POLITICA
El acuerdo electoral que se cocina en el Gobierno y la advertencia puertas adentro por la interna libertaria
El Gobierno inauguró esta semana una nueva época de su gestión, que estará caracterizada por una fuerte hegemonía interna de Karina Milei en la toma de decisiones políticas y las pretensiones de mayor diálogo entre la Nación y las provincias, tanto en el plano legislativo como en el electoral. Hasta el año pasado, el karinismo parecía tener una relación más hostil con los gobernadores a los fines de imponer el sello violeta. Son los virajes que se hacen necesarios en pos de la reelección del Presidente.
Es justamente la misma promesa que le hizo Diego Santilli el domingo pasado a Javier Milei en la Quinta de Olivos. Sabe que su futuro como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires está atado al desempeño de sus tareas, que no van a estar signadas por el seguimiento de la gestión de los ministros, sino de las reformas estructurales que Milei quiere impulsar en el Congreso. La principal es la reforma política, cuyo punto más importante es la eliminación -o suspensión- de las PASO. Para ese fin, el oficialismo incluso está dispuesto a resignar muchos otros artículos de ese proyecto.
La salida de Manuel Adorni no produjo mayores cambios en la dinámica del Gobierno. En todo caso, trasparentó y formalizó lo que ya se venía produciendo hace tiempo mientras Adorni entraba en su ocaso político: el dialoguismo que caracteriza a Santilli ya se estaba instalando como metodología política.
Tal vez la primera muestra de ello se dio en un encuentro el 14 de abril en la Casa Rosada, cuando la hermana presidencial presidió una reunión organizada por Santilli y Lule Menem -quien es la cabeza política de Karina- junto a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Ahí se volvió a renovar la confianza que ambas partes habían tenido el año pasado y, como gesto para nada menor, le comunicaron al mendocino que estaban dispuestos a bajar las acciones de Luis Petri como candidato a los fines de generar mejores lazos.
Hace semanas se habla puertas adentro de la Casa Rosada que la La Libertad Avanza debería hacer alianzas electorales con cerca de 10 provincias. Esto no significa que tengan previsto competir con un mismo frente en todos los casos. Más bien, se pretende establecer reglas claras. En algunas provincias seguramente exista el pedido de que el eventual candidato violeta elegido compita, pero sin gran promoción de parte de la sede central de la Capital Federal.
Una figura de la mesa política que habló con el Presidente recientemente no descarta un mensaje componedor con varias provincias en el discurso que dará en Tucumán a la medianoche del 9 de julio en la Casa Histórica de la Independencia. Milei apostó por discursos de concertación en el pasado, pero su campo gravitatorio siempre tiende a volver a la confrontación como forma de distinción política.
Tucumán es el mismo lugar donde dos años atrás se firmó el Pacto de Mayo, en donde los gobernadores asistieron más por compromiso que por la convicción de que el Gobierno pretendía establecer puntos de consenso y mayor transversalidad. La jura de Santilli del martes pasado generó en varios de estos gobernadores el efecto contrario. “No tienen margen para seguir apuntando con el dedo. Nos necesitan y también nosotros a ellos. En ese sentido, con el Colo se siente que tenemos escucha activa nuevamente”, comentó un gobernador aliado a Infobae este sábado.
Paradójicamente, las provincias están más dispuestas al diálogo debido al ajuste indirecto de la Nación. Un informe reciente de la consultora IARAF revela que la recaudación tributaria nacional total que queda en manos del Gobierno Nacional descendió 6,4% real interanual durante el primer semestre de 2026 y la que va a provincias un 3%. Son mermas que traen un impacto directo para las gestiones provinciales. Un ejemplo es lo que sucede en Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal lleva un mes de conflicto policial por paritarias insatisfechas y este martes estuvo en la Casa Rosada, llegando a saludar a Milei. En el Gobierno hay preocupación de que esto se profundice en otros distritos tal y como ocurrió a comienzos de año. Más sensible es el caso del personal militar de las Fuerzas Armadas.
Santilli llega en un momento de consolidación casi absoluto del karinismo en la toma de decisiones políticas. Ese es el distintivo que tiene respecto al período de Guillermo Francos, quien fue un tercero incómodo por las internas entre karinistas y caputistas. Hoy el comando político parece ser determinante y unidireccional.
