La Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un nuevo esquema de promoción de inversiones que busca posicionar a la Argentina como un destino competitivo para proyectos vinculados a las industrias de frontera. Se trata del denominado Súper RIGI, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que amplía los beneficios del régimen aprobado en la Ley Bases y apunta exclusivamente a emprendimientos de gran escala relacionados con la tecnología, la innovación y las energías del futuro.

Tras varias horas de debate, la iniciativa obtuvo 130 votos afirmativos, 106 rechazos y 7 abstenciones, y quedó lista para ser girada al Senado, donde continuará su recorrido legislativo. La misma propone un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros, laborales y cambiarios para inversiones superiores a u$s1.000 millones. La intención oficial es captar capitales destinados a actividades que hoy tienen escaso o nulo desarrollo comercial en el país.

El Gobierno busca replicar y amplificar los resultados obtenidos con el RIGI original. Según datos expuestos durante el debate legislativo por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el régimen vigente acumula entre 50 y 60 proyectos en distintas etapas, con inversiones potenciales cercanas a u$s138.000 millones y un fuerte impacto previsto sobre las exportaciones y el empleo.

Con el Súper RIGI, la apuesta oficial es diferente: ya no se trata únicamente de potenciar sectores vinculados a los recursos naturales, sino de atraer compañías capaces de desarrollar en la Argentina industrias asociadas a la economía del conocimiento, la inteligencia artificial, la transición energética y la manufactura tecnológica avanzada.

Las claves del Súper RIGI y las diferencias con el RIGI tradicional

A diferencia del RIGI vigente, cuya mayor parte de los proyectos se concentra en energía y minería, el nuevo régimen está orientado a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas. Entre ellos aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada, los centros de datos, la fabricación de baterías de litio, los vehículos eléctricos, la producción de paneles solares y turbinas eólicas, además de iniciativas vinculadas al hidrógeno de bajas emisiones, pequeños reactores nucleares y la cadena de valor del uranio.

El nuevo esquema orienta incentivos hacia industrias que, según la visión oficial, nunca han existido en el país. El texto menciona también por ejemplo data centers para IA. También incluye refinamiento de cobre en lugar de exportación de commodities. La apuesta pasa por agregar valor dentro del territorio argentino.

Exclusivo para nuevos proyectos

Uno de los aspectos centrales es que el programa estará reservado exclusivamente para proyectos nuevos. Las empresas que ya se encuentren dentro del RIGI tradicional no podrán trasladarse automáticamente al nuevo esquema ni utilizarlo para ampliaciones o modernizaciones de instalaciones existentes. El objetivo es promover actividades inéditas y generar nuevas cadenas de valor con alto contenido tecnológico.

Inversión mínima

Para acceder a los beneficios, las compañías deberán comprometer inversiones por al menos u$s1.000 millones, un umbral considerablemente superior al contemplado en el régimen original. Además, deberán desembolsar como mínimo el 20% del monto comprometido durante los primeros dos años posteriores a la adhesión, con el fin de garantizar avances concretos y evitar proyectos meramente declarativos.

Los emprendimientos deberán estructurarse a través de un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad creada exclusivamente para desarrollar la inversión aprobada. Esta figura busca asegurar una mayor transparencia operativa, facilitar los controles y separar patrimonialmente cada iniciativa.

Beneficios fiscales

Entre los incentivos más relevantes sobresale la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, frente a niveles significativamente más elevados del régimen general. El proyecto también incorpora un sistema de amortización acelerada, que permite deducir el 60% de la inversión en el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes. A esto se suma la posibilidad de computar quebrantos sin límite temporal y transferirlos a terceros después de cinco años.

En materia financiera, el esquema contempla una tributación reducida sobre dividendos. Las utilidades distribuidas tributarán inicialmente el 7% y posteriormente descenderán al 3,5%, según la etapa de adhesión al régimen. El objetivo es mejorar la rentabilidad de largo plazo y aumentar el atractivo de los proyectos frente a otros mercados competidores.

Eliminación de derechos de importación y exportación

Otro de los pilares del Súper RIGI es la eliminación de derechos de importación y exportación para los bienes, equipos e insumos relacionados con las inversiones aprobadas. De esta manera, las empresas podrán incorporar tecnología y maquinaria del exterior sin costos arancelarios adicionales y exportar su producción bajo condiciones más competitivas.

