ECONOMIA
Milei incumplió su palabra con Trump y congeló acuerdo clave por patentes en Diputados

El gobierno de Javier Milei quedó atrapado en una tensión entre la geopolítica y el lobby de laboratorios nacionales: frenó la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), al que se había comprometido antes del 30 de abril con los Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio e Inversión de noviembre de 2025. Esto desató la preocupación de los laboratorios extranjeros y de la embajada norteamericana, con la que tiene alineamiento pleno.
Según pudo saber iProfesional, la iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y por su segundo, Alejandro Cacace, pero nunca logró atravesar el cuello de botella político del Congreso. No por la resistencia de la oposición sino por el freno del fuego amigo: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el canciller Pablo Quirno.
Pese a que el Senado había aprobado el PCT en los años 90, la hermana del Presidente dio la orden de frenar el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria que se iba a hacer el 14 de abril para dictaminar y llevar el tema al recinto de Diputados.
El conflicto pasó por debajo del radar de la agenda mediática por el escándalo del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, pero la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME) envió una dura nota al Congreso en la que reclamó por el incumplimiento. Hubo consultas de los laboratorios extranjeros con diputados.
El tema es de interés directo de la embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. Fue un compromiso entre Milei y el presidente norteamericano, Donald Trump. El respeto a la propiedad intelectual en la Argentina fue uno de los reclamos centrales de la administración norteamericana a la Casa Rosada.
Cómo Karina Milei y Menem bloquearon el dictamen que pedía Sturzenegger
Detrás de ese freno hubo una decisión política. Altas fuentes parlamentarias y de Cancillería coinciden en que Sturzenegger intentó impulsar el dictamen de comisión a través de la diputada Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión cabecera del plenario.
Pero la orden de congelar el tratamiento partió del canciller Pablo Quirno, porque no incluyó el temario en la lista de pedidos al Congreso. Quirno responde a Karina Milei y la decisión de frenar todo se ejecutó en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Quirno además responde al asesor presidencial Santiago Caputo y al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, y los Caputo también juegan en tándem con el ministro de Salud, Mario Lugones, defensor de los laboratorios nacionales nucleados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA).
«Hubo un pedido de los laboratorios nacionales para hacer reserva (suprimir) del Capítulo II del tratado PCT que obliga a consultar a organismos internacionales de patentes y eso le daría mayor poder al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) para rechazar patentes extranjeras y permitir a laboratorios nacionales comercializar fórmulas copiadas, como se hace hasta ahora», señaló a iProfesional un funcionario experto en comercio internacional que participó de las gestiones.
Ambos canales, el de Menem y Quirno, confluyen en un mismo punto: Karina Milei y la presión de los laboratorios nacionales, que buscan preservar márgenes de maniobra en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI). Existe una histórica relación entre funcionarios del INPI y los lobistas de poderosos laboratorios locales.
El dato es incómodo para el oficialismo. Quirno había sido quien elevó al Congreso el listado de acuerdos a tratar con Washington, pero dejó llamativamente afuera al PCT, pese a que el propio entendimiento bilateral anunciado con pompas en noviembre fijaba el 30 de abril como fecha límite para su ratificación. La contradicción expone la fragilidad de la estrategia externa frente a las tensiones internas.
El lobby farmacéutico que unificó a Karina Milei y Santiago Caputo
En la Casa Rosada admiten, en voz baja, que el lobby farmacéutico local activó resortes de poder en las dos principales terminales políticas del Gobierno: el núcleo de Karina Milei —con Eduardo «Lule» y Martín Menem— y el de Santiago Caputo. Lo singular es que, pese a sus disputas en otros frentes, ambos espacios convergen en la necesidad de proteger a la industria nacional.
El conflicto de fondo es conocido, pero adquiere ahora escala internacional. Los laboratorios estadounidenses, europeos e indios denuncian que en la Argentina sus desarrollos son replicados por firmas locales, lo que consideran competencia desleal tras inversiones millonarias de años en investigación. Las patentes otorgan exclusividad de comercialización por 20 años desde que se descubre la molécula y por lo general tarda unos 10 años en salir a la venta —por lo que tiene una ventana efectiva de explotación de alrededor de una década— y su denegación o demora impacta directamente en la decisión de invertir.
