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ECONOMIA

¿Caputo se queda sin superávit fiscal?: los números preliminares de marzo vuelven a dar resultados en rojo

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Se acaba de conocer un dato preocupante justo en el tema que el gobierno considera el pilar de su plan económico: las cuentas fiscales. Luego de que el ministro Toto Caputo celebrara dos meses consecutivos con superávit, en marzo volvieron los números rojos en un reporte fiscal preliminar.

Se trata del informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que el mercado toma como referente antes de la aparición de los datos oficiales de la secretaría de Hacienda, que saldrán en tres semanas. Cubre la administración central -no todo el sector público- y se trata de cifras «base devengado» y no «base caja» -es decir, sobre los gastos hechos pero no necesariamente ya pagados-, lo que implica que en la versión final podría haber cambios.

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Pero más que los números, lo que preocupa es «la historia» que cuentan las cuentas fiscales: que en un entorno recesivo, la capacidad para mantener el superávit fiscal con la «licuadora» está dando señales de agotamiento.

El reporte de la OPC marcó un leve déficit primario de $60.000 millones y un déficit financiero -es decir, incluyendo los pagos de intereses de la deuda- por $355.000 millones.

Son números relativamente pequeños, pero que suponen una alerta por el cambio de tendencia. Y, sobre todo, porque alimentan las dudas respecto de cuán sostenible es el plan de austeridad fiscal de Caputo, basado en la licuación del gasto público.

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No resultó extraño que, en un marco recesivo, el ingreso de recursos tributarios volviera a registrar una caída: el resultado de marzo fue nominalmente un 5,9% más alto que en febrero, lo que implica una caída real de 4,7%. Y, a su vez, febrero ya había registrado una caída respecto de enero.

Medido en términos interanuales, la cifra de ingresos de marzo resulta un 12,8% más baja que la que se registraba en 2023.

Otra vez, el gasto jubilatorio fue la gran variable de ajuste para las cuentas fiscales, con una caída interanual de 30%

Otra vez, el gasto jubilatorio fue la gran variable de ajuste para las cuentas fiscales, con una caída interanual de 30,3%

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Agotamiento en la licuación de jubilaciones

En ese marco de ingresos a la baja, la única forma de preservar el equilibrio fiscal es con un drástico recorte en el gasto. Y marzo volvió a mostrar la tijera: con $5,14 billones en el mes, el gasto cayó un 29,5% en la comparación interanual y un 2,9% respecto del mes anterior.

Es decir, mes a mes se comprueba la dificultad para seguir achicando la cuenta de gastos.

Los números son elocuentes respecto a dónde estuvo la variable de ajuste: el gasto en jubilaciones tuvo un desplome de 30,3% interanual. Pero se trata de una cifra menor a la que se había registrado en febrero.

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Y el hecho de que en abril se aplique la nueva fórmula indexatoria ligada a la inflación hace suponer que esta licuación del gasto jubilatorio tendrá, mes a mes, un efecto menor.

De hecho, las previsiones de los economistas apuntan a que hacia mediados de año las jubilaciones recuperarán el nivel que tenían a fines del año pasado y comenzarán un incremento real del poder adquisitivo.

Con un 37% del gasto total, las jubilaciones son, por lejos, el rubro de más peso dentro del presupuesto. Y fue el que renglón del gasto que, hasta ahora, posibilitó que se revirtiera rápidamente el rojo de las cuentas públicas.

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Pero desde hace tiempo había quedado en claro que se trataba de una estrategia insostenible desde el punto de vista social y político. El propio Fondo Monetario Internacional había hecho advertencias explícitas al respecto. Se lo mencionó la vicedirectora Gita Gopinath a Javier Milei en su visita de febrero, y recientemente lo repitió el director para el hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés, que elogió la disciplina fiscal pero advirtió que había que «mejorar la calidad del ajuste».

Recortes y controversia

Pero el de las jubilaciones no fue el único rubro de ajuste con aspecto de poco sostenible.

También ayudó a las cuentas de marzo un ajuste en gastos de personal, que tuvo un desplome de 25% en términos interanuales. Ese rubro incluye los salarios de los empleados públicos, y la disminución del gasto en ese rubro está impactada no solo por el efecto inflacionario sino por la masiva cesantía de trabajadores contratados.

