El fuerte y masivo recorte del gasto público, firmado ayer por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el jefe de gabinete Manuel Adorni y publicado en el Boletín Oficial, genera desconcierto y preocupación entre los ministros de Javier Milei.

Sin críticas públicas al mega recorte, que modifica el presupuesto 2026 votado por el Congreso y poda unos $2,5 billones, obligará a la mayoría de los ministros y secretarios a “ajustarse el cinturón”, en momentos de tensión interna por las denuncias judiciales contra el jefe de gabinete por su presunto crecimiento patrimonial y en un contexto de deterioro del sector público, con despidos en diferentes áreas y una caída salarial de 37% en dos años, según datos del Indec.

El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto. La intención es alcanzar el superávit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Estamos analizando las planillas”, fue el latiguillo repetido en dos despachos importantes, cuidadosos con no contradecir las medidas, explicaron a . Desde el Ministerio de Economía se esmeraron por dejar en claro que el recorte “lo definió cada área”.

“Recién me entero, lo voy a ver”, contestó otro funcionario, sin el detalle fino de los recortes, que abarcan todas las áreas del Estado, incluso algunas centrales como Educación (recorte de $78.000 millones), Salud (otros $70.000 millones, incluyendo el PAMI) y Seguridad (unos $25.000 millones en distintos rubros). También se reasignan cerca de $160.000 millones, pero en este caso para solventar un plan de retiros voluntarios en la Anses, otra de las reparticiones en la mira del Ministerio de Economía, donde ya se vive (como en otras reparticiones del Estado) un clima de tensión por los bajos salarios.

En la previa de la nueva Marcha Federal de las universidades por el cumplimiento de la vigente ley de financiamiento educativo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendió el ajuste en su área. “Es una confusión, son fondos del Ministerio de Economía provenientes de un crédito de CAF que se iban a utilizar para obras muy cuestionables en las universidades”, dijo el funcionario hoy en Radio Rivadavia. Entre las universidades más afectadas según las planillas oficiales figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de $1043 millones; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones; Río Cuarto, con $680 millones; y Entre Ríos, con una baja de $540 millones.

Desde el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, explicaron sobre otros recortes en el área educativa, como el plan Nacional de Alfabetización ($35.000 millones), la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente” ($8.929 millones), Infraestructura escolar ($21.000 millones) y el programa de becas estudiantiles ($559 millones menos). “Las modificaciones administrativas responden a un proceso de reorganización y optimización de recursos públicos, orientado a garantizar una gestión más eficiente, transparente y focalizada en resultados”, afirmaron fuentes de ese ministerio.

El Ministerio del Interior fue uno de los más afectados, con un recorte general de $320.000 millones, que incluye transferencias a las provincias para el pago de gastos corrientes. “Estamos bajando el gasto”, señalaron, escuetos y con tono triunfante, cerca del ministro Diego Santilli, que al igual que otros de sus colegas estará hoy por la tarde frente a Adorni y Caputo, en la reunión de mesa política, en Casa Rosada. Desde una de las provincias afectadas reconocieron, sin embargo, que “nos recortan una parte de lo que estaba presupuestado” en el área de obra pública, lo que generará “atrasos” en la ejecución de esas obras.

Los propios ministros, que tenían sus sueldos congelados por orden presidencial, comenzaron a recibir desde enero aumentos “por debajo de la inflación”, según aclararon en el Gobierno, y lo mismo ocurre con los secretarios, con recomposiciones salariales que no cubren los aumentos del costo de vida.

El área de Cultura, que encabeza el secretario Leonardo Cifelli, cercano a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, es otro de los sectores afectados. Sólo en el Palacio Libertad, dónde funciona el Centro Cultural Sarmiento (ex CCK), el recorte alcanza a $2000 millones. “Cada ministerio realizó reducciones y reordenamientos sin alterar sus objetivos estratégicos, y Cultura no es la excepción”, explicaron, diplomáticos, desde la secretaría, que tuvo una poda del 2 % del gasto corriente y del 20 % del gasto de capital. En tren de defender el recorte, fuentes oficiales dejaron en claro que no se salvó ni la Casa Rosada, a cargo de la secretaría general: el recorte alcanza “la puesta en valor de la fachada” del edificio, al que le rebanaron $29 millones, y una cifra similar en la renovación de su red eléctrica. Caputo posdató el pago a la mayoría de los organismos internacionales por un total de $14.786 millones (no figura el FMI en el listado), y se frenaron remodelaciones como el de la estratégica embajada argentina en Washington, con un ahorro proyectado de $5478 millones.

