La situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comienza a complicarse rápidamente. Las explicaciones públicas que esbozó para justificar su incremento patrimonial no solo parecen resultar insuficientes, sino que abrieron la puerta a la comisión de otros delitos.

Pero desde el punto de vista político, además, significó un cambio en la actitud de varios bloques parlamentarios que entienden que es momento de avanzar sobre el Jefe de Gabinete. Por eso, hay dos pedidos de sesión especial para el martes 24 de junio con el fin de intentar aplazar a las comisiones que deben dictaminar sobre la posibilidad de llevar adelante una moción de censura.

“Nos podemos hacer los bobos una vez, dos, pero no siempre. Este tipo vino acá y nos mintió, nos dijo barbaridades, y después va a los medios y para cubrirse nos trata a todos de chorros, es una locura”, dijo a Infobae un diputado de la oposición dialoguista que asegura que, si su bloque define acompañar, lo va a hacer con “mucha felicidad”.

Hasta ahora los pedidos de sesión llevan la firma de miembros de los bloques de Unión por la Patria, Izquierda Unida, Unidos, Coalición Cívica, Coherencia, Defendamos Córdoba y Primero San Luis. En total, todos estos bloques si tienen asistencia perfecta reúnen 120 diputados, a nueve del quórum necesario para abrir la sesión y emplazar a las comisiones que comanda La Libertad Avanza para tratar los 6 proyectos de interpelación y moción de censura contra Adorni.

“Creemos que estamos más cerca del número porque hay legisladores provinciales que dicen que van a estar”, señaló uno de los firmantes del pedido de sesión que se muestra optimista.

Para alcanzar el número, la oposición necesita que tres de los bloques que acompañan al oficialismo presten parte de sus diputados: 12 del PRO, 9 de Innovación Federal y 6 de la UCR.

“Si nos remitimos a los comunicados de los partidos deberían estar porque ahí dicen que Adorni no cumple con los requisitos para ser Jefe de Gabinete. Pero hay que esperar», señalaron.

El partido que conduce Mauricio Macri, quien se encuentra de recorridas por diferentes localidades del país, publicó un comunicado oficial donde calificaron las omisiones de Adorni como “una falta grave”. Y agregaron: “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

Por su parte, el radicalismo también emitió un comunicado en donde dice que “las declaraciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son incompatibles con la ejemplaridad de quien ocupa una de las máximas responsabilidades institucionales de La República”. Y luego suma: “Los hechos son de extrema gravedad. Adorni sostuvo públicamente y ante el propio Congreso de la Nación, que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

En muchas ocasiones lo que dicta el partido nacional no es el camino que eligen sus legisladores. Sin embargo, altas fuentes de la UCR confiaron a Infobae que el fuerte comunicado contó con “la anuencia de Pamela Varesay”, la presidenta del bloque en la Cámara de Diputados y cercana al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Frente a la pregunta sobre si estarían dispuestos a sumarse a la sesión especial para emplazar a las comisiones, desde la sede del partido señalaron que “desconocen” el posicionamiento que tomará el bloque, pero que entienden que “si apoyan el comunicado lo deberían hacer”.

Unos pocos más cautos se mostraron en las filas de los amarillos. Una alta fuente parlamentaria explicó que se iban a “tomar este fin de semana para hacer una ronda de consultas con los gobernadores y afinar una estrategia”.

En la misma línea, una fuente muy cercana al ex presidente Mauricio Macri advirtió: “La intención es esperar para ver cómo se desarrolla ese pedido de sesión especial y, con un panorama más claro del número con el que cuenta la oposición, vamos a tomar una decisión”.

En el Senado apuran una única sesión para interpelar y votar una posible destitución del Jefe de Gabinete. En Diputados el camino parece más largo, pero buscan el mismo resultado. Todo dependerá de los partidos que hasta ahora se mostraron más cercanos al oficialismo y, como siempre, de las necesidades de los gobernadores.

Comenzaba el Mundial. La pelota empezaba a rodar en el estadio Azteca, en el debut de México frente a Sudáfrica, y parecía soplar un aire fresco capaz de desviar la atención hacia otro lado. Todo indicaba que la semana terminaba de manera ideal para el Gobierno. Pero siempre hay un pero.

El Indec informó que la inflación de mayo fue de 2,1%; el riesgo país descendió a 443 puntos, su nivel más bajo desde 2018 (el viernes bajó un poco más hasta los 433), y las acciones registraron fuertes subas.

Sin embargo, hubo dos notas disonantes. Manuel Adorni presentó su declaración jurada, pero no logró despejar las sospechas sobre su patrimonio. Desde la Justicia dejaron trascender que consideran que la presentación no resulta suficiente y que deberá acreditar en el expediente cada uno de los movimientos que declaró ante ARCA.

A eso se sumó una crítica de Patricia Bullrich, quien sostuvo que la conducta del funcionario no había sido un error sino una grave omisión ética, lo que generó malestar en Karina Milei. En paralelo, el PRO difundió un comunicado reclamando al Gobierno que cuide el cambio.

Como viene ocurriendo desde hace meses, la política volvió a opacar a la economía. Lo que para Javier Milei debía ser una jornada de euforia terminó atravesado por el caso Adorni.

Las olas cruzan el barco

Durante el Mundial, el Gobierno intentará sostener el impulso político y mantener activo al Congreso.

Hay previstas al menos dos sesiones. Una en el Senado la próxima semana, donde el oficialismo todavía no logra reunir los apoyos necesarios para avanzar con la derogación de las PASO. La otra será el 24 de junio en Diputados, con el objetivo de impulsar el denominado super-RIGI.

Milei necesita ordenar rápidamente sus alianzas y despejar incertidumbres dentro de su propio espacio. Karina Milei concentra buena parte del armado nacional, pero alrededor del Presidente aparecen focos de tensión que quizás no puedan disputarle el liderazgo de la centroderecha, aunque sí generarle desgaste político.

Mauricio Macri parece alimentar una aspiración de regreso. Todavía no la explicita, pero tampoco la descarta. Mientras tanto, sus cuestionamientos al Gobierno son cada vez más frecuentes. El PRO, que busca posicionarse como una alternativa dentro del mismo electorado, aprovechó el caso Adorni para marcar diferencias. Por eso el comunicado posterior a la declaración jurada sostuvo que la omisión del jefe de Gabinete constituye “una falta grave” y pidió “no frenar el cambio”. Además, esta semana Macri afirmó que “la calidad del ajuste es baja”.

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Por otro lado, Bullrich respondió a una ironía de Macri y aseguró que “no está lanzada” electoralmente y que forma parte del proyecto de Milei. La ministra es observada como una dirigente de fino instinto político. En Balcarce 50 le celebraron recientemente su cumpleaños, aunque persisten algunas desconfianzas.

El lunes pasado, Karina Milei organizó una cena con diputados de La Libertad Avanza. También participaron Martín Menem y Sandra Pettovello. Durante el encuentro, la secretaria general de la Presidencia insistió en la necesidad de trabajar en equipo por la reelección de Milei.

La presencia de Pettovello alimentó distintas especulaciones. Una de ellas apunta a que podría convertirse en la próxima jefa de Gabinete, en reemplazo de Adorni. El funcionario manifestó que le gustaría continuar en el cargo, aunque la decisión final depende exclusivamente del Presidente. También circula otra hipótesis: que Pettovello pueda integrar una futura fórmula presidencial junto a Milei en 2027.

En el intento de recuperar iniciativa parlamentaria reapareció el debate sobre las PASO. Diego Santilli trabaja para reunir apoyos que permitan eliminarlas, aunque los números todavía no alcanzan. Bullrich propuso una alternativa: derogar las primarias y rehabilitar las colectoras para facilitar acuerdos electorales entre distintos espacios. La idea sigue bajo análisis.

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En medio de ese escenario, el caso Adorni volvió a elevar la tensión política. El jefe de Gabinete expresó su voluntad de continuar cuando anunció que concurrirá al Senado en julio. Victoria Villarruel le recordó mediante una nota formal que debería presentarse este mismo mes, ya que no lo hace desde que asumió en noviembre de 2025.

Una eventual sesión en el Senado con el tema todavía abierto podría transformarse en un escenario especialmente incómodo para el oficialismo.

Además, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica solicitaron una sesión especial en Diputados para interpelar a Adorni e impulsar una moción de censura. Se trata de un mecanismo constitucional que podría derivar en su remoción con el aval de ambas cámaras. La iniciativa difícilmente prospere porque no cuenta con los votos necesarios. Sin embargo, la sola discusión del tema representa un desafío político para el Gobierno.

Adorni ante la Justicia y los números de la economía

La estrategia de defensa de Adorni fue clara. Eso no implica necesariamente que resulte convincente.

Con asesoramiento de contadores, rectificó declaraciones ante ARCA y sostuvo que poseía cerca de medio millón de dólares ahorrados que no había declarado oportunamente. Su planteo busca demostrar que esos fondos no provienen de una dádiva ni de un enriquecimiento ilícito, sino de ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas que nunca fueron informadas.

“No soy chorro”, repitió en una entrevista al intentar defenderse públicamente.

Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó las declaraciones juradas de Adorni y de su esposa. El funcionario deberá demostrar que todo lo informado ante ARCA es correcto. En ámbitos judiciales consideran que los números presentan inconsistencias y sospechan que las declaraciones podrían constituir un dibujo contable.