Del otro lado, los laboratorios nacionales presionan para que la eventual adhesión al PCT incluya reservas, en particular sobre el Capítulo II del tratado, que habilita consultas con oficinas de patentes extranjeras. El objetivo es claro: evitar que esos dictámenes condicionen al INPI. En el sector extranjero advierten que esa ingeniería dejaría al organismo expuesto a presiones locales, en un terreno donde existe una larga historia de vínculos entre funcionarios y empresas.
Ese punto fue explicitado en las gestiones reservadas de Cacace, el segundo de Sturzenegger, quien reconoció ante interlocutores locales la presión de cámaras como Cilfa y planteos concretos de laboratorios reconocidos. La alternativa en estudio —inspirada en el modelo uruguayo— implicaría modificar el texto original aprobado por el Senado, lo que obligaría a retrotraer el trámite legislativo y dilatar aún más los plazos, por cuanto debería volver a la Cámara alta.
El trasfondo regulatorio también suma ruido. Si bien la Argentina sancionó en 1995 una ley de patentes alineada con estándares internacionales, el gobierno de Cristina Kirchner que era permeable a las presiones de la industria farmacéutica local dictó las resoluciones conjuntas N.º 118/2012, 546/2012, 107/2012 y 283/2015 —de los ministerios de Salud, Industria y la ANMAT—, que endurecieron los requisitos de patentamiento al extremo no solo para laboratorios extranjeros sino para investigadores locales y científicos del Conicet, favoreciendo a la industria local en su costumbre de comercializar drogas inventadas por otros países.
Uno de los compromisos asumidos con Estados Unidos fue, precisamente, derogar ese andamiaje, cosa que el gobierno cumplió hace dos meses en un anuncio que Sturzenegger se encargó de visibilizar y que fue aplaudido por CAEME y muchos sectores políticos: se respetaba así la propiedad intelectual de inversores extranjeros lo que potenciaría tres veces más las posibilidades de inversión en ese sector.
La carta de los laboratorios extranjeros que expuso el incumplimiento oficial
La demora en el PCT activó reacciones públicas y reservadas. CAEME, que nuclea a los laboratorios extranjeros, advirtió en una carta que la adhesión «representa una decisión estratégica para fortalecer la competitividad, potenciar la innovación local y facilitar la inserción internacional», y subrayó que la Argentina es hoy el único país del G20 fuera del sistema, con costos concretos para startups, pymes y el sistema científico. También expresó su preocupación por la demora del Congreso en adherir al PCT, que descontaban para antes del 30 de abril. No ocurrirá.
En la misma línea, el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral envió una nota parlamentaria fechada el 16 de abril de 2026 a los diputados nacionales, en la que sostuvo que la adhesión plena al PCT —sin reservas— es una política de «alto impacto positivo, bajo costo fiscal y plena consistencia con los compromisos internacionales». El documento advierte que la no adhesión «no perjudica a las multinacionales sino a los investigadores del CONICET, universidades, pymes y emprendedores», y califica la situación como una «anomalía del G20» que provoca una salida de inventores del sistema internacional de protección.
El texto detalla que países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, China, Brasil y México operan desde hace décadas bajo el PCT, y sostiene que la política actual termina golpeando al trabajo calificado local más que protegerlo. La decisión de colocar al país dentro del PCT implica que cuando un laboratorio patenta un medicamento o agroquímico en un país miembro del acuerdo, esa patente rige automáticamente para todos los países firmantes y no puede haber otros que lo copien hasta el vencimiento de la patente.
Los otros tratados que Milei prometió a Trump y quedaron en el freezer
Mientras tanto, en Cancillería reconocen el costo del acuerdo firmado con Washington. «Es el precio de haberse obligado a mucho sin obtener beneficios equivalentes», señalan en la línea técnica. El problema es que el compromiso no se agota en el PCT.
El entendimiento bilateral incluye un paquete amplio de obligaciones en materia de propiedad intelectual. En la Casa Rosada aseguraron a iProfesional que sólo se avanzará en estos acuerdos por parte del Congreso luego de que se logre la adhesión al PCT, sin fecha definida todavía.
Entre ellas, la Argentina se comprometió a firmar la implementación plena de tratados internacionales como el Convenio de Berna (1886, revisado en 1971), el Convenio de París (1883, revisado en 1967), el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996) y el Tratado de Marrakech (2013), entre otros dedicados a falsificación de marcas y derechos sobre propiedad intelectual.
