El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.

Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.

Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.

El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.

El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.

Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger

Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.

Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).

«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.

Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.

El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.

El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo

En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.

El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.

Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.

Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.

El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.

Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.

La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial

La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.

En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.

El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.

Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer

Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.

El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.

Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.

Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).

A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.

En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.

En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.

Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.

El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.

Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.

Dispuesto a hacer del rearme una de sus políticas de mayor sostenimiento y exposición, el Gobierno aceleró la marcha para adelantar la llegada de otros 6 cazas F-16, del total de 24 aeronaves adquiridas a Dinamarca. En diciembre pasado, una flotilla integrada por media docena de esos aparatos de combate aterrizó en el Área Material Río Cuarto, y para el mismo mes pero de este año se esperaba el arribo de una dotación similar. Con la mira puesta en reforzar las novedades en el ámbito militar, ahora la cartera de Defensa busca anticipar al menos un trimestre la entrega establecida con el país europeo. Pero semejante esfuerzo, que de entrada demandó desembolsos por u$s350 millones, puso en el freezer a otras incorporaciones que se habían anunciado para las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, la potencial adquisición de tres submarinos clase Scorpène, fabricados por la firma francesa Naval Group, nunca superó la etapa de lo posible. Y ahora, ante el nulo avance para recuperar esa capacidad marítima, se especula con otras alternativas de menor envergadura.

La posibilidad de comprar los submarinos que opera Italia

Es en esa línea que, dado el vínculo cercano que el presidente Javier Milei mantiene con Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se incrementaron las versiones que dan cuenta de un intento argentino por hacerse con sumergibles operados por ese país.

En concreto, y en virtud de que Italia tiene programado hacerse con submarinos U212 A de origen alemán, el Gobierno podría negociar la compra de un remanente de los sumergibles clase Sauro que aún forman parte de la marina de Italia.

«Los Sauro, en sus versiones más recientes, no son plataformas costeras ni obsoletas en sentido estricto. Se trata de submarinos oceánicos de tamaño medio, con autonomía suficiente para misiones prolongadas y capacidades plenamente compatibles con operaciones en escenarios como el Atlántico Sur», detallan plataformas especializadas como Pucará.

«Su tecnología, basada en sistemas convencionales sin propulsión independiente de aire, presenta además una ventaja no menor para una marina en fase de reconstrucción: simplicidad relativa en mantenimiento, menor complejidad logística y una curva de aprendizaje más accesible«, añade la misma fuente.

Otros sitios del mismo tenor especifican que Italia mantiene operativos los submarinos clase Sauro «Salvatore Pelosi» —incorporado en 1988—, «Giuliano Prini» —1989—, «Primo Longobardo» —1993— y «Gianfranco Gazzana Priaroggia» —1995—.

«En este contexto, y considerando los estrechos vínculos históricos y políticos entre Italia y Argentina, no puede descartarse que soluciones de este tipo puedan ser consideradas como parte de un enfoque más amplio. Para ambos países, una iniciativa de este tipo podría representar una oportunidad concreta de reforzar no solo las relaciones entre los respectivos gobiernos, sino también el vínculo en el ámbito de la defensa, más allá de los ya profundos lazos culturales», subraya Pucará.

Vale mencionar que los primeros submarinos incorporados por la Armada argentina, en torno al año 1933, correspondieron a unidades «Tarantino» construidos por la misma Italia.

La Libertad Avanza acelera la llegada de más cazas F-16

En paralelo a este escenario, y enfocado en recuperar la capacidad de vigilancia y respuesta aérea militar, el Gobierno evalúa la posibilidad de anticipar el arribo de otra flotilla de cazas F-16.

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) recibió un primer grupo de 6 aviones de combate en el transcurso de diciembre de 2025 y la hoja de ruta indicaba que otra media docena aterrizaría en el país durante el mismo mes pero ya de este año.

Dado los avances en términos de entrenamiento brindado a las dotaciones de pilotos nacionales, y la evolución de la infraestructura y la cadena de asistencia técnica establecida para ese sistema de armas, la intención del área de Defensa es anticipar ese arribo cuanto menos un trimestre.

La FAA viene de completar vuelos de prueba en torno al Área Material Río Cuarto, junto a la localidad cordobesa de Las Higueras. Dichas acciones contaron con la asistencia de Top Aces, la firma canadiense que da formación a las tripulaciones locales y que en su momento fue objeto de controversia por el abultado contrato abrochado con el oficialismo —del orden de los 33 millones de dólares—.

Tras anunciar un nuevo llamado a licitación de deuda pública, el gobierno de Javier Milei confirmó que ampliará la emisión de sus bonos en moneda extranjera con el objetivo de acelerar la acumulación de dólares para pagar el vencimiento de USD 4.300 millones de principios de julio de 2026.

