El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajará este miércoles a la Casa Rosada para firmar junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, el convenio mediante el cual la provincia asumirá por 20 años la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras sobre la Ruta Nacional A012. Del acto también participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según informó el Gobierno santafesino, el acuerdo permitirá que la provincia intervenga con recursos propios sobre ese corredor vial, que rodea el área metropolitana de Rosario y conecta el tránsito pesado con el complejo portuario del Gran Rosario.

Desde la administración de Pullaro destacaron que se trata de la primera vez que el Estado nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

La Ruta Nacional A012 constituye uno de los principales corredores para el transporte de cargas del país. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario citados por la provincia, por el complejo portuario del Gran Rosario se despacha cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.

El recorrido de la A012 se extiende desde la intersección con la Ruta Nacional 9, a la altura de Pueblo Esther, hasta la Ruta Nacional 11. En su trayecto atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo, además de conectarse con las rutas nacionales 33 y 34.

El Gobierno provincial sostuvo que el corredor permite desviar el tránsito pesado de las zonas urbanas y que su estado incide sobre la logística, la seguridad vial y el acceso a los puertos del cordón industrial.

El pedido para que Santa Fe pudiera asumir la administración de la ruta fue presentado por la provincia a comienzos de 2024. Según la información oficial, la iniciativa surgió ante la paralización de la obra pública nacional y el deterioro progresivo del corredor.

La administración santafesina señaló que esa situación motivó reclamos de entidades empresarias, municipios, comunas, cámaras del transporte y usuarios, mientras avanzaban las gestiones con el Gobierno nacional para obtener la autorización que permitiera intervenir sobre una infraestructura cuya conservación dependía del Estado nacional.

En distintas oportunidades, Pullaro expresó la disposición de la provincia para hacerse cargo de la ruta si eso permitía acelerar las obras y mejorar las condiciones de circulación para el transporte de cargas y para quienes utilizan diariamente ese corredor.

Uno de los avances en las negociaciones ocurrió en abril, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión del Gobierno nacional de transferir la administración de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe.

De acuerdo con la provincia, posteriormente la Nación avanzó con los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para concretar la cesión. La firma prevista para este miércoles formalizará el convenio por un plazo de 20 años.

Una vez rubricado el acuerdo, el Gobierno santafesino prevé iniciar las primeras intervenciones sobre la ruta. Los trabajos contemplarán tareas de mantenimiento, recuperación de la calzada, mejoras en materia de seguridad vial y obras destinadas a optimizar la circulación del tránsito pesado.

La incorporación de la A012 al sistema vial administrado por la provincia forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Pullaro para fortalecer la infraestructura logística y mejorar la conectividad con los puertos del Gran Rosario.

Desde el Gobierno de Santa Fe sostuvieron que el convenio permitirá avanzar con inversiones sobre un corredor considerado estratégico para la producción y el transporte de cargas, mediante la intervención directa de la provincia con financiamiento propio.

El Gobierno le baja el tono al proyecto inspirado en el “shutdown” de Estados Unidos y apunta a concentrar sus esfuerzos legislativos en la reforma electoral y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En Nación reconocen que la iniciativa para limitar el gasto del Estado todavía no está materializada y admiten que probablemente “no salga” en esta etapa.

El Ejecutivo considera que no hay margen político suficiente para avanzar ahora con un esquema de ese tipo. En despachos oficiales sostienen que no ven capacidad de reunir consenso entre los bloques aliados y que la prioridad será ordenar las negociaciones sobre proyectos con mayor impacto inmediato para la agenda de Javier Milei.

La Casa Rosada había presentado el “shutdown” como parte del paquete fiscal e institucional que el Presidente quería impulsar para blindar el programa económico. Milei lo vinculó con la reforma del Banco Central, el mercado de capitales, Inocencia Fiscal y nuevas reglas fiscales, dentro de una agenda que definió como una reparación de “91 años” de política monetaria y fiscal.

En Balcarce 50, sin embargo, ahora lo ubican en otro plazo. “No está el texto final y tampoco hay mucho margen para tratar algo así”, expresan en Nación. La lectura interna es que una reforma de esa magnitud quedaría más asociada a un tratamiento amplio después de las elecciones, en caso de que el oficialismo gane el año que viene.

El Gobierno sostiene que el proyecto todavía está en una etapa preliminar. La idea original era incorporar una regla que impidiera sostener gastos por fuera del Presupuesto y que forzara una parálisis parcial de áreas no esenciales si no hubiera autorización legislativa para financiar el funcionamiento del Estado.

El Ejecutivo reconoce que ese diseño abre discusiones jurídicas, políticas y administrativas sensibles. Entre ellas, qué organismos quedarían exceptuados, cómo se garantizarían los servicios esenciales, qué rol tendría el Congreso y de qué manera se evitaría una parálisis con impacto social o institucional.

La Casa Rosada prefiere por eso priorizar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Gobierno quieren llevar el proyecto al recinto en agosto y convertirlo en una de las banderas económicas del segundo semestre, junto con la reforma electoral.

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En Balcarce 50 sostienen que los cambios al BCRA tienen mayor madurez política y técnica que el “shutdown”. El objetivo central es limitar o prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro, tanto de manera directa como indirecta, y reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al poder político.

El Gobierno quiere que la reforma establezca como mandato principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda. La iniciativa también apunta a revisar los mecanismos de adelantos transitorios, transferencias de utilidades, Letras Intransferibles y compras de deuda pública que puedan funcionar como asistencia al fisco.

El Ejecutivo busca además endurecer la gobernanza del organismo. En la Casa Rosada analizan reglas más exigentes para remover al presidente y al directorio del BCRA, junto con un régimen de responsabilidades y sanciones para funcionarios que habiliten financiamiento monetario del déficit.

Gobierno, Banco Central

La defensa del financista Elías Piccirillo solicitó a la Justicia que habilite la feria judicial para resolver trámites patrimoniales pendientes, entre ellos la autorización para alquilar un departamento en Nordelta.

El escrito presentado ante el juez Ariel Lijo advierte sobre el perjuicio económico y reclama una respuesta urgente, ya que la falta de definiciones dejó al imputado en un “estado de indefensión” mientras cumple prisión domiciliaria en Banfield.

Elías Piccirillo pidió cambiar el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria y propuso la casa de una conductora

Asimismo, los abogados cuestionaron la magnitud de las medidas cautelares, solicitando reducir un embargo de 900.000.000 pesos, levantar una inhibición general y modificar la caución fijada en 100.000.000 pesos.

En paralelo, la fiscalía a cargo de Franco Picardi ya se había opuesto previamente al cese de la prisión preventiva. Mientras se define su situación procesal, la defensa también requirió trasladar el arresto domiciliario a un domicilio en el barrio porteño de Núñez.

La causa investiga un presunto operativo irregular en el Palacio Duhau, donde habrían detenido a Francisco Hauque y su esposa Anahí Aquino en el marco de un conflicto por una supuesta deuda de seis millones de dólares.

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