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Cuando la Justicia le requiera explicaciones detalladas sobre su patrimonio, deberá acreditar la trazabilidad de cada operación y justificar, entre otros puntos, el origen y las ganancias obtenidas mediante inversiones en criptoactivos.

Si logra demostrarlo, la causa por enriquecimiento ilícito podría cerrarse. Si no lo consigue, podría ser citado a declaración indagatoria.

Milei, por ahora, lo sostiene en el cargo. Sin embargo, dentro del Gobierno hay funcionarios que se preguntan cuánto costo político puede generar la continuidad de una situación judicial tan compleja. Incluso si logra justificar su patrimonio, el proceso podría seguir afectando a la administración.

Mientras tanto, los datos económicos continúan siendo el principal argumento del oficialismo.

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El mejor indicador de la semana fue la inflación de mayo. El IPC se ubicó en 2,1%, por debajo del 3,4% de marzo y del 2,6% de abril. También resultó inferior al promedio proyectado por el REM del Banco Central. El resultado había sido anticipado por la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que registró el mismo nivel.

El otro dato destacado fue la caída del riesgo país a 443 puntos, uno de los valores más bajos de la gestión Milei. El descenso se produjo después de que S&P mejorara la calificación de la deuda argentina.

Además, el Gobierno comenzó a convocar a 446 gremios y empresas para renegociar convenios colectivos considerados obsoletos. También destacó una reducción de la pobreza infantil, que pasó del 52,7% en 2024 al 42,3% este año. A la vez, Vaca Muerta y la minería acumulan exportaciones por 8200 millones de dólares en lo que va del año, una cifra similar a la generada por el agro.

Las señales negativas llegaron desde la industria y la construcción. Ambos sectores habían mostrado mejoras en marzo, pero en abril registraron una caída interanual de 2,8% y también retrocesos en la comparación mensual.

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“La economía crece”, sostiene el ministro de Economía, Luis Caputo, quien propone observar la serie tendencia-ciclo para analizar la evolución de la actividad. Sin embargo, algunos sectores continúan exhibiendo comportamientos irregulares.

El REM también contiene otro dato alentador para el Gobierno: las proyecciones indican que el PBI del segundo semestre será superior al del primero. La actividad continúa expandiéndose, aunque de manera heterogénea y con beneficios concentrados en determinados sectores.

Un estudio de Empiria sobre el ranking productivo provincial sostiene que existe una transformación de la estructura productiva con impactos sectoriales y geográficos desiguales. Conviven sectores ganadores, como energía, minería y agro, principalmente localizados en la región cordillerana y la pampa húmeda, con otros rezagados, como construcción, industria y comercio, concentrados en grandes centros urbanos.

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El informe ubica a la Ciudad de Buenos Aires y a Neuquén en los primeros lugares del ranking, mientras que Formosa y La Rioja aparecen en las posiciones más rezagadas. Según el trabajo, la Ciudad lidera por su capacidad productiva, tamaño de mercado, inversión en obras públicas y nivel educativo. Neuquén se destaca por la atracción de inversiones y los proyectos vinculados al RIGI.

La provincia de Buenos Aires, en cambio, presenta debilidades en capacidad productiva y atracción de inversiones, aunque mantiene ventajas vinculadas a su tamaño de mercado y cercanía a los principales centros de consumo.

La pelota ya rueda y muchos esperan que el Mundial aporte una bocanada de aire fresco. Sin embargo, por ahora, la política sigue opacando los logros económicos que el Gobierno intenta exhibir.

Javier Milei, Manuel Adorni, La Libertad Avanza

El gobierno de Javier Milei presentó sus primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional, según un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares al que accedió Infobae. Fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El texto no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias. Es un marco doctrinario que define qué debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.

Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.

Falencias y dominios

El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en mayo de 1950. Ocho años después, el país ya operaba el primer reactor de investigación de América Latina, construido localmente, y desde entonces acumuló capacidades en operación de reactores, fabricación de elementos combustibles, producción de radioisótopos médicos y exportación de reactores de investigación.

Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.

La nueva arquitectura oficial comenzó el 9 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado difundido entonces por el Palacio de Hacienda, la estructura fue diseñada para supervisar y coordinar el sector con el objetivo de aportar dinamismo y mayor eficacia a la política pública vinculada a la actividad. El titular del flamante organismo es Federico Ramos Nápoli.

De acuerdo con ese mismo comunicado, la Casa Rosada buscó potenciar una tradición de “75 años de historia” y aprovechar recursos como el uranio para posicionar al país como proveedor estratégico internacional de ese mineral. Seis meses después, los lineamientos identificaron tres rasgos que, a juicio de la secretaría, distinguen a la actividad nuclear del resto de las industrias.

