostuvo al referirse a las ausencias, incluidas las de diputados de su propio espacio político.
La diputada planteó que el temario reunía problemas con impacto directo en los distritos y que la falta de quórum impidió que esas demandas llegaran al recinto. “Hay provincias que están muy mal”, dijo, al mencionar a Santa Fe como uno de los casos durante su intervención televisiva.
Para Strada, el problema no se limitó a la sesión caída. También cuestionó que algunos de los legisladores ausentes no hubieran participado de las actividades parlamentarias que se realizaron durante la semana, entre ellas reuniones con funcionarios en la Cámara baja. “No vienen para discutir”, afirmó.
En ese marco, cuestionó el tratamiento de un dictamen relacionado con la Ley de Tierras que el Gobierno incorporó a un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. La legisladora pidió que el alcance de esa iniciativa se discuta de manera abierta y advirtió sobre su contenido. “Discutamos a ver qué quiere hacer el Gobierno”, planteó, antes de definirla como una “trampa”.
Strada apuntó a los acuerdos entre gobernadores y el oficialismo
La dirigente de UxP dirigió una de sus críticas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por la conducta de los diputados vinculados a su espacio. Según Strada, esas definiciones no fueron circunstanciales y respondieron a una relación política que ya venía consolidándose. “Jaldo cruzó el charco hace tiempo”, dijo.
A partir de ese señalamiento, la diputada sostuvo que hubo negociaciones para evitar la presencia de esos legisladores en votaciones que consideró relevantes. “Preferir arreglar con el Gobierno que defender a la gente”, insistió al describir el sentido que, a su entender, tuvieron las ausencias en la Cámara de Diputados.
La discusión también remitió a votaciones previas, entre ellas la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Strada cuestionó a los sectores que acompañaron esa iniciativa y los interpeló desde la identidad peronista. “Es una vergüenza que cualquiera que se dice peronista haya votado la reforma laboral de Milei”, sostuvo.
Al desarrollar esa crítica, la legisladora advirtió sobre los cambios en las condiciones de contratación y señaló el avance de esquemas de facturación para trabajadores que antes estaban bajo relación de dependencia. “Que todo el mundo sea monotributista es parte de esta reforma laboral”, afirmó.
La movilización por universidades y discapacidad atravesó el reclamo parlamentario
La sesión frustrada ocurrió en medio de reclamos sociales por el financiamiento de las universidades públicas y por la emergencia en discapacidad. Strada vinculó esas movilizaciones con las dificultades de quienes participaron de las protestas y con el esfuerzo sostenido de estudiantes y familias. “El esfuerzo de la sociedad es enorme”, declaró.
Sobre la situación de las universidades, la diputada sostuvo que el Poder Ejecutivo no cambiará su posición sin una presión política e institucional mayor. Al referirse a Milei y a integrantes de su administración, afirmó que existe “ninguna intención de financiar la universidad pública”.
Para la legisladora, el Congreso conserva una herramienta frente a ese escenario, aun con las limitaciones que expuso la falta de quórum. “Nuestra herramienta es que funcione mínimamente la República Argentina”, expresó, al cuestionar el incumplimiento de fallos judiciales y la ausencia de sanciones.
La crítica institucional incluyó la composición de la Corte Suprema de Justicia. Strada describió una “crisis institucional” y advirtió sobre el funcionamiento del tribunal, que actualmente cuenta con tres integrantes. “Tenemos una Corte sin conformar en su mayoría”, afirmó.
También consideró que las protestas por la universidad y la discapacidad expresan una base social que continúa activa. “Ayer volvimos a demostrar que llenamos la plaza”, dijo durante la entrevista, al referirse a la movilización realizada el día anterior.
La diputada pidió construir una alternativa para las elecciones
De cara al futuro político, Strada sostuvo que el oficialismo no modificará por sí solo sus decisiones sobre el financiamiento universitario ni sobre discapacidad. “Hay que cambiar el Gobierno”, afirmó, y propuso que la oposición impulse las leyes que estén a su alcance hasta las elecciones de 2027.
La diputada reconoció, a la vez, que las diferencias dentro del campo opositor pueden favorecer al Gobierno nacional. Sin precisar qué partidos deberían formar parte de una futura alianza, Strada planteó la necesidad de reunir a sectores amplios frente a la gestión de Milei.
“El conjunto de las fuerzas democráticas en la Argentina tiene que poder reunir una serie de elementos para enfrentar este Gobierno”, sostuvo.
El cierre de su planteo volvió sobre la sesión que no llegó a abrirse y sobre los legisladores que no dieron quórum. “La lista es la que vimos de los que no vinieron”, afirmó, antes de dejar una definición sobre el trabajo político que, según dijo, deberá encarar cada espacio: “El peronismo tendrá que hacer su tarea y también el resto de las fuerzas políticas tendrá que hacer su tarea para armar una propuesta el año que viene”.
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