POLITICA
Cubrir las vacantes judiciales es necesario, pero no suficiente
La Argentina discute permanentemente las decisiones de sus jueces, pero mucho menos cómo llegan esos jueces a ocupar sus cargos. Una parte importante del problema institucional comienza allí.
Hace apenas unas semanas, más de un tercio de los cargos de la Justicia Nacional y Federal se encontraba vacante y 203 ternas esperaban una decisión del Poder Ejecutivo, después de 27 meses sin que se remitiera al Senado un solo pliego de magistrados inferiores. En las últimas semanas esa situación comenzó a revertirse y cerca de 180 designaciones judiciales ya recibieron acuerdo. Es una buena noticia y, al mismo tiempo, una oportunidad para plantear una discusión más profunda: no alcanza con cubrir las vacantes. La discusión de fondo es otra: qué jueces necesita la Argentina, cómo seleccionarlos y qué reglas pueden asegurar que el mérito y la idoneidad sean terminantes.
En ese contexto adquiere particular relevancia la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada 4/2026, que propone un nuevo Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados y lo remite al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La iniciativa tiene una dimensión institucional que excede una modificación reglamentaria. La cabeza del Poder Judicial advierte déficits estructurales en el sistema de selección y propone reglas destinadas a fortalecer el mérito, la idoneidad, la transparencia y la imparcialidad, y a reducir los espacios de discrecionalidad. La propia Corte ha planteado que los principios centrales de la propuesta pueden constituir una referencia para los poderes judiciales provinciales. La propuesta merece ser apoyada.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf), el Colegio de Abogados de la Ciudad, Poder Ciudadano, Unidos por la Justicia, la Usina de Justicia, la Fundación Nuevas Generaciones y más de quince universidades del país expresaron su respaldo a la iniciativa. Juristas como Ricardo Gil Lavedra, Alberto Garay, Alejandro Carrió, Alberto García Lema y Martín Böhmer se manifestaron en el mismo sentido. Fores, institución dedicada desde hace casi cincuenta años al estudio y formulación de propuestas para mejorar el sistema de Justicia, también expresó su apoyo ante el Consejo de la Magistratura y presentó propuestas para perfeccionar la iniciativa.
El punto de partida es sencillo y debería ser indiscutible: la selección de magistrados no es una cuestión corporativa ni un trámite administrativo. Es una cuestión republicana central.
De la calidad de los jueces depende buena parte de la calidad institucional de un país. No hay Estado de Derecho sólido sin jueces independientes, honestos, imparciales, técnicamente capaces, prudentes y comprometidos con el servicio de justicia.
El Consejo de la Magistratura debe cumplir un rol técnico en la selección. No fue concebido para reproducir negociaciones políticas o equilibrios corporativos, sino para identificar, mediante procedimientos públicos, objetivos y controlables, a los candidatos más idóneos para ejercer la función jurisdiccional.
Esto no implica desconocer la dimensión política que la Constitución asigna al procedimiento de designación. El diseño constitucional prevé expresamente una intervención política posterior: el Poder Ejecutivo elige un candidato dentro de la terna y el Senado presta o rechaza el acuerdo.
Precisamente porque esas instancias políticas existen, el Consejo debe preservar con particular rigor la naturaleza técnica de su intervención. Esa es, en buena medida, la razón de ser de su intervención en el procedimiento constitucional de selección. Si la discrecionalidad política determina también quiénes integran las ternas, o si la participación política vuelve a resultar decisiva en esa etapa, la función específica del organismo se desdibuja y la división de responsabilidades prevista por el sistema pierde sentido.
Esta discusión obliga a formular una pregunta adicional que pocas veces aparece cuando se analiza el sistema de selección: ¿qué condiciones deberían reunir quienes tienen la responsabilidad de seleccionar a nuestros jueces?
Se debate extensamente sobre el perfil del magistrado, sus conocimientos, antecedentes, experiencia, independencia y condiciones éticas, pero mucho menos sobre la idoneidad específica de quienes integran el Consejo de la Magistratura y deben evaluar esas cualidades.
La representación de un determinado estamento —jueces, abogados, académicos o representantes políticos— otorga legitimidad para integrar el Consejo en los términos previstos por el diseño institucional, pero no garantiza, por sí sola, idoneidad para seleccionar magistrados.
