POLITICA
Ocho interrogantes detrás del programa de aviones F-16 que el Gobierno no responde
Temas como los misiles, la capacidad y los plazos de entrega se encuentran bajo secreto militar; visitó el hangar que los aloja en Córdoba mientras siguen las obras en Tandil, su destino final
9‘minutos de lectura
RÍO CUARTO.— Dos aviones supersónicos F-16 despegan del Área Material de Río Cuarto, Córdoba, y recorren cientos de kilómetros a miles de metros de altura. Minutos después sobrevuelan la ciudad de Buenos Aires, por el Estadio Monumental de River en Núñez, luego hacia la Costanera Norte y al Aeroparque Jorge Newbery. Finalmente llegan al Obelisco y emprenden la vuelta al norte. El fuerte estruendo llama la atención de quien se encuentra en territorio porteño.
El inusual evento de demostración de la flamante compra a Dinamarca se dio en el marco del aniversario 114 de la Fuerza Aérea Argentina.
Dos semanas antes, visitó el lugar que aloja a estos seis de los 24 cazas adquiridos. Dentro de un hangar 3, y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, este diario recorrió las instalaciones sin poder tomar imágenes. Se abrieron las puertas y en medio del atardecer de invierno entraron, de reversa, los seis aviones. Una gigante bandera argentina colgada en el lugar recibió el último rayo de sol.
En el enorme depósito gris con techos altos funcionan talleres, computadoras, tecnología e incluso aparatos de inteligencia. También se reciben todos los repuestos necesarios para los próximos cuatro años. Su interior es secreto al público y hay distintas habitaciones. Una de ellas es la sala de briefing (donde se analizan vuelos y operaciones). En otra hay un simulador (los pilotos practican cuatro veces más ahí que en el aire) para aparentar emergencias de los cazas y posibles amenazas al país. En paralelo están los lockers con pantalones anti-G (con tecnología para que los pilotos no se desmayen durante la operación por la fuerza G), cascos y chalecos. Todos estos talleres tienen olor a pintura, olor a nuevo.
La incorporación de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca todavía está lejos de completarse. El programa contempla 24 aeronaves y requiere, además de los cazas, infraestructura, entrenamiento, mantenimiento, armamento y estructura logística.
En diciembre de 2025 llegaron a Río Cuarto los primeros seis. Desde entonces, la Fuerza Aérea avanzó en la capacitación de pilotos y técnicos y en los trabajos de mantenimiento y modernización, mientras continúa la construcción en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde está previsto que funcione la base definitiva.
El Gobierno sostiene que el programa permitirá recuperar capacidades que la Argentina perdió con el retiro de los Mirage en 2015 y que los F-16 tendrán por delante al menos 25 años de vida útil. Pero alrededor de la compra aparecen todavía varios interrogantes sobre cuándo estará plenamente disponible la flota, cuánto costará mantenerla y qué capacidades tendrá efectivamente el país.
1. ¿Cuándo funcionará un único sistema?
Pero ese avance no significa que la Argentina ya tenga una capacidad operativa completa con los 24 aviones.
El programa de incorporación es gradual. Los primeros aviones permanecen en Río Cuarto mientras continúan las obras en Tandil. El Gobierno reconoce que este proceso se extenderá hasta 2028 y que, además de recibir las aeronaves, es necesario formar al personal, completar la infraestructura y poner en funcionamiento todos los componentes del sistema de armas.
¿Cuándo la Argentina tendrá aeronaves, pilotos, técnicos, armamento, infraestructura y logística funcionando como un único sistema? Esta es una de las preguntas que el Gobierno no responde.
2. ¿Qué armamento tendrán y cuándo llegará?
Disponer de un caza no equivale a contar con todo su potencial de combate. El programa, además de las aeronaves, incluye también equipamiento militar provisto por Estados Unidos y un acuerdo separado para la modernización y provisión de armamento.