Con la salida de Adorni, “El Jefe” se hizo cargo de la mesa política, la cual se juntará el martes próximo, aunque el partido de la Selección argentina hace que más de uno de sus integrantes tenga algo de pereza en ir. Esta facción ya colonizó la Jefatura de Gabinete luego de las elecciones del año pasado, pero la diferencia de esta ocasión es que la avanzada ahora fue hacia el Senado, donde Lule Menem quiere ser quien controle junto a Santilli la negociación de los votos de las bancadas opositoras, así como el clima al interior del bloque propio.
Se trata de una afectación directa hacia Patricia Bullrich, a quien le habían dado la responsabilidad en esa órbita una vez asumida en su banca en diciembre del año pasado. Una fuente de altísimo rango dio los motivos de su desconfianza y de la intervención: “Tiene un esquema de realizar política que es muy cerrado. No sabés qué negocia y cómo lo hace”. Del otro lado defienden su posición marcando que los votos para reformas extremadamente cerradas fueron logradas por su trabajo y que hay otras iniciativas esperando lo mismo en comisiones, solo que el escándalo de Adorni no permitía acelerarlas.
Pero todo esto puede ser la excusa de algo más básico. La confrontación entre las facciones de Karina Milei y Santiago Caputo fue extremadamente dañina para los relacionamientos internos en el Gobierno. Y es que todos los movimientos, por más mínimos que sean, pasan por el tamiz de la interna. “Acá solo triunfa el que es extremadamente consistente en chupar las medias y en dejar todo lo demás de lado”, afirma, con calentura,
A un legislador nacional lo criticaron puertas adentro porque, en su momento, había subido un posteo en X saludando a Patricia Bullrich por su cumpleaños: su rival a nivel interno buscó capitalizar puertas adentro fogoneando que no era un comportamiento correcto. Otro caso ocurrió a comienzos de semana en una reunión de bloque en Diputados: en un apartado del encuentro se cuestionó a varios diputados que asistieron a un foro liberal en Santa Cruz sin haber avisado que irían.
Es muy corto el margen de maniobra para pertenecer al listado de dirigentes intachables de La Libertad Avanza. Hay quienes recuerdan la advertencia que Victoria Villarruel le realizó a una figura del Gobierno en una audiencia a solas meses atrás: “Te aconsejo que te empieces a llevar bien conmigo y con la oposición, porque en cualquier momento te van a sacar afuera”.
Son asuntos que no parecen importar en la percepción que el mercado tiene sobre la actual administración. Los ojos están puestos en otros asuntos. En particular, en la capacidad oficial para sostener la estabilidad del dólar frente a una eventual dolarización de carteras. El Gobierno busca llegar al próximo turno electoral con deuda ya financiada, vencimientos corridos y reservas reforzadas, para reducir el riesgo de una corrida sobre el dólar si crece la incertidumbre política.
Según la consultora 1816, entre lo que queda de 2026 y todo 2027 la Argentina debe afrontar pagos en moneda extranjera por USD 30.700 millones, mientras que ya tendría disponibles USD 13.100 millones, por lo que aún restaría cubrir USD 17.600 millones hasta diciembre de 2027. Será clave lo que tenga para decir el ministro de Economía Luis Caputo, quien mañana anunciará el esquema financiero para cubrir los compromisos de deuda. En el entorno del Presidente no descartan que aquello permita un sendero bajista del riesgo país hacia niveles inferiores a 400 puntos básicos.
POLITICA
LLA consiguió el dictamen sobre morosidad pero la oposición presiona para avanzar con créditos blandos del Estado
Ante el crecimiento de la morosidad y el aumento del endeudamiento familiar, un foco crítico para el Gobierno, el oficialismo logró contener la avanzada opositora en Diputados tras conseguir un dictamen de mayoría, con el apoyo de sus aliados históricos de Pro y la UCR. La iniciativa oficialista pone el foco en la prevención, pero no apunta a dar respuesta a la situación más urgente. Es así, que los bloques más críticos se esperanzan con revertir el escenario en el recinto, donde los números están más ajustados, y avanzar con un proyecto que contempla créditos blandos públicos para los deudores.
El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria.