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Otros renglones donde se recortó el gasto a costa de mayor tensión política fue el de las transferencias a las provincias -caída interanual de 94%- y en el presupuesto de universidades, donde la poda fue de 40,8%.

Dentro de la lógica de la espiral recesiva, la recaudación de impuestos muestra una tendencia decreciente

Dentro de la lógica de la espiral recesiva, la recaudación de impuestos muestra una tendencia decreciente

Y, previsiblemente, hubo también un fuerte recorte en los subsidios, coincidiendo con el inicio de las subas en las tarifas de los servicios públicos. Destaca el gasto en subsidios a la energía, que tuvo una caída interanual de 74%.

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Ese punto estaba en el centro de la controversia, porque el gobierno venía acumulando una deuda por el retraso en el envío de fondos a las empresas generadoras y transportadoras de energía, algo que empezó un proceso de normalización. Las empresas habían advertido sobre el riesgo problemas en el suministro de electricidad si sus finanzas no recibían un alivio rápido.

La trampa de la espiral recesiva

Faltan dos semanas para que la secretaría de Hacienda dé el resultado fiscal oficial del sector público, pero con estos números de la OPC ya el mercado tiene motivos para entender que el mantenimiento del superávit se transforma en un desafío mayúsculo.

Lo que marcan los economistas -tanto los ortodoxos como los keynesianos- es que en la lógica recesiva, el cumplimiento del objetivo será difícil, porque se produce un clásico espiral descendente: la caída del gasto profundiza la baja del consumo, que se traduce en una mayor recesión y, por consiguiente, en un menor ingreso de fondos a la caja de la AFIP.

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La recaudación impositiva de marzo fue bien elocuente en ese sentido: la entrada de ingresos fiscales fue un 5,6% menor que la de febrero, que a su vez había sido un 16,7% menor a la de enero.

EL IVA es lo que pone en evidencia de que la caída en la recaudación está vinculada al contexto recesivo. Es, por excelencia, el impuesto más ligado a la actividad comercial, especialmente la porción que recauda la DGI -hay otra ligada a las importaciones, que se recauda en la Aduana-.

En marzo, el IVA de la DGI cayó un 9,5% en términos interanuales, pero lo peor es que también se redujo respecto de febrero: un impactante 7% en apenas un mes. Lo cual va en línea con las advertencias que venían haciendo los economistas respecto de la merma en el consumo masivo.

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Sólo se salvaron de la caída los impuestos vinculados al comercio exterior, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto PAIS -que, con un 9% del total de los ingresos, se transformó en la nueva estrella de la recaudación-.

El influyente Domingo Cavallo recomendó al gobierno que abandonara su objetivo de un superávit financiero para evitar un agravamiento de la recesión

El influyente Domingo Cavallo recomendó al gobierno que abandonara su objetivo de un superávit financiero para evitar un agravamiento de la recesión

El consejo de Cavallo

Es con estos problemas en vista que en el mercado se instaló la duda sobre si a partir de marzo ya no habrá más resultados fiscales con números en azul.

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Sin embargo, también es posible que el gobierno se deje persuadir sobre la necesidad de hacer cambios en sus prioridades. Hace algunas semanas, Domingo Cavallo, una de las personas más escuchadas por Milei y Caputo, ha insistido en que con mantener un equilibrio fiscal primario ya estaría bien, y que no hay necesidad de buscar el superávit financiero si eso es deriva en una profundización de la crisis.

«Me parece que el plantearse un déficit financiero cero y tener que recurrir a mantener impuestos muy altos o incluso subirlos, no es recomendable, porque se acentúa la recesión y puede caer la recaudación de los impuestos que son normales como el IVA», dijo Cavallo.

Sin embargo, Caputo ha insistido en que la fortaleza de su plan económico se basa, sobre todo, en la credibilidad que genere su compromiso con un superávit fiscal. Desde ese punto de vista, el reporte de la OPC supone un motivo de preocupación para el mercado.

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La inflación de febrero en CABA fue de 2,1% y ya acumula un 5,3% en 2025

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La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) durante febrero fue del 2,1%, conforme informó este miércoles el Instituto de Estadística y Censos porteño. En los últimos 12 meses, el índice acumuló un aumento del 79,4%. En el ámbito nacional, el INDEC publicará su informe el próximo viernes 14 de marzo.

