POLITICA
Dieter Lamlé: “Las relaciones son buenas, pero falta más confianza y seguridad jurídica en algunos rubros”

“No me quiero ir”, dice Dieter Lamlé con una sonrisa mientras se acomoda en el living de la embajada alemana en Buenos Aires. Luego de tres años encabezando la sede diplomática, y cuando faltan pocos días para regresar a Berlín, el embajador alemán luce relajado y dispuesto a enumerar los avances en la relación bilateral, pero también algunos lunares y deudas pendientes.
“En algunos rubros hay seguridad jurídica, en otros no”, dice el diplomático nacido en Pretoria, en perfecto castellano. “Lo que más falta es la confianza, está regresando poco a poco, pero con las experiencias anteriores en la Argentina eso va a tardar”, completa el embajador.
Más allá de marcar la buena sintonía entre ambos gobiernos –el ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, prevé llegar al país el próximo 1° de julio y verse con el Presidente-Lamlé se permite además defender la libertad de prensa y al periodismo, blanco constante de los ataques del gobierno libertario. “Se necesita libertad para expresar sin ser intimidado. Podemos discutir sobre todo, pero no evitar ni prohibir”, se diferencia de la gestión de Javier Milei.
-Llegó al país en 2023 con un gobierno, luego asumió otro de signo contrario. ¿Influyeron los cambios en su tarea?
-Llegué aquí un día antes de las PASO de agosto, ganó Javier Milei y eso sí cambió nuestra vida profesional y personal. Cómo explicar la nueva Argentina fue la tarea más importante, y un desafío muy grande. Me preguntaban qué iba a pasar, yo les decía que no sabía, al final me decían que para qué me estaban pagando el sueldo si no podía decir nada (risas). Aquí tres meses es una eternidad, en Alemania es el corto plazo. Tenemos relaciones con países, hay un vínculo muy fuerte que no depende de qué tipo de gobierno haya aquí o allá. Somos amigos, socios estratégicos, siempre lo hemos sido y lo seremos. Apostamos por la Argentina, y estamos apoyando al Gobierno desde que llegó.
-¿Y si tiene que hacer un balance, qué logros marcaría y cuáles fueron las deudas pendientes?
-Las relaciones políticas se abrieron de manera muy rápida. Tres cancilleres pasaron en Argentina (y dos en Alemania), todos los cancilleres fueron a la conferencia de Múnich . Milei llegó a Berlín a ver a nuestro canciller anterior, Olaf Scholz, ahora estamos esperando la visita del ministro de Relaciones Exteriores. El canciller (Friedrich) Merz habló con Milei hace dos semanas. Las relaciones son buenas, y lógicamente eso se traslada a la economía y el comercio.
-¿Y en lo económico?
-En lo económico, hemos logrado el primer acuerdo para el gas natural licuado. Vamos a comprar el 80 por ciento de lo que necesitamos y lo llevaremos a Alemania. Es “el hito”, primer contrato de largo plazo, unas 2 millones de toneladas durante ocho años a partir de 2027. El otro punto importante fue que hace poco abrimos la planta automotriz de Mercedes Benz en Zárate, una inversión de 110 millones de euros, con 2500 empleados. El acuerdo UE-Mercosur es otro de los puntos clave en los que hemos avanzado, después de 26 años se pusieron de acuerdo. Es la respuesta europea a los países que suben los aranceles, nosotros los bajamos, apostamos por el mercado libre, no por el proteccionismo.
-Sobre todo un país…
-Sobre todo, dos (se ríe, en relación a Estados Unidos y China). Somos un tercer bloque, con reglas diferentes, y no solo hablamos de aranceles. Son 700 millones de consumidores nuevos, lo que creará un mejor clima para inversiones. Una empresa alemana importó miel sin aranceles de Entre Ríos, una de mis provincias preferidas, y es el primer embarque del acuerdo UE-Mercosur. También trabajamos en garantías del gobierno alemán para compras de maquinaria por parte de los empresarios argentinos.
-¿Están dadas entonces las garantías y la seguridad jurídica para que lleguen grandes inversiones desde Alemania?
Depende del rubro. Todavía en muchos rubros no existe esa seguridad jurídica, por ejemplo, en un proyecto que tenemos de hidrógeno verde, que tenemos un consorcio alemán que estaría dispuesto a invertir, y el Gobierno nos dice que este proyecto estaría incluido en el RIGI. Le decimos que no, porque para entrar en ese régimen se necesita una inversión muy grande al principio. Tal vez en el Super RIGI podamos ingresar, estamos negociándolo.
-¿Hay confianza en la Argentina?
-La confianza necesita tiempo, se está ganando confianza en el sector minero, en el agro, en la infraestructura, pero falta confianza política, legislación, seguridad. Lo que más falta es la confianza, está regresando poco a poco, pero con las experiencias anteriores en la Argentina eso va a tardar.
-No tenemos un buen currículum de antecedentes…
-Los hay mejores (se ríe). Pero algo que sí está cambiando con el gobierno de Milei es que todo el mundo lo conoce, la motosierra y lo que viene detrás, las empresas saben que la Argentina es un país que se está abriendo. El primer año les decíamos wait and see, ahora les decimos wait, see and look, para que miren, examinen dónde se quieren meter y con qué socios. Es un paso mucho más adelante.
-¿Con el acuerdo UE-Mercosur se abre una puerta para las empresas alemanas en Argentina?