En ese escenario, el Gobierno logró avanzar con un dictamen de mayoría que incluye 32 firmas, correspondientes a diputados de LLA, el Pro y dos en dicidencia de la UCR.
Aun así, el peronismo de Unión por la Patria (UP), sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica obtuvo un dictamen de minoría con 27 firmas, con el que buscarán presionar al oficialismo para llevar el tema al recinto la semana que viene, según pudo saber .
Desde los bloques críticos manifestaron su intención de convocar a una sesión especial el 7 de octubre, en la que, según deslizan algunos sectores, podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad.
Se trata de una maniobra que representa un desafío para el Gobierno, que intenta dilatar el debate por discapacidad hasta después del tratamiento del Presupuesto.
En lo que refiere a morosidad, los números están ajustados.
Si bien el peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, todavía enfrenta la difícil tarea de conseguir el aval de algunos aliados que podrían definir la pulseada. Es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que evalúa esta tarde avanzar con un dictamen propio.
Sin embargo, en el recinto podría inclinarse por apoyar la iniciativa de la oposición, que apunta a crear una línea de crédito directa de la Anses destinada a jubilados, trabajadores, monotributistas y beneficiarios de programas sociales.
El objetivo: que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito y reemplazarlas por un financiamiento en condiciones “menos perniciosas”.
Según pudo saber , la iniciativa contempla préstamos de hasta $1,5 millones, “en condiciones normales de mercado”, y establece que la relación entre la cuota y los ingresos del beneficiario no podrá superar el 30%.
“Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual. Por 180 días se declara la emergencia por esta situación. Puntualmente, van a poder adherir personas que adeuden hasta dos canastas básicas totales”, precisó Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
En las antípodas se ubica el oficialismo. Mientras un sector de LLA se desvelaba para ver cómo lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminaba de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos la posibilidad de una propuesta que incluya un refinaciamiento por parte de los bancos y las fintech.
Aún así, algunos libertarios se jactan de que cuentan con el aval de sus históricos aliados. Es más, hay quienes se arriesgan a decir que en una eventual sesión contarían con los números para aprobar su propio proyecto. Sin embargo, sobran las críticas por fuera del universo libertario en torno al texto oficial, calificado por diputados de varios bloques como “ultra lavado” y “la nada misma”.
Es que la iniciativa no apunta a dar respuesta a la situación más urgente, sino que pone el foco en la prevención. Según explican fuentes de LLA, busca “darle más transparencia a la información financiera, desagregar bien los costos financieros, las tasas y la cuestión impositiva para que el consumidor sepa lo que va a pagar”.
Además, incorpora capítulos de educación financiera y digital, junto con otras herramientas destinadas a facilitar el control y el manejo de la cartera de préstamos de cada cliente.
Noticia en desarrollo
morosidad y el aumento del endeudamiento familiar,,Delfina Galarza,Congreso Nacional,Conforme a
La Unión Cívica Radical (UCR) pedirá información pública sobre los supuestos terroristas que mencionó Javier Milei al referirse a controles migratorios. La diputada nacional Karina Banfi afirmó en Infobae Al Mediodía que buscará determinar si las cifras aluden a expulsiones, rechazos de ingreso o antecedentes penales.
Banfi consideró que el Congreso debe pedir explicaciones por las declaraciones de Javier Milei sobre personas vinculadas al terrorismo. La diputada cuestionó la falta de precisión sobre las cifras y los procedimientos mencionados.
Afirmó que el vocero presidencial aclaró que esas personas no fueron expulsadas del país. Según explicó, la aclaración apuntó a rechazos de visas o autorizaciones de ingreso.
Al mismo tiempo remarcó que una expulsión requiere un procedimiento diferente. Señaló que una persona debe haber cometido un delito en el país para que las autoridades impulsen esa medida.
“Cuando vos hablás de terroristas tienen que haber cometido un delito en el país para poder ser expulsados”, sostuvo. Y dijo que existe “todo un procedimiento para que eso suceda”.
La diputada se refirió a cifras que incluyeron 20 mil y 30 mil casos en distintos momentos de la conversación. Por ese motivo, pidió que los registros oficiales determinen cuántas personas recibieron rechazos de ingreso.