Además, la Argentina se comprometió a enviar al Congreso antes de fines de 2027 otros instrumentos clave: la Convención de Bruselas sobre señales satelitales (1974), el Tratado de Budapest sobre microorganismos (1977), el Arreglo de La Haya sobre diseños industriales (1999), el Protocolo de Madrid sobre marcas (1989), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000), el Tratado de Singapur sobre marcas (2006) y el Convenio UPOV sobre obtenciones vegetales (1961, revisado en 1991).
A eso se suma una agenda extensa de reformas internas exigidas en el marco del informe Especial 301 de Estados Unidos: desde endurecer sanciones penales por falsificación y piratería, hasta crear fiscalías especializadas, fortalecer controles en frontera, reducir los plazos de otorgamiento de patentes y promover acciones contra la piratería digital, entre muchas otras medidas. Por ahora, el gobierno de Milei no avanzó en ninguno de estos puntos.
En este contexto, el PCT aparece como la primera ficha de un dominó que no se movió. Y su parálisis deja expuesta una trama más amplia: vínculos cruzados entre política y negocios, financiamiento de campañas, relaciones con figuras del sector como Hugo Sigman (Insud) y Daniel Sielecki (Elea), y conexiones internacionales que van desde la embajada argentina en España donde pesa Leandro Sigman, hijo de Hugo, hasta la representación en Francia encabezada por Ian Sielecki, hijo del dueño de Elea.
En ese sentido, el ministro de Salud, Mario Lugones, asoma como uno de los funcionarios más vinculados al mundo de la salud local y de los laboratorios nacionales, íntimo amigo del jefe de las campañas libertarias, Santiago Caputo, que siempre estuvo relacionado con su hijo Rodrigo Lugones, desde que ambos trabajaban para el consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba.
Incluso asoman derivaciones judiciales, como la investigación del fiscal Franco Picardi sobre presuntas irregularidades en el sistema de provisión de medicamentos para personas con discapacidad en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde aparecen droguerías, lobistas y funcionarios del ecosistema farmacéutico, como la droguería Suizo Argentina y las presuntas vinculaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem, que responden a Karina Milei.
El resultado es un equilibrio inestable. Javier Milei avala, por ahora, la convivencia de las dos alas de poder que le responden, aun cuando eso implique incumplir compromisos externos sensibles y estratégicos como la relación con los Estados Unidos. La incógnita es cuánto margen tendrá para sostener esa posición si la presión de Washington escala.
Por lo pronto, el mensaje que llega desde el gobierno de Trump y desde las multinacionales es claro: sin reglas previsibles en materia de patentes, la Argentina queda fuera del radar de inversiones en innovación. Y en esa disputa, el Gobierno eligió —al menos por ahora— priorizar la presión interna antes que la palabra firmada.
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ECONOMIA
Mercado Pago apuesta al ahorro con dos nuevos fondos que podés usar desde tu celular: cómo invertir

Mercado Pago presentó este jueves dos nuevas opciones de inversión en pesos que buscan ampliar las alternativas de ahorro para sus usuarios. La cuenta digital más usada del país suma a su portafolio dos Fondos Comunes de Inversión: uno de Renta Fija y otro de Renta Variable.
La novedad llega en un momento en que los argentinos buscan hacer rendir su dinero más allá de los tradicionales plazos fijos. Más de 20 millones de personas ya invierten en los money market de Mercado Pago, tanto en pesos como en dólares.
Ahora, la fintech fundada por Marcos Galperin apuesta a captar a quienes buscan diversificar. El objetivo es ofrecer alternativas que generen mayor rentabilidad según el perfil de cada inversor: conservador para Renta Fija, más arriesgado para Renta Variable.
Los usuarios podrán suscribirse desde apenas $100 y contar con el dinero invertido en un día hábil después de vender sus cuotapartes. La liquidez es clave: nadie quiere tener la plata atada por semanas.
Por qué Mercado Pago lanza estos fondos ahora
La demanda existe y está creciendo. Según un relevamiento de Invecq, más de la mitad de los usuarios de Mercado Pago encuestados quiere explorar nuevas opciones para potenciar su dinero.
Sin embargo, solo 3 de cada 10 declara haber invertido en fondos de renta fija o variable. El dato más llamativo: el 74% de los argentinos encuestados se define como inversor aprendiz o conservador.
Mercado Pago busca captar a ese enorme universo de ahorristas que hoy desconfían o no entienden las opciones tradicionales del mercado de capitales.