La variación mensual de los precios en la Ciudad estuvo impulsada por incrementos en los rubros Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como en Cuidado personal y Salud.

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De esta manera, se registró una desaceleración en comparación con el 3,1% de inflación de enero. En 2024, la inflación en CABA sumó un aumento del 136,7%.

Los analistas privados que siguen de cerca el avance de la inflación coinciden en que el dato de febrero que publicará el INDEC estará cerca del 2%. Según el último relevamiento de expectativas de mercado realizado por el Banco Central, se espera que la cifra de febrero promedie un 2,3%, y que el acumulado anual se sitúe en un 23,3% para todo 2025.

Inflación en CABA: los rubros con mayores aumentos en febrero de 2025

En febrero de 2025, los sectores que más influyeron en el nivel de inflación en la Ciudad de Buenos Aires fueron Salud, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

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  • Seguros y servicios financieros: aumento del 3,2%. Junto con Cuidado personal, fueron los rubros con mayor suba en febrero.
  • Salud: aumentó un 3,2% debido a los incrementos en las cuotas de la medicina privada.
  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: suba promedio de 3,1%, impulsada por el alza en los alquileres y los gastos comunes de la vivienda.
  • Restaurantes y hoteles: aumento del 2,7%, principalmente por el alza en los precios de los alimentos preparados en los restaurantes.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: subió un 2,5%, con incrementos significativos en las carnes (7,7%), leche, productos lácteos y huevos (1,4%), y pan y cereales (1%).
  • Transporte: fue el único rubro que registró deflación, con una caída del 1,5%.

Según el informe, en febrero los bienes acumularon una suba del 1,9% y los servicios un 2,1%. A nivel interanual, los bienes aumentaron un 47,5% y los servicios un 107,2%.

¿Cuándo se dará a conocer el dato de inflación de febrero por parte del INDEC?

El INDEC publicará el índice de precios al consumidor (IPC) de febrero este viernes 14 de marzo a las 16 horas. Las proyecciones privadas apuntan a una variación mensual en torno al 2%.

En enero, los precios aumentaron un 2,2%, lo que representa una suba acumulada del 84,5% en los últimos 12 meses.

Empresarios coinciden con el pronóstico de inflación del Gobierno pero esperan dólar más caro 

En casi todas las encuestas a empresarios que se relevaron en la Argentina afines de 2024 o principios del corriente año, se nota un optimismo hacia el futuro de la economía y de la salud financiera de las compañías. Coinciden en los pronósticos de inflación estabilizada pero esperan que el precio del dólar supere los 1.300 pesos a fin de año. En consecuencia, los líderes priorizan invertir en activos y no tanto en prepararse para una reactivación mediante un incremento del personal.

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Estas son las conclusiones que se pueden obtener del informe que dio a conocer la organización que representa a unos 2.500 CEO y números uno de compañías argentinas, Vistage, correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Su Índice de Confianza marcó 124 puntos para este período, el indicador más alto al menos desde 2021. 

En aquel entonces, 314 de estos hombres de negocios participaron de una encuesta que ubicó la inflación interanual de 2025 en 32%. El pronóstico es similar al que realizan otras consultoras privadas y al que emerge del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) -que el Banco Central realizó promediando respuestas de 27 consultoras y centros de investigación y 12 entidades financieras de Argentina- que postula una inflación de 2,3% para febrero con un descenso para los meses subsiguientes (23,3% anualizado). También anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,8% este año

El dato de Vistage demuestra también la confianza que los empresarios están depositando en las mediciones actuales, ya que en el tercer trimestre del 2024 la inflación que esperaban ver en 2025 resultó 68 puntos más alta que la que declararon en este útlimo reporte.

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Sin embargo, la creencia de que los precios y tarifas encontraron un nivel de cierta estabilidad, en comparación con los datos de tres cifras que experimentó el país en los últimos años, no se traslada automáticamente al precio del dólar.

Hoy en día, el valor oficial de la divisa norteamericana está en 1.046 pesos, y el dólar MEP tiene días de altas y bajas en torno a los 1.220 pesos. Mientras tanto, en el Ministerio de Economía las reservas caen y el desafio por delante será mantenerlas sin que el precio del dólar se dispare ni se requieran los fondos que comprometió el FMI.