Seleccionar jueces exige una idoneidad específica: conocimiento del funcionamiento de la Justicia, experiencia profesional relevante, independencia de criterio y una conducta ética irreprochable. Quienes integran el Consejo deberían acreditar, más allá de los requisitos formales de acceso al cargo, una trayectoria compatible con la responsabilidad que van a ejercer: compromiso con la independencia judicial, respeto por las instituciones, integridad, transparencia y dedicación al mejoramiento del sistema de justicia.
La sola pertenencia a uno de los estamentos representados no debería bastar para asumir una responsabilidad de esa magnitud. Un buen reglamento y altos estándares para los postulantes resultan insuficientes si no se presta la misma atención a la idoneidad y a la ética de quienes deben evaluarlos.
Esto conduce a otra discusión central que la Acordada de la Corte coloca acertadamente sobre la mesa: qué debemos entender realmente por mérito e idoneidad judicial.
Durante mucho tiempo, el sistema de concursos tendió a construir una idea excesivamente formal o academicista del mérito. Se multiplicaron las grillas de antecedentes, cursos, títulos, publicaciones y actividades docentes como variables relevantes de evaluación. Pero la magistratura no es una carrera académica. Es una función pública cuyo cometido esencial es resolver conflictos concretos de personas concretas.
Un buen juez necesita sólidos conocimientos jurídicos. Pero solo eso no alcanza. Debe saber conducir procesos, administrar un tribunal, gestionar equipos de trabajo, cumplir plazos razonables, tomar decisiones bajo presión, actuar con prudencia, preservar su independencia y mantener una conducta ética irreprochable. Debe saber escuchar, decidir y explicar. Y, fundamentalmente, comprender que la Justicia es un servicio que tiene como destinatarios a los ciudadanos.
Por eso, el nuevo sistema debería otorgar mucho más peso al desempeño real de quienes ya integran el Poder Judicial.
Una parte significativa de los postulantes a cargos judiciales proviene del propio sistema: jueces, secretarios y funcionarios. En esos casos existe información objetiva sobre cómo han trabajado durante años. El Poder Judicial dispone —o debería disponer sistemáticamente— de estadísticas de gestión, niveles de mora, cumplimiento de plazos, volumen y complejidad de trabajo, confirmaciones y revocaciones de resoluciones, nulidades, funcionamiento de las oficinas, antecedentes disciplinarios y datos sobre capacidad de gestión.
Resulta difícil justificar que esa información tenga menos incidencia en un concurso que la acumulación de certificados, publicaciones o actividades académicas. Si el postulante ya cumple funciones dentro del Poder Judicial, importa saber cómo administra una oficina, cuánto demora en resolver, cómo conduce sus equipos, cómo cumple sus obligaciones y cuál es la calidad de sus decisiones. Deben valorarse, asimismo, su comportamiento institucional, el trato con abogados, litigantes y auxiliares de justicia, su independencia de criterio y su conducta ética.
El objetivo no debe ser seleccionar al postulante con el currículum más extenso. Debe ser seleccionar al mejor juez.
Ese cambio de criterio generaría, además, un incentivo saludable dentro del propio Poder Judicial: gestionar correctamente un tribunal, resolver en tiempo razonable y brindar un buen servicio de justicia debería tener tanto o más valor para progresar en la carrera judicial que acumular antecedentes académicos.
La discrecionalidad en los concursos
La reforma propuesta por la Corte procura, a su vez, reducir espacios de discrecionalidad que durante años han erosionado la credibilidad de los concursos.
La entrevista personal es un ejemplo claro.
Puede ser una instancia útil para conocer aspectos que difícilmente surjan de un examen escrito: templanza, claridad conceptual, comprensión del rol judicial, capacidad de comunicación, prudencia o independencia de criterio. Pero, precisamente por su naturaleza complementaria, no puede convertirse en una herramienta para alterar discrecionalmente el orden de mérito construido mediante las instancias técnicas anteriores.
La Acordada 4/2026 identifica expresamente este problema y propone limitar la incidencia de la entrevista, establecer pautas tasadas y evitar que pueda modificar sustancialmente el resultado técnico del concurso.
El mismo principio debe regir la conformación de las ternas y el uso de listas complementarias. De poco sirve objetivar las etapas de antecedentes y oposición si, al final del proceso, mecanismos discrecionales permiten alterar sus resultados.
Si eso ocurre, la política vuelve a entrar por la ventana después de que la reforma constitucional intentó limitar su influencia mediante la creación del Consejo de la Magistratura.