«Hace ocho años transformamos la gestión del dinero al ofrecer la posibilidad de generar rendimientos diarios a través de nuestra cuenta digital, mientras otras cuentas rendían 0%. Esta evolución permite que cada persona elija cómo potenciar sus ahorros, ya sea para maximizar el aguinaldo o planificar unas vacaciones a través de Renta Fija; o invertir su dinero a largo plazo, con el Fondo de Renta Variable», señaló Tomás Azzali, Director Senior de Mercado Pago Argentina.
En Argentina, más de 32 millones de personas invierten en FCI. De ese total, casi 29 millones eligen fondos money market y más de 3 millones fondos T+1.
Qué diferencia a cada fondo y para quién es cada uno
El Fondo de Renta Fija, bautizado «Bonos, plazos fijos y más», apunta a usuarios conservadores. Invierte en instrumentos de bajo riesgo como plazos fijos, bonos y letras, ideal para quienes buscan hacer rendir su dinero en el corto o mediano plazo sin sobresaltos.
El horizonte de tiempo recomendado es mediano y largo plazo. No habrá milagros en una semana, pero tampoco vas a perder el sueño por volatilidad extrema.
Por otro lado, el FCI de Renta Variable, llamado «Empresas argentinas», replica el índice Rofex 20. Está orientado a quienes están dispuestos a asumir mayores riesgos invirtiendo en acciones de las principales empresas del país.
Acá el juego cambia: podés ganar más, pero también podés perder. La volatilidad del mercado accionario argentino no es para principiantes nerviosos.
Ambos fondos estarán disponibles de forma paulatina para los usuarios a través de la aplicación de Mercado Pago. No todos los verán habilitados al mismo tiempo.
Los nuevos FCI serán administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y custodiados por Banco Industrial S.A., bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Cómo empezar a invertir en los nuevos fondos paso a paso
El proceso es simple y está pensado para que cualquiera pueda hacerlo desde su celular en minutos. No hace falta ser experto ni tener conocimientos previos del mercado de capitales.
Primero, ingresá a la sección «Inversiones» desde la pantalla principal de la aplicación de Mercado Pago. Ahí vas a ver todas las opciones disponibles, incluidos los nuevos fondos.
Segundo, elegí el fondo que mejor se ajuste a tu perfil. ¿Sos conservador? Andá por Renta Fija. ¿Estás dispuesto a bancar oscilaciones por mayor rentabilidad? Probá Renta Variable.
Tercero, definí el monto a invertir. Recordá que podés arrancar desde $100, así que no necesitás tener fortunas para empezar.
Cuarto, aceptá los Términos y Condiciones y el Reglamento de Gestión del Fondo. Leelos aunque sea por arriba para entender las reglas del juego.
A partir del primer día hábil posterior a tu inversión, los rendimientos comienzan a generarse automáticamente. No tenés que hacer nada más, solo esperar y ver cómo evoluciona tu inversión.
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ECONOMIA
Antonio Aracre: “Hay una parte de la sociedad que tiene problemas en el día a día”

El economista y exasesor presidencial, Antonio Aracre, pasó por los estudios de Infobae en Vivo y analizó los principales indicadores de la economía argentina. Entre los temas que abordó, se destacó su lectura sobre el dato de inflación de mayo y su diagnóstico sobre una economía que crece de manera desigual: con sectores exportadores en auge, pero con una porción de la sociedad que todavía no llega a fin de mes.
Para Aracre, el número más relevante del informe de inflación de mayo no fue el índice general, sino la inflación núcleo, que marcó 1,9%. “Me gusta más el 1,9% de la núcleo que el 2,1% del IPC general”, dijo, y explicó por qué ese indicador importa más entre los economistas: “Es lo que miramos todos los economistas nerd. Qué sucede debajo de la inflación cuando sacás los regulados y estacionales, que son ruido numérico pero que no te dicen nada de lo que está pasando monetariamente en los comercios”.
El dato, según su análisis, fue positivo porque perforó una barrera que parecía difícil de romper. “Rompió esa pared del 2% que parecía inquebrantable”, afirmó.
Sin embargo, advirtió que en el desglose por rubros persiste una dinámica preocupante: los servicios siguen siendo los que más suben. “Todos los servicios —salud, educación, comunicación— están del lado izquierdo de las barritas”, indicó, en referencia a los rubros con mayor incremento.