-Es una base importante, da la seguridad que no teníamos antes. Es mucho más que aranceles: inversión, seguridad, confianza. Ustedes tienen todo lo que necesitamos y no tenemos: minería, energía, agro, con eso ya somos buenos socios. Tenemos la tecnología de punta, podemos hacer algo con la materia prima, capital humano hay de sobra en ambos países. Tenemos 300 empresas alemanas acá, ninguna crisis los pudo hacer volver. Apostamos también a la educación dual, en el que el trabajador ocupa el 70 por ciento del tiempo en una empresa trabajando, y el 30 estudiando en la universidad o escuela técnica. Varios gobernadores (Córdoba, Mendonza) están muy interesados, se necesita mano de obra calificada, y las puertas están abiertas.
-Uno de los países que pone aranceles altos es Estados Unidos con Donald Trump. ¿Es bueno para un país atarse tanto como lo hace Argentina con EE.UU.?
-No voy a comentar aquí las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Lo que nosotros sufrimos en Alemania fue la dependencia del gas con Rusia. Tuvimos una experiencia muy negativa, y hemos aprendido, nos estamos diversificando, no tenemos solamente un socio, y lo hacemos en todos los sectores.
-La UE está, como la Argentina, haciendo equilibrio entre EE.UU. y China. ¿Cómo se hace?
Ninguno puede no hacerlo, todos necesitamos a Estados Unidos y a China. La pregunta no sería China o Estados Unidos, sino China y Estados Unidos, aunque lógicamente los chinos hace veinte años nos compraban todo lo que les vendíamos y hoy somos competencia, es lo más normal del mundo. No pasamos el mejor momento con Estados Unidos, pero sigue siendo uno de nuestros principales socios comerciales.
-El embajador británico criticó las intimidaciones a la prensa en la Argentina por parte del Gobierno. ¿Qué postura tiene su país en relación a este tema?
-Estamos exactamente en la misma línea que Gran Bretaña y Finlandia. Para nosotros, una prensa libre forma parte indispensable de cualquier democracia. La prensa tiene el rol de informar correctamente, para eso hay que hablar, investigar, discutir contra las fake news, y también formar opinión, se necesita libertad para expresar sin ser intimidado. Podemos discutir sobre todo, pero no evitar ni prohibir. Estamos en contacto con Fopea, tenemos reuniones con periodistas, sabemos que no están muy contentos, y tratamos de apoyar. Lo mismo ocurre con los derechos humanos, corresponde al ADN de Alemania y siempre vamos a estar atentos. La prensa tiene el rol de informar correctamente, para eso hay que hablar, investigar, discutir contra las fake news, y también formar opinión, se necesita libertad para expresar sin ser intimidado. Podemos discutir sobre todo, pero no evitar ni prohibir.”— Dieter Lamlé
-Esa visión de los derechos choca con la postura del Gobierno, que pregona la memoria completa y discute lo ocurrido en los años setenta…
-Ahí también Alemania tiene un legado importante, en la forma en que trabajamos la memoria y la Justicia. Hicimos hace poco en la UBA un taller que relacionaba los 80 años de los Juicios de Nuremberg (contra el nazismo) con los 40 años de los juicios a las Juntas Militares, con juristas, periodistas y académicos. No solamente respetamos esos procesos, también hablamos de ellos, hay que estar muy atentos. La historia no puede escribirse de nuevo, la evitamos si conocemos la verdad.
-¿Le preocupan los índices de pobreza en el país?
-Me preocupa, todos estamos preocupados, espero que la inflación siga en baja y que las nuevas locomotoras agro, minería, energía funcionen. Esto facilitaría generar más empleo.
¿Y qué aprendió en estos tres años?
– A los quince años me preguntaban qué quería ser, y yo les decía embajador en la Argentina. Fue cumplir un sueño, viví muchos años en Perú, y eso me dio sello criollo y el amor al continente. He aprendido muchísimo; las cosas aquí se manejan distinto. Son expertos en flexibilidad, en manejar las cosas a último momento, aunque después termina saliendo bien (se sonríe). Admiro también la resiliencia, aquí están felices con este nivel de inflación, en Alemania sería una catástrofe.
Jaime Rosemberg,Javier Milei,Conforme a,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei,,Un día clave. El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado,,»La tierra no es una mercancía». La Iglesia criticó el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada del Gobierno,Javier Milei,,Drástico cambio en Wall Street. Entusiasma a los grandes bancos una “bala de plata” argentina,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas: un año de prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y el oficialismo resguarda a Adorni,,Análisis. Lo que logró y lo que perdió Milei
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Javier Milei encabezará la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán: la foto con gobernadores y un discurso de 20 minutos

Por la vigilia previa al Día de la Independencia, Javier Milei encabezará un acto en la Casa Histórica de Tucumán, donde se mostrará junto a 12 gobernadores aliados y brindará un discurso para marcar el rumbo del Gobierno de cara a las próximas reformas que promoverá en el Congreso.
Según adelantaron fuentes oficiales, el Presidente llegará a Tucumán a las 23 junto a todo su Gabinete y será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo, la intendenta local, Rossana Chala, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el director del Museo de la Casa Histórica.
La ceremonia continuará con la firma del Libro Histórico, una ofrenda floral a los próceres y el tradicional toque de corneta conocido como Diana de Gloria. En una imagen de alto contenido político, participarán del acto, además de Milei y sus ministros, 12 gobernadores que llegaron invitados por el anfitrión Osvaldo Jaldo, pero también por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En una escena similar a la que se vio en su ceremonia de jura en la Casa Rosada, Santilli logró una convocatoria que incluirá a los mandatarios Alfredo Cornejo (Mendoza); Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca); Carlos Sadir (Jujuy); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Rolando Figueroa (Neuquén); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Leandro Zdero (Chaco); y el mencionado Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Las invitaciones también alcanzaron a otros mandatarios dialoguistas como Leandro Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Alberto Weretilneck (Río Negro), que argumentaron compromisos en sus provincias y dificultades logísticas para excusarse de la convocatoria.
