Ahora viene la clásica pregunta del día después: ¿quién ganó y quién perdió, desde el punto de vista político tras la violenta jornada de protesta por los jubilados?

Y la evaluación del gobierno es clara: lo ocurrido equivale a ganar oxígeno político y la oposición le hizo un favor involuntario justo cuando más necesitaba reconciliarse con su base electoral.

Aun golpeado por el «efecto criptoestafa», con un mercado volátil que no termina de manifestar su confianza en el acuerdo con el FMI y la continuidad del plan económico, con productores agropecuarios que no esconden su enojo por la presión impositiva y con críticas hasta de los aliados, Javier Milei encontró un regalo inesperado. La jornada con incidentes violentos sirvieron como recordatorio para base electoral sobre por qué lo habían votado.

Ahora, las imágenes de militantes en actitud violenta, arrojando piedras, volcando y prendiendo fuego patrulleros, saqueando autos y negocios en las calles aledañas al Congreso, concentraron la atención mediática y cambiaron bruscamente la agenda de la discusión pública.

Pero, sobre todo, esas imágenes violentas trajeron de nuevo el efecto de polarización política que tanto rédito le dio a Milei en 2023. Puesto en palabras del presidente, se expuso el «principio de revelación», porque retrotrajo el recuerdo de los ataques al Congreso en 2017 -también por la reforma jubilatoria-, con las famosas 14 toneladas de piedras y la imborrable imagen del «Gordo Mortero».

De hecho, la plana mayor del gobierno, desde el propio Milei hasta Patricia Bullrich, desde Manuel Adorni hasta Guillermo Francos, hicieron referencia a que, con la excusa de pedir por los jubilados, había una intención clara de desestabilización política.

No resultó muy difícil argumentar en ese sentido. Los cánticos, las declaraciones y los miles de tuits pidiendo el juicio político y la renuncia de Milei dieron pie para denunciar una jornada con un objetivo explícito de desestabilización. Lo mismo hizo el propio Milei, quien replicó en las redes sociales una foto donde se veía una pared del Congreso con la frase «Hay que matar al presidente», y dio por obvio que detrás de ese mensaje estaba la militancia kirchnerista.

La rara politización de las «barra bravas»

La protagonista política de la jornada fue la ministra Bullrich, quien ya antes de la manifestación había advertido que no permitiría desmanes ni cortes de tránsito. Y anunció un inédito «derecho de admisión» para que las marchas de jubilados no fueran copadas por militantes políticos.

Bullrich no solamente negó que haya habido excesos en la represión policial, sino que dio por seguro que, de no haber sido por el despliegue de las fuerzas del orden, los militantes habrían copado el edificio del Congreso -donde, por otra parte, también transcurría una jornada agitada-.

Bullrich fue quien describió la tesis del gobierno sobre el nuevo tipo de manifestaciones callejeras. Su explicación es que el kirchnerismo, al haber perdido sus tradicionales núcleos para la protesta -sobre todo los beneficiarios del eliminado plan Potenciar Trabajo-, encontraron un nuevo grupo social con el cual aliarse: las hinchadas de fútbol.

Lo cierto es que se trata de una alianza inusual, que está dando lugar a todo tipo de especulación política. La explicación «oficial» de las barras bravas fue que, al haber sido agredido un jubilado que vestía la camiseta de Chacarita Juniors, primero ese club manifestó su apoyo, y se fueron sumando todas las hinchadas.

Pero muchos pusieron en duda que las barras bravas no tuvieran otra motivación. Estos grupos, conocidos por tener ingresos provenientes de actividades ilícitas -desde el «parking» irregular en recitales en estadios hasta negocios vinculados al narcotráfico-, nunca habían demostrado hasta ahora una vocación por manifestarse políticamente -y, menos aun, hacerlo gratis-.

Bullrich, protagonista

Por lo pronto, Bullrich aprovechó la ocasión para anunciar medidas judiciales específicas para las barras de fútbol que protagonizaran incidentes.

«Estamos trabajando en una ley antibarra que es muy dura, pero me voy a poner a revisarla y endurecerla aún más, porque ahora son los barras los que acompañan las marchas. Vamos a aplicar figuras durísimas para los que pertenezcan a barras, porque ya en la ley se establece que es una asociación ilícita», dijo la ministra.

Pocos días atrás, en la inauguración del año legislativo en el Congreso, Bullrich había recibido una felicitación explícita de Milei por sus avances en la lucha contra el delito. Fue un gesto que algunos analistas interpretaron como una posible promoción para que la ministra lidere una lista de candidatos oficialistas en las legislativas de octubre.