Sobre ese punto, Aracre reconoció que tiene una diferencia con el pensamiento económico más ortodoxo. “Acá cometo un pecado de heterodoxia fuerte para mis colegas liberales”, advirtió antes de desarrollar su argumento: “Me parece muy difícil frenar la inercia de los servicios. No así la inercia de los bienes, porque tenés más herramientas para frenar la inflación en los bienes, como por ejemplo la apertura comercial».

El problema con los servicios, explicó, es estructural. “Tenés esa cosa de que te miran para el mes anterior y se te va retroalimentando. En otros países podés elegir a quién le comprás la luz, por ejemplo. Pero acá son oligopolios”, apuntó el economista.
Su propuesta, que calificó de heterodoxa, es convocar a los prestadores de servicios regulados a una mesa de negociación. “Los invitaría a una mesa porque no son tantos. Si pensás en términos de regulados —cable, comunicaciones, prepagas— no es tan difícil sentarlos y decir qué podemos hacer para ponerle un coto a esta retroalimentación», señaló.
Más allá de la inflación, Aracre desarrolló lo que considera el problema de fondo de la economía argentina actual: un crecimiento que no llega de manera uniforme a toda la sociedad.
Describió una economía con “una patita para arriba” en los sectores exportadores —minería, energía, agro— y una situación más estancada en los vinculados al mercado interno: construcción, comercio e industria.

Esa disparidad tiene consecuencias concretas para buena parte de los argentinos. “Está muy bien que crezcamos en base a las exportaciones, con eso eliminamos la restricción externa, que es un grave problema de los últimos 10 años para crecer sustentablemente. Pero hay una parte de la economía y hay una parte de la sociedad, por lo tanto, que no está vinculada directamente a esos sectores y que tiene problemas en el día a día”, sostuvo. Y precisó: “En el caso de la gente para llegar a fin de mes, estoy hablando de la clase media baja; y en el caso de los empresarios, para medianamente seguir.”
En ese contexto, Aracre se refirió a la posibilidad —que algunos sectores reclaman— de subir el tipo de cambio para favorecer a las industrias que compiten con las importaciones. Su postura fue clara: hacerlo de golpe sería un error con consecuencias graves.
“Vos podés decir ‘subo el tipo de cambio’ porque de esa manera hago que la industria y la construcción sean más competitivas, pero eso tiene efectos negativos por el otro lado”, advirtió. Un salto cambiario brusco, en su análisis, “te genera un salto inflacionario que va a repercutir directamente en la gente que menos dinero tiene, se le van a encarecer los precios y por lo tanto va a tener un impacto en la pobreza», reconoció.
Sí consideró viable la estrategia de emitir pesos para comprar reservas, siempre que esa emisión sea esterilizada. “Como los esterilizás, no tiene efecto monetario”, explicó.
Aracre se refirió al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en las últimas horas admitió haber ocultado activos al fisco. En ese sentido, consideró que el episodio tendrá consecuencias políticas, aunque acotadas al electorado que Milei necesita para una eventual reelección.

“Hay una parte de la gente que lo votó a Javier Milei y con la cual pudo sumar ese 57%, que no es núcleo duro, que es mucha gente del centro que no pertenece a nada, que trata de vivir en un país medianamente normal, que no son demasiado politizados, que miran un poco la economía y los valores democráticos”, analizó. Para Aracre, ese segmento es el que podría pasarle factura al gobierno. “Es muy difícil que ese 20% que no es núcleo duro no le pase una factura”, afirmó.
ECONOMIA
La mala noticia escondida en la baja del IPC: volvió a acelerar la inflación de alimentos

Quién diría que, pese a todo, el Gobierno sacó alguna ventaja de la crisis política generada por la declaración jurada de Manuel Adorni. Es cierto que la situación del jefe de gabinete eclipsó buenas noticias de la economía, como la caída del IPC a 2,1% y el desplome en el índice de riesgo país. Sin embargo, también hizo que pasara inadvertido uno de los peores datos: la inflación de la canasta alimentaria volvió a acelerar.
Este indicador, que es el que marca la línea a partir de la cual se ingresa en la categoría de indigencia, dio una variación 2,4% en mayo. Y, más allá de la cifra, es un pésimo dato porque más que duplica el del mes anterior y reafirma que la inflación de alimentos no se limitó a una situación puntual del verano, sigue siendo un problema estructural de la economía.
Hablando en plata, se necesita $681.246 para que una familia tipo, de dos adultos y dos niños en edad escolar, puedan mantener una dieta sana para reponer nutrientes a diario. Según el último censo de pobreza del Indec, un 4,8% de la población sigue debajo de la línea de indigencia.
