Tal y como os informamos, Capcom compartió que Pragmata, su juego de acción sci-fi, también iba a llegar a Nintendo Switch 2 junto al resto de plataformas. Ahora tenemos declaraciones sobre su desarrollo.

Capcom ha compartido nuevos detalles sobre el desarrollo del título, ya disponible en Nintendo Switch 2, revelando que creó un equipo interno conocido como la «Diana Police» para supervisar el diseño del personaje de Diana, la joven androide protagonista. Su objetivo era preservar su inocencia infantil sin que resultara excesivamente adorable o molesta para los jugadores, revisando aspectos como la actuación de voz, la captura de movimiento y su comportamiento.

Este grupo, formado mayoritariamente por mujeres, consideraba que podían detectar mejor cuándo el personaje transmitía una ternura demasiado forzada. Además, la actriz japonesa Nao Toyama recibió instrucciones de interpretar a Diana con un tono natural, evitando una voz excesivamente dulce para que sonara como una niña real.

Ya sabéis que el reciente lanzamiento de Pragmata parece haber sido un éxito rotundo, ya que ha superado el millón de copias vendidas en apenas dos días, y Capcom no descarta convertirla en franquicia y lanzar más juegos. Su director ya dijo que le gustaría ver una secuela y luego Capcom ha instido nuevamente en esa idea.

¿Qué os parece? Os leemos en los comentarios.

Fuente.

Pragmata

PlayStation ya ha confirmado los videojuegos que dejarán de estar disponibles en los catálogos de PS Plus Extra y Premium. El servicio de suscripción acaba de dar la bienvenida a la selección de títulos de PS4 y PS5 correspondiente al mes de junio, pero ahora sabemos que Sony planea retirar 12 aventuras en la siguiente actualización de la plataforma. Aun así, los jugadores todavía tienen unos días para probar cada una de estas experiencias antes de que desaparezcan de la iniciativa de PlayStation.

Siendo más concretos, y si atendemos a la estrategia de Sony en lo que respecta a la adición y eliminación de títulos de PS Plus, los videojuegos confirmados para su retirada dejarán de estar disponibles en el servicio a mediados de julio; específicamente, con la próxima actualización del catálogo. La selección, que incluye obras como Risk of Rain 2, Tropico 6 o Röki, está compuesta por las experiencias que te dejamos a continuación.

• Risk of Rain 2 | PS4, PS5
• Tropico 6 | PS4, PS5
• Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5
• Röki | PS4, PS5
• Source of Madness | PS4, PS5
• Space Crew: Legendary Edition | PS4
• Infinite Minigolf | PS4
• Onechanbara Origin | PS4
• Get Even | PS4
• Bomber Crew | PS4
• Cursed to Golf | PS4, PS5
• Hundred Days | PS4, PS5

Ya disponibles los 8 juegos de junio para PS Plus Extra y Premium

Ahora bien, vale la pena recordar que PS Plus se acaba de actualizar para hacer hueco a un puñado de propuestas de lo más recomendables. Básicamente, PlayStation ha añadido 8 nuevos títulos a la plataforma y los suscriptores de los planes Extra y Premium ahora pueden acceder a una selección que incluye Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance o Blades of Fire. Por lo tanto, y a pesar de la pérdida de los juegos listados anteriormente, los jugadores tienen bastantes experiencias con las que entretenerse en el servicio de Sony.

Imagen de portada | Tropico 6

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La noticia

¡Última oportunidad! PlayStation anuncia los 12 juegos que desaparecerán de PS Plus Extra y Premium muy pronto

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3DJuegos

por

Brenda Giacconi

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El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó este miércoles al gendarme Walter Álvarez a 17 años de prisión por el homicidio de Ivo Torres, un estudiante de turismo de 22 años que murió en La Quiaca tras recibir un disparo por la espalda durante una persecución en la frontera con Bolivia, ocurrida el 6 de febrero de 2025.

El tribunal, integrado por los jueces Domingo Batule, Diego Matteucci y Alejandra Cataldi, ya había declarado al acusado penalmente responsable del delito de homicidio con dolo eventual el pasado 8 de junio. La audiencia de esta semana se destinó exclusivamente a la determinación del monto de la pena.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) había requerido 18 años de prisión, la querella de la familia de la víctima solicitó 22 años, y la defensa pidió el mínimo de la escala penal: 8 años.