Ese segundo acuerdo, firmado en diciembre de 2024, tiene un tope de gastos de US$900 millones y contempla tecnología destinada a modernizar los aviones y armamento. El contenido de esos acuerdos se encuentra bajo secreto militar.
¿Cuál será finalmente la configuración completa del sistema de armas argentino? Presentar un inventario completo con cantidades es parte de la información sigue bajo reserva.
La Argentina fue incorporada por Estados Unidos a un contrato para la compra de los AIM-120 AMRAAM y AIM-9, los dos principales misiles aire-aire utilizados por la Fuerza Aérea norteamericana. Son de alcance medio y largo, capaces de atacar objetivos más allá del campo visual.
Pero todavía no se conoce públicamente la configuración completa del sistema de armas argentino ni las cantidades de cada munición.
3. ¿Cuánto cuesta operarlos?
El precio de adquisición de los 24 aviones fue de aproximadamente US$301 millones. El Gobierno ya abonó tres de las cinco cuotas previstas, por unos US$180 millones; la entrega también es “en cuotas”.
A esto se le agregan otros gastos vinculados con el equipamiento y la puesta en funcionamiento del sistema de armas. Con todo, el costo inicial del programa fue estimado en alrededor de US$650 millones. En paralelo, solo el programa de instrucción de pilotos puede alcanzar los US$33 millones, mientras que el acuerdo de modernización y armamento tiene un techo de US$900 millones.
La incorporación de los F-16 demanda nuevas inversiones en infraestructura, entre ellas la remodelación de pistas y hangares y la construcción de instalaciones. El presupuesto 2026 contempla partidas por $20.000 millones para financiar las obras de modernización y actualización tecnológica de Tandil y los trabajos realizados en Río Cuarto. Fuentes castrenses señalaron a este diario que la mayor parte de esos recursos fue destinada a la unidad cordobesa.
Sumado a eso, una hora de vuelo costaría US$20.000.
¿Cuánto deberá gastar la Argentina cada año para mantener una cantidad suficiente de aeronaves disponibles y pilotos entrenados? En Estados Unidos, un piloto de caza necesita realizar unas 10 a 14 misiones mensuales para mantener su nivel de entrenamiento. La Fuerza Aérea Argentina todavía no informó cuántas horas volará anualmente su flota.
4. ¿Cuántos aviones estarán disponibles al mismo tiempo?
Si bien la Fuerza Aérea recibirá 24 aviones, no significa que todos estarán disponibles en simultáneo para una misión.
La decisión de incorporarlos en tandas y tenerlos transitoriamente en Córdoba responde también a que la Argentina todavía no cuenta con la infraestructura necesaria para recibir los 24 aviones en un solo movimiento.
La disponibilidad real de una flota de 24 aeronaves será, por lo tanto, uno de los indicadores más importantes para medir cuánto cambió efectivamente la capacidad de combate de la Fuerza Aérea. Eso podría saberse una vez completado el programa de adquisición.
5. ¿Cuánto le quedan a los aviones?
La pregunta sobre cuánto tiempo podrán seguir operativos estos aviones estuvo presente desde el anuncio de la compra. Y es que los F-16 fueron fabricados y adquiridos por Dinamarca entre las décadas del 70 y 80.
La administración libertaria sostiene que los aviones tienen por delante al menos 25 años de vida útil en horas de vuelo y que incluso podrían volar hasta 2070. La discusión, sin embargo, se centra en que la vida útil efectiva dependerá de las horas de vuelo remanentes, las modernizaciones, el mantenimiento y las funciones a las que sean sometidos.
Especialistas consultados por remarcaron que la vida útil efectiva depende de factores como las horas de vuelo remanentes, las modernizaciones recibidas, el mantenimiento y las funciones a las que sean sometidos. Muchos de estos elementos también están bajo secreto militar.
6. ¿Qué infraestructura necesita todavía la Argentina?
La infraestructura es uno de los principales condicionantes del programa. Los F-16 tienen como destino definitivo la VI Brigada Aérea de Tandil, pero las obras lejos estaban de ser terminadas cuando visitó Río Cuarto a fines de julio.