Volvió a subir la inflación de alimentos y cortó la racha positiva
En los últimos dos meses, el gobierno se había ilusionado con una nueva tendencia, en la que, pese a que el IPC se mantenía relativamente alto, el rubro alimenticio -el más sensible desde el punto de vista social-, venía desacelerando.
Fue así que, después de una saga de cinco meses en la que siempre la inflación de alimentos se ubicaba por encima del IPC, por fin en marzo se logró quebrar la tendencia, cuando frente a un IPC de 3,4%, la canasta se encareció un 2,2%. Y en abril se repitió la situación: frente a un 2,6% de inflación promedio, la canasta básica sólo aumentó un 1,1%. Pero el alivio duró poco: ahora, con la canasta alimentaria subiendo a un ritmo de 2,4% frente a un IPC de 2,1%, otra vez se quiebra la tendencia.
Luis Caputo había manifestado su satisfacción ante esta estabilización. Según su interpretación, el problema había sido el imprevisto aumento de la carne, que tiene una alta ponderación en el índice del Indec, y que sufrió fuertes aumentos en el verano. Pero el ministro se mostró confiado en que se trataba sólo de una situación estacional: «No todos los meses la carne va a subir un 8%», afirmaba.
Retracción del «efecto carne»
Los números le dieron la razón a Caputo porque, efectivamente, el desagregado en el IPC de mayo muestra que el asado registró una baja de precio por 1,6%. Y los principales cortes consumidos por la población también registraron deflación en las carnicerías.
¿Por qué se había producido en verano ese inesperado pico en las carnicerías? Por un abrupto descenso de la oferta de animales para faena, lo cual llevó al mercado de hacienda de Cañuelas a que se pagara hasta $5.400 por kilo de novillito de hasta 390 kilos, algo que superó todas las expectativas del sector.
La retracción ocurrió por un cambio en la actitud de los ganaderos, que después de años de haber enviado a faena a animales en edad reproductora, ahora quieren aprovechar los buenos precios para recomponer el stock de animales, que cayó cayera debajo de los 50 kilos de cabezas, el número más bajo de los últimos 15 años.
A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, ahora es más negocio engordar un animal hasta más de 480 kilos, en vez de mandarlo al matadero con 300 kilos. Y ese cambio en la ecuación del negocio ocurre por el abaratamiento relativo del maíz, el principal insumo para el engorde del vacuno.
Lo cierto es que el peor momento parece haber pasado. Ahora, en Cañuelas los precios reflejan una baja de un 9% promedio respecto de su pico veraniego, con precios máximos de $4.900 para el novillito.
La culpa de nuevos aumentos: panificados, lácteos y verduras
Pero, aun con la carne jugando a favor, surgieron nuevos aumentos en otros subrubros, que empañaron el buen dato del IPC.
En particular, hubo aumentos por encima de lo previsto en panificados, en productos lácteos y en verduras. En promedio, las verdulerías mostraron aumentos por 18,8%, con casos como el tomate redondo que tuvieron un impactante incremento de 62%. También hubo subas de dos dígitos para la papa, la lechuga y la cebolla.
En el subrubro de lácteos, hubo varios productos con incrementos superiores al 5% mensual, como la leche en sachet, la manteca y el dulce de leche.
Y en panificados y farináceos, se destaca la suba de las galletitas de agua envasadas, con incrementos de 9,2%.
Sea cual sea el producto que genere la presión estacional, lo cierto es que está resultando mucho más difícil de lo previsto dominar la inflación en los alimentos, algo que todos los gobiernos ponen entre sus prioridades, porque incide directamente en los niveles de pobreza e indigencia.
Todavía no está claro que se tratará de fenómenos transitorios o si se extenderán en los meses invernales, complicando así los planes del gobierno para moderar la inflación.
En todo caso, el hecho de que la inflación de alimentos siga siendo un tema noticioso le genera un problema político al gobierno, porque pone en duda la validez de su discurso sobre la inflación como un fenómeno estrictamente monetario.
Si desde el equipo del ministro Toto Caputo se pone el énfasis en factores climáticos o en el encarecimiento del costo logístico por la suba de combustibles, entonces la explicación sonará como una contradicción con el mantra de la inflación monetaria. Y si no se plantea ese argumento, entonces habrá margen para que aumenten las críticas por parte de los economistas que acusan a Caputo de estar incurriendo en una expansión monetaria encubierta.
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