El primero es la densidad tecnológica acumulada: un sector nuclear completo integra física aplicada, ingeniería de materiales, química de procesos, sistemas de control e ingeniería de seguridad.

La segunda es la barrera de entrada elevada: construir capacidad nuclear desde cero requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y plazos de entre 15 y 25 años. Los países que disponen de recursos financieros pero carecen de trayectoria nuclear no pueden adquirir ese acceso mediante compra simple; quedan estructuralmente condicionados a depender de los pocos que sí poseen las capacidades. Argentina ya está del lado favorable de esa barrera.

La tercera es el carácter de infraestructura crítica de seguridad nacional: la operación nuclear involucra materiales fisionables y compromisos de no proliferación, es decir, no concentrar uranio 235 a nivel militar —esto es, al noventa por ciento para fabricar armas atómicas—, una responsabilidad que el país cumple desde la creación de la CNEA y que únicamente el Estado puede asumir, lo que hace imposible la delegación pura al mercado.

A esas tres características se agrega la posición geopolítica favorable de Argentina: está fuera de las zonas de conflicto que afectan al sector nuclear global, no mantiene tensiones con potencias nucleares y combina capacidad técnica acumulada con estabilidad geopolítica, “una combinación que pocos países del mundo presentan simultáneamente”, según el texto.

Las nueve potencias nucleares que poseen armamento atómico de destrucción masiva son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe 2026 asegura que estos estados poseen un inventario global de aproximadamente 12.187 ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos concentran casi el noventa por ciento de ese arsenal.

Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables

Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.

El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.

El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.

La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.

El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.

El liderazgo regional, establece el documento, se construye mediante oferta de valor sostenida en el tiempo, no mediante imposición de modelos ni dependencias asimétricas. A nivel global, Argentina ofrece su trayectoria de uso pacífico y cumplimiento riguroso de los regímenes de no proliferación como activo de credibilidad institucional.

El precio del uranio, la IA y la geopolítica

Los lineamientos sitúan esta política en una “cuarta fase” del sector nuclear global iniciada alrededor de 2020. El texto repasa la secuencia marcada por el accidente de Chernobyl en 1986, la hibernación posterior a Fukushima entre 2011 y 2020 y la recesión que llevó el precio del uranio a USD 18 por libra en 2016; diez años después, afirma, ese valor casi se triplicó y hay cerca de 70 unidades adicionales en construcción en el mundo.

El primer factor que explica la oportunidad, según el documento, es la reestructuración de las matrices energéticas. La transición hacia bajas emisiones requiere generación firme y despachable, y la energía nuclear aparece allí como la única opción industrialmente probada a escala global para ese segmento.

El segundo factor es el aumento de la demanda eléctrica asociada a centros de cómputo vinculados con inteligencia artificial. El texto sostiene que esas cargas requieren suministro continuo y altos estándares de confiabilidad, un perfil que se alinea con la generación nuclear y, en particular, con los reactores modulares pequeños aún en proceso de maduración comercial.

El tercero es el reposicionamiento geopolítico de las cadenas del ciclo del combustible. El documento describe una transición desde un mercado optimizado por costo hacia otro segmentado por confiabilidad geopolítica, y señala que capacidades críticas como la conversión y el enriquecimiento estaban concentradas en pocos proveedores, algunos hoy afectados por tensiones políticas que empujan a las economías occidentales a buscar diversificación.

Aunque no los menciona de manera expresa, el propio texto permite identificar a actores como la empresa rusa Rosatom y a Kazajistán por su peso en el abastecimiento global y por el impacto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. En menor medida, la descripción también remite a la concentración de oferta en China.

El documento agrega dos señales financieras e institucionales del cambio global: el Banco Mundial levantó su prohibición de financiar proyectos nucleares y la Corporación Andina de Fomento estrechó vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de Naciones Unidas y está conducido por el diplomático argentino Rafael Grossi.

Ingresos claros

La estrategia oficial promueve una convergencia progresiva hacia esquemas de articulación público-privada similares al de CONUAR S.A., una empresa con capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA que opera desde hace más de cuatro décadas. La conformación accionaria propuesta prevé al socio privado como aportante mayoritario del capital y a la CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado.

Los seis principios rectores del documento refuerzan esa lógica. El primero establece que la validación de proyectos debe basarse en criterios comerciales y afirma: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.

El segundo sostiene que la autonomía nuclear se demuestra con entregas efectivas y no con declaraciones públicas. “Argentina dejó de necesitar esa retórica en el momento en que adquirió capacidad técnica real”, señala el texto.

El tercer principio indica que la continuidad institucional sin resultados verificables es inercia y no virtud. El cuarto fija que el sector existe para producir, abastecer y exportar, y relega la investigación a un papel legítimo pero subordinado a esa finalidad productiva.

El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.