El Gobierno dice que hoy, desde el Área Material, los aviones podrían despegar en minutos si se detecta actividad sospechosa o una amenaza en el espacio aéreo argentino. En paralelo, estiman que desde Tandil los F-16 responderían más rápido: despegarían en 12 o 15 minutos.
Desde la Fuerza Aérea estiman que las obras en Tandil demorarán entre dos y dos años y medio. Según supo este diario, los trabajos incluyen una nueva pista central, hangares, áreas técnicas y de mantenimiento, además de tareas en los suelos, readecuación eléctrica, sistemas de frenado en pista, ampliación de plataformas y renovación de depósitos de material aeronáutico y polvorines.
La Fuerza Aérea todavía no dio información detallada sobre el grado de avance de las obras en Tandil. En el Área Material cordobesa no se alargará la pista a pesar de la inversión que se está llevando a cabo.
7. ¿Cuántos pilotos y a qué ritmo se están formando?
La formación del personal es otro de los interrogantes. Los pilotos y técnicos argentinos reciben capacitación en Arizona y en Río Cuarto.
El contrato de hasta US$33 millones con Top Aces contempla la formación de pilotos instructores argentinos. El objetivo es que esos pilotos puedan, posteriormente, transmitir los conocimientos adquiridos.
consultó en su visita a Córdoba sobre la cantidad de pilotos que hoy están capacitados para volar, pero no obtuvo respuesta. La Fuerza Aérea mantiene en reserva cuántos pilotos y técnicos se encuentran en formación. Alegan que es por razones de seguridad. ¿Cuál será el capital humano necesario para operar los 24 aviones? Todavía es un misterio.
8. ¿Cuál es el calendario definitivo?
El segundo lote de seis iba a llegar antes de fin de año; en la visita de a Córdoba, la Fuerza Aérea adelantó que esa entrega se produciría en la segunda quincena de septiembre, antes de lo previsto. La Fuerza Aérea deslizó que los plazos pueden adelantarse pero no dio más detalles.
La totalidad de los 24 aviones será incorporada de manera progresiva y los últimos están previstos para fines de 2028. Pero todavía no hay un esquema público para las tandas que restan.
Lucía Pereyra,LA NACION,Política
POLITICA
Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado
La senadora Patricia Bullrich presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones a Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto a cargo de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), por las actuaciones del organismo ante el traslado de detenidos desde Devoto al nuevo complejo federal de Marcos Paz. La iniciativa le atribuye una conducta que, según la legisladora, obstaculiza el vaciamiento y cierre de la cárcel porteña.
El proyecto, ingresado por la Mesa de Entradas del Senado el miércoles 14 de octubre, reúne nueve pedidos de información sobre las gestiones de la Procuración, los criterios para asignar plazas, las condiciones de alojamiento y los controles de seguridad. Bullrich solicitó que el funcionario entregue un informe “pormenorizado, documentado y por escrito” dentro de los 15 días hábiles posteriores a una eventual aprobación de la iniciativa.
Por ahora, se trata de una presentación parlamentaria. Para que el requerimiento sea formal, deberá contar con el aval de la Cámara. La senadora busca que Cejas Meliare responda, entre otros puntos, por las intervenciones judiciales de la PPN durante la reorganización de la población carcelaria.
El cuestionamiento central figura en el tercer punto del proyecto. Bullrich le reclama que explique la “flagrante contradicción institucional” entre los reclamos históricos por mejores condiciones de habitabilidad y la oposición judicial al cierre de la cárcel. “Explique la flagrante contradicción institucional de exigir durante años la mejora de las condiciones de habitabilidad, para luego oponerse judicialmente al cierre definitivo y traslado inminente de los internos del Complejo Penitenciario Federal de la CABA (Cárcel de Devoto)”, plantea el texto.
La iniciativa define al penal, inaugurado en 1927, como un establecimiento “manifiestamente obsoleto”. Además, cuestiona las mesas de trabajo promovidas por la Procuración, que —según la interpretación de la senadora— demoran la relocalización de los internos e interfieren con el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para avanzar con la clausura.
