El oficialismo logró este miércoles la media sanción en la Cámara de Diputados del denominado Super RIGI, un nuevo régimen para fomentar las inversiones de más de USD 1.000 millones en “industrias del futuro” que todavía no se han desarrollado en el país.

La votación cerró de forma más ajustada de lo anticipado por los libertarios. Fueron 130 votos afirmativos y 106 negativos. La Libertad Avanza sumó el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo (San Juan), La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Por Santa Cruz e Innovación Federal (Misiones y Salta).

En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los diputados de Elijo Catamarca, habituales aliados del Gobierno, se abstuvieron.

El Super RIGI busca incentivar las inversiones de más de USD 1.000 millones en industrias y tecnologías de frontera. La categoría es bastante amplia e incluye desde la fabricación de baterías de litio o autos eléctricos, a desarrollos de Inteligencia Artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y hasta proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio.

Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

La semana pasada el oficialismo hizo algunas concesiones a los bloques aliados para destrabar el dictamen de comisión. Por ejemplo, se incorporó una cláusula que establece que las inversiones en I+D vinculadas al proyecto se computan por el doble de su valor al momento de calcular el monto mínimo de inversión exigido. Sin embargo, esta ponderación especial no puede superar el 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se computará a valor nominal.

Por otro lado, se incluyó la obligación de presentar un plan para el desarrollo de proveedores locales, debiendo comprometer un porcentaje no menor al 20% del monto total de adquisiciones de bienes y servicios durante la ejecución del proyecto. Siempre y cuando “la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

También se exigirá que los proyectos de inversión cuenten con un informe técnico que demuestre que no comprometen la sustentabilidad de los recursos naturales ni la capacidad de la infraestructura de la zona de influencia, considerando su impacto ambiental y social.

El encargado de presentar el proyecto por parte del oficialismo fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto. “Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad para las industrias del futuro. Son cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados y por eso les va cómo les va. Porque venimos de ser cavernícolas, necesitamos hacer una ley para proteger los derechos de propiedad. Al capital no se lo combate porque nos lleva a la peor pesadilla de la pobreza, es lo que ha pasado. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, y el capital va donde hay seguridad jurídica, donde no hay políticos como ustedes”, planteó.

Desde la oposición, las principales críticas giraron en torno a los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que -según su visión- no necesitan semejantes incentivos. A su vez, denunciaron que la Argentina perderá soberanía al permitir que las empresas que se acojan al régimen elijan en qué tribunales internacionales se deben resolver todas las eventuales controversias.

“Argentina necesita inversiones, pero nadie les pide tanto. Lo que no necesita es regalar soberanía, resignar desarrollo y convertir a nuestras provincias en simples territorios de extracción al servicio de intereses externos. Votamos en contra del llamado ‘Súper RIGI’ porque parte de una idea equivocada: creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Cavernícola no es pedir inversiones. Cavernícola es creer que el desarrollo ocurre por generación espontánea. Los países que crecieron atrajeron capitales, pero también exigieron empleo, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo de proveedores locales”, advirtió Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria.

En la misma línea, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica denunció que se trata de una “ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica”.

Martín Lousteau, que llegó sobre el final de la sesión por la muerte de su padre, también calificó como excesivos los beneficios que el RIGI ofrece a los inversores. “Estas iniciativas incluidas el Súper RIGI buscan escindir al capital más desatado de cualquier tipo de control. Y eso incluye bajarle los impuestos, darle una estabilidad que nadie más tiene, la posibilidad de litigar afuera, el acceso a recursos, poder tener tierras propias, acallar a la sociedad civil, tener una reforma laboral, mermar la capacidad del ARCA, tener blanqueos permanentes, como es la Inocencia fiscal. ¿Cuál es el contraste con todo esto? Jubilaciones que bajan, no hay plata para la discapacidad, no hay plata para los docentes, no hay plata para el Garrahan, no hay plata para las universidades, no hay plata para los hospitales universitarios, no hay plata para las rutas”, argumentó.

Al final de la sesión, mientras se votaban los artículos del proyecto en particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubicó en el palco central del primer piso junto con Sharif Menem. La oposición la recibió con un cántico: “¿Dónde está, Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está? ¿Adorni dónde está?“.

¿Qué beneficios obtienen los proyectos incluidos en el Super RIGI?

• Impuesto a las Ganancias reducido al 15% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos.
• Amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura.
• Deducción de quebrantos sin límite temporal.
• Alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
• Certificados de Crédito Fiscal para cancelar IVA sobre inversiones en activos computables.
• Exención de derechos de importación y exportación para los bienes del plan de inversión y productos obtenidos bajo el proyecto.
• Contribuciones patronales reducidas: alícuota única del 10% para nuevas relaciones laborales generadas a partir de la adhesión.
• Libre disponibilidad progresiva de los cobros de exportación: 20%, 40% y 100% a lo largo de tres años desde la primera exportación.
• Sin obligación de ingresar ni liquidar divisas correspondientes a aportes de capital, financiamiento y servicios vinculados al proyecto.
• Estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, de seguridad social y cambiaria durante 30 años desde la adhesión.
• Plena disponibilidad sobre los productos del proyecto, protección contra actos confiscatorios o expropiatorios y acceso irrestricto a la justicia.
• Posibilidad de someter controversias con el Estado Nacional a arbitraje internacional.
• Compatibilidad con otros regímenes promocionales, siempre que los incentivos no sean de la misma naturaleza y no se superpongan.
• Transferencia libre de acciones, cuotas o participaciones sociales del VPU sin autorización previa.
• Exención de restricciones, prohibiciones o cupos para importar y exportar los bienes necesarios para el proyecto.
• Los incentivos pueden ser utilizados exclusivamente respecto del proyecto adherido y no para otras actividades.