La reciente cobertura de vacantes deja, además, una enseñanza. Que en pocos meses hayan podido avanzar cerca de 180 designaciones constituye un progreso evidente frente a la situación crítica existente a comienzos del año.
Durante 27 meses, el Poder Ejecutivo no remitió al Senado pliegos para cubrir cargos de jueces inferiores. Luego, por una decisión política, el procedimiento volvió a activarse y una cantidad significativa de vacantes comenzó a cubrirse.
No se trata de juzgar una administración determinada, sino de advertir una debilidad institucional. La Constitución atribuye al Poder Ejecutivo la facultad de seleccionar a uno de los candidatos de la terna y solicitar el acuerdo del Senado. Esa atribución constitucional conlleva también una responsabilidad. Una demora prolongada en la cobertura de vacantes afecta el funcionamiento del servicio de justicia y agrava un problema que el procedimiento de selección debería contribuir a resolver.
La experiencia reciente demuestra que mejorar los concursos es una condición necesaria, pero no suficiente. Cada uno de los actores que intervienen en el procedimiento debe asumir la responsabilidad que le corresponde. La acumulación de vacantes no es una cuestión administrativa: termina afectando el funcionamiento de la Justicia.
En ese sentido, son particularmente valiosos los concursos anticipados que impulsa la propuesta de la Corte. Pueden contribuir a reducir demoras, mejorar la planificación y disponer de candidatos evaluados antes de que las vacantes se conviertan en una emergencia institucional. Tienen, además, otra ventaja: permiten desvincular la selección de magistrados de una vacante concreta y, eventualmente, de causas sensibles que tramiten ante determinado tribunal.
La transparencia constituye otro eje de cualquier reforma seria.
La mera disponibilidad formal de información ya no es suficiente. Es necesario avanzar hacia una verdadera transparencia activa: legajos digitales auditables, publicidad accesible de antecedentes, criterios de evaluación previamente conocidos, trazabilidad de las decisiones, evaluaciones orales públicas y mecanismos que permitan controlar efectivamente cada etapa del concurso.
La transparencia debe permitir que los postulantes conozcan de antemano las reglas y que la ciudadanía pueda comprender y controlar cómo se selecciona a quienes ejercerán la magistratura.
Existe, finalmente, una dimensión que ninguna grilla puede medir por sí sola y que resulta esencial: la ética y la independencia judicial.
La independencia no comienza el día de la jura. Debe estar presente desde el procedimiento de selección. Son indispensables reglas estrictas sobre conflictos de interés, recusaciones, excusaciones y vínculos entre evaluadores y postulantes.
Un juez puede tener una sólida formación jurídica y una trayectoria académica destacada. Pero si no es independiente, honesto e imparcial, no reúne las condiciones esenciales para ejercer la magistratura. Sin imparcialidad no hay justicia.
La Argentina tiene hoy una oportunidad poco frecuente. Después de años de acumulación de vacantes, el proceso de designaciones volvió a ponerse en marcha. Al mismo tiempo, la Corte Suprema impulsó una reforma profunda del sistema de concursos y el Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis esa propuesta.
La discusión, por lo tanto, no puede reducirse a cuántos cargos logramos cubrir. Importa cómo seleccionamos a quienes los ocuparán y, con la misma seriedad, qué condiciones exigimos a quienes tienen la responsabilidad de seleccionarlos.
La reforma propuesta por la Corte ofrece una oportunidad para fortalecer el carácter técnico de los concursos, reducir la discrecionalidad y recuperar una concepción sustantiva de la idoneidad judicial. El Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad institucional de no desaprovecharla.
Cubrir las vacantes es indispensable, pero no suficiente. La Argentina necesita seleccionar a los mejores jueces mediante procedimientos capaces de generar confianza. Porque la calidad de la Justicia de las próximas décadas dependerá, en buena medida, de la calidad de las decisiones que tomemos hoy para elegir a quienes deberán impartirla.
El autor es abogado, magíster en Derecho Penal, exsecretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia (2017-2019)
Martín Casares,LA NACION,Política
POLITICA
El Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán su autorización final
El Gobierno del Reino Unido confirmó este jueves que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, un dato que ubica a Londres como autoridad final sobre los permisos petroleros futuros en momentos de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
La definición había sido adelantada el 15 de septiembre ante la Cámara de los Comunes y se formalizó ahora en una respuesta parlamentaria ante la Cámara de los Lores.