Lo cierto es que Bullrich, cómoda en su rol de «halcona», aprovechó para reforzar su perfil político luego de los incidentes.

«Sé que la gente se puede haber impresionado, pero tienen que saber que hay una conducción política dispuesta a no dejar actuar a estos energúmenos para que la violencia no se instale nunca más en la Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que las hace, las paga. Los detenidos las van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron», dijo en una entrevista televisiva.

Mientras tanto, en las redes sociales, los elementos libertarios más proclives a celebrar la «mano dura» celebraban su actuación.

Los sindicatos, expectantes

Hubo otros detalles no tan notorios durante la jornada de protesta, pero que serán ineludible materia de análisis político. Por ejemplo, la ausencia de los gremios más fuertes de la CGT, que dejó el terreno a los izquierdistas de la CTA.

De hecho, los sindicatos que lideraron la protesta, como en los últimos meses, son los ligados a los funcionarios públicos -candidatos a ser este año la variable del ajuste fiscal-, mientras que otros gremios en mejores condiciones de negociar sus salarios prefirieron alejarse del escenario de la protesta.

El caso de Hugo Moyano fue el más evidente, porque hizo revertir una decisión que en las horas previas había tomado la Confederación de Trabajadores del Transporte, que a fines del año pasado convocó un deslucido paro que le terminó costando la salida del triunvirato de la CGT al rebelde Pablo Moyano.

Su padre Hugo tiene motivos para no querer confrontación con el gobierno, para empezar porque está en plena negociación salarial del gremio camionero y hay buenas posibilidades de que se firme una cifra permita recuperar lo cedido en la paritaria anterior.

El debate jubilatorio que viene

Queda, finalmente, planteado el interrogante de cómo impactará en la opinión pública la situación de los jubilados, a fin de cuentas el motivo formal por el cual se generó la situación de violencia política.

La oposición está convencida de que sigue siendo una causa sensible a nivel social, que traspasa a todos los sectores sociales y preferencias políticas, y que esa bandera le puede dar rédito político.

En un país de memoria corta, ningún dirigente peronista se ruborizará al plantear el tema, siendo que la «fórmula Guzmán» fue la que generó la mayor pérdida de poder adquisitivo para los jubilados.

Lo cierto es que el gobierno está ofreciendo un flanco para ser atacado, y lo hace de manera deliberada. Toto Caputo, al congelar el bono complementario que ganaban los jubilados de la mínima, está revirtiendo el «achatamiento de la pirámide».

Se trataba de un fenómeno por el cual los jubilados de los niveles altos subsidiaban a los de menores ingresos. Y provocaba el enojo de quienes se habían jubilado en regla, porque la mayor parte de quienes se beneficiaban con este bono son personas que ingresaron al sistema previsional amparándose en moratorias, sin haber completado los 30 años de aportes.

Hablando en plata, en lo que va del 2025, las jubilaciones -sin tener en cuenta el bono- recibieron en enero un incremento de 2,43%, en febrero una suba de 2,7% y se aplicará en marzo otro incremento de 2,21%. Esto supone una mejora acumulada de 7,5%, mientras que el IPC, si se cumplen las proyecciones de los economistas, acumulará un 6,8% en el primer trimestre.

Pero los números varían cuando se considera la jubilación mínima total -incluyendo el bono-. Mientras en diciembre ese ingreso era de $329.599, en marzo será de $349.121. Es decir, la licuación inflacionaria del bono hace que la suba total sea de 5,9%.

El gobierno deberá decidir si sigue defendiendo el alargamiento de la pirámide, mejorando el ingreso de los jubilados de mayor nivel, o si ante la inminencia de las elecciones cambia la estrategia y adopta las tácticas que ya aplicó el peronismo.

El economista Luis Secco no duda: «El acuerdo con el FMI todavía no está». Desde hace años, Secco tiene llegada al mercado financiero y sabe de lo que habla. Está convencido de que, si ya hubiese acuerdo con el organismo, el Gobierno ya lo hubiese anunciado.

En el mercado, sin embargo, apuestan a que el nuevo programa se anuncie pronto. Por ese motivo, el índice de riesgo país —que había escalado hasta los 780 puntos hace algo más de una semana— se contrajo 10% desde el anuncio de que el moño está a punto de atarse y al envío de un DNU al Congreso para pedir autorización para un nuevo arreglo.

De hecho, los papeles de la deuda argentinos atravesaron con dignidad la tormenta bursátil de las últimas dos jornadas, con caídas en Wall Street y Europa, ante la incertidumbre internacional por la suerte de la economía global.