“Va a haber una foto previa a la vigilia con los gobernadores. Nada más”, aseguraron en Balcarce 50 para descartar un encuentro político por fuera del acto. Aún así, el Gobierno conseguirá una imagen que recuerda al Pacto de Mayo firmado en el mismo escenario dos años atrás, cuando Milei logró reunir a 18 jefes provinciales para acordar una serie de 10 puntos sobre el rumbo del país que debían traducirse en proyectos de ley en el Congreso.
Al igual que entonces, la Casa Rosada busca un gesto de respaldo político mientras mientras impulsa una agenda reformista en el parlamento que tiene entre sus puntos centrales la reforma electoral -con la eliminación de las PASO como núcleo-, la reforma al régimen de Zona Fría y las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal.
A esa lista se sumarán una serie de iniciativas adelantadas por Milei que incluyen una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir la emisión monetaria para financiar al fisco y un proyecto inédito que propone “apagar” el Estado cuando se agota el Presupuesto nacional, entre otros puntos.
Esas reformas, la marcha de la economía y el rumbo del Gobierno en esta nueva etapa que inauguró la salida de Manuel Adorni podrían ser los ejes centrales de un discurso de 17 páginas que se extenderá por alrededor de 20 minutos.
Antes, a medianoche, la cadena nacional abrirá con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino frente a la Casa Histórica. Se espera que la cadena nacional se extienda entre las 23.58 y la 01.15.
Además de Milei, sus ministros y los gobernadores, la vigilia también contará con la presencia de figuras del oficialismo en el Congreso, entre ellas el titular de la cámara baja, Martín Menem, mientras que Patricia Bullrich se ausentará por motivos personales.
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Quien sí dirá presente es una adversaria interna del Gobierno, Victoria Villarruel, quien anticipó su presencia en Tucumán tras el tenso reencuentro que protagonizó con Milei en Rosario por el Día de la Bandera. En esa oportunidad, el Presidente volvió a evitar saludar a su vice, mientras que ella se volteó para darle la espalda durante la entonación del Himno Nacional.
Al finalizar la ceremonia, Milei emprenderá inmediatamente su regreso a Buenos Aires para encabezar a la mañana siguiente el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
Javier Milei, 9 de julio
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Un blindaje de dólares para el operativo reelección

La maquinaria del Gobierno concentra su trabajo en un único propósito: la reelección de Javier Milei. Si se examinan esos movimientos aparece un rasgo llamativo: las principales hipótesis defienden como un fenómeno fuera de discusión que Milei ganará los comicios del año que viene. En el peor de los casos, ese designio sólo podría verse contrariado si el Presidente es derrotado por un candidato que garantice igual o mejor que él la continuidad de la actual orientación económica. El optimismo se manifiesta en varios campos. Pero sobre todo en dos: el programa financiero diseñado por el Ministerio de Economía y la ingeniería diseñada por la Casa Rosada para facilitar que los votos de fuerzas que compiten entre sí a nivel provincial confluyan en la fórmula encabezada por Milei.
Es una ley no escrita que cada vez que se acercan las elecciones nacionales los ahorristas e inversores se lanzan a “formar activos externos”. Es el tecnicismo equivalente a “comprar dólares”. El oficialismo actual se ufana de ser distinto de todos los anteriores, en especial en cuestiones económicas. Aun así, sufrió este comportamiento como los que lo precedieron. O aún de un modo más traumático. Antes de los comicios legislativos de 2025 la presión sobre las reservas del Banco Central fue tan fuerte que llegó a contaminar el mercado de bonos: los tenedores de papeles argentinos comenzaron a temer que faltarían dólares para atender sus acreencias. El Gobierno quedó contra las cuerdas y sólo pudo respirar gracias a un auxilio excepcional de Donald Trump, que desembolsó 20.000 millones de dólares para rescatar a su principal aliado sudamericano.
Con la memoria atrapada en esa experiencia, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Finanzas, Federico Furiase, están interesadísimos en demostrar que su gestión está blindada ante el riesgo electoral que plantean las próximas presidenciales. El lunes presentaron el programa financiero oficial para 2026 y 2027. Esa iniciativa es, por sí misma, una novedad. Por primera vez Caputo ofrece una hoja de ruta explícita sobre las necesidades y fuentes del financiamiento oficial. Él siempre ha sido fóbico a ese tipo de ataduras.
Entre todos los datos en los que se sostiene el cálculo del equipo económico, hay dos muy significativos desde el punto de vista político. El primero tiene que ver con la necesidad de hacer frente a los vencimientos previstos para 2027 de bonos emitidos bajo ley local. Representan 4.900 millones de dólares. Una cifra casi equivalente a la que Caputo promete captar emitiendo títulos similares: 5.000 millones de dólares.
Estas previsiones llevan implícita una premisa: desde comienzos de 2027 el mercado en el que se compran y venden esos bonos va a estar tan tranquilo que se podrá resolver ese compromiso sin dificultad. En la suma y resta final, será un rollover. Es decir, prevalecerá la confianza en que la nave se desplazará sin turbulencia alguna.
