ECONOMIA
Milei incumplió su palabra con Trump y congeló acuerdo clave por patentes en Diputados
El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.
Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.
Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.
El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.
El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.
Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger
Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.
Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.
Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.
El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.
El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo
En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.
El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.
Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.
Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.
El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.
Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.
La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial
La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.
En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.
El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.
Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer
Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.
El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.
Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.
Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).
A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.
En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.
En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.
El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.
Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.
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La empresa Frutafiel S.A.S. entró en concurso preventivo. La Justicia entrerriana abrió el proceso para la reconocida firma que se dedica a la venta de aguas saborizadas con planta industrial en General Ramírez, que elabora productos alimenticios y atraviesa una profunda crisis financiera.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispuso la apertura. El juez Ángel Luis Moia dictó la resolución el 10 de junio, tras una presentación realizada el 22 de mayo.
La firma atribuyó su situación a la combinación explosiva de inflación sostenida, caída abrupta del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito bancario. Sin embargo, la empresa aseguró que mantiene perspectivas de recuperación y que la actividad puede ser rentable en el mediano y largo plazo.
El concurso preventivo es un mecanismo legal que permite a una empresa con dificultades financieras reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial. Evita la quiebra inmediata y le da tiempo para negociar con los acreedores.
Una empresa de bebidas con 70 años de historia
Frutafiel es una empresa ubicada en la localidad entrerriana de General Ramírez, que se ubica a poco más de 60 kilómetros de Paraná y tiene algo más de 13.000 habitantes. Es uno de los pilares de empleo para la comunidad.
Según detalla en su página web, Frutafiel fue fundada en 1956. «Nació del sueño de llevar los sabores auténticos de nuestra tierra a cada hogar argentino. Desde nuestros inicios hemos mantenido un firme compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo nacional, consolidándonos como un referente en la industria de bebidas», detalla.
Y muestra sus cuatro productos estrella:
Aguas saborizadas sabores naranja, manzana, pera y multifruta en 1,5lts, 5lts y 600ml.
Aqualoea, una nueva bebida con «trocitos de pulpa de aloe vera, con un delicioso sabor frutal». «Aqualoe es una increiÌble forma de refrescarse, fuente de vitamina B1, C y calcio», destaca.
Otra bebida que ofrece es la que llama Vinto: 50% Vino Tinto y 50% Gaseosa, sabores LimoÌn, Naranja y Pomelo en un litro.
También tiene cerveza lager, con la marca Golden Saft
Qué medidas dispuso la Justicia para proteger a los acreedores
El magistrado adoptó una serie de medidas cautelares. Dispuso la inhibición general de bienes de la firma, lo que impide que Frutafiel venda o transfiera activos sin autorización judicial.
También designó al Estudio Cerini-Cerini-Chiara como sindicatura. Este equipo será el encargado de verificar los créditos y supervisar el proceso de reorganización de la empresa.
El cronograma judicial ya está fijado. Los acreedores podrán presentar los pedidos de verificación de créditos hasta el 9 de septiembre de 2026. Las observaciones e impugnaciones podrán formularse hasta el 6 de noviembre del mismo año.
La documentación presentada ante la Justicia desnuda el estado patrimonial de la empresa. Frutafiel reportó un activo total de $4.016.951.403,18, compuesto por un activo corriente de $1.313.082.606,29 y un activo no corriente de $2.703.868.796,89.
El pasivo asciende a $3.818.314.937,18. Esto deja un patrimonio neto positivo de apenas $198.636.466, una cifra que representa menos del 5% del activo total.
La diferencia entre activo y pasivo es mínima. La empresa está técnicamente solvente, pero con márgenes muy ajustados que le impiden hacer frente a sus obligaciones en los plazos estipulados.
Si bien en su página web figura que fue fundada en 1956, la sociedad en cuestión está inscripta desde noviembre de 1996 y tiene su domicilio legal en avenida República de Entre Ríos 1222 de General Ramírez. Actualmente es presidida por René Horacio Fritzler, quien firmó la presentación ante la Justicia.
Por qué una empresa rentable terminó en cesación de pagos
En su presentación, Frutafiel describió el contexto económico que la llevó a solicitar protección judicial. La empresa señaló que el proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población.
Esto elevó los costos de insumos y transporte. Al mismo tiempo, redujo los márgenes de rentabilidad porque no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad.
La disminución del consumo golpeó especialmente sus principales líneas de producción. «La caída del consumo de productos no esenciales afectó los volúmenes de venta», indicó la firma en su presentación.
El aumento del costo de la energía y de los combustibles agravó el panorama. Mientras tanto, el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés que rigen en el mercado.