El mercado espera que el FMI entregue los dólares y que al Gobierno le cierren las cuentas

Los financistas están atentos a los dólares que el Gobierno consiga en los próximos meses, y depositen a la economía sin alteraciones en la previa a las elecciones de medio término.

Hoy en día, el FMI es el único que puede ofrecer a la Argentina los dólares que sirvan como puente hasta la salida del cepo.

El año pasado fueron los propios argentinos quienes ofrecieron ese puente, a través del blanqueo. Hoy, esa oferta interna no está. Los dólares del campo y de la energía no alcanzan. Y solo queda el FMI para financiar este esquema.

La gran pregunta, en todo caso, es si el Fondo está dispuesto a hacerlo sin ninguna condición. O si, antes de largar los dólares, le impondrá al Gobierno una modificación del régimen cambiario.

Por ahora, la respuesta a esa cuestión la tiene el Gobierno, que niega sistemáticamente introducir modificaciones antes de las elecciones. Javier Milei, en reiteradas oportunidades, ya dijo que no está dispuesto a soltar las regulaciones sin que antes haya dólares en el Banco Central.

Inversores de Wall Street temen que el préstamo sea en cuotas

El acuerdo con el FMI podría anunciarse en las próximas semanas. En Wall Street creen que ese programa se anunciaría a mediados del mes próximo, durante la asamblea anual del FMI.

La cuestión central será la secuencia del desembolso. No es lo mismo que los fondos ingresen automáticamente, al comienzo del programa, que solo lo haga una pequeña parte y, el resto, a medida que se cumplan con los objetivos del plan.

Seguramente, el programa tendrá metas de reservas del Banco Central. Algo que por ahora se desconoce y que, de ser así, tendrá implicancia directa en el tipo de cambio. Está claro que a este valor del dólar oficial, al Banco Central se le complica la acumulación de reservas.

Un informe del banco UBS —un verdadero gigante financiero suizo— dejó trascender incluso que el acuerdo podría trepar a los u$s20.000 millones.

La cuestión adicional es que, más allá del volumen de divisas para todo el programa, el desembolso inicial podría alcanzar los u$s7.000 millones. Algunos informes de la City porteña, incluso, calculan ese monto algo más allá: cerca de los u$s10.000 millones.

Exfuncionarios reaccionaron ante el plan de Luis Caputo

Pablo Guidotti y Héctor Torres conocen de sobra el funcionamiento de los organismos internacionales. Guidotti fue viceministro de Economía al final de los años 90, y Torres fue representante argentino ante el FMI durante la gestión de Roberto Lavagna en el Palacio de Hacienda.

Ambos protagonizaron en las últimas horas un interesante contrapunto sobre la negociación con el Fondo en la red «X».

Originalmente en inglés, Guidotti asumió como positivo el próximo arreglo entre el Fondo y la Casa Rosada.

«Argentina está en camino de alcanzar un nuevo y bien pensado EFF con el Fondo que permitirá la flexibilización y eventual eliminación de los controles de capital, una mayor flexibilidad cambiaria y establecer las condiciones para recuperar el acceso al mercado internacional de capitales», escribió.

Torres inmediatamente le respondió: «Sí, siempre que: el apoyo financiero del FMI no se utilice para defender el tipo de cambio actual, sino más bien para introducir gradualmente una flexibilidad cambiaria».

Luis Caputo apareció, tal vez sin quererlo, para zanjar el contrapunto. «Siempre con la lectura correcta @peguidotti», sentenció desde su cuenta de «X».

Shell Argentina y Chevron Argentina han confirmado su decisión de integrarse como accionistas al consorcio VMOS, encargado de la construcción del proyecto Vaca Muerta Sur, la mayor obra de infraestructura para el transporte de petróleo en décadas.

La incorporación de Shell y Chevron fortalece significativamente al consorcio, ya que su presencia como socios estratégicos facilitará el acceso a financiamiento internacional para la obra, cuya inversión total oscila entre 2.500 y 3.000 millones de dólares.

Con esta decisión, ambas compañías se suman a la sociedad conformada por YPF, Vista, Pan American Energy (PAE), Pluspetrol y Pampa Energía.

Cómo es en detalle el proyecto Vaca Muerta Sur

El proyecto contempla la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión, además de una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques de almacenamiento en Punta Colorada, Río Negro. Se prevé que la infraestructura esté operativa en el cuarto trimestre de 2026.

El diseño de Vaca Muerta Sur permitirá el transporte de hasta 550.000 barriles de petróleo por día, con la posibilidad de expandir su capacidad a 700.000 barriles diarios.