El cuadro diseñado por Economía presenta otro detalle tranquilizador. Para pagar la deuda en dólares el Tesoro conseguirá que el Banco Central le venda 4.900 millones de dólares. Esta operación supone algo obvio: que el Central dispondrá de esa suma para atender las necesidades financieras de Hacienda. Dicho de otro modo: en el mercado de cambios reinará la serenidad debido a que los ahorristas o inversores no querrán pasarse de pesos a dólares. Para seguir con la jerga de los especialistas: no habrá “creación de activos externos”.
La lectura política en la que se sostiene el programa financiero presentado por las autoridades es coherente con las afirmaciones habituales de Caputo: no hay posibilidad alguna de que el electorado decida un cambio y prefiera un candidato volcado hacia el populismo económico. En otras palabras, el “riesgo kuka” se ha reducido a cero. Por eso los bonos que vencen serán rescatados con papeles similares que todo el mundo aceptará y por eso al Central le sobrarán divisas para prestar al Tesoro en el momento de pagar la deuda. Esa paz financiera sólo es concebible en dos escenarios: uno en el que la candidatura de Milei resulta invulnerable u otro en el que esa candidatura es desafiada por la de otro dirigente que no inspira duda alguna sobre la continuidad del rumbo actual. Es decir: o Milei marcha hacia una victoria contundente en primera vuelta o Milei deberá enfrentar en un balotaje a alguien tan ortodoxo como él.
El porvenir que vaticina el programa financiero de Caputo descarta, como queda claro, que la política tenga otras ideas. Una de ellas es que prospere una propuesta que tenga afinidades conceptuales con Cristina Kirchner. Por ejemplo, que ella auspicie a un dirigente salido de sus filas, al estilo de Eduardo “Wado” De Pedro, Mariano Recalde o el mismo Máximo Kirchner, y que ese ahijado muestre alguna competitividad. Como es sabido, ese abanderado deberá defender dos consignas que el diputado Kirchner ya sacralizó: “Cristina libre” y “renegociación de la deuda externa”. Si, en cambio, el kirchnerismo acuerda con Axel Kicillof, el gobernador deberá aceptar ese credo. Hasta Sergio Massa, si quiere la bendición de San José 1111, no podrá desafiar el imperativo. Cabe la posibilidad de que Kicillof enfrente a su antigua mentora. Aun en ese caso, todavía no está para nada claro que él esté dispuesto a prometer que va a cumplir con los compromisos financieros asumidos sin reestructurar una moneda.
Estas posibilidades, que contienen un potencial de intranquilidad para los mercados, no parecen estar contempladas en el programa de Caputo. Al contrario, da la impresión de que los datos que expuso Economía obedecen a la tesis electoral que ya defendió el ministro a comienzos del mes pasado: “Puede haber un shock externo, una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”. Hay que suponer que, si no llega Kicillof, menos lo haría un candidato de La Cámpora. Por lo tanto, ¿hacía falta ofrecer un programa financiero?
El Ministerio de Economía descarta otro peligro, que ya no tiene que ver con la identidad de los rivales sino con la organización del calendario electoral. Una de las grandes novedades que presenta en estos tiempos la vida pública argentina es que la provincia de Buenos Aires comenzó a tomar vida propia. El signo más evidente es que discute su propio cronograma para elegir autoridades, ajeno a del orden nacional. Sucedió el año pasado: los bonaerenses eligieron a sus legisladores el 7 de septiembre. Ganó el peronismo y ese resultado explica, en parte, esa inquietud financiera que pidió una intervención de Trump.
Todavía no está descartado que el año que viene las elecciones de la provincia sean, de nuevo, desdobladas. Es decir, que antes de la elección presidencial se elija al sucesor de Kicillof. ¿Qué impacto tendría en el clima general que esas elecciones las gane alguien del PJ? ¿Cómo asimilarían los inversores una derrota anticipada del oficialismo nacional en el principal distrito del país? El confiado programa financiero de Caputo estaría suponiendo un triunfo del candidato de Milei, lo que a la vez implica imaginar que en territorio bonaerense La Libertad Avanza y Pro irán unidos. En otras palabras: las cuentas de Caputo y Furiase suponen que en 2027 habrá apetito por el peso y apetito por los bonos. Imaginan todo, menos una corrida.
Esa propuesta financiera del Ministerio de Economía parece tener, sin embargo, un detalle de cautela que corrige este panorama. Está cifrado en tres guioncitos que indican falta de datos. Esos tres guioncitos aparecen, dentro del área de fuentes de financiamiento, en la opción NY law, es decir, bonos emitidos bajo ley de Nueva York. Los casilleros no consignan números. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que aparece esa opción, aunque todavía resulte abstracta. Para sintetizar: es posible que el Gobierno esté pensando en salir al mercado de deuda internacional. ¿Para recaudar qué cantidad de dólares? Guioncitos.
La baja del riesgo país volvería más atractiva esa emisión. Hay expertos que suponen que las calificadoras de riesgo mejorarán el status del país y que ese sería otro empujón hacia el mercado. Aunque desde el martes irrumpió un factor que podría entorpecer esta iniciativa. Ese factor es Trump. La decisión del presidente de los Estados Unidos de, a raíz de nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, desconocer el Memorandum de Entendimiento con Irán y ordenar nuevos ataques sobre bases militares de ese país, vuelve a enrarecer a la economía internacional, sobre todo en los campos energético y financiero.