La Justicia rechazó el hábeas corpus colectivo, pero exigió notificaciones
La ofensiva de Bullrich se produjo mientras la controversia ya registraba decisiones judiciales en dos instancias. El jueves 15 de octubre, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo y correctivo que había promovido la PPN por el traslado de internos a Marcos Paz.
La resolución fue firmada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López. Los jueces mantuvieron el criterio de primera instancia, aunque ordenaron precisiones sobre la comunicación de los traslados a las defensas y los tribunales, además del acceso de los inspectores penitenciarios a los establecimientos.
La presentación de la Procuración alcanzó a 326 detenidos. El organismo cuestionó que algunos movimientos se realizaran sin informar con anticipación los destinos a las defensas y a los juzgados intervinientes. También advirtió sobre el impacto para quienes estudiaban en el Centro Universitario Devoto, dentro del programa UBA XXII, y para los internos con salidas transitorias.
El juez Santiago Bignone, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, rechazó la acción colectiva, de acuerdo con el dictamen del fiscal Pablo Recchini. Entendió que no se acreditó una afectación colectiva actual ni un riesgo cierto e inminente de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Añadió que los reclamos por derechos individuales debían ser tratados por los magistrados competentes en cada caso.
La Cámara sostuvo esa decisión. Aunque señaló que las notificaciones no se ajustaron por completo al protocolo, concluyó que no se había demostrado un perjuicio concreto que justificara anular los traslados ya efectuados. Los jueces también consideraron que el regreso de internos a sectores de Devoto inhabilitados por razones de seguridad podía agravar sus condiciones de alojamiento.
Sin embargo, la resolución dispuso garantías para los próximos movimientos. La Cámara encomendó al juez Bignone exigir al Servicio Penitenciario Federal (SPF) el cumplimiento de los artículos 11 y 12 del Protocolo de Traslado de Personas Privadas de Libertad, que prevén comunicaciones a los órganos judiciales y las defensas con al menos 72 horas de anticipación. También ordenó garantizar de inmediato el ingreso del personal de la Procuración para inspeccionar y monitorear las cárceles.
Tras la sentencia, la PPN afirmó en un comunicado que no se opone al cierre de Devoto ni a la reorganización de plazas carcelarias. Sostuvo que su intervención apunta a asegurar planificación, transparencia y respeto de la ley y de los derechos de las personas detenidas. Bullrich, en cambio, considera que las actuaciones del organismo afectan una decisión del Poder Ejecutivo para desocupar el penal.
El proyecto reclama explicaciones por las plazas, las camas dobles y los controles de seguridad
El traslado de internos desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, luego de años de demoras en la puesta en marcha del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En las primeras dos jornadas, el SPF llevó 609 personas, más del 40 % de la población del penal porteño, al nuevo establecimiento, que tiene capacidad para 2.232 plazas.
Bullrich respalda su planteo en el convenio interjurisdiccional acordado en 2018 y ratificado por la Legislatura porteña mediante la Resolución 100/LCABA/18. En los fundamentos, sostiene que la redistribución de los detenidos debe avanzar hacia establecimientos adecuados y cuestiona que la Procuración busque influir sobre el destino específico de las vacantes del nuevo complejo.
El cuarto requerimiento le pide a Cejas Meliare que detalle “los fundamentos legales por los cuales la PPN pretende arrogarse facultades de administración penitenciaria exclusivas del Poder Ejecutivo”. De acuerdo con el proyecto, el organismo pretende que el penal de Marcos Paz sea utilizado de manera prioritaria para alojar a detenidos que permanecen en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires, un criterio que Bullrich dice que bloquea la reubicación planificada de la población de Devoto.
Los dos primeros puntos de la iniciativa se refieren a las camas dobles en dependencias del SPF. La senadora solicita que se informe si la Procuración pidió, promovió o avaló su incorporación en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza o en el CPF II de Marcos Paz. También requiere conocer los fundamentos técnicos y jurídicos de un eventual cambio de posición frente a advertencias anteriores sobre “la sobrepoblación, el hacinamiento y los estándares mínimos de habitabilidad”.