Esta obra es clave para el desarrollo de Vaca Muerta y, junto con otras iniciativas, permitirá ampliar la capacidad exportadora del país. Se estima que, en los próximos años, los ingresos anuales por exportaciones de crudo podrían alcanzar los 15.000 millones de dólares, con un potencial de superar los 20.000 millones con futuras expansiones.

Shell y Chevron refuerzan el proyecto con su incorporación al consorcio VMOS

El oleoducto Vaca Muerta Sur es una infraestructura esencial para incrementar las exportaciones de petróleo neuquino hacia mercados internacionales. Por ello, se pretende obtener financiamiento de bancos internacionales por un total de 1.700 millones de dólares.

Según informó el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, durante una reciente comunicación con inversores, el consorcio VMOS ha encomendado a cinco entidades financieras internacionales la gestión de un préstamo sindicado inicial por ese monto. La estructura de financiamiento contempla un 70% de deuda y un 30% de capital.

«En diciembre pasado alcanzamos un hito clave para 2024 al firmar formalmente los documentos del proyecto y los compromisos iniciales de envío, lo que nos permite avanzar en la construcción de VMOS junto con los principales productores de petróleo de Vaca Muerta», destacó Marín.

Comenzó la mega obra que cambiará Vaca Muerta y permitirá exportar por u$s15.000 millones al año

YPF comenzó días atrás la construcción esta obra estratégica que creará una plataforma exportadora de energía, no solo para la empresa nacional que desarrolló la idea y realizó la ingeniería completa, sino también para los grandes productores de la industria que ya conforman el consorcio: Pluspetrol, PAE, Vista, Pampa, y las multinacionales Chevron y Shell.

Es que el oleoducto representará una mejora significativa en la capacidad de evacuación y exportación de petróleo crudo desde Vaca Muerta. Se espera que una vez finalizada a fines de 2026 y operativa en julio de 2027, aumente las exportaciones argentinas por el Atlántico en más de 380.000 barriles de petróleo por día (bpd). Posteriormente, se proyecta alcanzar los 690.000 bpd con la incorporación de dos nuevas estaciones de bombeo.

El VMOS adhirió al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), convirtiéndose en el primer proyecto de la industria hidrocarburífera en calificar dentro del nuevo esquema de promoción de inversiones y que promete exportaciones por unos u$s15.000 millones al año.

La aprobación de esos beneficios propuestos por parte del Gobierno serán parte de la ecuación que las compañías plantean para salir a buscar el financiamiento de 70% del costo de la obra, una tarea para la cual mandataron a cinco grandes bancos internacionales para la estructuración de créditos por unos u$s1.700 millones, mientras que se sumarán colocaciones locales y el 30% restante se solventará con el equity del proyecto.

La obra del oleoducto a cargo de Techint y Sacde

Las siete petroleras crearon una sociedad que tendrá a cargo la construcción del mega proyecto, lo cual le fue encomendado a la UT Techint – Sacde, que tendrán en sus manos una de las obras de infraestructura energética más significativa del país en los últimos 50 años.

El proyecto consiste en la ejecución de un oleoducto de 437 kilómetros en la provincia de Río Negro, con un diámetro de 30 pulgadas dividido en dos tramos: el primero de aproximadamente 110 kilómetros de extensión, desde Allen hasta Chelforó, y el segundo de 327 kilómetros, desde Chelforó hasta Punta Colorada.

La construcción se acaba de iniciar tras la obtención de los permisos ambientales y legales y su puesta en servicio será durante el segundo semestre de 2026.

La realización de un proyecto de esta magnitud y los desafiantes plazos establecidos exigen la utilización de tecnologías como la soldadura automática y la planta de doble junta, recursos ya conocidos en la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, o la reversión de Gasoducto Norte, de los que también participaron ambas compañías en sociedad.

Asimismo, se deberán sortear otros desafíos técnicos, como la realización de 22 cruces especiales. Dos de estos se ejecutarán con tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD), sobre un canal de riego (en el km 247) y el Río Negro (en el km 249).

Además, se estima que se generarán más de 2.000 puestos de trabajo directo y una considerable cantidad de empleos indirectos, lo que tendrá un positivo impacto económico en la región.

El VMOS es mucho más ambicioso que el desarrollo logrado por el Oleoducto del Valle que evacúa la producción de Vaca Muerta hacia Puerto Rosales en Bahía Blanca, y que en las próximas semanas inaugurará las obras de ampliación para llevar su capacidad a unos 540.000 barriles diarios, lo que abrirá las primeras puertas al salto exportador.