ECONOMIA
Vuelve el fantasma del default privado: la crisis se expandirá y las deudas superarán u$s3.000 millones
Es uno de los temas que más preocupación genera en los bancos y en los directorios de las empresas: los defaults privados, que al principio parecían situaciones aisladas, empezaron a crecer a tal punto que muchos temen una crisis sistémica, con impagos que podrían ascender a u$s3.000 millones, según estiman en las gerencias de los bancos.
Y lo paradójico de la situación es que esto ocurre al mismo tiempo que el gobierno celebra que, gracias a su política económica, se facilitó el acceso al crédito para las empresas, que pueden tomar préstamos en dólares y a tasas bajas.
Sólo durante el año pasado se emitieron obligaciones negociables por un monto de u$s7.619 millones, por parte de 89 empresas. Tres cuartas partes de ese monto correspondió al sector energía, el que más interés genera en el exterior por el potencial del desarrollo petrolero y gasífero.
Pero los anuncios no terminan en ese sector, y en los últimos meses se han repetido casos que llamaron la atención del mercado, en algunos casos por el volumen y en otros por la tasa de interés, que se ubica notoriamente por debajo de la que los bancos le piden al propio Estado argentino.
Ejemplos de emisiones en las últimas semanas. Havanna, en su primera colocación de ONs, consiguió u$s18,5 millones, a pagar en tres años a una tasa de 8,75%. Compañía Mega -que actúa en el sector del gas- obtuvo u$s59,5 millones al 7,5%, mientras que Profertil captó u$s54,3 millones a un interés de 7,25%.
Antes, la gigante alimenticia Arcor, que adoptó una estrategia de búsqueda de mayor liquidez y reperfilamiento de su situación financiera, anunció la emisión de ONs por u$s68,4 millones y $33.329 millones. Una de las series paga una tasa fija nominal anual de 6,75%.
En el arranque del año, la incertidumbre sobre la política cambiaria hizo que disminuyera el volumen emitido en comparación con el año pasado, pero aun así se sigue viendo una actividad alta en relación al promedio histórico.
¿Tasas de otro país?
La polémica entre los especialistas es cómo hay que interpretar este momento de la deuda privada con el mercado de capitales: ¿señal de un cambio estructural que lleva a una economía más sana? ¿O, por el contrario, una situación especulativa que conlleva un alto riesgo de impagos si ocurriera un contratiempo en la macroeconomía?
Por lo pronto, los más preocupados dejan ver su sorpresa por las tasas de interés, que no se condicen con el riesgo país argentino. La composición tradicional de la tasa toma como base a la SOFR (Secured Overnight Financing Rate), de Estados Unidos -actualmente en 4,3%- a lo que se agrega un plus de riesgo, variable según el país, el rubro y la empresa que solicita el crédito. Una tasa que tome en cuenta el riesgo país argentino debería ubicarse por encima de 11%.
Dicho en otras palabras, cuando una empresa obtiene financiamiento a una tasa de 7,25%, le están prestando a un costo equiparable a un riesgo país de 300 puntos -la mitad del nivel argentino-.
No es la primera vez que esto ocurre, sobre todo en el caso de empresas exportadoras con actividad en rubros de alta demanda internacional. Sin embargo, el diferencial de tasa respecto del riesgo soberano no deja de llamar la atención.
Cuando Toto Caputo salió a buscar un préstamo «repo» -que pone bonos como garantía- le pidieron una tasa de 8,25% en dólares. Y cuando emitió bonos del Tesoro en pesos, pero suscribibles en dólares, tuvo que pagar 28%, lo cual lleva implícito una expectativa devaluatoria.
El regreso de los defaults
Pero, sobre todo, el debate está centrado en el hecho de que, mientras se expande el crédito, también está creciendo el fenómeno de empresas que no pueden hacer frente a sus obligaciones y caen en default o reestructuración de pasivos. Lo que en la jerga se conoce como «pufos».
Y no se trata de empresas que actúan en rubros «perdedores» del modelo Milei, como podría ser la industria manufacturera, sino que cuenta principalmente a compañías agrícolas, energéticas y petroleras.
En su mayoría, eran empresas que arrastraban deudas desde el gobierno anterior, y que habían sido tomadas en un entorno macro completamente diferente, en el que el mercado mostraba apetito por títulos que dieran cobertura ante el riesgo devaluatorio. Esto implicaba deuda nominada en dólares o en pesos con cláusula dólar linked. En muchos casos, la elevada inflación terminaba licuando las tasas para las empresas emisoras.
Pero ya a fines del año pasado empezaron a verse turbulencias. El primer problema importante vino en diciembre de parte de President Petroleum, que cayó en default por u$s4,95 millones en pagarés bursátiles. Y el ruido financiero ganó volumen a inicios de año, cuando se conoció la crisis de grandes empresas del agro, como Los Grobo, Agrofina y Surcos.
Los montos eran menores, pero justamente ese detalle era el que imprimía nerviosismo y llevaba a los expertos del sector a pronosticar «un año de quebrantos» para el campo.
La pelea interna del campo
Allí comenzó una pelea que mezclaba argumentaciones financieras y políticas. De un lado, los más afines al gobierno culpan a las empresas que «no la vieron» y especularon con una devaluación. Enfrente, están quienes afirman que la crisis está inducida por un gobierno que pese a su discurso liberal no alivia la presión impositiva y, para colmo, revalúa el peso cuando todos los vecinos devalúan.
Hubo algo de razón en ambas partes. Es cierto, por ejemplo, que hasta hace dos años había líneas crediticias a tasas fijas en pesos a 70 meses que, por el efecto de la inflación, se terminaban repagando en dos años. En ese contexto, hubo de todo: desde aquellos que se rehusaron a tomar créditos y prefirieron «ahorrar dentro de los silobolsas», hasta quienes se endulzaron con el crédito barato y apostaron su modelo de negocios al apalancamiento para comprar todo el stock posible.
Pero en el medio estuvo el cambio de modelo económico, y eso llevó a que algunas empresas compraran insumos a precios que luego se desplomaron. Como también los ingresos están en caída por el efecto internacional, se llegó a una situación de estrangulamiento financiero.
El gobierno dio a entender que no habría «salvatajes» estatales y que el problema era de los gerentes financieros que en vez de «hedgear» -es decir, cubrir los riesgos de descalces de tasas y monedas recurriendo a otros instrumentos, apostaron a una devaluación que resolviera el problema. Su argumento era que, al desaparecer la brecha cambiaria que caracterizó al gobierno peronista, toda la estrategia financiera debía ser pensada con otra lógica.
Adiós al crédito que se paga solo
Los analistas afirman que, ante esos cambios del contexto macro, pierden importancia los indicadores clásicos de riesgo, como el de deuda sobre ganancia operativa, y que gana protagonismo la situación de caja. O, dicho en términos técnicos, los activos realizables sobre los pasivos exigibles.
Ese análisis demuestra que hay empresas cuya iliquidez agrava la situación, como el caso de Los Grobo, donde los activos líquidos son 45% de las obligaciones.
«Hasta 2023 hubo financiamiento abundante y barato, había empresas a las que les prestaban al 3%, porque con una brecha cambiaria del 100% importaba poco el riesgo del negocio y el foco era ganar la brecha», explica un ejecutivo de uno de los principales bancos del mercado.
Desde su punto de vista, el punto de inflexión llegó cuando Toto Caputo adoptó la «tablita» con el crawling peg de 2% mensual y se acortó la distancia del tipo de cambio oficial con el paralelo. A partir de allí, cayó la demanda por instrumentos dólar linked, dado que el nuevo esquema favorecía la renta en pesos.
«Fue entonces que esas empresas se encontraron con que no podían rollear sus deudas. Algunas aprovecharon la ventana del blanqueo para conseguir algo de dólares MEP. Pero el día que se cayó la primera empresa (President Petroleum) se dieron cuenta que eran emisiones de riesgo, por lo que se cortó el financiamiento», agrega el ejecutivo.
Y observa que desde noviembre se nota una merma en la financiación del mercado de capitales a empresas que no sean de primera línea.
Defaults que hacen ruido
Desde entonces, la situación se agravó, con crisis que causaron ruido en el mercado. La citrícola San Miguel -la mayor del país con un share de 15%- se vio en dificultades para saldar una ON de u$s53 millones, que finalmente pudo superar gracias al refuerzo de u$s15 millones aportados por accionistas en una línea de crédito sindicada.
La empresa energética Albanesi, en tanto, que tiene una deuda total de u$s1.100 millones y que afronta vencimientos de obligaciones negociables por u$s220 millones, anunció el mes pasado que incumpliría un pago, en el marco de un reordenamiento financiero que adecuara el pago de obligaciones a su flujo de caja.
Y el caso más resonante fue el de Bioceres, que en junio incumplió pagos de pagarés bursátiles por u$s5,3 millones y tiene otros u$s2 millones pendientes. La firma, envuelta en una compleja reestructuración accionaria -que implica la aparición de un nuevo grupo controlante con gerencia uruguaya y capitales británicos- causó alarma entre los acreedores luego de una reunión con el nuevo CEO, que no dio señales claras sobre cómo se superará la crisis.
Bioceres es la mayor empresa de biotecnología argentina, y en su último ejercicio contable -presentado el año pasado- mostró una pérdida de $5.283 millones. Su default lideró la caída de las acciones argentinas este mes y arrastró también a su controlada Rizobacter, proveedora de bioinsumos. Con un margen de ganancia en caída, las agencias calificadoras de riesgo destacaron que el ratio de deuda sobre Ebitda se disparó desde 1,7 veces a 7,1.
¿Quién es el próximo nominado?
Las señales de alarma en el mercado continúan, mientras los analistas debaten si el riesgo de impago podrá generalizarse o si quedará acotado a empresas «sub prime» que han tenido un mal manejo financiero.
Hay ejecutivos del sector bancario que creen que las dificultades financieras, que hasta ahora golpearon al agro y la energía, comenzarán a sentirse en el rubro industrial.
«Hasta acá, los industriales aguantaron porque venían con poca deuda, hicieron un colchón con los márgenes que tenían de 2022/23. Pero ahora entramos en un contexto donde pierden plata y el financiamiento se vuelve caro por la tasa real», apunta un analista, que no oculta su escepticismo sobre la situación financiera de las empresas en el mediano plazo.
Por lo pronto, los indicadores ya están marcando una tendencia difícil de sostener, en la que el endeudamiento crece a una tasa cinco veces más alta que los depósitos bancarios.
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Como ya es habitual, la cadena de supermercados Carrefour lanzó una fuerte promoción en la que ofrece descuentos en televisores de distintas marcas y tamaños. Incluso, está la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
Así, mientras define si continúa operando en Argentina y se analizan las propuestas de los distintos interesados, Carrefour dispuso en febrero una nueva oportunidad para quienes busquen renovar su televisor o comprar uno más grande, justo en año de Mundial.
Carrefour vende televisores con hasta 45% de descuento y en cuotas
Dentro de sus habituales promociones para productos de consumo masivo, como alimentos y bebidas, desde hace tiempo Carrefour lanza periódicamente rebajas en artículos de tecnología y electrodomésticos.
En este caso, además, lanzó rebajas para comprar televisores de distintas marcas, modelos y tamaños. De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, en febrero los descuentos alcanzan el 44% y en algunos casos se puede pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
Algunas de esas promociones son solo para compras online, con la modalidad «solo envío». Otros, en cambio, se pueden comprar por la web y retirar en alguna de las sucursales o directamente adquirirlos en la tienda física.
A continuación, algunas de las mejores promociones y descuentos de televisores en Carrefour:
Algunos de los televisores en oferta en Carrefour durante febrero 2026
Smart TV Noblex 43’’
- Precio en oferta: $389.000
- Descuento del 34%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH 43’’
- Precio en oferta: $429.000
- Descuento del 28%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV 50’’ LG 4K
- Precio en oferta: $679.000
- Descuento del 15%
- Se puede comprar en 12 cuotas sin interés
Smart TV LED 4K Philips 55’’
- Precio en oferta: $749.999
- Descuento del 24%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV Phillips 43’’
- Precio en oferta: $429.000
- Descuento del 29%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV Noblex 43’’
- Precio en oferta: $389.000
- Descuento del 34%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV 60’’ BGH
- Precio en oferta: $999.000
- Descuento del 16%
- Se puede comprar en 12 cuotas sin interés
TV 24’’ HD Noblex
- Precio en oferta: $199.000
- Descuento del 27%
- Se puede comprar en 6 cuotas sin interés
Smart TV BGH 50’’ 4K
- Precio en oferta: $629.999
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- Solo envío (compra online)
Smart TV Quint 43’’
- Precio en oferta: $329.999
- Descuento del 44%
- Solo envío (compra online)
Hasta 44% de descuento en algunos modelos, ofrece Carrefour en febrero
Qué pasará con la salida de Carrefour de Argentina
Más allá de las ofertas puntuales en televisores o distintos artículos tecnológicos, la situación de Carrefour Argentina genera incertidumbre. La anunciada salida de la cadena francesa del país, anunciada oficialmente en julio del año anterior, parece haberse enfriado considerablemente. Todo indica que la operación de venta está empantanada, mientras la empresa continúa su plan de inversiones, expandiendo servicios y tecnología a nivel local. Estas señales sugieren una posible continuidad de Carrefour en el mercado argentino a mediano plazo, desvirtuando las expectativas iniciales de desinversión.
Un claro ejemplo de esta apuesta por el mercado local es la notable expansión de su sistema de Entrega Inmediata. Este servicio, que permite a los clientes recibir sus compras de supermercado en solo una hora, ya está operativo en 50 tiendas a lo largo del país. La modalidad mantiene los mismos precios y promociones que se ofrecen en las sucursales físicas, brindando una alternativa rápida y conveniente. Se extiende por la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires Norte, Córdoba, Mendoza y Tandil.
Asimismo, Carrefour Argentina reforzó su estrategia tecnológica con la implementación de un mecanismo de Computer Vision en sus cajas. Esta solución con inteligencia artificial busca reducir los tiempos de espera y optimizar los pagos en cuatro tiendas específicas: Vicente López, San Fernando, Rincón de Milberg y el Carrefour Market de Vicente López. La iniciativa pretende mejorar la experiencia de compra y sumar valor con nuevas funcionalidades de cara al año 2026.
Estas inversiones, sumadas a la falta de avances concretos, permiten inferir una demora significativa en la elección del comprador para las más de 700 sucursales que el conglomerado europeo puso en venta. El objetivo inicial de Carrefour era concentrar sus operaciones en mercados considerados más estables y rentables, como Francia y España, para optimizar la eficiencia y los márgenes de ganancia.
Sin embargo, las negociaciones con los diversos interesados se complicaron en los últimos meses. Fuentes del sector señalan que existe una alta probabilidad de que el proceso de venta se anule, lo que implicaría que Carrefour continúe operando en el mercado argentino. Esta situación desdibujó las expectativas de un traspaso inminente.
El board de Carrefour en Francia contrató al Deutsche Bank para gestionar la venta de sus operaciones locales. La oferta incluía, además de las 700 sucursales en distintos formatos, una financiera, más de 17.000 empleados y una porción considerable del mercado, cercana al 21% del share total. El banco alemán confeccionó una short list de potenciales compradores.
Lo cierto es que, mientras analiza la salida del país, la cadena de supermercados Carrefour mantiene sus ofertas en distintos productos, entre los que se destacan electrodomésticos y televisores, con rebajas que alcanzan el 45% y se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés.
