Victoria Villarruel defendió este jueves la resolución que abría la posibilidad de autorizar a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al senador Flavio Fama a participar de forma remota en la sesión convocada para tratar la ley de propiedad privada, medida que ella misma firmó ad referendum del cuerpo. La vicepresidenta y titular del Senado salió al cruce de las críticas a través de un tuit en el que subrayó que su decisión no contradice las instituciones ni el reglamento de la Cámara alta.

La polémica se desató luego de que Villarruel firmara el Decreto de Presidencia (DPP) 66/2026, que habilitó a Fernández Sagasti a votar con voz y voto desde Mendoza, donde permanece en reposo por indicación médica debido a un embarazo de más de 32 semanas. La legisladora descartó solicitar una licencia por maternidad y explicó que su única limitación es la distancia: “Lo que no puedo hacer es recorrer largas distancias”, sostuvo.

El decreto fue emitido ad referéndum del pleno del Senado, lo que significa que la decisión definitiva no recaía en la vicepresidenta sino en el propio recinto, que debía ratificarlo al inicio de la sesión por mayoría simple. Finalmente, a instancias de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y con apoyo del peronismo, la autorización pasó a comisiones. En los hechos, ni Sagasti ni Fama podrán votar.

Ese detalle que Villarruel dejó asentado en el texto de la norma, es el que el abogado Diego Armestó retomó públicamente para aclarar el alcance jurídico de la medida.

Armestó precisó en su tuit que el DPP 66/2026 “no modifica el Reglamento del Senado” y que se trata de “una decisión de carácter individual, excepcional y transitorio” que no instaura un régimen general ni constituye un precedente de aplicación automática. El letrado fundamentó la validez de la autorización en dos pilares: el artículo 30 del Reglamento, que a su criterio no veta la modalidad remota, y el artículo 66 de la Constitución Nacional, que habilita a cada Cámara a dictar e interpretar su propio reglamento, respaldado en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Fernández de Kirchner” de 2020.

Fue a partir de esa aclaración que Villarruel tomó la palabra. “Gracias Dr. Armesto por aclarar una decisión donde la Presidencia del Senado solamente ha trasladado a los senadores la resolución de este tema”, escribió la vicepresidenta, y remató: “Nada se ha hecho que contradiga a las instituciones y al Reglamento del Senado”.

El propio decreto detalla con precisión los límites de la autorización. Según el artículo primero, Fernández Sagasti podrá participar de manera remota “mientras subsista la restricción médica acreditada mediante el certificado obrante en el expediente respectivo, o hasta el inicio de la licencia por maternidad legalmente prevista, lo que ocurra primero”. El artículo cuarto establece que su participación virtual se computará a los fines del quórum y de las votaciones en igual forma que la presencial. El quinto, a su vez, reitera que la autorización “tiene carácter individual, excepcional y transitorio, y no importa modificación del Reglamento”.

En cuanto al lugar desde donde la senadora mendocina podría conectarse, el decreto contempla que la participación se realice “preferentemente” desde la sede de la Legislatura provincial, aunque aclara que ese ámbito no es condición de validez: Fernández Sagasti podrá hacerlo desde cualquier lugar que garantice las condiciones técnicas necesarias.

Pese a los argumentos jurídicos esgrimidos, la medida abrió un flanco de debate entre las fuerzas políticas. Bullrich expresó sin matices su rechazo a la posibilidad de avalar la concesión a Sagasti. Finalmente, en el inicio de la sesión de este jueves mocionó que su pedido y el de Fama pasen a comisiones, lo que fue aprobado por todos los senadores. En los hechos, la sesión transcurrirá y ni Sagasti ni Fama podrán participar.

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El exministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza cuestionó este jueves las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y advirtió por la caída del consumo y el alto nivel de endeudamiento de la población.

“La gente sabe que hoy su poder adquisitivo en el changuito es menor que antes”, aseguró Lacunza a TN, en Solo Una Vuelta Más.

En esa línea, el dirigente del PRO agregó: “El consumo cotidiano, que es shopping y supermercado, es menor porque el poder adquisitivo es menor. La gente lo sabe, le quedaban 100 y ahora le quedan 97″.

Consultado sobre el crecimiento del nivel de deuda, el economista aseguró que “el Gobierno lo sabe y no entiendo esa negación, esa actitud refractaria, dogmática, que pasa también con la morosidad que te dicen esto es un problema entre privados, es como un árbitro de fútbol que ve una pelea entre dos jugadores y te dice que es una pelea entre privados. Pero vos sos el árbitro”.

“¿Por que hay alta morosidad? Porque el sistema fue permisivo, porque no advirtió que si un préstamo te cobra 300% de tasa es muy difícil que lo puedas pagar», afirmó Lacunza.

Consultado sobre vías de solución para ese problema, el exministro explicó: “No creo que el Estado tenga que ir a poner dinero por los deudores pero (…) si no le das una solución, se te puede armar una batahola. El conflicto individual se puede generalizar y generar un riesgo sistémico y ahí ya no te da lo mismo si son dos peleándose, sino los 22 jugadores”.

“Hay muchas cosas que el Estado puede hacer preventivamente”, agregó al respecto, como un listado de las tasas que manejan las entidades financieras y hacer pública esa información.

La postura del Banco Central

El presidente del Banco Central(BCRA), Santiago Bausili admitió este jueves la problemática: “Todos sabemos que la morosidad es un problema”.

Las declaraciones surgieron durante la tarde de este jueves en la conferencia de prensa que compartió con el vicepresidente, Vladimir Werning, para presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM).

Bausili se refirió a los cálculos que anticipan que el índice de morosidad de las familias bajó levemente en junio. “Quizás bajó en junio versus mayo por primera vez en mucho tiempo. Ojalá se confirme, si no se confirma probablemente va a estar muy en línea y ya empezamos a ver ese punto de inflexión”, aseguró.

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Los funcionarios volvieron a descartar que el Estado vaya a intervenir directamente para mejorar la situación de los deudores morosos. También indicaron que no participaron en la elaboración de ninguno de los proyectos que hay en el Congreso para llevar algún tipo de solución a ese grupo de usuarios financieros.

Hernán Lacunza, Gobierno, consumo