“Se amplía la emisión de AO27 y AO28 a USD 350 millones + 2da vuelta de USD 100 millones”, comunicó Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo. Hasta el momento, las subastas de los Bonares se realizaban por hasta USD 150 millones cada uno en la primera ronda. La novedad es que se eleva en USD 200 millones para cada título. En caso de que suscite el interés de los inversores, podría recolectar hasta USD 900 millones por licitación.

A lo largo del año, la Secretaría de Finanzas llevó adelante cuatro colocaciones del Bonar 2027 y dos del Bonar 2028. Estas emisiones permitieron captar USD 997 millones correspondientes al Bonar 2027 y USD 434 millones al Bonar 2028, elevando el monto total adjudicado a 1.400 millones de dólares. El propósito central fue fortalecer los depósitos en dólares del Tesoro Nacional y cubrir obligaciones de deuda de corto plazo.

En la última licitación, uno de los aspectos destacados fue la reducción de la tasa obtenida por Finanzas respecto a la subasta anterior. En la primera colocación del Bonar 2027 se adjudicaron USD 250 millones con una tasa de 5,74%, mientras que en la segunda se repitió el monto, pero con una tasa más baja, de 5,45 por ciento. En la tercera ronda, el Tesoro colocó USD 247 millones del Bonar 2027 y USD 184 millones del Bonar 2028. Finalmente, en la última emisión, se asignaron USD 250 millones a cada uno de los bonos, con tasas del 5% para el Bonar 2027 y del 8,20% para el Bonar 2028.

Economía realizará una nueva licitación de deuda el martes 28 de abril, en la que, además de los Bonares, se ofrecerán distintos instrumentos financieros para los inversores. Entre las opciones disponibles habrá una LECAP con vencimiento el 12 de junio de 2026 y un bono TAMAR a pagar el 31 de agosto de 2028, ambos instrumentos de reciente creación.

El menú también incluirá un Boncer con vencimiento el 29 de septiembre de 2028 y un bono CER/TAMAR a pagar el 29 de junio de 2029, este último también de nueva emisión. Además, se podrá acceder a un bono Dólar Linked, que vence el 30 de septiembre de 2026, pensado para quienes buscan cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.

Con el objetivo de afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera, la administración libertaria diseña una estrategia financiera que busca reunir hasta USD 10.000 millones sin recurrir a los mercados internacionales. Este monto permitiría cubrir los pagos a acreedores privados previstos para julio de 2026 y enero y julio de 2027, que suman cerca de 9.000 millones de dólares.

Además de los encuentros con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), la visita del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington estuvo orientada a concretar un esquema de financiamiento respaldado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 2.550 millones de dólares.

Tanto el Banco Mundial (que aportará USD 2.000 millones) como el BID (USD 550 millones) brindarán garantías, que funcionan como un “seguro” para futuros prestamistas. Estas garantías facilitarán el refinanciamiento de una parte relevante del pasivo argentino, reducirán los costos de acceso a fondos y crearán mejores condiciones para captar inversiones privadas nacionales e internacionales.

“Lo primero que hay que aclarar es que no es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado. ¿Por qué no salimos al mercado? Porque es nuestra obligación refinanciar al país a la tasa más baja posible. Y esta tasa es mucho más baja de lo que hoy Argentina puede obtener en el mercado», sostuvo Caputo desde Washington.

Respecto al costo financiero de la operación, Caputo estimó que la tasa de interés se ubicará entre 5,5% y 6,5% anual a seis años, aunque señaló que aún se negocian los detalles. Este rendimiento es inferior al que la Argentina debería afrontar en una emisión internacional de deuda, ya que, dada la situación actual del riesgo país, las colocaciones soberanas deberían ofrecer tasas superiores al 9% en dólares, un costo que el Gobierno considera excesivo.

En relación con los pagos de Bonares y Globales previstos para julio, el ministro precisó que de los USD 4.300 millones programados semestralmente, USD 3.000 millones corresponden a capital, cifra que se busca refinanciar. Los intereses, que suman alrededor de USD 1.300 millones, se afrontarán con el superávit primario.

Caputo también mencionó que el plan contempla un programa de licitaciones locales por un valor de USD 4.000 millones, empleando bonos con vencimiento en 2027 (AO27) y 2028 (AO28), que se subastan cada dos semanas y ofrecen tasas entre 5% y 8 por ciento.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado con el Banco Mundial permitiría sumar entre USD 3.000 y 4.000 millones adicionales. Así, el equipo económico prevé reunir USD 8.000 millones para cubrir pagos de USD 3.000 millones en julio, otros USD 3.000 millones en enero de 2027 y contar con un remanente de USD 2.000 millones para futuros compromisos.

El monto total ascendería a USD 10.000 millones si se consideran los USD 2.000 millones que el Gobierno espera recaudar a través de la venta de activos estatales. Se estima que la mayor parte de los ingresos por privatizaciones se materializará en la segunda mitad de 2026, especialmente con las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases.