POLITICA
El ajuste en el Presupuesto generó malestar en algunos Ministerios y hay quejas por las trabas en la gestión
Las últimas reuniones importantes que tuvieron los integrantes del Gobierno se desarrollaron en un clima de fuerte tensión: el viernes último, cuando se juntó el Gabinete, hubo gritos, advertencias y recelos, mientras que el martes, en la mesa política, los protagonistas fueron las ausencias, las retiradas y las chicanas.
A pesar de los avances en la investigación por las denuncias sobre su patrimonio, Javier y Karina Milei continían respaldando a Manuel Adorni y reiteran que no lo van a apartar del cargo, como tímidamente sugieren algunos miembros de Poder Ejecutivo.
Así lo ratificó el propio Presidente en el encuentro que encabezó a finales de la semana pasada, en el que también “cagó a pedos” a varios de sus ministros con palabras fuertes que la senadora Patricia Bullrich calificó como consecuencia de una “emocionalidad importante” que tiene el mandatario.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta también se retiró prematuramente de la mesa política por cuestiones de agenda, poco antes de que se conociera que finalmente la cúpula del oficialismo decidió impulsar la reforma electoral completa, con la eliminación de las PASO incluida, a pesar de que no cuenta, a priori, con los votos de sus aliados como para aprobarla.
En esa oportunidad tampoco estuvo el asesor presidencial, Santiago Caputo, que faltó así por primera vez a una reunión de este grupo de trabajo desde que fue creado, y tampoco envió a nadie en su lugar.
“¿No estuvo? Ah, es verdad. Qué raro, ¿qué le habrá pasado?“, bromeó otro de los integrantes de ese cuerpo, aunque tanto cerca de la secretaria general como del consultor habían aclarado que era porque ya tenía un compromiso asumido previamente.
La interna entre esos dos sectores también está demorando, según argumentaron a Infobae algunos de sus protagonistas, el avance de determinadas reformas, como la del Código Penal, que todavía no entró al Congreso.
En un principio, el Gobierno pretendía tratar un texto completamente nuevo que tenía 912 artículos, pero con la llegada de Juan Bautista Mahíques al Ministerio de Justicia se optó por suspender ese plan para hacer una revisión más profunda y, mientras tanto, debatir solamente el endurecimiento de las penas para algunos delitos puntuales y la creación de otros.
Según sostuvo una de las personas interesadas en que la iniciativa prospere, ese paquete de medidas está frenado en la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzábal Murphy, quien responde a Caputo.
De auerdo con esta versión, el asesor no está apurado en mandarlo a la Cámara de Diputados porque insiste en tratar el proyecto original, en el cual trabajó durante años un equipo de especalistas en la materia.
“El Presidente, el jefe de Gabinete y Karina Milei dijeron que debía mandarse la reforma completa. No está frenada, sino que se aguarda devolución del Ministerio de Justicia sobre la propuesta original, que es la que se definió mandar”, responden desde el ala caputista.
Por otra parte, también continúa el malestar por la situación judicial de Adorni, que según revelaron distintas fuentes, también está perjudicando el normal funcionamiento de la administración nacional.
“Enviamos un comunicado a Presidencia para ver si está bien y tardan una eternidad en responder, y cuando lo hacen ya es tarde. Ha pasado de salir con algo y que después nos pidan cambiar algún párrafo, cuando tuvieron días para revisarlo”, protestaron en uno de los Ministerios.
En este sentido, también señalaron que “no está habiendo una estrategia en conjunto para determinados anuncios”, por lo que muchas veces un área publica una decisión que luego queda opacada por otra medida.
Asimismo, en algunos despachos también cuestionan, aunque por lo bajo, el Decreto con el que Milei cambió el Presupuesto 2026 y recortó poco más de 2,5 billones de pesos de diferentes partidas.
La orden a los Ministerios de reducir el 2% de los gastos corrientes llegó hace aproximadamente un mes y medio, por lo que en ese tiempo los diferentes sectores debieron organizar cómo ajustarse.
“Lo que se hizo en muchos casos fue tomar el dinero que ya no iba a ingresar y ese faltante repartirlo entre todos los programas que están activos para que ninguno tuviera que cerrar, pero eso también implica que cada proyecto ahora tenga menos recursos”, lamentó un funcionario.