El caso se remonta a aquel jueves de verano en la zona conocida como “Ladrillera”. Torres, integrante de la comunidad indígena Juan de Quillaques, cruzó la frontera en motocicleta por un paso no habilitado con 30 kilos de hojas de coca en su mochila.

Una patrulla del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, en la que viajaba Álvarez, lo divisó y comenzó una persecución que se extendió por poco más de 3 kilómetros durante aproximadamente 6 minutos.

En el transcurso de esa persecución, el acusado realizó tres disparos que la fiscalía calificó como disuasivos, tras los cuales su superior le ordenó cesar el fuego. Álvarez desobedeció esa orden y efectuó seis tiros más. Dos de ellos impactaron en el cuerpo de Torres: uno en el tobillo y otro que atravesó la mochila, los paquetes de hojas de coca, ingresó por la espalda, perforó la región pulmonar y salió por el pecho.

Ese disparo fue mortal. A pesar de la llamada al servicio de emergencias y el esfuerzo de los médicos, Torres falleció a las 10.51 producto de la hemorragia que provocó la herida.

El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Casos Complejos, y la auxiliar fiscal Marina Cura llevaron adelante la acusación. En su alegato, Zurueta sostuvo que la secuencia de los hechos se dividía en dos momentos diferenciados. El primero, cuando el gendarme realizó los tres tiros iniciales y recibió la orden de no disparar. El segundo, cuando desobedeció esa instrucción y volvió a abrir fuego en dirección a la motocicleta y a Torres.

Según los peritos, los disparos que dieron en la moto y los que impactaron en la víctima se efectuaron a corta distancia, probablemente cuando Álvarez descendió de la camioneta para continuar la persecución a pie, mientras Torres bajaba hacia el cauce de un río.

“Estamos en presencia de un homicidio lamentable, pero acreditado en cuanto a cómo ocurrieron los hechos”, afirmó Zurueta durante su exposición. El representante del MPF subrayó que el acusado tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con todos los exámenes cumplidos en materia de uso de armas. “Era un experto en el manejo de armas, no fue un disparo impulsivo ni un error gigante como afirmó”, agregó.

Resaltó también la coincidencia entre los tres gendarmes del móvil al declarar que Álvarez fue el único que sacó el arma reglamentaria e hizo disparos, y ponderó el valor probatorio de las imágenes de cámaras y la inspección ocular realizada por el tribunal en el lugar del hecho.

Para la fiscalía, el accionar de Álvarez fue doloso porque fue advertido de no disparar y desobedeció esa orden, conocía los protocolos de uso de armas y era consciente de que podía causar la muerte. “Tenía sobrados motivos para repensar su conducta, pero hubo una instancia en seguir”, afirmó Zurueta, quien rechazó de plano la hipótesis de un arrebato impulsivo.

El fiscal también remarcó que Torres no representaba una amenaza para nadie: la persecución se desarrolló en una zona inhóspita y el joven no portaba armas. “Ivo solo miraba hacia atrás, no hubo indicio de que estaba armado, solo llevaba hojas de coca, unos chocolates y unos turrones”, señaló.

Durante el juicio que se inició el 5 de mayo, las partes sostuvieron calificaciones penales muy distintas. La fiscalía había pedido en los alegatos de responsabilidad que se declarara a Álvarez culpable de homicidio agravado por el abuso de sus funciones y el uso de arma de fuego, figura que habría habilitado la posibilidad de una pena de prisión perpetua.

La querella, por su parte, solicitó que se aplicara el agravante de alevosía. La defensa, en el extremo opuesto, planteó la calificación de homicidio con exceso en el cumplimiento del deber o, en su defecto, homicidio culposo, cuya escala penal va de 1 a 5 años de prisión.

El tribunal resolvió con los votos de Batule y Matteucci declarar al acusado responsable de homicidio simple, mientras que la jueza Cataldi, en minoría, se inclinó por la calificación de homicidio agravado por abuso de funciones. Esa diferencia de criterio se trasladó también a la instancia de determinación de la pena.