La empresa debió realizar promociones con márgenes mínimos de rentabilidad. Era la única forma de sostener las ventas en supermercados y cadenas de distribución, pero profundizó el deterioro financiero.
La empresa precisó que la cesación de pagos comenzó entre marzo y abril de este año. A fines de marzo dejó de cumplir con los planes de facilidades de pago de ARCA, la agencia de recaudación nacional.
El 21 de abril comenzaron a rechazarse los cheques emitidos por la firma. Ese momento marcó el punto de quiebre que llevó a la decisión de presentar el concurso preventivo un mes después.
La cesación de pagos es el estado en el que una empresa no puede cumplir regularmente con sus obligaciones. Es el requisito legal para solicitar un concurso preventivo.
En la presentación judicial, la empresa también explicó que, con el objetivo de sostener el volumen de ventas en un escenario de consumo debilitado, implementó fuertes acciones comerciales que terminaron afectando su rentabilidad. En ese sentido, señaló que «la intención de generar mayor nivel de ventas, se hicieron promociones en supermercados y cadenas de distribución, con descuentos que implicaban un margen de utilidad casi nulo».
Nuevos lanzamientos no alcanzaron para apuntalar el consumo
A ese escenario se sumó el aumento de la morosidad de los clientes, otro de los factores que terminó deteriorando la situación financiera. Según detalló la compañía, durante ese período buscó mantener un equilibrio económico hasta la temporada de mayor demanda de sus principales productos. Para lograrlo, el presidente y principal accionista realizó un importante esfuerzo patrimonial.
«En este difícil contexto, se trató de mantener un equilibrio a fin de esperar a la época de consumo de sus productos principales, para poder acomodar las finanzas. Para respaldar esto, el presidente de la sociedad (y principal accionista), hizo un importante aporte de capital vendiendo un inmueble propio y aportando el producido a la sociedad, a fin de arrancar un nuevo proyecto, para potenciar la empresa», sostuvo la firma.
La empresa explicó además que esos recursos permitieron estabilizar transitoriamente las cuentas y avanzar con un nuevo proyecto orientado a diversificar su negocio: el lanzamiento de una cerveza de marca propia. La iniciativa también fue financiada mediante créditos bancarios, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado.
«Esta inyección de capital permitió estabilizar la situación financiera durante un periodo, proyectando a mediano plazo el crecimiento deseado de la mano de la nueva línea (cerveza con marca propia). El apalancamiento también se hizo con créditos bancarios. La inversión de la nueva línea, no dio el fruto esperado, la implementación llevó más tiempo del previsto -recién se logró a principios del año 2025-. La novedad del producto dio un aire fresco a la economía de Frutafiel, pero al poco tiempo se generó un nuevo conflicto consecuencia de dos factores: por un lado, la empresa proveedora de la cerveza a granel que se embotella en su mandante, no cumplió con el volumen comprometido (lo que motivó tener gran demanda pero sin suficiente producto) y -además- la competencia copió la idea y también comenzó a vender un producto similar. Continuando en la búsqueda de alternativas que paliaran la situación, a fines del año pasado se lanzó en el mercado un nuevo producto«, detalló.
Pese a las dificultades, la firma considera que el proceso de reconversión comienza a mostrar resultados alentadores. De acuerdo con la presentación, la producción de cerveza y de vino con jugo, sin abandonar las líneas tradicionales, ya representa una porción significativa de la actividad. En ese sentido, destacó que «significan un 30 % de la facturación total de la empresa, lo que da muy buenas perspectivas en el mediano y largo plazo«.
Qué perspectivas de recuperación tiene la empresa entrerriana
Pese al escenario crítico, Frutafiel sostuvo que la continuidad de la actividad es viable. La firma argumentó que su negocio es rentable cuando se mira el mediano y largo plazo.
«El concurso preventivo producirá el desahogo financiero, permitiendo destinar esos recursos a la actividad productiva y afrontar las obligaciones pendientes mediante la continuidad del trabajo«, concluyó la empresa en su presentación.
La firma apuesta a que el proceso judicial le dará el aire necesario para reorganizar sus pasivos. El objetivo es concentrar los recursos en la operación productiva y no en el pago inmediato de deudas.
General Ramírez es una ciudad de poco más de 13.000 habitantes en el departamento Diamante. Frutafiel representa una fuente de empleo significativa para la región, lo que añade un componente social al proceso judicial.
El concurso preventivo durará varios meses. Durante ese período, la empresa deberá presentar una propuesta de pago a sus acreedores que pueda ser aprobada judicialmente.