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ECONOMIA
Industria del juicio: las demandas por accidentes de trabajo crecieron más de 4.300% en los últimos 20 años
La cantidad anual de juicios laborales por accidentes de trabajo en la Argentina registró un incremento de 4.353% entre 2003 y 2025. En ese período, las demandas iniciadas en el sistema de Riesgos del Trabajo pasaron de 3.012 casos en 2003 a 134.131 en 2025, el nivel más alto desde la creación del régimen.
Los datos surgen de la información oficial del sistema y fueron analizados por la consultora Libertad y Progreso (LyP), que advirtió sobre el fuerte aumento de la litigiosidad en los últimos años. Según el informe, durante 2025 se iniciaron más de 134.000 juicios, cifra que implica que los litigios se multiplicaron por 44 desde 2003. En promedio, eso equivale a más de 350 nuevas demandas por día hábil.
Las estadísticas muestran una ascendente de largo plazo en la cantidad de juicios por ART. La serie presentada por la consultora arranca con 3.012 casos en 2003, sube a 6.805 en 2005 y alcanza 27.170 en 2008. En 2012 ya sumaban 64.093 demandas y en 2016 llegaban a 127.503. Un año después, en 2017, se registraron 130.679 juicios.
Tras una baja transitoria en 2020, cuando se contabilizaron 44.600 casos, la litigiosidad volvió a crecer: 79.100 en 2021 y 134.131 en 2025, el máximo de la serie.
Mientras la cantidad de juicios siguió esa trayectoria, la evolución de los accidentes laborales mostró un comportamiento distinto. De acuerdo con el gráfico elaborado en base a datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART), los siniestros laborales crecieron en una primera etapa de la serie, pero luego tendieron a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años. Esa divergencia evidencia que el aumento de las demandas no fue acompañado por un incremento equivalente en los accidentes registrados.
El informe de LyP señala que “la brecha entre ambas dinámicas vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de ordenar el régimen laboral, en un contexto en el que el Gobierno impulsa una reforma del sistema”. En ese sentido, remarca que “en la práctica, la cantidad de demandas crece muy por encima de los accidentes efectivos”.
El año 2025 marcó un nuevo récord de litigiosidad. Con 134.131 juicios iniciados, se alcanzó el valor más elevado desde la puesta en marcha del sistema de Riesgos del Trabajo.
La comparación internacional también muestra diferencias significativas. Según datos difundidos en informes sectoriales, la Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 5,8 en Chile y 8,5 en España. Esa relación ubica a la litigiosidad local en niveles varias veces superiores a los de esos países, aun con esquemas de cobertura que presentan estándares similares.
En paralelo, las estadísticas de siniestralidad muestran una tendencia de largo plazo a la baja. De acuerdo con datos del sistema, los accidentes laborales y los casos fatales disminuyeron en las últimas dos décadas, en el marco de la consolidación del régimen de ART y de políticas de prevención. Sin embargo, esa reducción no se reflejó en una menor judicialización.
El desajuste en el sistema tiene consecuencias económicas concretas. “El aumento de la litigiosidad eleva los costos del sistema de ART, se traslada a mayores cargas para las empresas y afecta especialmente a pymes y sectores intensivos en empleo formal”, sostiene el documento de LyP. Además, agrega que “la incertidumbre judicial se convierte en un factor que desalienta la contratación registrada y la inversión”.
El debate sobre los juicios laborales volvió a cobrar relevancia en el marco de la discusión sobre una reforma del sistema. Para la consultora, “el desafío es reducir la judicialización sin debilitar la protección del trabajador, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de accidentes no lo justifican”.
La experiencia de otros países de la región aparece como referencia en ese análisis. En Chile, por ejemplo, el sistema de accidentes de trabajo presenta niveles de litigiosidad considerablemente más bajos. Según el informe, “la mayor resolución administrativa de los casos y reglas más claras permiten alinear mejor accidentes y reclamos, reduciendo costos y dando mayor previsibilidad al empleo formal”.