En ese marco, para diciembre de 2025 el conjunto de participantes del REM pronostica un tipo de cambio nominal de 1.175 pesos por dólar. Pero los CEO de Vistage, sin embargo, dieron un pronóstico que promedia 1.336 pesos a fin de año, unos 184 pesos más que lo que habían estipulado en el Índice anterior.

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ECONOMIA

Expertos analizan si el acuerdo del Gobierno con el FMI será suficiente para «terminar» con la inflación

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El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que busca el respaldo del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional detalló algunas precisiones respecto al uso de los fondos que se recibirá, pero no reveló el monto ni el cronograma de desembolsos. En ese marco, los analistas evaluaron que la señal más positiva para el mercado que surge del DNU es que se trata de un Programa de Facilidades Extendidas y no de un acuerdo Stand By de corto plazo como se había especulado en algún momento.

El DNU indica qué programa estará enmarcado en un plazo de 10 años, con un período de gracia de capital de 4 años y medio, y que los fondos serán destinados a la cancelación de Letras Intransferibles (LI) del BCRA por parte del Tesoro, y parte se utilizarán para cancelar los vencimientos de los próximos 4 años con el FMI.

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El presidente Javier Milei aseguró en un artículo publicado el sábado en el diario La Nación que el acuerdo con el FMI busca sanear el BCRA para terminar con la inflación. En los considerando del DNU se alega que «existe una estrecha vinculación entre la exigencia de reducir la inflación y el interés de que el BCRA sea capaz de mantener un balance equilibrado». Y asegura que «atento al compromiso inclaudicable de esta Administración por trabajar en su disminución y posterior erradicación, es un deber impostergable avanzar en la cancelación de una parte sustancial de las deudas del Tesoro Nacional con la entidad monetaria».

Para los economistas, el acuerdo con el FMI puede contribuir a bajar la inflación que aún no logró perforar el 2% mensual pese a la reducción del crawling peg al 1% que entró en vigencia a principios de febrero.

DNU: ¿qué aspectos destacaron los analistas sobre el acuerdo con FMI?

El economista Gabriel Caamaño remarcó: «La primera definición es que es un Programa de Facilidades Extendidas (PFE), es decir un acuerdo largo, no un stand by corto. Esa es una buena señal». Y añadió que «la segunda es que el destino del acuerdo es para pagarle al propio al FMI y cancelar Letras Intransferibles. Ahí ni hay sorpresas. No queda claro cuánto, obviamente».

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En ese sentido, la consultora Outlier subrayó que «un Programa de Facilidades Extendidas, a diferencia de un Stand By, con el cual se especuló en algún momento, es un acuerdo más largo, con potenciales mayores desembolsos y con mejores condiciones de cancelación y suele requerir un compromiso mayor de reformas estructurales con metas específicas al respecto».

La economista Natalia Motyl coincidió en que el programa acordado sea «de facilidades extendidas a 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses, es una señal positiva para el mercado». De hecho, el Merval retomó la senda alcista, y las acciones argentinas en Wall Street en la primera rueda tras la publicación del DNU.

«Este tipo de acuerdos refleja la confianza del organismo internacional en la política económica que ha implementado el actual Gobierno. Estas condiciones solo se otorgan a aquellos países que demuestran un compromiso creíble y sostenido con el equilibrio fiscal, lo que sugiere que las autoridades del FMI consideran que Argentina está en camino de consolidar su estabilidad macroeconómica», alegó.

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Por su parte, Tobias Sanchez ,rRsearch Analyst de Cocos Capital, destacó que «el DNU que oficializa el acuerdo con el FMI representa un alivio financiero importante para el país, ya que reestructura los vencimientos bajo un PFE a 10 años, lo que es una mejor señal para el mercado en comparación con un Stand-By de corto«.

«Hay dos factores importantes a tener en cuenta: la extensión del plazo de devolución hasta 2035 y la gracia de 4 años y medio sin pagos. ¿Por qué? Porque implica más tiempo para devolver la deuda. Esto quita presión en el corto plazo y permite enfocarse en estabilizar la economía sin la amenaza de vencimientos», enfatizó.

El analista sostuvo que «otro punto clave es el uso de los fondos, ya que parte del dinero se destinará a recomprar LI del BCRA, lo que ayuda a fortalecer las reservas y la hoja de balance, y esto permitiría ir pensando en una salida transitoria del cepo, lo cual es bueno para converger hacia una economía normalizada».