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La actividad económica se mueve como subibaja, pero sin perder una trayectoria ascendente en el promedio general, aunque ni se refleja en el desempeño de los componentes de los recursos tributarios, y en las transferencias automáticas a las provincias, por la baja de impuestos a las exportaciones e importaciones, y también a productos de consumo interno.
ARCA informó que en junio las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20 billones, un incremento nominal del 23,7 respecto del mismo mes del año anterior, mientras los precios se elevaron 33,2% en ese lapso. En términos reales registró una caída de 7,1 por ciento.
En el caso de Ganancias el informe de ARCA destacó que incidieron negativamente para que aumentara apenas 11,3% en los últimos 12 meses:
- La prórroga excepcional del vencimiento de la presentación y pago de la declaración jurada del período fiscal 2025 para las personas humanas hacia el mes de julio 2026. En el año anterior el vencimiento correspondiente al período fiscal 2024 había operado en junio.
- El mayor cómputo en junio 2026 de saldos a favor de los contribuyentes generados en el ejercicio 2024 y 2025, utilizados para la cancelación de otros impuestos.
Por otra parte, ARCA explica los factores que incidieron contractivamente en el mes por IVA impositivo y Aduanero:
- La utilización en junio 2025 de saldos a favor en otros impuestos para la cancelación de obligaciones en el IVA Impositivo.
- El incremento del acogimiento de deuda corriente a planes de pago, en relación al año anterior.
- La desaceleración de las importaciones, debido a la alta base de comparación por el fuerte crecimiento en el año anterior.
Esos factores neutralizaron el efecto de contar el mes con dos días hábiles más que el año anterior.
En plena liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador liquidaron USD 3.007 millones durante junio. El monto representó un crecimiento del 12% respecto de mayo y una disminución del 18% en comparación con un año antes.
Los datos surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que precisaron además que el acumulado de la primera mitad del año totalizó USD 13.378 millones. Cotejado con el periodo enero-junio de 2025, significó un ingreso 13% inferior.
“Junio marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron en el sector. En términos de recaudación, lo ingresado por retenciones disminuyó 18,3% en valores nominales y 38,3% en valores reales.
El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo (Caputo)
El ministro Luis Caputo escribió este martes en X: “El campo argentino sigue batiendo récords. Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 53 millones de toneladas entre enero y mayo. Esto representó un crecimiento en los primeros cinco meses de 18% en volumen y 17% en valor, por USD 22.383 millones, en comparación con mismo período de 2025. Los principales complejos que explicaron este crecimiento récord fueron el Girasol; el Trigo; la Pesca; la Cebada; el Maíz; los Lácteos; los Cítricos Agros; y las Legumbres. Y los principales destinos de venta fueron Vietnam, Arabia, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India”.
En otro posteo, el ministro de Economía destacó: “Las exportaciones de carne vacuna crecieron 46% en valor entre enero y mayo, por un total de USD 1.765 millones. Las ventas también crecieron 11% en volumen por 332.207 toneladas equivalentes res con hueso».
No obstante, los ingresos por retenciones se contrajeron 27,8% en valores nominales, por efecto de la baja de las alícuotas, principalmente. ARCA informó que “en junio 2025 se habían registrado ingresos extraordinarios de estos derechos, por tratarse del último mes de vigencia de la disminución de los aranceles a los derechos de exportación estipulados por el Decreto 38/2025, lo que elevó la base de comparación”.
Además, destaca ARCA: “Este mes rigieron alícuotas más bajas, especialmente para soja, trigo y maíz (Decreto 877/2025), en relación a las vigentes en junio 2025. A esto se suma la disminución de la alícuota aplicada para el trigo, que pasó de 7,5% en mayo 2026 a 5,5% en junio 2026 (Decreto 423/26)”:
- porotos de soja: de 33%/26% en junio 2025 a 24% en junio 2026.
- aceite y pellets de soja: de 31%/24,5% en junio 2025 a 22,5% en junio 2026.
- trigo: de 12%/9,5% en junio 2025 a 5,5% en junio 2026.
- cebada: de 12%/9,5% en junio 2025 a 7,5% en junio 2026.
- maíz y sorgo: de 12%/9,5% en junio 2025 a 8,5% en junio 2026.
- girasol: de 5,5% en junio 2025 a 4,5% en junio 2026.
Los impuestos que generaron aumentos de recaudación superiores a la inflación de los últimos 12 meses fueron:
- A la transferencia de combustibles: 70,4% nominal;
- A los Bienes Personales: 46,2%;
- A los Créditos y Débitos Bancarios: 33,2%;
- Otros ingresos a la Seguridad Social (excluye aportes y contribuciones): 40,3%;
- Otros coparticipados: 66,1%
En los primeros seis meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $109,6 billones. El total implicó un aumento nominal del 25,9% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 5% respecto del año anterior.
