El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se desregularán las obras sociales de los sindicatos. De esta manera, los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes desde el inicio de su contratación.

«Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación», sostuvo en su conferencia de prensa en Casa Rosada.

Así, confirmó que el Gobierno reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

La medida, que de alguna manera se había incluido en el mega DNU y la Ley ómnibus, liberalizará de forma absoluta el sistema de salud y abre la competencia con la medicina prepaga. Y tendrá un impacto directo en las cajas de los sindicatos.

Es que, una vez publicado el decreto, se eliminaría la intermediación de las obras sociales y el trabajador podría derivar los aportes directamente a las empresas de medicina prepaga. Firmas que, ante esta posibilidad, se verían beneficiadas.

Otra norma que dejará de tener validez es una que obliga a los trabajadores que «inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio».

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Este y otros decretos que se publiquen en los próximos días, fueron tratados en la «mesa técnica» que dispuso el Gobierno y que está encabezada por Federico Sturzenegger y Santiago Caputo.

La medida fue incluida en el «mega DNU»

En rigor, lo que hará el Gobierno es publicar la reglamentación de una parte del mega DNU que el presidente firmó en diciembre.

Dentro de los artículos que se habían incluido en el decreto, ya se habilitaba a que los trabajadores puedan elegir prepagas sin que los fondos pasen por las obras sociales y sin un tiempo mínimo de permanencia.

De implementarse esta medida cada afiliado podrá decidir a qué empresa van la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios de las prepagas derivan sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. Esa intermediación no existirá más.

Tal como analizaron desde el CEPA, esta medida «desfinancia a las obras sociales y le quita el carácter solidario al sistema». 

Hasta el momento, las obras sociales sindicales son las únicas habilitadas para retener los aportes sociales destinados a la cobertura médica de los trabajadores bajo relación de dependencia: es del 3% del aporte de los trabajadores y el 5% de las empresas, con los cuales se financian las obras sociales.

A partir de la entrada en vigencia del decreto, las empresas privadas de la salud podrán captar a los afiliados de las obras sociales porque están autorizados a recibir los aportes obligatorios de los trabajadores registrados, o sea, en relación de dependencia. 

De fondo, existe una puja millonaria por 138 mil millones de pesos

La CGT en estado de alerta

Para Jorge Sola, Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT y que proviene del Sindicato del Seguro, los trabajadores tienen que tener en claro cómo funciona el Sistema Solidario de Salud.

«Los aportes provienen del salario de los trabajadores, un total de un 9%. Un 6% por parte del empleador, que va directo a las obras sociales, y otro 3% que pone el trabajador. Con eso se dan las prestaciones de salud a todos los trabajadores en relación de dependencia. El 3% va a un fondo de redistribución, que es lo que erróneamente llaman la caja de las obras sociales, o lo que el gobierno le tiene que dar a las obras sociales. Decir esto, es un grave error».

«No es que el Gobierno le tiene que dar a las obras sociales, son fondos de los trabajadores que el gobierno administra, que se redistribuyen para casos de enfermedades de altísimo costo. Pero no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores, administran dinero ajeno. Y respecto a los controles de la Superintendencia de Servicios de Salud, aclaró que el poder político de turno, a través de la superintendencia, hace un control exhaustivo acerca de cómo se administran los fondos de las obras sociales, que tienen un límite para gastos de administración que no debe superar el 7%», indicó.

La realidad, explicó Sola, «…las obras sociales no son la caja de los sindicatos. En este momento todas las obras sociales sindicales para dar prestaciones de salud y poder cubrir los gastos están siendo subsidiadas por los aportes de los gremios. El sindicalismo está tratando de paliar el déficit operativo que tienen todas las obras sociales».

Mientras en la CGT están haciendo estas declaraciones, al mismo tiempo sacan cuentas y saben que el gobierno de Javier Milei debería girarles 138 mil millones de pesos, que son los que contemplaba el presupuesto 2023 para el Fondo Solidario de Redistribución y que el presidente prorrogó para el 2024.