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Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, sostuvo que «tener un PFE te asegura que en los próximos cuatro años ya tendrías cubierto los vencimientos con el propio FMI, lo cual te reduce cierta incertidumbre, obviamente, dependiendo de que logres cumplir con las metas».

«El monto (de desembolso) no se sabe. Pero de acá a los próximos cuatro años tenés que cancelar con el FMI u$s24.100 millones, si sumo intereses y capital. Y dentro de lo que es la presidencia de Javier Milei, serían u$s10.527 millones», indicó.

Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, comentó que «si hubiera sido un stand by se hubiera tomado mal en el mercado, porque habría sido un parche temporal». Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, también hizo hincapié «en que algun momento se hablo de la posibilidad de un Stand By hasta las elecciones, as ique, es bueno que se trate ahora de un PFE».

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María Belén San Martino, Economista en Balanz, también dio su punto de vista: «Lo más relevante del DNU es la confirmación de que se trata de un PFE y no un Stand-By, porque implica que el acuerdo tendrá un plazo de diez años, con desembolsos durante cuatro años, y un período de gracia de cuatro años y medio, otorgando mayor margen para el repago de la deuda. Si bien aún no se conocen todos los detalles, la información disponible empieza a dar algunas señales de certidumbre a los mercados financieros, que esperan una pronta definición».

Acuerdo con FMI: ¿de cuánto podría ser el desembolso?

Un informe de Outtlier indicó: «El monto de un acuerdo que permita cancelar la Letras Intransferibles a su VNO (valor nominal) y cubrir todos los pagos de capital con el FMI durante los primeros cuatro años equivaldría a más de u$s 24.000 millones».

«Con ese monto, y si se consideran todos los pagos al FMI, y no sólo los de capital, el new money (nuevo dinero) sería bastante menor (u$s5.000 millones). Por eso será clave no sólo conocer el monto de los desembolsos, sino también el cronograma», plantearon

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En Aurum Valores precisaron que en base a lo que establece el DNU «podríamos estimar que el monto destinado a cancelar los vencimientos del FMI en los próximos 4 años ascendería a unos u$s 15.000 M si se toman los vencimientos hasta mediados de 2029 o u$s 18.000 millones si se toman los vencimientos hasta fin de 2029».

«La Letra a la que se hace mención en el decreto es la que vence en junio de 2025 que tiene un VNO (valor nominal) de u$s10.562 millones, lo que significa que si se recata al valor de registración -y nuestra estimación es correcta- implica un monto de unos u$s5.000 millones adicionales. De este modo, tendríamos un préstamo que oscilaría entre los u$s20.000 millones y los u$s 25.000 millones, sea que se cancelan la mitad o todos los vencimientos de 2029 y la letra que vence en 2025″, calcularon.

A su vez, un informe elaborado Eduardo Levy Yeyati (Chief Economic Advisor), Federico Filippini (Chief Economist) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero, señaló que «la deuda total pendiente de LI asciende a u$s73.000 millones, aunque en el balance del BCRA se valora en u$s23.000 millones (valor de mercado equivalente)».

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«Aproximadamente una sexta parte de este monto vence en 2025. Creemos que el nuevo programa abordará únicamente la deuda de corto plazo, lo que equivale a unos u$s4.000 millones. El servicio de deuda con el FMI entre 2025 y 2028, incluyendo el pago de 2024 (que excepcionalmente fue parte del acuerdo), asciende a aproximadamente u$s21.000 millones: u$s12.000 millones de capital y u$s9.000 millones de intereses.

¿El acuerdo con el FMI ayudará a terminar con la inflación?

Pese la reducción del crawling peg en febrero 1% mensual, la inflación ese mes no perforó el 2%,y la expectativa es que en marzo tampoco lo hará. En este contexto, Camilo Tiscornia, director de C&T, sostuvo que «el acuerdo busca mejorar el perfil o la expectativa de lo que pueda ser el flujo de divisas hacia el país, que es lo necesario para liberar el cepo lo menos traumático posible, y eso te ayuda en la lucha contra la inflación».

«En este momento ha habido un resultado enorme en materia de baja de la inflación, pero queda como materia pendiente la liberación del cepo y el impacto que el día que eso se haga pudiera llegar a tener en la inflación, y eso tiene que ver con la expectativa que haya de si el país va a tener dólares o no», sostuvo.