Un análisis reciente de la UART intenta explicar por qué hubo un aumento tan pronunciado en la cantidad juicios. Desde la entidad sostienen que el fenómeno no se explica por un aumento de los accidentes, sino por factores vinculados al funcionamiento del esquema judicial. En particular, señalan que la Ley 27.348 dispuso la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses en cada jurisdicción con el objetivo de unificar criterios técnicos y reducir la litigiosidad. Sin embargo, advierten que esa estructura no fue implementada plenamente en todo el país.
De acuerdo con el planteo de la UART, esa situación habilitó la intervención de peritos externos sin un marco homogéneo de supervisión, cuyos dictámenes establecen porcentajes de incapacidad por fuera de los baremos oficiales. Esas pericias, agregan, suelen ser convalidadas en sede judicial, lo que incrementa el volumen de reclamos.
A ese esquema se suma la modalidad de cálculo de los honorarios periciales, que se determinan como un porcentaje del monto de la sentencia. Según el informe, ese mecanismo introduce incentivos económicos que impactan en el nivel de las incapacidades reclamadas y, en consecuencia, en el monto final de los litigios.
El efecto también se refleja en los costos del sistema. La UART estima que el 45% de lo que abonan las ART en concepto de juicios corresponde a intermediación, es decir, honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales. En términos prácticos, por cada millón de pesos destinado a una demanda, alrededor de $450.000 se canalizan a través de ese circuito.
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Aún existe una tensión entre una macro que se ordena y una micro que aun no termina de responder o reaccionar, atravesando la lectura del costo de vida y, específicamente en esta nota, el análisis de la canasta de servicios de una familia tipo.
Si evaluamos las transformaciones macro y su incidencia en la vida diaria, lo más notorio es que la inflación se encuentra estable, pero aún en un nivel elevado. En ese marco, las tarifas de los servicios siguen en proceso de corrección gradual, atravesada por una dinámica de «ajustar sin desbordar, contener sin atrasar».
El siguiente gráfico compara el costo estimado de la canasta de servicios, de una familia tipo, en noviembre de 2025 frente a una proyección de marzo de 2026.
Para esta canasta, la familia considerada está compuesta por cuatro integrantes: 2 adultos con empleo y 2 niños en edad escolar
La familia considerada está compuesta por cuatro integrantes: dos adultos con empleo y dos niños en edad escolar. El primer gasto inevitable es el techo. En noviembre del año pasado, podían alquilar un departamento de tres ambientes en el Gran Buenos Aires por un valor promedio de $760.860. Para marzo de este año, ese monto ascendería a $827.599. Este último valor surge de aplicar el incremento acumulado del IPC estimado. Sin embargo, durante 2025 los alquileres subieron alrededor de un 51% en el GBA, pese a que la inflación anual fue del 31,5%. La principal explicación está del lado de la oferta: la falta de desarrollo de edificios residenciales en propiedad horizontal y, en consecuencia, una menor disponibilidad de unidades en alquiler. Se trata de una escasez estructural de viviendas que persiste incluso tras el cambio en las reglas de juego del mercado inmobiliario, luego de la derogación de la Ley de Alquileres. La reducción del riesgo para el propietario logró atraer inversiones, pero por los tiempos y la magnitud que requieren las obras, ese movimiento no se traduce en un impacto directo en el corto plazo.
En cuanto a las expensas, para un departamento sin amenities de lujo, pasarían de $147.977 en noviembre a $161.476 en marzo, lo que representa un aumento del 9,12%. Vale señalar, que existe una brecha marcada entre las expensas del conurbano y las de la Ciudad de Buenos Aires: en CABA suelen ser el doble o más para viviendas comparables, en parte por actualizaciones tarifarias aplicadas en distintos momentos. Además, cuando la billetera se ajusta, este suele ser uno de los gastos donde primero aparece el recorte, y por ello en un edificio, entre el 15% y el 20% de las unidades registra deuda aún cuando las tasas de interés rondan el 6 por ciento.