La respuesta oficial del 1 de octubre precisa que, aunque el gobierno de las islas conserva la responsabilidad sobre el marco regulatorio y ambiental, ninguna licencia nueva puede emitirse sin la aprobación final del secretario de Estado británico, un requisito que Londres ya había mencionado ante la Cámara de los Comunes el 15 de septiembre. Lo que en la superficie podía leerse como un respaldo diplomático a lo que resuelven los isleños se confirma, en los hechos, como una supervisión directa del Gobierno central, que se erige en filtro último de cualquier autorización futura.
Una pregunta en los Lores destapó el mecanismo
La aclaración llegó como respuesta a una consulta formal del conservador Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, presentada el 17 de septiembre y registrada en el sistema de preguntas parlamentarias del Reino Unido bajo el identificador HL3722. El legislador había pedido precisiones sobre las evaluaciones de impacto ambiental de los nuevos yacimientos y sobre el respaldo del Gobierno británico al desarrollo de esos proyectos. El planteo, dirigido en un primer momento al Ministerio para la Seguridad Energética, terminó derivado al Foreign Office.
La respuesta estuvo a cargo de Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento. “El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales. Este derecho es fundamental para su autodeterminación, que este Gobierno defenderá con firmeza”, sostuvo el funcionario, según consta en el sitio oficial del Parlamento británico. A continuación, formalizó el punto central: “Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado, quien actúa de conformidad con la legislación aplicable de las Islas Malvinas; no emitimos comentarios sobre licencias individuales”.
El mensaje que Londres envía a la Argentina
Al elevar la decisión sobre nuevas licencias al nivel del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, cargo que ocupa Ed Miliband, el Reino Unido institucionaliza su rol de autoridad final en la materia y envía una señal política precisa hacia Buenos Aires: cualquier cuestionamiento legal o económico a los permisos petroleros ya no se dirige contra el gobierno local de las islas, sino contra el Ejecutivo de Londres. La jugada se produce en paralelo a la ofensiva judicial y diplomática que impulsa la Argentina contra las compañías que operan en la zona.
El Gobierno de Javier Milei denunció penalmente a esas empresas y promovió procedimientos administrativos para sancionarlas. La Justicia Federal de Río Grande, a través de la jueza Mariel Borruto, ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas al proyecto, una medida cautelar que alcanzó perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial. El 3 de septiembre, Milei había anunciado un decreto para endurecer las sanciones contra las compañías que operen en las islas sin autorización argentina, además de un proyecto de ley de defensa de la soberanía y fondos para una base naval en Tierra del Fuego. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó entonces el Presidente.
Sea Lion, el proyecto que queda bajo la lupa
El desarrollo de Sea Lion, el mayor emprendimiento petrolero previsto en aguas próximas al archipiélago, opera bajo licencias ya existentes y no bajo un permiso nuevo. Por esa razón, Londres evitó precisar si el secretario de Estado intervino en la aprobación de su programa de producción, informó Mercopress. La administración de las islas había aprobado en diciembre de 2025 las fases uno y dos del Northern Development Area, el área septentrional del proyecto, aunque un documento posterior de su Consejo Ejecutivo reconoció que aún restaban “numerosos” permisos y consentimientos regulatorios antes de alcanzar el primer petróleo.
Navitas Petroleum, la operadora israelí del emprendimiento, posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35% restante. La primera etapa contempla 11 pozos submarinos conectados al buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, a los que se sumarían otros 12 en una segunda fase. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028, con una estimación oficial de USD 2.000 millones en regalías durante 30 años, según había informado Infobae.
Autodeterminación contra soberanía bilateral
El Reino Unido sostiene que los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales bajo el principio de autodeterminación, una posición que reafirmó Wood of Anfield en su respuesta a Moynihan. La Argentina rechaza que ese principio sea aplicable al caso y sostiene que existe una disputa bilateral de soberanía reconocida por la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965 a partir del Alegato Ruda, que calificó la situación del archipiélago como colonial y llamó a resolverla mediante negociaciones entre ambos países. Con la centralización del mecanismo de licencias en el Foreign Office, ese litigio diplomático suma ahora un frente adicional: el de la autoridad administrativa directa de Londres sobre cada nuevo permiso de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
Diplomacy / Foreign Policy,Energy Markets,Environment,LEGACY: Financials (TRBC),Financials (TRBC level 1),South America / Central America
POLITICA
Elecciones en Brasil: el Gobierno prevé que Lula gane la primera vuelta y que Bolsonaro tenga ventaja en un balotaje
En el entorno del presidente Javier Milei afirman que el escenario más probable para las elecciones de Brasil de este domingo es que el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sea el candidato más votado. Ese resultado, sin embargo, no le alcanzaría para poder imponerse en primera vuelta, lo que implicaría una segunda vuelta con su más inmediato competidor, Flávio Bolsonaro. Aunque el panorama para esa instancia sigue sin ser claro, en la Casa Rosada creen que la inercia que lleva el postulante opositor podría ser determinante.