“Dijo que eran treinta mil”, afirmó. Luego añadió que la explicación incluyó “diez mil del año pasado” y “veinte mil en este año”.
“Voy a hacer un pedido de acceso”, afirmó Banfi. La diputada dijo que utilizará la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer qué quiso decir el Presidente. “Quiero conocer exactamente qué es lo que quiso decir el presidente”, aseguró.
Según contó en Infobae Al Mediodía, buscará establecer si Migraciones rechazó el ingreso de personas con antecedentes penales. También pretende conocer si existió información oficial sobre amenazas contra la Argentina.
La legisladora señaló que la Ley de Migraciones permite impedir el ingreso de personas con antecedentes criminales. Aclaró que esa facultad no equivale a expulsar del país a personas acusadas de terrorismo. “Para tener los datos y para constatar”, dijo.
Banfi cuestionó la forma en que Milei presentó el asunto. “El presidente dice cualquier cosa permanentemente”, sostuvo la diputada. Según precisó, los funcionarios luego realizan “malabares” para explicar esas declaraciones.
Asimismo, pidió separar los datos de las interpretaciones políticas. “Lo más importante es la evidencia”, sostuvo. Banfi afirmó que la ley permite negar el ingreso a personas con antecedentes penales.
La ley de discapacidad y el dictamen de mayoría
Entre otras cosas, la diputada puso foco en el debate sobre la discapacidad, el endeudamiento familiar y la seguridad migratoria en una agenda que incluye una votación prevista para el 14 de octubre. La discusión reúne proyectos con impacto en prestaciones, créditos y controles de ingreso al país.
La funcionaria sostuvo que la iniciativa tuvo respaldo de bloques dialoguistas y de La Libertad Avanza. “Todos aquellos que creemos que una prórroga de la emergencia no tiene principalmente los resortes necesarios”, dijo. El peronismo no acompañó el dictamen, según señaló Banfi durante la entrevista.
La legisladora planteó que el proyecto busca reemplazar una nueva prórroga de la emergencia por una norma permanente. A su criterio, una emergencia fija un plazo y deja decisiones futuras en manos de otra gestión.
Banfi afirmó que la ley incorpora medidas que ya figuraban en la emergencia. Su propuesta apunta a que esas herramientas continúen vigentes después de diciembre de 2027. “Nosotros lo que buscamos es que queden de manera permanente”, explicó Banfi.
La diputada puso el foco en los prestadores que asisten a personas con discapacidad. “Un cronograma de pago” constituye el punto central del acuerdo, según sostuvo.
Indicó que los prestadores necesitan cobrar por los servicios que brindan a personas con discapacidad. Y afirmó que el texto actualiza sistemas que, según su descripción, quedaron afectados por la inflación del gobierno de Alberto Fernández.
La diputada señaló que el proyecto puede lograr una aprobación amplia en el Congreso. Dijo que una votación por unanimidad resultaría posible si el peronismo acompaña el trabajo con organizaciones del sector. “Viendo incluso el trabajo que se está haciendo con el colectivo de discapacidad”, planteó, “la posibilidad de que salga por unanimidad” sería “muy sano”.
Por otra parte, la legisladora aseguró que el Gobierno cambió su posición sobre discapacidad después de conflictos legislativos y presupuestarios. La diputada atribuyó ese giro a una actitud pragmática de la administración nacional.
Aclaró que esa interpretación corresponde a su mirada personal. Y vinculó el cambio con la llegada del Papa y la atención pública sobre el colectivo de discapacidad.
Banfi afirmó que el Gobierno entendió que una disputa prolongada con el sector no le dio resultados. Según su planteo, la administración nacional no cuenta con los votos necesarios para sostener esa confrontación.
“Es un sector extremadamente vulnerable”, dijo. También sostuvo que “generar una pelea, como viene haciéndolo durante dos años, no le sirvió para nada”.
La diputada sostuvo que la agenda de discapacidad reúne reclamos de organizaciones, instituciones religiosas y la Iglesia. Afirmó que ese escenario empujó al oficialismo a aceptar propuestas que antes no respaldaba.
Al mismo tiempo describió problemas internos en el Gobierno durante el diseño de proyectos legislativos. Algunas carteras, según precisó, elaboran iniciativas que luego llegan al Congreso con cambios no previstos.