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En ese marco, Tiscornia afirmó que «cuanto mejor sea la expectativa respecto a los dólares que el país pueda disponer porque tiene más reservas el BCRA, mejora el flujo de divisas que se cree que el país va a tener y debería -al momento de liberar el cepo- ayudar a que sea lo menos traumático, y eso contribuiría a que el proceso de desinflación siga lo más uniforme posible».

Rocío Bisang, analista de Eco Go, consideró que el acuerdo con el FMI «puede contribuir a bajar la inflación porque si bien es cambiar deuda interna por externa, le permite al BCRA hacerse de reservas y mejorar su balance, lo que le da más poder de fuego frente a cualquier volatilidad cambiaria que se presente y requiere menos emisión».

El equipo de research de PUENTE afirmó que un PFE «supone mayores condicionalidades que un Stand By,  con lo cual esperamos mayor claridad en el programa monetario y cambiario a partir de que se publique el staff level agreement». Y sostuvo que «el programa en sí no termina con la inflación, pero en la medida en que se incrementen las reservas internacionales y el programa de mayor previsibilidad y un marco sostenible de política económica, podría ayudar a controlar las expectativas de inflación y así también el nivel de precios».

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Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, concordó en que «lograr desarmar el cepo cambiario con el respaldo suficiente como para que no haya tensiones cambiarias ayudaría a seguir desinflacionando».

Por su parte, Christian Naud, analista de ACM, señaló que «el nuevo acuerdo con el FMI aportaría los fondos necesarios para cancelar las LI, y al deshacerse de ellos, el BCRA no solo tendría una ganancia patrimonial, sino que a su vez reduciría la percepción de insolvencia, mejorando la calidad de su activo y, en consecuencia, se vería reforzada la demanda de pesos».

«Si bien esta medida apunta a consolidar la baja inflacionaria, el éxito dependerá de sostener el equilibrio fiscal y mantener la confianza. Sin embargo, al contar con un BCRA con menos pasivos ‘improductivos’ y mayor respaldo de activos reales, se fortalecen las bases para contener las presiones inflacionarias a futuro«, afirmó.

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En sintonía, Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que «es cierto que esto va a ayudar a terminar con la inflación porque si bien el BCRA logró bajar mucho más de lo que nadie esperaba la inflación en 2024, particularmente en primer semestre, porque la gestión decidió que no se emitía más para financiar al Tesoro, lo único que falta es tener un mínimo de solvencia».

«El BCRA que recibió este Gobierno estaba absolutamente quebrado. Este Gobierno mejoró muchísimo las situación pero todavía tiene un problema que es que no tiene reservas propias,está usando divisas ajenas,con estos recursos frescos que va a tomar para cancelar deuda del Tesoro va a pasar a tener divisas propias y ese mínimo de solvencia como para darnos un dígito de inflación anual que probablemente se logre en 2026 o a más tardar en principios de 2027», auguró.

Para Baer, «ordenar el balance del BCRA es importante para terminar con la inflación, pero a mi criterio mucho más es mantener el equilibrio fiscal».

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Asimismo, el economista Federico Glustein esgrimió que el acuerdo al reforzar las reservas «evita corrida cambiaria porque va a haber más dólares por lo tanto va a ayudar a bajar la inflación, no se si definitivamente pero sí,más allá de la inercia, vamos a evitar saltos devaluatorios por falta de divisas en el corto plazo, lo que contribuye». 

Por su parte, Repetto sostuvo que «lo de que va a terminar la inflación depende de muchos otros factores más, por ejemplo que se mantenga la confianza alta para que no provoque una caída de la demanda de pesos».

«Hasta que no estén los detalles de cómo se va a instrumentar (el acuerdo) no puedo responder esa pregunta. No sabemos cuáles son las condiciones para el esquema cambiario ni el esquema monetario que sobrevendrá», argumentó.

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De todos modos, Repetto aseveró que «en la medida en que se incrementen las reservas internacionales y el programa dé mayor previsibilidad y un marco sostenible de política económica, podría ayudar a controlar las expectativas de inflación y así también el nivel de precios«.

