La empresa aeroespacial de Elon Musk presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos los términos de su debut en el Nasdaq, previsto para el 12 de junio. Con una recaudación objetivo de USD 75.000 millones, la operación apunta a convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

SpaceX fijó el precio de sus acciones en USD 135 cada una y planea vender 555,6 millones de títulos en su Oferta Pública Inicial (OPI), según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese valor, la empresa fundada por Elon Musk alcanzaría una capitalización de mercado de USD 1,77 billones y recaudaría USD 75.000 millones, lo que convertiría al debut en el mayor de la historia bursátil, por encima del récord que en 2019 estableció la petrolera saudita Aramco con USD 29.400 millones, según informó Bloomberg.

La fijación de un precio único antes del roadshow con inversores es, en sí misma, una ruptura con la práctica habitual. Las empresas que salen a bolsa normalmente establecen un rango de precio para orientar las expectativas del mercado y ajustar la valuación en función de la demanda. SpaceX, en cambio, optó por un valor cerrado desde el inicio. “Musk simplemente está adoptando un enfoque de ‘tomarlo o dejarlo’, lo cual funciona para sus seguidores y también tiene sentido dado el estado del mercado y la falta de comparables”, dijo Weiheng Chen, socio senior de la firma legal Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Reuters. El roadshow formal arrancó este jueves.

El debut en el Nasdaq, bajo el símbolo “SPCX”, está previsto para el 12 de junio, aunque la fijación definitiva del precio de la acción se realizará el 11 de ese mes, según Bloomberg. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son los bancos coordinadores principales de la operación, que involucra a un total de 23 entidades financieras.

La OPI de SpaceX rompe el molde en varios aspectos. Se trata de una oferta primaria: todos los fondos recaudados irán directamente a la compañía y ningún accionista existente podrá vender sus títulos en el marco de esta operación. Además, hasta el 30% de las acciones podría ser asignado a inversores minoristas, una proporción inusualmente alta para una salida a bolsa de este tamaño, en línea con la estrategia de Musk de capitalizar su base de seguidores individuales.

Musk, por su parte, quedará obligado a retener sus acciones durante 366 días después del debut. Tras la operación, controlará el 84,4% del poder de voto de la empresa, frente al 85% actual.

La Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”, según Bloomberg.

Los ingresos de SpaceX alcanzaron los USD 18.670 millones en 2025. Sin embargo, la empresa registró ese año una pérdida neta de USD 4.940 millones, revirtiéndose la ganancia de USD 791 millones que había obtenido en 2024. En el primer trimestre de 2026.

Según Reuters, la firma de investigación Morningstar fijó su propia valoración de SpaceX en USD 780.000 millones, un 48% por debajo de la valuación de la OPI. La mayor parte de ese valor lo asigna al negocio de comunicaciones satelitales Starlink.

Los fondos de la OPI se destinarán, entre otros fines, a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, al lanzamiento de cohetes y satélites, y a la amortización parcial de un préstamo puente de USD 20.000 millones, parte del cual fue utilizado para financiar las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.

La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).

Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.

¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno

Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.

Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.

Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.

Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial

Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.

Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».

Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».

En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó la meta de compra de dólares que acordó para este año por USD 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la entidad que conduce Santiago Bausili no pudo quedarse con la totalidad de esas adquisiciones.

Según Analytica, en el año hasta mayo, el BCRA compró USD 9.756 millones (y USD 273 millones más los primeros tres días de junio). En ese mismo lapso, el Tesoro, considerando las emisiones en el mercado local, la adquisición de USD 150 millones en el mercado la semana pasada y las compras al BCRA, utilizó en total USD 3.866 millones para el pago de vencimientos. En consecuencia, la acumulación de dólares hasta mayo, si se descuenta los pagos del BOPREAL (USD 1.267 millones) es de 4.623 millones de dólares. Pero si se suma el repo con bancos por USD 3.000 millones en enero, alcanza USD 7.623 millones de dólares.

El resultado no se observa de manera directa en las reservas internacionales brutas del BCRA, que aumentaron de USD 43.099 millones el 2 de enero a USD 48.414 millones este miércoles 3 de junio, impulsadas por variaciones en las cotizaciones de los activos que integran el balance de la entidad, como el oro, los encajes y los yuanes, así como el pago de deuda del gobierno nacional y las provincias, entre otros movimientos.

La consultora Analytica explicó que al inicio del programa la compra de reservas por parte del BCRA no se traducía en una acumulación efectiva, debido a que el Tesoro utilizaba esos dólares para afrontar vencimientos. Pero esto cambió desde que comenzaron a emitirse los bonos AO27 y AO28 a fines de febrero, que permitieron al Ministerio de Economía utilizar esos dólares para pagar vencimientos y reducir la presión sobre las compras del BCRA, acelerando así la acumulación. Prueba de ello es que en mayo, el Central compró USD 2.601 millones y acumuló USD 2.560 millones, con una diferencia mínima entre ambos montos.

En el equipo económico esperan que esta situación cambie en el segundo semestre y que el BCRA puede acumular las compras de reservas. “A medida que progresa el año, es de esperar que la acumulación de reservas se alinee con la compra de reservas que lleva a cabo el BCRA. Esto reflejará el gran progreso del Tesoro en el programa de refinanciamiento de sus obligaciones en dólares”, sostuvo Vladimir Werning, vicepresidente de la autoridad monetaria, durante su participación el evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

La clave para ello suceda serán los mecanismos de financiamiento. En julio, el Gobierno tiene que enfrentar el pago por USD 4.300 millones con bonistas, por lo que se espera que se comuniquen las garantías con organismos internacionales y que, con los nuevos prestamos con bancos, se evite el uso de las reservas del Central. Sobre todo de cara a la meta de acumulación de reservas que fijó el Gobierno con el FMI por USD 8.000 millones a diciembre de 2026.

El último acuerdo con el organismo internacional distingue entre la meta de compra de reservas y la meta de acumulación. Para 2026, el equipo económico acordó con el organismo internacional comprar USD 10.000 millones en un escenario base y USD 17.000 millones en uno optimista. A comienzos de junio, BCRA cumplió con la meta de compras, pero sólo computan las reservas netas acumuladas para el cumplimiento del objetivo anual. La meta de reservas netas quedó fijada en USD 8.000 millones para diciembre de 2026.

Del lado de la oferta, el BCRA no tendrá problemas para continuar con las compras. Por parte del campo se espera que se aporten USD 36.000 millones mientras que aún hay giros pendientes de obligaciones negociables que colocaron las empresas y las provincias. De acuerdo con la última exposición de Werning ante inversores en Washington, a mediados de abril quedaban pendientes giros por 3.200 millones de dólares. Además, durante mayo se observó una aceleración en las colocaciones de obligaciones negociables.

La interacción entre las compras del BCRA, las operaciones del Tesoro y el marco regulatorio del acuerdo con el FMI estableció un escenario en el que la acumulación de reservas adquiere centralidad en la agenda económica. Las cifras hasta principios de junio evidenciaron que el cumplimiento de la meta de compras no asegura el logro de la meta de acumulación, dada la estructura de pagos y fuentes de financiamiento que intervienen en el proceso.

La declaración de Werning y los informes de las consultoras privadas coincidieron en que la atención del mercado gira en torno a la dinámica de acumulación efectiva, la evolución de las reservas netas y la capacidad del BCRA para sostener el proceso en la segunda mitad del año, en un contexto de pagos externos y condicionamientos del acuerdo con el FMI.