Beneficios cambiarios

El proyecto también contempla beneficios cambiarios. Las empresas podrán acceder progresivamente a una mayor libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: hasta el 20% durante el primer año, el 40% en el segundo y el 100% a partir del tercero. Para muchos inversores internacionales, este punto es considerado determinante al momento de evaluar proyectos de largo plazo.

Beneficios en seguridad social

En el plano laboral, las nuevas contrataciones realizadas dentro de los proyectos adheridos estarán alcanzadas por una alícuota única del 10% en contribuciones patronales, un incentivo diseñado para reducir costos y favorecer la generación de empleo formal en actividades tecnológicas e industriales.

Estabilidad jurídica por 30 años

Otro elemento que el Gobierno considera clave es la estabilidad jurídica por 30 años. Durante ese período, los proyectos mantendrán las condiciones tributarias, aduaneras, previsionales y cambiarias vigentes al momento de su incorporación al régimen. Además, el texto contempla mecanismos de resolución de controversias que buscan brindar mayores garantías a los inversores.

La cláusula «Compre Nacional»

A último momento y como parte de la negociación con legisladores aliados y las provincias, el Gobierno sumó la cláusula de «Compre Nacional» para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos del régimen.

Los cambios que se incorporaron a último momento en comisiones

Durante el tratamiento en comisiones, el oficialismo introdujo una serie de modificaciones para ampliar consensos y reforzar algunos aspectos del proyecto. Entre ellas, se estableció que las inversiones destinadas a investigación y desarrollo (I+D) podrán computarse por el doble de su valor al momento de calcular la inversión mínima exigida. Sin embargo, ese beneficio tendrá un límite equivalente al 20% del monto requerido para ingresar al régimen.

También se incorporó la obligación de presentar un plan de desarrollo de proveedores nacionales, con el objetivo de promover la participación de empresas locales en las nuevas cadenas productivas que puedan surgir a partir de estos proyectos.

Otra de las novedades fue la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y deberá ser de acceso libre. El objetivo es dotar al régimen de mayores niveles de transparencia y permitir el seguimiento público de las inversiones aprobadas.

Además, se reforzó la definición de «nueva actividad económica» para evitar interpretaciones ambiguas. El texto establece criterios objetivos y verificables para determinar qué emprendimientos pueden acceder al beneficio, dejando expresamente excluidas las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de instalaciones existentes. Tampoco podrán ingresar sectores o proyectos que ya hayan sido alcanzados por el RIGI original aprobado en la Ley Bases.

En paralelo, se endurecieron los requisitos ambientales y de protección de recursos. Los inversores deberán demostrar mediante informes técnicos que sus iniciativas no comprometerán los recursos naturales, la infraestructura existente ni las condiciones ambientales y sociales de las regiones donde se desarrollen los proyectos.

También se incluyó la cláusula «Compre Nacional», que destina al menos el 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos incluidos al  régimen.

Otro de los cambios hizo foco en la protección de recursos: los inversores deberán acreditar fehacientemente que sus iniciativas no comprometerán los recursos naturales.

Las 10 claves del Súper RIGI

En concreto, estas son las 10 claves del Súper RIGI, que obtuvo media sanción en Diputados:

1. Inversión mínima de u$s1.000 millones por proyecto para acceder al régimen.
2. Destinado exclusivamente a industrias nuevas o experimentales, sin antecedentes de desarrollo comercial relevante en el país.
3. Ganancias al 15%, una de las tasas corporativas más bajas de la región para proyectos de gran escala.
4. Amortización acelerada: 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero.
5. Exención total de derechos de importación y exportación para bienes e insumos vinculados al proyecto.
6. Libre disponibilidad gradual de divisas: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero.
7. Contribuciones patronales reducidas al 10% para nuevas contrataciones.
8. Estabilidad tributaria, aduanera, previsional y cambiaria por 30 años.
9. Registro Público de Proyectos, con acceso libre para monitorear las inversiones aprobadas.
10. Exclusividad para actividades nuevas, con prohibición expresa para ampliaciones de proyectos existentes o emprendimientos que ya ingresaron al RIGI tradicional.

Con esta ley, el Gobierno busca captar más inversiones en sectores que potencial de desarollo y se diferencia del RIGI tradicional en este aspecto: el plan aprobado en la ley bases por el momento traccionó mayormente inversiones en energía y minería.