“Nosotros vemos a un Lula claro ganador en primera vuelta, pero a Bolsonaro con mayores probabilidades de poder ganar una segunda”, afirman en la Casa de Gobierno. Quedó lejos el escenario que se evidenciaba dos meses atrás, cuando viajó personalmente a Brasil para asistir al acto de lanzamiento de Flávio. En ese entonces, el presidente brasileño parecía tener un panorama completamente favorable para ambas instancias; pero la diferencia se redujo de manera considerable con el pasar de las semanas.
En la Casa Rosada evitan hacer una proyección de números y prefieren hablar de tendencias. A diferencia de otras semanas, diversos funcionarios del Ejecutivo y dirigentes del entorno libertario optaron por no emitir demasiados comentarios respecto al desarrollo de los comicios.
Quien sí realizó comentarios fue el propio Milei durante una entrevisa con el medio francés Le Point, el cual fue publicado este martes, horas antes de que arribara a París para participar del Argentina Week. Allí volvió a calificar al mandatario brasileño de “ladrón” y lo acusó de haber salido de prisión “por un tecnicismo administrativo orquestado por un juez cómplice [en alusión al juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, Alexandre de Moraes]”.
En el reportaje, Milei también volvió a acusar al gobierno de Lula de haber realizado una interferencia en la campaña presidencial del 2023 y de haber querido perjudicarlo. “Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí”, sostuvo el mandatario. Hasta el momento, las denuncias han sido todas declamatorias y ninguna se realizó en el plano judicial.
Infobae pudo saber que estas declaraciones no cayeron bien en el Palacio do Planalto, la sede del Ejecutivo brasileño. “La situación dista de ser ideal. De nuestra parte existe una intención de resguardar el vínculo”, marcó una fuente gubernamental del país vecino. Es por ese motivo que han tomado la decisión de que el embajador en la Argentina, Julio Bitelli, no vuelva a nuestro territorio, de mínima, hasta después de las elecciones.
En la Casa Rosada tienen la misma postura. El embajador en Brasil, Daniel Raimondi, no tiene fecha prevista para retornar a la sede diplomática en Brasilia. “El estatus que se va a mantener entre ambos países va a ser como el que se mantuvo en el último tiempo, a nivel de Encargados de Negocios”, respondieron en el Gobierno.
El Ministerio de Seguridad Nacional que comanda la ministra Alejandra Monteoliva ordenó un refuerzo de la cobertura sobre las sedes diplomáticas que tiene Brasil en Argentina. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que hay 13.138 personas habilitadas en el país para votar este domingo: 11.873 en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, 926 en el Consulado General en Córdoba, 236 en el Consulado General en Mendoza, 62 en el Consulado General en Puerto Iguazú y 41 en el Consulado en Paso de los Libres. El horario de votación en la sede de la Capital Federal será entre las 08:00 y las 17:00.
Se prevé que mañana hable el canciller Pablo Quirno y dé su lectura sobre el desarrollo de los comicios. A diferencia de lo que hicieron países como Estados Unidos, Australia, Canadá y el Reino Unido, Argentina no realizó ningún alerta sobre potenciales riesgos a la seguridad de sus sedes consulares.
“Si Estados Unidos recibió alguna amenaza puede estar relacionado a que Lula decidió enfatizar como uno de los ejes del último tramo de su campaña una supuesta injerencia externa en el proceso electoral”, analizó una importante fuente del Ejecutivo Nacional. Y agregó: “Hay cierta apatía de los brasileños en estas elecciones; no vemos riesgo de hechos violentos en las próximas semanas”.
Muy por lo bajo, en la Casa Rosada se ha escuchado a importantes despachos decir que prefieren que gane Lula por sobre Bolsonaro. Es un deseo que no se corresponde con lo que quiere Milei, pero que se funda en la lectura de que una victoria del candidato del Partido Liberal podría opacar el rol del mandatario argentino como líder regional, así como la relación preferencial con Estados Unidos. En particular, quienes miran esto último ven que la economía de Brasil podría tener serias dificultades el año próximo y que podría haber una cierta disputa con el país vecino para recibir algún fondo de contingencia en caso de ser necesario.
Todas estas lecturas podrían ser, cuanto menos, relativizadas. Hay un posicionamiento transversal en el establishment de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei pese a cualquier viraje de gestión en otros países de la región. El interés de Washington sobre la circulación bioceánica sobre la zona de Tierra del Fuego se mira en clave de la disputa geopolítica con China. Es decir, la centralidad va a seguir existiendo de cualquier manera.
Si bien Flavio Bolsonaro tendría una afinidad mucho mayor con la administración Trump, las distancias ideológicas no le han impedido a Lula de tener encuentros de magnitudes. Un mandato del dirigente del PL tampoco podrá relegar de su vínculo con China: no ha propuesto romper su pertenencia al BRICS y una parte significativa de sus exportaciones de productos primarios se envían a la potencia asiática.
En relación al apoyo económico, la economía brasileña tiene una dimensión que sería prácticamente imposible pensar en un apoyo económico que pudiera ser realista y que no sea cuestionado en la política interna estadounidense. Los eventuales montos que precisaría Argentina son ostensiblemente menores.
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POLITICA
Duro panorama de la Iglesia: "Al Papa lo espera una Argentina en crisis, con una gran cantidad de hermanos muy pobres"
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la próxima visita del papa León XIV encontrará a “una Argentina herida” por la pobreza, la intolerancia y las divisiones políticas, aunque sostuvo que también verá a un país que “no baja los brazos”. Lo dijo tras una misa en la Catedral Metropolitana, en la antesala de la visita del Pontífice y de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján.
El prelado vinculó la convocatoria de este fin de semana con la visita apostólica que León XIV realizará en noviembre y consideró que la marcha hacia la Basílica funcionará como una instancia de preparación. Este año, Luján espera la llegada de más de un millón de peregrinos, mientras que la organización desplegará un operativo con miles de voluntarios y la participación de gobiernos nacionales, provinciales y locales.
García Cuerva definió a la Argentina como un país “herido” por la división
Consultado sobre el escenario que encontrará el pontífice, García Cuerva señaló que la polarización política y social impacta de forma directa en la vida cotidiana. “Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida, con esa famosa grieta”, expresó ante la prensa.
“Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día. Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, continuó con su diagnóstico.
Y completó: “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”.
No obstante, destacó la respuesta de la sociedad y su capacidad de resiliencia: “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”.
La peregrinación reunirá a fieles durante 60 kilómetros entre Liniers y Luján
La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado 3 de octubre a las 10, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. El recorrido hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján abarca unos 60 kilómetros y culminará el domingo 4 con la misa central, prevista para las 7 frente al templo.
La edición de este año tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”. García Cuerva presidirá la celebración central del domingo y también encabezará una misa durante la noche del sábado, a las 23.30. Peregrinación a Luján: el operativo, las recomendaciones y todo lo que hay que saber antes de comenzar la caminata
Durante la conferencia de prensa, el arzobispo sostuvo que habrá más de 20.000 voluntarios involucrados en la organización y remarcó la coordinación entre la Iglesia y las autoridades. “Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, señaló.
La experiencia servirá para preparar la misa de León XIV en noviembre
La llegada de los peregrinos será además una prueba para el esquema logístico que se prepara ante la visita papal. León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el programa oficial difundido por el Gobierno nacional. Se confirmó la agenda del Papa en Argentina: el lunes 9 de noviembre a las 11:30 será la misa multitudinaria en Palermo
El pontífice celebrará una misa frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre, en la última jornada de su estadía. Las autoridades locales calculan que la convocatoria podría oscilar entre uno y dos millones de fieles, por lo que se proyecta un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de asistentes. Luján espera a millones de personas por la visita de León XIV: “Estamos más que colapsados”
García Cuerva consideró que el viaje de León XIV tendrá un carácter pastoral y que dejará desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, dijo, al referirse al compromiso que deberán asumir los fieles una vez finalizada la visita.
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