La diputada citó como ejemplos la ley de lobby, la cuestión de soberanía y el capítulo de discapacidad dentro del presupuesto. De acuerdo con la legisladora, esas diferencias generan problemas posteriores en la comunicación política.
Banfi evitó centrar su crítica en la figura del Presidente. “Me importa más cuáles son los datos y cuáles son los registros”, afirmó al explicar su posición sobre las políticas públicas.
La legisladora sostuvo que los gobiernos deben ordenar las cuentas sin excluir a sectores vulnerables. “Cuando vos dejás estos sectores afuera, yo creo que el costo después que pagamos todos los argentinos es más caro”, dijo.
El endeudamiento familiar y los límites de una regulación
Entre otras cosas, la legisladora abordó el debate parlamentario sobre endeudamiento familiar y morosidad. La diputada cuestionó que la comisión tenga una fecha obligatoria para emitir dictamen.
Según explicó, el emplazamiento limita la posibilidad de discutir los proyectos con mayor profundidad. Banfi afirmó que el número de votos puede imponerse sobre el contenido de las propuestas.
Advirtió sobre los riesgos de intervenir en relaciones contractuales entre privados. Dijo que una regulación de tasas o topes puede afectar la oferta de crédito. “El problema no se resuelve siempre con una ley”, afirmó Banfi.
La diputada planteó que la Argentina necesita ampliar el acceso al crédito y mejorar la trayectoria financiera de quienes solicitan préstamos.
Sostuvo que muchas personas tienen una historia crediticia limitada. Según señaló, esa situación restringe sus posibilidades de acceder a nuevos préstamos y mejores condiciones financieras.
La diputada informó que los bloques dialoguistas trabajan en un proyecto propio. El texto buscaría incorporar mecanismos que ya funcionan en otros países para ampliar la oferta crediticia.
También recordó el debate sobre la anterior ley de alquileres. La legisladora afirmó que la norma alteró la oferta de viviendas y perjudicó a quienes necesitaban alquilar.
La diputada reconoció que votó aquella ley y luego impulsó su derogación. “Fue un error”, dijo al referirse a esa decisión parlamentaria.
Para cerrar, aseguró que el decreto 70 derogó la norma y modificó el mercado de alquileres. Afirmó que la baja de la inflación redujo algunas presiones, aunque los valores todavía no descendieron.
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POLITICA
Un intendente peronista del conurbano eximirá de tasas y les perdonará deudas a los mayores de 75 años
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray (Partido Justicialista), anunció que su municipio no les cobrará tasas y les condonará deudas a las personas mayores de 75 años, siempre y cuando perciban ingresos de hasta dos haberes jubilatorios mínimos y tengan una única vivienda. El jefe comunal afirmó que tomó la medida porque la situación económica “golpea de lleno a los adultos mayores”.
Gray impulsó una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante, en la que se establece que los mayores de 75 años, que perciban ingresos por hasta dos jubilaciones mínimas (el haber mínimo de octubre es de $435.748,51) y tengan una única vivienda quedarán exentos del pago de nueve tasas y de las deudas por otras tres imposiciones municipales.
Según informó la Municipalidad de Esteban Echeverría en un comunicado, los beneficiarios de la ordenanza quedarán exentos del pago de la Tasa por Servicios Generales; la Contribución Especial para Obras Públicas; la Contribución Especial por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad; Derechos de Oficina; Patentes de Rodados; Carnet de Conducir; Derechos de Cementerio; Tasa por Servicios Asistenciales, y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.
Además, “se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada”, se indicó en el comunicado municipal.
Para acceder al beneficio, que regirá desde el 1º de enero del año que viene, los mayores de 75 años del distrito deberán presentar una declaración jurada acompañada por la documentación pertinente.
“Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, afirmó Gray al presentar su iniciativa en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.
La intendencia subrayó en su comunicado que la canasta básica de un adulto, en agosto, llegó a $519.578 y que, además, “se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores”. Entre esos puntos, se destacó “el desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
la medida,»Las instituciones importan». Poder Ciudadano alertó sobre la falta de políticas anticorrupción,Tasas transparentes,Esteban Echeverría,Impuestos,Conforme a
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