Servicios públicos: tarifas con «lógica gradual»
Dentro de los servicios básicos, desde febrero comenzarán a regir nuevos valores para la electricidad y el gas. En noviembre de 2025, una familia sin subsidios pagaba en promedio $37.098 por la boleta de luz; para marzo, ese monto se estima en 53.744 pesos.
En el caso del gas natural, el ajuste sería más marcado debido a la implementación del Precio Anual Uniforme, conocido como «tarifa plana». La factura pasaría de $24.071 a $27.276, contemplando el aumento promedio nacional del 16,86% y las estimaciones del IPC+IPIM. El objetivo del nuevo esquema tarifario es eliminar los picos de facturación durante el invierno y redistribuir el costo hacia los meses de menor demanda, para amortiguar el shock estacional e incorporar, además, la cuota mensual correspondiente a la Revisión Quinquenal Tarifaria. A esto se suma que en febrero entra en vigencia el nuevo Subsidio Energético Focalizado, que reemplaza al esquema anterior de segmentación.
Por su parte, el servicio de agua y cloacas continuará ajustándose hasta abril con subas del 4% mensual, lo que dejaría en marzo una boleta aproximada de $36.486, un 17,40% por encima del valor de noviembre.
Transporte: la movilidad esencial con subas por encima del promedio
Otro servicio esencial es el transporte público que garantiza la movilidad cotidiana de las familias entre escuela, trabajo y otros traslados diarios. Durante 2025 los aumentos superaron ampliamente la inflación: 77,47% en la Provincia de Buenos Aires y 60% en CABA.
Ese comportamiento responde a los aumentos «excepcionales» sumado a la fórmula de actualización que contempla incrementos mensuales del 2% fijo más la variación de precios (IPC). Así, una familia que se desplaza diariamente combinando colectivos y trenes gastaría $89.381 mensuales en marzo, frente a los $70.605 mensuales de noviembre. En caso de no contar con SUBE nominalizada, el gasto ascendería a $147.120 en marzo, un 64% más.
El costo oculto del «uso moderado» del vehículo particular
Si los adultos contaran con un automóvil y lo utilizaran de manera moderada, solo para salidas de fin de semana, el costo del combustible y del seguro recortaría rápidamente el margen del presupuesto familiar. En noviembre, el litro de nafta súper costaba $1.435, y se estima que para marzo alcance los $1.727, en base a los aumentos esperados. En términos prácticos, llenar un tanque de 50 litros pasaría a costar $86.349, un 20% más que en noviembre.
Para este ejercicio se supusieron salidas los sábados y domingos, desde la Provincia de Buenos Aires hacia CABA (44 km ida y vuelta) como actividad recreativa. Bajo ese esquema, el consumo sería apenas inferior a un tanque completo, lo que implicaría un gasto aproximado de $72.947 en marzo, frente a los $60.614 de noviembre. A esto se suma el costo del seguro automotor. En noviembre, una cobertura mínima (terceros completo) se ubicaba en $83.686, mientras que para marzo se estima en $146.020. Naturalmente, este valor varía según el año y el precio del vehículo, la jurisdicción donde se contrata y el tipo de cobertura. En este caso se toma como referencia la opción mínima.
Además, si se considera el uso ocasional de taxis para cubrir imprevistos, un viaje entre PBA y CABA costaba en noviembre aproximadamente $23.040, mientras que en marzo se estima en $25.060. Con cuatro viajes mensuales, uno por semana, el gasto total ascendería a 100.243 pesos.
Salud, educación y conectividad: servicios que se vuelven inelásticos
La salud y la educación son pilares en cualquier sociedad y garantizar su acceso, no es un debate sino un consenso social. Si bien en Argentina existen escuelas y hospitales públicos, una parte importante de las familias opta por alternativas privadas en busca de mayor calidad o previsibilidad, aun cuando eso implique un gasto significativamente mayor.
