POLITICA
“EE.UU tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, sostuvo Peter Lamelas al referirse a Malvinas
El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. Además, se comprometió a impulsar el regreso de la Argentina al programa de exención de visas, un trámite que, según dijo, no estará resuelto en tres, seis ni 12 meses porque exige cumplir alrededor de 15 criterios técnicos y de seguridad.
En una entrevista con TN, el diplomático cerró la puerta, al menos por ahora, a una redefinición del vínculo bilateral en torno al reclamo argentino por las islas. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, dijo cuando fue consultado por versiones sobre un supuesto giro de la administración de Donald Trump.
Respecto del visado que necesitan los ciudadanos argentinos para ingresar a Estados Unidos, Lamelas ubicó un cambio en ese sentido entre sus prioridades personales y políticas. Afirmó que trabaja con el canciller Pablo Quirno y con el embajador argentino en Washington, Alex Oxenford, para que el país vuelva al Visa Waiver Program antes del fin de su misión diplomática, que en principio sería en 2028, aunque aclaró que el proceso depende de que la Argentina adapte sus sistemas de intercambio de datos sobre personas consideradas terroristas o sospechosas.
Lamelas habló además de cooperación militar, narcotráfico, inversiones y tecnología, y dejó una señal política sobre la disputa con China en sectores sensibles. Planteó que Washington no busca “amenazar a nadie”, pero defendió la idea de “redes de confianza” frente al despliegue de Huawei y sostuvo que la protección de datos es una condición para atraer capitales a la Argentina.
Washington ratificó que no cambiará su postura sobre Malvinas
La definición más sensible para la política exterior argentina fue la que dedicó al Atlántico Sur. Ante la consulta sobre si la administración de Donald Trump podría revisar su postura histórica, Lamelas respondió: “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”.
Luego, al ser consultado por versiones atribuidas a un supuesto memo del Pentágono y a gestiones de dirigentes republicanos, insistió con la misma línea. “Yo no sé eso específicamente, pero sí sé que había un correo electrónico, solamente un email. Hasta ahora, la posición sobre las islas no ha cambiado. Tenemos una posición de neutralidad”, remarcó.
La otra derivación de ese mismo frente fue su respuesta sobre la base naval integral proyectada en Ushuaia. “Nosotros no estamos hablando de esa base en este momento, estamos hablando de otros temas militares en los que estamos cooperando”, dijo.
A partir de allí enumeró la agenda castrense bilateral que sí está en marcha. Recordó la visita del portaaviones USS Nimitz, dijo que Estados Unidos ayudó a conseguir los F-16, los Orion P-3 para control marítimo y los Strykers para equipamiento utilizable en desastres naturales, y anticipó que habrá más ejercicios militares el próximo año. También añadió que la Argentina quiere helicópteros Black Hawk y que Washington verá “en lo que podamos ayudar”.
El embajador prometió trabajar para que la Argentina vuelva al programa de exención de visas
Otro eje de la entrevista fue el eventual ingreso argentino al programa que permite viajar a Estados Unidos sin visa. Lamelas lo presentó como una meta personal. “La visa waiver es algo que yo tengo muy cerca, muy en mi corazón. Quiero ayudar al pueblo argentino a lograr eso”, afirmó.
El embajador recordó que la Argentina ya tuvo ese beneficio y remarcó que Chile lo conserva. Después detalló la principal dificultad actual: “Hay algunos criterios que tienen que lograr para poder entrar al programa”.
Cuando le preguntaron cuán lejos está ese objetivo, bajó la expectativa sobre los tiempos y al mismo tiempo formuló una promesa. “Yo estoy trabajando con Pablo Quirno y Alex Oxenford para lograr alcanzar esos criterios”, dijo, y precisó que uno de los requisitos pasa por contar con sistemas capaces de transmitir “inmediatamente” a Estados Unidos la información sobre personas identificadas como terroristas o sospechosas.