Horacio Miguel Arana, Senior Research Fellow de la Fundación Internacional Bases, también cree que el acuerdo contribuye a terminar con la inflación «porque se trata de recomponer el balance del BCRA y tener previsibilidad para los pagos de deuda del Tesoro. En su defecto, todo eso implica que no tendrían que existir más presiones monetarias».

«Pero ese esquema solo funciona con este gobierno, porque si va a sanear la macro argentina para que vuelva un gobierno peronista a emitir y derrochar, seguiremos en la misma. El desafío está en consolidar los cambios con alguna reforma estructural mayor», concluyó.

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Conflicto en Vicentin: la Justicia intervino la empresa y empleados paralizaron plantas

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Los gremios no pudieron implementar un paro nacional, pero igualmente frenaron la actividad en San Lorenzo y Ricardone. Vuelven los veedores a Vicentin

12/03/2025 – 12:27hs

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La crisis parece consolidarse en Vicentin, que nuevamente atraviesa una instancia de incertidumbre respecto de su futuro comercial y operativo. Luego de que la firma anticipara que sólo cubriría el 30% de los sueldos, gremios aceiteros como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo (SOEA San Lorenzo) anticiparon que activarían un paro nacional, pero la rápida reacción del Ministerio de Capital Humano nacional redundó en la imposición de una conciliación obligatoria que frenó la medida de fuerza. Sin embargo, la decisión no fue acatada por los operarios de las plantas de Vicentin en Ricardone y San Lorenzo, que se mantienen paralizadas.

La intervención del Gobierno trabó un paro que habría afectado a toda la cadena de exportación en tanto se pensaba aplicar a todos los puertos del complejo rosarino. En concreto, el cese de actividades hubiese alcanzado a las plantas de Cargill, Bunge, Molinos Agro, Renova, Terminal 6 y COFCO.

Según fuentes de la actividad agroindustrial, la falta de fondos para el pago de salarios que evidencia Vicentin colocó en situación de suspenso la continuidad de alrededor de 1.200 puestos de trabajo.

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Vicentin: los gremios presionaron para forzar la intervención judicial

A la par de ese escenario, FTCIODyARA y SOEA también exigen que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y sus empresas cercanas se sienten con los gremios para negociar los ajustes salariales de este año.

Al mismo tiempo, ambos gremios metieron presión y lograron que la Justicia hiciera lugar su reclamo y se estableció la intervención de la empresa por un lapso de 120 días. La medida fue fijada por el juez Fabián Lorenzini.

Producto de esta decisión, se designó como veedores a Guillermo Nudenmberg y Andrés Schocron, quienes ya habían ejercido esa tarea durante 2024. Este cambio de status ocurre a partir de las denuncias de presuntos problemas en la administración de la firma agroindustrial elevadas por los sindicatos mencionados.

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Vale señalar que la empresa viene de sufrir un reciente revés judicial. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación del concurso, lo que dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por Commodities SA, uno de sus principales acreedores.

La decisión judicial adversa complica aún más el ya frágil panorama de Vicentin, que desde fines de 2019 atraviesa una profunda crisis financiera, con una deuda millonaria –superior a los u$s450 millones–, en especial con el Banco Nación.

Vicentin y la imposibilidad de cubrir todos los sueldos

La compañía en cuestión notificó su decisión a través de un comunicado divulgado en las últimas horas del domingo.

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«La empresa informa que debido a la crítica situación financiera por la que atraviesa actualmente, se ve imposibilitada de afrontar el pago de la totalidad de los haberes devengados del mes de febrero», indicó Vicentin.

«Por ende, el lunes 10 de marzo acreditará el 30% del neto correspondiente, siendo una prioridad a medida que se reciban fondos anticipados provenientes de los fasones a realizar, ir cancelando los haberes hasta completar el 100% de los mismos», añadió.

En concreto, Vicentin solo cuenta con alrededor de $1.000 millones para cubrir salarios, un número muy por debajo de los $2.350 millones que requiere esa obligación.

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En el mismo comunicado, la compañía aseguró estar «trabajando con la mayor celeridad posible en la búsqueda de alternativas para restablecer la estabilidad laboral».

Vicentin acumula meses en situación de concurso preventivo y en el ámbito judicial reconocen que, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras, si la empresa incumple de forma completa con el pago de salarios podría caer en, precisamente, la quiebra definitiva.

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