Otro de los pedidos se concentra en el vínculo de los detenidos con sus familias. Bullrich busca que el funcionario explique cómo compatibiliza los planteos de la PPN sobre los efectos de trasladar internos fuera de Buenos Aires con las gestiones para derivar de forma progresiva a personas alojadas en comisarías y alcaidías porteñas a cárceles federales de distintas jurisdicciones.
La senadora también reclama precisiones sobre la transferencia a la Ciudad de las competencias penitenciarias por delitos no federales y sobre la construcción de infraestructura modular con 400 plazas adicionales en terrenos del SPF. El proyecto consulta si la Procuración acompañó, objetó o rechazó esas alternativas y bajo qué argumentos. A la vez, solicita comparar las inspecciones y acciones judiciales impulsadas en dependencias de fuerzas federales con las desarrolladas en establecimientos de la Policía de la Ciudad.
Uno de los puntos aborda posibles relaciones institucionales. Bullrich pide identificar si exfuncionarios, exagentes o empleados de la Procuración con licencia cumplen funciones en áreas penitenciarias del Gobierno porteño. Si fuera así, solicita que se informen los mecanismos destinados a “preservar la independencia, imparcialidad y objetividad” del organismo. El texto aclara que el planteo es un pedido de información y no supone, por sí mismo, la existencia de un conflicto de intereses.
El capítulo final se enfoca en las restricciones al ingreso de teléfonos celulares particulares en sectores de máxima seguridad. La senadora reclama que Cejas Meliare explique “los verdaderos motivos por los cuales la Procuración se resiste activamente” a cumplir las disposiciones vigentes. Según el proyecto, el ingreso de dispositivos personales en zonas restringidas “atenta directamente contra las directivas orientadas a desarticular el accionar del crimen organizado desde el interior de las cárceles”.
Cejas Meliare ocupa el cargo de procurador penitenciario adjunto y conduce el organismo por la vacancia de la titularidad. La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso ratificó su continuidad el 20 de noviembre de 2024. La PPN, creada por la Ley 25.875, tiene autonomía funcional y facultades para inspeccionar cárceles, examinar las condiciones de detención y promover actuaciones de protección de derechos, mientras que el Poder Ejecutivo administra el sistema penitenciario federal.
La iniciativa de Bullrich todavía deberá atravesar el trámite parlamentario. Mientras tanto, el cierre de Devoto seguirá bajo las condiciones fijadas por la Justicia: el rechazo del hábeas corpus colectivo y la obligación de que el SPF cumpla con las notificaciones previas y facilite las inspecciones durante los traslados.
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Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser rematados a través de la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los bienes forman parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que tuvo una fuerte participación en la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La quiebra de la constructora tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En el marco de un incidente de restitución de bienes, la Justicia dispuso que distintos activos de la compañía fueran enviados al área de subastas online de la Corte para su venta.
Entre los vehículos ofrecidos hay seis camionetas Chevrolet S10, con precios base de $2.200.000; una Mercedes-Benz Sprinter, que parte de $5.100.000; y una Renault Master, con un valor inicial de $7.200.000.
También se subastan 11 módulos Tecnimet que eran utilizados como obradores al costado de las rutas. La oferta está dividida en dos lotes: uno integrado por cuatro unidades y otro por las siete restantes.
POLITICA
Arrancó la subasta de bienes de la constructora de Lázaro Báez en la página oficial de la Corte Suprema
Camiones, autos y obradores que pertenecieron a la firma Austral Construcciones SA, del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser ofrecidos para remate a través de la página oficial de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se trata de uno de los incidentes del último capítulo del proceso de quiebra del expediente judicial de la firma de Báez, que realizó gran parte de la obra pública vial que se hizo entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz.