No ibstante, a partir de esta decisión, algunos planes sí se dieron de baja, como es el caso del de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía hacia el Desarrollo Humano, del Ministerio de Capital Humano, o el de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer, de la cartera de Salud.
En el interior del oficialismo confían en que la llegada del Mundial de Futbol le dará un respiro al Ejecutivo, y ese es el espíritu que circula también en varias oficinas, donde esperan que pronto se ordenen las cosas en la Casa Rosada para poder retomar la gestión de forma más intensa.
“Quienes piensan que esto se va a olvidar y que no es un problema porque no es un año electoral, se equivocan. Esto es el equivalenete a ‘la foto de Olivos’ de Alberto Fernández. Cuando se conoció esa imagen tampoco se votaba, pero después la gente no se lo perdonó y el tema siguió en la opinión pública”, sostuvo un ex referente libertario, actualmente alejado del partido.
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En Infobae al Regreso, el legislador porteño Leandro Santoro advirtió sobre la fragmentación política en la ciudad de Buenos Aires ante las elecciones de 2027 y reclamó una respuesta estatal más sensible frente a las desigualdades sociales.
Durante la charla, Santoro explicó que Bullrich logra conectar con parte del electorado gracias a su capacidad de reírse de sí misma, pero advirtió: “La figura de Patricia Bullrich es una figura muy dura. En un momento donde yo creo que buena parte de los porteños están pidiendo más sensibilidad, más empatía, más capacidad de conectar con los problemas concretos de la gente”.
El debate por la sensibilidad social y la seguridad en Buenos Aires
Santoro reivindicó su postura sobre la seguridad y la necesidad de un enfoque integral: “Hay que ser duro con el delito y duro con las causas del delito. Esa es la diferencia que nosotros tenemos”.
Resaltó que la sensibilidad en la gestión pública se traduce en propuestas concretas y mencionó su proyecto de desendeudamiento para la clase media: “Yo le presenté a la Legislatura Porteña y fundamentalmente a los diputados del PRO y al jefe de Gobierno, un proyecto de desendeudamiento para la clase media. Estamos trabajando para que haya una línea de crédito de una tasa del 35% a 24 meses, donde las personas puedan conseguir un crédito que les permita sacarse un poco la soga del cuello”.
El legislador remarcó la necesidad de acuerdos amplios: “Si esa ley sale, sale porque primero me la votan otros diputados que no son de mi bloque y porque el jefe de Gobierno no me la veta. Entonces, ahí creo que hay una posibilidad de entender qué significa una ciudad más sensible”.
La situación de los hogares de niños judicializados y la precariedad en CABA
Santoro denunció la situación de casi mil niños que viven en hogares tercerizados e incluso en hospitales públicos bajo custodia policial: “En la ciudad de Buenos Aires hay mil niños que no cometieron ningún delito, que viven en hogares para niños, de los cuales cien viven en hospitales públicos con custodia policial”.
Criticó la falta de políticas efectivas y la decisión del jefe de gobierno de vetar el financiamiento para mejorar la situación: “Votamos un proyecto de ley con el PRO. Jorge Macri vetó el artículo que permitía el financiamiento para evitar que haya chicos durmiendo. La razón es presupuestaria”.
Aclaró que la problemática involucra tanto al Ejecutivo como a la justicia y describió la precariedad de trabajadores y voluntarios en estos hogares: “La situación es de superprecaridad laboral para las personas que trabajan ahí… Todo funciona con mucho esfuerzo del personal. Hay un punto donde tenés límites porque tenés camas. No podés meter más pibes, no los podés poner a dormir. Estamos hablando de chicos que están en situación de supervulnerabilidad”.
Fragmentación política, Milei y la crisis de la coalición social porteña
Santoro analizó la transformación del electorado porteño y el impacto de la irrupción de Javier Milei: “Esa coalición social yo creo que entró en crisis con Milei. Milei transformó mucho más a la derecha y al campo no peronista que al peronismo. Hubo un problema para Jorge y para Mauricio de tratar de seguir representando algunos valores sin dejarse correr por la aparición de este fenómeno nuevo”.