En el caso de la educación, los colegios privados cuentan con libertad para fijar sus aranceles, mientras que aquellos que reciben algún porcentaje de aporte estatal se manejan dentro de una banda autorizada. Como resultado, las cuotas mensuales varían ampliamente entre instituciones. Para este ejercicio se tomó como referencia un colegio semiprivado de calidad intermedia: con dos niños en edad escolar, el gasto era de $352.206 mensuales. Para el ciclo lectivo 2026 se proyectan aumentos de al menos el 70%, por lo que enviar a ambos hijos al colegio costaría 605.794 pesos.
La magnitud de esa dispersión se observa con claridad al mirar el extremo superior: una institución 100% privada puede tener un arancel básico de $1.133.319 por mes. Para la mayoría de los hogares de clase media, superar los $2 millones mensuales solo en cuota escolar, sin contar el resto de los servicios, resulta directamente inviable.
Por su parte, muchas familias sostienen una prepaga, un rubro de peso en el presupuesto, pero difícil de recortar por su carácter esencial. En general, estos planes ajustan según IPC con un rezago de N-2. Así, una prepaga familiar básica que costaba $576.389 en noviembre pasaría a $647.044 en marzo.
Por último, los servicios de conectividad y entretenimiento ganaron relevancia en el hogar, tanto por su uso cotidiano como por su impacto en el gasto mensual. En telefonía, considerando dos líneas para el grupo familiar, el precio aumentaría un 5% en marzo respecto de noviembre. El servicio de internet, hoy indispensable, rondaría los $81.202 en el tercer mes del año, mientras que el cable se ubicaría en $32.762 para el paquete básico.
No obstante, muchas empresas ofrecen estos servicios en combo y aplican bonificaciones por seis meses, con posibilidad de renovación; sin embargo, para simplificar el cálculo se asumió el pago del 100% del valor. En el caso del streaming, se tomó como referencia la plataforma más extendida. En marzo, un plan familiar estándar costaría $26.698 mensuales, incluyendo IVA y Ganancias.
El valor final de la canasta
En términos totales, la canasta completa de servicios para una familia tipo ascendería en marzo de 2026 a $2.980.339. Esto representa un 22,25% mas que en noviembre del año pasado. Dado que se contemplan únicamente los servicios en ella, el nivel de gasto resulta elevado en relación con los ingresos percibidos por el hogar.
Además, duplica la inflación acumulada estimada del período, que se ubicaría por debajo del 10%. En parte, esto se explica porque los mayores incrementos se concentran en rubros que venían de un atraso o contención tarifaria y que, en muchos casos, los servicios privados no ajustan sus aumentos a la nueva «normalidad» inflacionaria.
Si se compara el valor de la canasta de marzo 2025 con el de marzo 2026, se observa un aumento del 57,5%, muy por encima de la inflación interanual del mismo período.
Si se compara el valor de la canasta de marzo 2025 con el de marzo 2026, se observa un aumento del 57,5%, muy por encima de la inflación interanual
Los avances macroeconómicos son valiosos y merecen ser reconocidos, pero todavía no logran traducirse plenamente en la vida cotidiana. En este contexto, las reformas estructurales que se discuten, como la modernización laboral, no tendrán efectos inmediatos, aunque sí pueden ser determinantes en el mediano y largo plazo. Para acelerar esa transmisión hacia la microeconomía, será clave avanzar en la eliminación progresiva de las restricciones cambiarias pendientes, permitiendo que el sistema en su conjunto funcione con mayor normalidad y previsibilidad, y habilite un sendero de estabilidad con crecimiento.
A su vez, el hecho de no atravesar un período electoral hasta 2027 abre una ventana de oportunidad poco frecuente: consolidar las medidas ya tomadas, sostener el rumbo y profundizar consensos en políticas estructurales. Si ese tiempo se aprovecha, la convergencia entre los logros macroeconómicos y la vida cotidiana de las familias podría acelerarse, reduciendo la brecha entre el orden de los números y el peso del día a día.
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