La causa por la quiebra de Austral Construcciones se abrió en 2017 y se encuentra tramitando ante el juzgado nacional en lo Comercial 28.
Allí se dispuso, en un incidente de restitución de bienes, enviar una serie de bienes a rematar en el área de subastas judiciales, que depende de la Corte Suprema.
En total, se subastan seis camionetas marca Chevrolet S10, que arrancan con un precio base de $2.200.000, una Mercedes Benz Sprinter con un precio inicial de $5.100.000 y otra Renault Máster, por $7.200.000.
Además, también se rematan once módulos Tecnimet (uno en una subasta con cuatro unidades y otra con las siete restantes) que funcionan como obradores al costado de la ruta.
Se trata de casillas prefabricadas, parecidas a un contenedor, de chapa, con paneles aislantes, puerta, ventanas e instalación eléctrica. Llegan armadas en camión y se apoyan en el terreno sin cimientos.
Archivo
Se usan como oficinas, vestuarios y baños para los obreros, comedor, depósito de herramientas y materiales o dormitorios en obras alejadas, como las de la Patagonia.
Por decisión judicial, los bienes están actualmente en poder de la Fuerza Aérea. En cada caso, los interesados pueden observar el lugar en donde se encuentran y un detalle del estado de los bienes.
En 2025, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema creó la plataforma online de remates con el fin de transparentar el mecanismo de subastas para hacer más accesible el proceso, garantizar el anonimato de los postores y facilitar la participación de la gente en todo el país, sin intermediarios.
Días atrás, a través de la página, se remató un departamento de 3 ambientes en el complejo River View de Puerto Madero que tenía como precio base 400.000 dólares y una casa en el country San Diego, del partido de Moreno.
Actualmente, hay en puja desde un departamento de tres ambientes con cochera en la ciudad de Mar del Plata con precio base de 54.000 dólares hasta la estructura de un edificio sin terminar en el barrio de Villa Urquiza y una planta industrial en Mendoza, todos bienes afectados a diversas causas judiciales.
En el caso de Báez, la mayoría de sus bienes ya fueron vendidos en este proceso de quiebra para pagar a los acreedores.
Además de la justicia comercial, también pugnan por rematar los bienes que quedan en pie de Báez el Tribunal Oral Federal 2, que lo condenó en la causa Vialidad, y el Tribunal Oral Federal 4, que lo condenó en la causa de la “Ruta del dinero K”.
La empresa quebró en 2018 y su liquidación sigue abierta: hubo unos 45 incidentes de venta, sobre todo, en Río Gallegos.
En abril de 2024, ya fue rematada maquinaria vial (motoniveladoras, palas cargadoras, excavadora), un semirremolque y vehículos. En septiembre de 2025, se subastaron 28 lotes del ex Obrador Central de Río Gallegos.
Además, en febrero de 2026 se llamó a mejorar ofertas por US$200.000 por un inmueble en Río Gallegos.
Quedan por rematar inmuebles y otros activos de Austral que siguen en liquidación.
En la causa de lavado de la “ruta del dinero K”, el objetivo es recuperar al menos 61 millones de dólares. Ya se remataron dos aviones: un Rockwell Commander y un Learjet.
Desde diciembre de 2025, en tanto, la Corte transfirió al Estado más de 60 millones de dólares.
Quedaron inmuebles bajo administración judicial hasta que se subasten cuentas en Suiza y Bahamas, y participaciones en nueve sociedades (Badial, Austral Agro, Austral Atlántica, Diagonal Sur y otras).
Por otro lado, está pendiente el decomiso por la causa Vialidad. El tribunal aprobó ejecutar 84 inmuebles, la mayoría en Santa Cruz, para cubrir una condena solidaria de 685.000 millones de pesos. Entre esos bienes se cuentan un campo de 5633 hectáreas en Alto Río Senguer (Chubut), la estancia Los Gurises, de 10.000 hectáreas (Santa Cruz), unos 60.000 metros cuadrados en El Calafate, lotes en Río Gallegos y tierras en Río Turbio.
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