Sobre la crisis del peronismo y la construcción de una alternativa, sostuvo: “La Argentina necesita un gobierno de unidad nacional. Hoy la demanda social no va hacia la racionalidad, va hacia los extremos, hacia la polarización. Para ganar la ciudad de Buenos Aires necesitamos armar una coalición con todos, con los que son peronistas, con los que no son peronistas, con los que alguna vez votaron a Macri y con los que no lo votaron”.
El legislador también abordó la tensión en torno a figuras nacionales como Cristina Fernández y la dificultad para trascender la polarización: “Cristina, simbólicamente, para un sector de la sociedad representa cosas malas y para otro sector cosas muy buenas, porque hay mucha gente que tiene el recuerdo de cuando mejor le fue económicamente fue cuando gobernaba Cristina”.
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leandro santoro
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga obtuvieron una medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que permitieran el acceso de sus veedores a sus balances correspondientes al período comprendido entre 2022 y 2025.
La decisión se conoció a días del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Según consignó Clarín, esta maniobra y la protagonizada por el supuesto testaferro Luciano Pantano confirmarían la estrategia de la dirigencia de la AFA de dilatar las causas judiciales hasta después del torneo, apostando a que una potencial cuarta estrella contribuya a aminorar el impacto de los expedientes en trámite.
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Frente a una intimación de la Inspección General de la Justicia (IGJ) que la obligaba a entregar documentación contable en un plazo de 10 días hábiles administrativos, la Superliga Profesional del Fútbol Argentino replicó la estrategia de la AFA y pidió una apelación ante la Justicia para evitar la auditoría del Gobierno.
“No podemos avanzar hasta que defina la Cámara. Imitaron el mismo proceder de AFA”, explicaron a TN desde el Ministerio de Justicia que conduce Juan Bautista Mahiques.
A fines de mayo, la IGJ a cargo de Alejandro Ramírez había apercibido a la Superliga para que presente sus balances en el marco de la veeduría impulsada para revisar toda la documentación societaria, contable y financiera vinculada a su funcionamiento.
La medida respondió al rechazo de la entidad a la hora de cumplir los requerimientos de los veedores y los obstáculos que puso a las tareas de fiscalización. Sin embargo, pese a la amenaza de sanciones mayores, la Superliga no presentó la documentación y requirió una apelación ante la cámara civil para frenar el proceso.
Al igual que sucedió en el caso de la AFA, en el Gobierno sostienen que el recurso judicial obliga a esperar a su resolución antes de poder avanzar con mayores apercibimientos o nuevas medidas administrativas.
El interés del Gobierno sobre los balances contables de la Superliga
Para fundamentar la veeduría, la IGJ sostuvo que la Superliga administró US$348 millones entre 2020 y 2024. En ese sentido, el Gobierno pidió determinar si existe una inconsistencia entre el objeto social de la entidad y las actividades que desarrolla, revisar decisiones económicas y financieras de sus órganos de gobierno, analizar la relación económica con la AFA y examinar los estados contables y financieros desde 2017 hasta la actualidad.
Además, el Gobierno pidió verificar “la eventual relación que pudiera existir, o las operaciones que pudieran haber sido concertadas por la entidad” con diversas firmas hoy bajo la mira de la Justicia por presunto desvío de fondos y lavado de dinero, entre ellas TourProdEnter LLC, el Grupo Sur Finanzas y sus responsables: Javier Faroni, Erica Gillette y Ariel Vallejo.
Con la apelación ante la Justicia, la entidad hoy dependiente de la AFA -originalmente creada para manejar los contratos de televisación del torneo local entre 2017 y 2020- ganó tiempo mientras avanzan en paralelo una serie de causas en los tribunales que involucran a la cúpula del fútbol argentino.
Las causas judiciales que involucran a la AFA
Por un lado, el Gobierno impulsó a través de ARCA una causa por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $ 19 mil millones. A ese expediente se suma la investigación por la mansión de Pilar sospechada de pertenecer al Tesorero de AFA, Pablo Toviggino.
En paralelo, la Justicia investiga los contratos de la AFA con TourProdEnter, la firma a cargo de los negocios de la Asociación en el exterior que habría desviado más de US$40 millones a empresas radicadas en los Estados Unidos sin empleados ni actividad declarada.
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Otra causa ligada a la cúpula de la AFA es la que tiene como protagonista a la financiera Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero, irregularidades en la compra de dólar oficial en 2019 y sus lazos con clubes del fútbol argentino.
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