El recorte ejecutado por Caputo y Adorni llega en momentos de tensión interna por la situación de Adorni. La única voz que se alzó, el viernes pasado en la reunión de gabinete ampliada, fue la de la actual jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, dos días después de pedir públicamente que el jefe de gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para despejar sospechas de enriquecimiento ilícito. Milei intentó cortar de cuajo la discusión, y antes de retirarse dejó en claro que Adorni no se irá del Gobierno. Hoy, los integrantes de la mesa política volverán a verse las caras, esta vez con el confirmado ajuste en las cuentas de sus áreas de acción.

CÓRDOBA.- Otras 17 víctimas de la última dictadura, que estaban desaparecidas y cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en La Perla, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los nombres de 16 de ellos fueron dados a conocer por la Justicia Federal de Córdoba en una sala invadida por la emoción y también por la angustia de sus familiares. Uno no se difundió porque su familia pidió reserva.

La Perla fue el campo de detención y torturas más grande del interior del país duranta la última dictadura.

Los nombres confirmados por el juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fueron primero notificados a los familiares y recién hoy difundidos.

Los 16 son Gilbestor Néstor Lellin D´Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

Con fotos y algunos carteles con sus nombres, los familiares siguieron la lectura de la nómina en un silencio solo interrumpido por algunos aplausos para el EAAF. Estas identificaciones se suman a las 12 de comienzos de marzo.

Todas se lograron por las excavaciones ordenadas por la Justicia en la zona de La Perla denominada “Loma del Torito”. La medida se tomó en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

El EAAF trabaja en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

“Cuando íbamos a pedir por nuestros familias nos decían: ‘Si no hay cuerpo no hay delito’. Por eso, con orgullo hoy puedo decir: ¡Que se haga Justicia!“, afirmó en el acto Luis Navarro, hermano de Navarro Moyano, nacido en Ischillín, en el norte cordobés, en 1952.

Era obrero industrial, trabajaba en la empresa Arcor construcciones y militaba en el Partido Comunista (PC). “Piturro”, como le decían sus compañeros, fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977.

“Con este trabajo han recuperado personas”, dijo el hermano de Carlos, tras casi 50 años de búsqueda, y destacó que entre estas personas había estudiantes universitarios, obreros y jóvenes de partidos políticos que estuvieron presentes en la lucha para sacar a la dictadura y sus atrocidades. “Hoy pido que se haga justicia y que se castigue a los que asesinaron a mi hermano y a tantos otros. Que se haga justicia y se encuentren más personas. Son más de 30.000″, afirmó.

Paula Mónaco Felipe tenía menos de un mes cuando secuestraron a sus padres. Quedó al cuidado de su familia. “Después de 48 años de buscar, hoy puedo entender lo que es encontrar. Encontrar a una persona desaparecida es cortar la línea de la crueldad”, afirmó.

Periodista y escritora, añadió que “encontrar es descubrir una inesperada forma de felicidad”. Y dijo: “Esos pedacitos suyos son muy valiosos. Siento que la tierra los guardo y los devolvió”. Elogió el trabajo del EAAF y enfatizó que las identificaciones “llegan cuando los vientos van en contra, con atisbos de fascismo”.

“Queremos que se definan los recursos para encontrar a todos. Que ninguna familia muera sin encontrar a su ser querido. Bienvenidos. Esto no termina acá. Seguimos hasta encontrarles”, planteó.

Graciela Doldán, una de las identificiadas, fue compañera de militancia y amiga de Juan Schiaretti. El exgobernador y actual diputado nacional posteó en domingo, en sus redes sociales: “Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos”.

“Duele profundamente -agregó-, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas». Destacó asimismo “la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, y el profesionalismo y compromiso del EAAF.