“Hay como 15 criterios que se tienen que lograr y nosotros estamos trabajando para que el gobierno argentino los alcance antes de que yo me vaya como embajador. Es una promesa que voy a hacer hoy: voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No será en 3 o 6 meses, porque demora”, sostuvo. Ante la mención de 2028 como horizonte posible, respondió: “Eso intentaremos”.
La cooperación en seguridad seguirá dentro de las leyes argentinas
Consultado por una eventual participación de militares estadounidenses en territorio argentino, Lamelas evitó validar ese escenario y remitió la discusión al marco legal local. “Ustedes tienen leyes aquí en Argentina y hay que respetarlas. Estamos trabajando con el Gobierno y vamos a seguir haciéndolo”, respondió.
Luego definió cuál es, a su juicio, el campo concreto de esa asistencia. “Se puede ayudar con datos, con inteligencia y tenemos que utilizar la ley para arrestar a los narcotraficantes”, agregó.
En ese mismo tramo, el diplomático vinculó la agenda bilateral con la realización en la Argentina de la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada junto con la DEA. Dijo que asistirán casi 1.000 personas, entre agentes del FBI, la DEA y funcionarios del Ministerio de Seguridad, y puso ese encuentro como muestra del alineamiento entre ambos países en materia de seguridad.
También mencionó resultados que atribuyó al trabajo argentino de este año: el arresto de 350 narcotraficantes, el secuestro de 10 toneladas de cocaína y 65 toneladas de precursores. Sumó que Estados Unidos está “orgulloso” de que la Argentina haya logrado bajar los homicidios en Rosario y afirmó que él mismo ayudó para que se redujera el nivel de alerta sobre la ciudad.
El cruce por Huawei y China
Respecto de la situación generada por la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén, que aseguró haber recibido presiones por un contrato con Huawei. Lamelas confirmó el encuentro con sus directivos, aunque evitó responder de modo directo sobre una eventual cancelación de visas a los directivos de la firma.
“Esta semana la cooperativa de electricidad CALF me visitó aquí en la embajada. Fue una visita muy cordial, diplomática y productiva. A veces es mejor cara a cara con la gente. Fue una buena visita y vamos a ver qué pasa”, dijo.
Después fijó una posición general cuando se lo consultó acerca de si se les retirarían las visas a los miembros de la cooperativa. “El presidente Trump y el secretario (de Estado, Marco) Rubio siempre dicen esto: ‘una visa es un privilegio, no un derecho’. Cada uno cuida su casa. Nosotros estamos cuidando la casa de los Estados Unidos. Pero yo quiero ir para adelante, no vamos a amenazar a nadie, vamos a hablar de lo que podemos hacer juntos”, sostuvo.
Respecto de las empresas chinas, defendió la competencia abierta. “Nosotros nada más queremos un mercado libre para la competencia y las compañías estadounidenses”, señaló primero.
Luego explicitó por qué, a su entender, el proveedor de telecomunicaciones chino representa un problema. “Lo importante de la diferencia entre el equipo chino de Huawei con los otros equipos como Nokia, Ericsson o Cisco es que estos últimos tienen redes de confianza, redes seguras. En cambio, el equipo de Huawei y el gobierno chino pueden ver todos los datos. No es solo el gobierno, es el Partido Comunista Chino”, afirmó.
Lamelas ligó esa crítica con la captación de inversiones. Sostuvo que quiere que las empresas que lleguen al país tengan la seguridad de que sus datos estarán protegidos y mencionó el caso de Chevron, que, según dijo, puede invertir millones de dólares. “Hay empresas como Chevron que vienen para invertir millones de dólares y es más fácil que vengan si se les puede ofrecer redes de confianza. Lo que nosotros queremos es que haya más inversión”, declaró.
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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema
Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
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POLITICA
Río Negro: imputaron a un intendente libertario por corrupción y deberá afrontar un referéndum
La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.
El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.
La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.
Una disputa institucional que llegó a la Justicia
El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.
La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.
La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.
Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.
El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.
El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.
El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.
Las firmas que habilitaron el referéndum
En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.
El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.
Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.
La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.
Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.
En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.
El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.
El aislamiento político del intendente libertario
El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.
La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.
El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.
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