Para la Argentina y, con especial énfasis, para la administración de Milei, la permanencia de la guerra en Medio Oriente tiene consecuencias importantes. Una es la posibilidad de una suba en la tasa de interés, que encarecería el costo de esos dólares que Economía podría ir a buscar al mercado internacional. En esta instancia hay que considerar otra variable: la del mayor o menor pragmatismo del Presidente. En febrero pasado fue reemplazado el secretario de Finanzas Alejandro Lew a raiz de que Milei se negó a autorizar una emisión de deuda por 5.000 millones de dólares a 10 años a una tasa superior a 9,5%. Los especialistas calculan que hoy la Argentina podría conseguir fondos con una tasa de alrededor del 8,7%. Si la tormenta repuesta por Trump se mantiene y el dinero se vuelve más costoso, ¿el Presidente autorizaría igual esa eventual operación de deuda?
Las decisiones bélicas de Irán tienen otra proyección sobre la Argentina. Al elevar el precio de los combustibles en los Estados Unidos, vuelve más esquivo un triunfo electoral para los republicanos. Un consenso muy extendido entre los estudiosos de la opinión pública en ese país indica que Trump perderá el control de la Cámara de Representantes y no tiene asegurado retener el del Senado. Quiere decir que, con un Trump debilitado, la posibilidad de que el gobierno libertario pueda recibir, in extremis, un auxilio financiero desde el Norte, se vuelven mucho más pequeñas. El que Washington concedió en septiembre de 2025 ya desató una discusión inconveniente para el benefactor de Milei. Este es el rosario de preguntas que los guioncitos de Caputo todavía no responden.
Quiere decir que el programa elaborado por el ministro y su secretario Furiase se sostiene sobre hipótesis políticas de difícil verificación. Para expresarlo en términos muy generales: ellos pretenden conjurar una posible turbulencia derivada de un riesgo electoral inexistente, porque imaginarían que Milei ya tiene la reelección escriturada. Obtener más recursos para blindar un futuro menos previsible depende de que se atenúen o corrijan el comportamiento geopolítico de Trump y las restricciones financieras de Milei.
Una lógica parecida a la de Caputo al mirar las finanzas del año que viene es la que preside el trabajo de Diego Santilli y su reforma electoral. El jefe de Gabinete negocia dos cambios principales en el sistema. La suspensión de las primarias, por lo menos en su simultaneidad y su obligatoriedad, y la habilitación de listas colectoras. Este segundo cambio permitiría que fuerzas que rivalizan con La Libertad Avanza en las provincias puedan alinear sus listas de senadores y diputados nacionales con la candidatura presidencial de Milei.
Existe una ilusión óptica en ese nuevo esquema. Es de suponer que Milei ya tiene los votos, que incluso ya tiene las adhesiones de esos aliados partidarios, y sólo necesita una reglamentación para incorporarlos. Como Caputo, Santilli adopta el resultado deseable, la reelección de Milei, como premisa. Tal vez tenga razón.
Sin embargo, lo contante y sonante en la actualidad es que Santilli sólo está inventando un nuevo instrumento que es un arma de doble filo. Los gobernadores peronistas, radicales o independientes, que prometen al jefe de Gabinete unirse a la marcha triunfal de Milei lo hacen en el caso de que esa marcha triunfal se verifique. Y, sobre todo, porque hoy carecen de candidato, lo que es clave en la dirigencia peronista. Sin embargo, si por las razones que fuere, apareciera un rival competitivo que desafíe el triunfo de Milei, Santilli le estará ofreciendo a ese dirigente una herramienta para ordenar y expandir su propio campo.
Mientras el jefe de Gabinete y el ministro de Economía trabajan para la reelección de Milei, Juan Bautista Mahiques, el ministro de Justicia, va creando, designando un juez tras otro, una estructura al servicio de Comodoro Py, la corporación a la que pertenecen él y su familia. Para construir ese artefacto de largo plazo debe pagar un precio de mediana duración: despejar de pesadillas judiciales las noches del Presidente y de su hermana Karina. La designación de magistrados es la herramienta principal para armar ese objetivo.
Una demostración muy elocuente de este juego aparece en la causa $LIBRA, que podría tener involucrados a los dos hermanos. Para que ese expediente desemboque, como está previsto, en la impunidad, el primer servicio llegó desde donde más se lo esperaba: el fiscal Eduardo Taiano. Aterrado siempre ante cualquier enfrentamiento con el poder, Taiano alegó que carecía de recursos técnicos para investigar la sospechosa operación con esa criptomoneda. La semana pasada, como viene informando Hugo Alconada Mon, se agregó el controvertido juez Mariano Martínez de Giorgi, que eliminó a los que habían sido reconocidos como querellantes, incluso por la Cámara Federal.
El argumento de Martínez de Giorgi fue desopilante. Según él, los querellantes no pueden querellar porque no quedó probado todavía que haya habido fraude. Es obvio que, para que eso quede probado, debería terminar el juicio. Salvo que se adopte la solución de De Giorgi: que los querellantes lo reemplacen a él y prueben que el delito que se investiga se consumó.
Es posible que con apenas una pizca de sinceridad Martínez de Giorgi podría haber reemplazado ese argumento por este otro: no debe haber querellantes que aporten pruebas o exijan medidas porque mi esposa, Ana María Juan, acaba de ser designada jueza federal de Hurlingham por el Presidente, que es a quien yo debería investigar. Es una broma, claro. Pero hay algo cierto: Milei designó a la esposa de un juez que tiene entre manos una causa que no lo deja dormir.