A partir del período devengado mayo 2026 -se liquida en junio- comenzó a aplicarse el beneficio establecido en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El beneficio aplica a empleadores del sector privado y tendrá efectos en la recaudación a partir del mes que viene.
En junio de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $6,83 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $5,44 billones girados en igual período del año anterior. La variación nominal fue del 25,7% y, al descontar la inflación del período, se tradujo en una disminución en términos reales del 5,6 por ciento.
Las transferencias automáticas a provincias cayeron 5,6% en valores reales en junio
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, sostuvo que el factor determinante fue la caída en valores reales de lo percibido por ARCA por el Impuesto a las Ganancias e IVA.
En el acumulado del año a junio, los giros automáticos totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones sumaron $36,6 billones, y registraron una baja de 2,6% en valores reales (Iaraf)
Sobre la base de la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), Iaraf destacó que las transferencias automáticas totales por jurisdicción registraron variaciones reales negativas en todos los casos, con una dispersión de 4,2 puntos porcentuales entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca 1,3 por ciento.
La inflación habría vuelto a desacelerarse en junio, según una de las primeras estimaciones privadas conocidas antes de la publicación del dato oficial. De acuerdo con el relevamiento de Orlando J. Ferreres & Asociados, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba de 2,1% mensual, por debajo del 2,3% estimado para mayo.
La proyección se conoce mientras el Gobierno insiste en que el proceso de desinflación continúa y el mercado espera nuevas señales sobre la evolución de los precios antes de que el INDEC difunda el dato oficial correspondiente al sexto mes del año.
Con este resultado, la inflación acumuló 16,2% durante el primer semestre de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en 31,4%.
Inflación de junio: qué proyectó Orlando Ferreres
La estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados refuerza la expectativa de una moderación gradual de la inflación, en línea con el escenario que viene planteando el equipo económico.
Además, el antecedente inmediato le otorga relevancia a la proyección. Para mayo, la consultora había calculado una inflación de 2,3%, aunque finalmente el INDEC informó un incremento de 2,1%, dos décimas por debajo de esa estimación.
Por ese motivo, el nuevo relevamiento vuelve a posicionarse como una referencia importante para el mercado antes de la difusión de las cifras oficiales.
La inflación núcleo dejó una señal que sigue de cerca el Gobierno
Ferreres advierte que la inflación núcleo se emparejó con el índice general.
Más allá de la desaceleración del índice general, el informe dejó un dato que podría captar especialmente la atención del Ministerio de Economía.
La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y los componentes estacionales y es considerada el mejor termómetro de la tendencia de fondo, avanzó 2,1% en junio.
El dato implica una aceleración respecto de mayo, cuando ese indicador había descendido hasta 1,4%, sorprendiendo positivamente al mercado. Ahora volvió a ubicarse exactamente en el mismo nivel que la inflación general.
Si bien la consultora no interpreta este movimiento como un cambio de tendencia, sí marca una interrupción en la desaceleración que había mostrado el indicador durante el mes anterior.
En términos interanuales, la inflación núcleo alcanzó 28,3%, mientras que acumuló 14,9% en los primeros seis meses del año.
Qué rubros impulsaron la inflación de junio
Según el informe, Educación fue el capítulo con mayor incremento durante junio, con una suba de 4,0%.
Detrás se ubicó Alimentos y bebidas, uno de los rubros con mayor incidencia en el índice general, que aumentó 3,1%.
El resto de las principales variaciones fue el siguiente:
- Educación: 4,0%
- Alimentos y bebidas: 3,1%
- Esparcimiento: 2,8%
- Vivienda: 2,3%
- Salud: 1,7%
- Bienes varios: 1,4%
- Transporte y comunicaciones: 0,9%
- Indumentaria: 0,4%
- Equipamiento y funcionamiento del hogar: 0,0%
En cuanto a los distintos componentes del índice, los precios estacionales aumentaron 3,2%, mientras que los precios regulados registraron una suba de 1,9%.
Qué espera el mercado para la inflación
El relevamiento de Orlando Ferreres se suma a otras mediciones privadas que anticipan que la inflación continuará moviéndose cerca del 2% mensual.
Sin embargo, la aceleración de la inflación núcleo introduce una señal de cautela. Aunque el índice general volvió a desacelerarse, el comportamiento del componente que el Gobierno considera más representativo de la tendencia inflacionaria dejó de mejorar y volvió a alinearse con la inflación total.
Ahora, el foco del mercado estará puesto en la publicación del dato oficial del INDEC, que permitirá confirmar si la desaceleración observada por las consultoras privadas efectivamente se consolidó durante junio.
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