El otro aporte de Mahiques a la tranquilidad de los Milei es el armado de la Cámara Federal. Es decir, del tribunal que debe revisar todos los pronunciamientos de primera instancia en los casos de corrupción. Allí el ministro piensa enviar al Senado el pliego de su amigo Pablo Yadarola, quien, como él y como su padre, Carlos Mahiques, compartieron la malhadada excursión a Lago Escondido. Yadaraola obtuvo, por el examen y los antecedentes, el lugar Nº 16 en el concurso 461 del Consejo de la Magistratura. Pero gracias a la entrevista posterior subió 11 posiciones y terminó integrando la primera terna.
El juez penal económico Yadarola ganó celebridad en los últimos tiempos por sus dificultades para detectar quien dio la orden para que Laura Belén Arrieta, quien llegó en el avión del empresario Leonardo Scatturice, pasara más de 10 valijas sin control de la Aduana en el aeroparque metropolitano. El juez alega, como Taiano, limitaciones técnicas. No se le ocurrió convocar a la agente que recibió la orden y preguntarle quién se la impartió. Tal vez escuche lo que se repite hoy en voz baja en la Aduana: que hubo un llamado que se originó en el entonces director José Velis, que se transmitió al entonces director de Comprobación Documental Marcelo Lista, encargado de que se cumpla la excepción. Lista habría sido ascendido el viernes pasado. Habladurías. Ojalá Yadarola no las verifique antes de que lo conviertan en camarista y pierda el cargo. Otra broma.
A pesar de esas sospechosas alteraciones, en Tribunales hay una llamativa coincidencia: más nefasta que la llegada de Yadarola a la Cámara Federal sería la de su competidor Fernando Poviña, entre otras razones, por intereses que hunden sus raíces en la AFA, dada su condición de directivo del Atlético Tucumán. La AFA es el universo social de los Mahiques. Basta recordar que su padre celebró su cumpleaños en la mansión de dos jubilados de Villa Rosa en la que solía descender el helicóptero de Pablo Toviggino.
Otro camarista sería Pablo Bertuzzi, quien concursó por el cargo que hoy ocupa porque llegó allí por un traslado. Bertuzzi quedó en el puesto Nº 21. Gracias a la entrevista lo promovieron hasta el lugar Nº 7. Es posible que Milei envíe su pliego al Senado. Aunque en la Justicia afirman que demorará. Antes se espera que Bertuzzi convalide como camarista la decisión de Martínez de Giorgi de eliminar a los querellantes de la causa $LIBRA. Es decir: el presidente también tiene en sus manos el destino de unos de los magistrados que decide sobre el caso en el podría estar involucrado.
Bertuzzi aceptó competir por su cargo actual. No adoptó la posición de su colega Leopoldo Bruglia, quien denunció una discriminación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: a él lo desplazan de su cargo actual porque llegó por un traslado, dentro del mismo fuero federal. Pero el padre del ministro, Carlos, también llegó desde otro cargo y, en su caso, desde otro fuero. Sin embargo, no sólo no se lo desplaza sino que se lo propuso para continuar en el cargo de camarista de Casación después de haber cumplido 75 años. La Comisión envió el caso al Ministerio de Justicia para que responda la acusación de Bruglia. Mahiques debe explicar por qué su padre tuvo un privilegio.
Ayer papá Mahiques hizo alarde de su buen francés. Explicó que renunciaría a su “soberanía lingüística” en homenaje a los magistrados franceses que lo escuchaban. Participaba de un encuentro profesional de jueces franceses y argentinos. Como Mahiques intervino vía Zoom, agigantó la leyenda tribunalicia de que está asistiendo a los partidos del Mundial de Fútbol. Hazte fama.
Más allá de esas minucias, el de Mahiques fue un gesto muy oportuno. La relación con Francia acaba de tener un entredicho originado en Mendoza, cuando la vicegobernadora Hebe Casado describió a la selección de ese país como un “equipo africano”. En la embajada francesa ante la Argentina la declararon persona non grata.
Carlos Pagni,Conforme a
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Breves reflexiones sobre las modificaciones introducidas al proceso de designación de jueces

a) Introducción
El decreto 467/2026, publicado el 16 de junio pasado en el Boletín Oficial y suscripto por el Presidente de la Nación Javier Milei y por el Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sustituyó parcialmente algunas de las normas de los decretos 222/2003 y 588/2003, modificando el procedimiento de publicación de antecedentes y solicitud de declaraciones juradas de los candidatos a jueces por uno equivalente en sus recaudos sustanciales, pero flexibilizando la instancia adicional de observaciones e impugnaciones ante el propio Poder Ejecutivo.
Conviene precisar, entonces, de manera inicial, que no se trató de una derogación total de los decretos 222/03 y 588/03. El nuevo texto conserva, en lo sustancial, la publicación en el Boletín Oficial y en la página web del Ministerio de Justicia del nombre y los antecedentes curriculares de quienes se encuentren en consideración, la exigencia de declaración jurada patrimonial y de intereses en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública, el informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero sobre cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, y la elevación de las actuaciones al Senado de la Nación para recabar el acuerdo pertinente.
Lo que el decreto 467/2026 modifica —a través de la derogación puntual de los artículos 3°, 6° y 7° del decreto 222/03 y de los artículos 5°, 6° y 7° del decreto 588/03— es exclusivamente la instancia de impugnaciones y adhesiones ante el Poder Ejecutivo, y la enunciación de un criterio de autoimposición de respeto a la diversidad que se suponía condicionaba la propuesta del Presidente.
Este dato técnico es relevante para el comentario, porque permite sostener, con rigor, que la reforma no desmonta el estándar de publicidad de antecedentes que aquellos decretos instauraron en 2003, sino que sustituye puntualmente el trámite de observaciones ciudadanas ante el PEN por haberse convertido en duplicaciones de instancias ya cubiertas por otros controles, y en pasos que, como se explicará, habían perdido con el tiempo el sentido con el que fueron concebidos.
La publicación del decreto 467/2026 abrió, de todos modos, un debate en distintos ámbitos vinculados al sistema de justicia. La norma fue presentada por sus críticos como una reducción de los estándares de transparencia y de participación ciudadana en el proceso de selección de magistrados.

Sin embargo, y reconociendo de antemano la legitimidad de toda crítica dentro de un sistema democrático y plural como el que nos rige, lo que queremos resaltar en estas líneas es que, de nuestra parte, observamos que los artículos ahora modificados —que en su origen fueron una herramienta central para abrir a la sociedad un proceso históricamente cerrado— hoy ya no cumplían ese rol. Se habían convertido en una instancia redundante, cuyo contenido sustancial la reforma preserva por otras vías más eficaces.
1) Las certezas sobre la legitimidad del decreto 467/2026.
De manera preliminar, y con independencia del juicio de valor que cada uno pueda tener sobre el mérito de la reforma —discusión legítima y que cada uno saldará según su propia perspectiva—, debemos despejar toda duda sobre la legitimidad formal y de origen del nuevo decreto. El propio texto del decreto lo funda con precisión. Señala que los criterios adicionales incorporados por el artículo 3° del decreto 222/03 no se encuentran expresamente previstos en la Constitución Nacional y que su consideración integra el ámbito de apreciación discrecional que corresponde al Poder Ejecutivo al ejercer su facultad de nominación de magistrados.
Es decir, el propio decreto reconoce que los recaudos que el decreto 222/03 le había autoimpuesto en 2003 no tenían fuente constitucional, sino reglamentaria. Por elemental paralelismo de las formas, lo que el Ejecutivo se autoimpuso por decreto puede dejarlo sin efecto por la misma vía. No hay aquí afectación de ninguna potestad de otro poder del Estado, sino la modificación de una autorregulación administrativa dentro del margen de apreciación que le es propio al poder ejecutivo.
2) Qué fue el decreto 222/03.
Para dimensionar el alcance de la reforma hay que recordar el contexto en que aquel decreto fue dictado. En 2003 el proceso de designación de jueces se resolvía con escasa intervención ciudadana y poquísima información pública disponible. Se sabía muy poco sobre quiénes eran los candidatos, cuáles sus antecedentes, su trayectoria o su idoneidad. En ese escenario de opacidad, el decreto 222/03 sancionado por el Presidente Néstor Kirchner fue una herramienta genuina de consolidación democrática. Trajo luz allí donde no la había, instaurando por primera vez la publicación de antecedentes y un período de impugnaciones y observaciones ciudadanas sobre los candidatos propuestos.
3) La pérdida de funcionalidad del mecanismo con el paso del tiempo
Con el decreto ahora derogado se daba una instancia adicional, e inicial, para que quien quisiera pudiera adherir o impugnar a los candidatos propuestos. Se publicaban edictos en diarios de tirada nacional invitando a la sociedad a participar de ese trámite.
Evidentemente, ese mecanismo había quedado anacrónico. En materia de adhesiones, el trámite se había estandarizado y masificado hasta perder todo valor de respaldo genuino. En la práctica los avales pasaron a circular por grupos de mensajería entre personas ajenas al conocimiento real del candidato, firmados sobre modelos prearmados, en un ejercicio puramente formal.

En materia de impugnaciones, ciertamente, ese carril tampoco resultaba ya necesario. Y no lo es porque la plaza pública del siglo XXI no son los diarios ni los expedientes del Ministerio de Justicia. Son las redes sociales, es el acceso instantáneo que hoy tiene la población a la información.
Debe señalarse aquí que la información, en materia judicial, es hoy sustancialmente mayor a la de 2003. A lo largo de las décadas que siguieron a ese 2003, el Poder Judicial de la Nación, gracias a la gestión impulsada desde la propia Corte Suprema, vivió una verdadera revolución comunicacional y de gobierno abierto. La gente sabe hoy quiénes son los jueces y qué han hecho, con un nivel de detalle que a principios de ese siglo –cuando dictaron los decretos ahora renovados- era impensado.
La publicidad, entonces, está garantizada por otras vías, más eficaces y más inmediatas que los edictos o las adhesiones e impugnaciones formales de aquel entonces. Si existen razones para impugnar a un candidato, esa impugnación se hace igual, y mucho más rápido que a través de los tiempos y pasos administrativos del trámite ahora derogado.
En definitiva, el trámite anterior se había ciertamente burocratizado frente al nuevo estándar de publicidad inmediata que la sociedad pretende. El propio decreto 467/2026 lo explicita en sus fundamentos, al señalar que correspondía actualizar las disposiciones vigentes porque la exigencia de circulación por diarios de tirada nacional ya no respondía a la dinámica actual de la comunicación y de las tecnologías disponibles. El argumento es atendible. El control ciudadano contemporáneo, como dijimos, no se ejerce mediante edictos en la prensa gráfica, sino a través del acceso digital inmediato, y sostener el trámite tal como fue diseñado en 2003 equivalía a mantener una carga formal sin un correlato real en un control social adicional al que ya existe por otras vías, mucho más eficaces.
Era necesario, en definitiva, un sistema más eficiente, despojado de trámites que ya no cumplían una función real, y acorde tanto a los tiempos que corren como a la velocidad con que hoy circula la información. Un procedimiento diseñado para una sociedad sin acceso inmediato a los datos no podía seguir rigiendo, sin ajustes, a una sociedad que hoy accede a esa misma información en cuestión de segundos.
4) El control sustancial permanece en el Senado y en el Consejo de la Magistratura
En el altar de la eficiencia y la modernización no puede sacrificarse la transparencia ni el derecho de la sociedad a conocer quiénes serán sus jueces. Ese principio no admite excepciones ni resulta negociable frente a ningún objetivo de simplificación administrativa, por atendible que este sea. Y lo cierto es que el decreto 467/2026 no implica, en modo alguno, esa clase de sacrificio: lejos de debilitar la transparencia del proceso de selección de magistrados, la reforma se limita a suprimir un trámite que, con el correr de los años, había dejado de ser garantía de nada, precisamente porque la propia sociedad construyó, por otras vías, un estándar de conocimiento público muy superior al que aquel procedimiento podía ofrecer y al que ya garantizan los sistemas de control que prevé la Constitución Nacional.
Nada de esta reforma altera el núcleo duro del sistema constitucional de designación de jueces. El acuerdo del Senado —con mayoría simple para los tribunales inferiores y dos tercios de los miembros presentes para la Corte Suprema, conforme el artículo 99 inciso 4° de la Constitución Nacional— sigue siendo el verdadero filtro político e institucional.
Ese trámite contempla, además, la publicación previa del pliego, la realización de una audiencia pública con el candidato en el seno de la Comisión de Acuerdos e instancias en las que la ciudadanía puede presentar sus observaciones por los canales institucionales previstos. El proceso, entonces, ya cuenta en esta etapa con mecanismos propios y suficientes de participación y control. Y, a rigor de verdad, es en el Senado donde esos filtros terminan produciendo efectos concretos, porque es allí donde, de encontrarse alguna objeción seria respecto del candidato, está la alternativa que la propia Constitución ofrece: no prestar el acuerdo.
Por otro lado, específicamente para los candidatos a tribunales inferiores, el filtro técnico previo sigue a cargo del Consejo de la Magistratura, con examen de oposición, evaluación de antecedentes, impugnaciones cruzadas, entrevista y aprobación de la terna por mayoría de dos tercios del plenario. El decreto 467/2026 no toca ninguno de esos dos controles -tampoco podría-, que son los de base constitucional y legal; lo que suprime es, exclusivamente, la instancia adicional de observaciones ante el propio Poder Ejecutivo y el requisito de diversidad en la integración de las ternas.
5) El criterio de diversidad no desaparece sino que se relocaliza en el órgano constitucionalmente competente para valorarlo
La derogación del requisito de diversidad de género, especialidad y procedencia geográfica como criterio autoimpuesto por el Poder Ejecutivo no implica que esa variable deje de ser relevante, sino que deja de ser una limitación jurídica impuesta al Ejecutivo en el momento de proponer, para pasar a ser el criterio de evaluación política que le corresponde al Senado —y, en su caso, al Consejo de la Magistratura al conformar las ternas— al ponderar al momento de prestar o denegar el acuerdo.
La dificultad de fondo es que la diversidad es un concepto abierto y multidimensional —género, edad, región, orientación sexual, extracción profesional, entre tantas otras—, y no existe un estándar constitucional que pueda imponer al Presidente privilegiar una sola de esas categorías. Fijar por decreto que el presidente debía observar criterios de diversidad como recaudo formal de la nominación no es, a esta altura, buena técnica normativa. La solución institucionalmente más sólida no es limitar al presidente en su facultad de proponer, sino dejar que esa propuesta se someta luego al escrutinio del Senado. Si el cuerpo entiende que no satisface los estándares de diversidad que la sociedad hoy demanda, tiene a su disposición la herramienta constitucional para hacerlo valer, que es negar el acuerdo. El Senado, y no un decreto del propio Ejecutivo, es el juez natural de esa valoración política.
b) Conclusión
En definitiva, la derogación operada por el decreto 467/2026 no debilita ni el estándar de diversidad ni el de conocimiento público sobre los candidatos a magistrados, porque ambos objetivos encuentran hoy un resguardo más robusto que el que ofrecía el trámite derogado. Por un lado, los mecanismos que la Constitución Nacional reserva para este procedimiento, y por otro, y de manera decisiva, la propia plaza pública digital del siglo XXI, que ejerce un escrutinio sobre los candidatos infinitamente más ágil, más masivo y más inmediato que el que en 2003 podía lograrse con edictos en diarios y avales en papel.
Lo que fue una herramienta imprescindible hace más de veinte años, frente a una sociedad sin acceso a la información, hoy resulta redundante. La ciudadanía sabe quiénes son los jueces, de dónde vienen y qué han hecho, no porque un decreto se lo garantice, sino porque las redes sociales, los medios y la propia política de publicidad activa del Poder Judicial construyeron un estándar de acceso a la información judicial que ya no depende de trámites formales para existir. La reforma, entonces, no le resta control a la sociedad; simplemente reconoce que ese control ya no necesita intermediarios ni burocracia para hacerse efectivo.
Transparencia sí; eficiencia sí; diversidad sí; burocracia, no.
*Mariano Borinsky es Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado especialista en derecho penal. Doctor y Posdoctor en Derecho (UBA) Profesor universitario (UBA, UTDT y UP). Comisionado para la diplomacia judicial del Congreso Judío Latinoamericano.
*Marcos Fernández Ocampo es abogado. Especialista en derecho penal. Docente universitario de grado y posgrado (UCA – USI). Ex Secretario de Cámara Federal de Casación Penal.
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