POLITICA
Las claves del expediente por el fentanilo contaminado: 90 muertes, nuevas pruebas y fallas en el sistema de control
La Justicia Federal de La Plata amplió el procesamiento contra directivos y empleados de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en la causa por la distribución de fentanilo adulterado. La resolución incorpora nuevas pruebas que elevan de 20 a 90 las víctimas fatales confirmadas y a 44 las no fatales que quedaron con secuelas, según surge del fallo al que accedió Infobae. El documento judicial describe deficiencias críticas en la producción del fármaco, cuestiona los controles estatales y advierte sobre limitaciones estructurales del sistema sanitario.
En la resolución, Kreplak dejó por sentado que la cantidad de fallecidos podría ser superior, y lo explica así: “Es importante destacar que las circunstancias emergentes de la instrucción permiten aseverar con certeza la existencia de un número superior de casos que los que fueran imputados. Por cuestiones ajenas al accionar de la instrucción vinculadas a la realidad de la práctica hospitalaria argentina, esto es, criterios médicos, tecnología disponible y/o modalidad de registración documental, entre otros motivos- la prueba que permitiría acreditar el universo total de casos no se encuentra disponible”.
El gráfico 228 de la resolución sobre el caso del fentanilo sintetiza el método judicial que se utilizó para identificar a los pacientes afectados por la administración del lote 31202 del medicamento adulterado. De allí, se desprende que el tribunal solicitó a todas las instituciones de salud que adquirieron ese lote de Fentanilo HLB Pharma un listado de los pacientes que recibieron ampollas de esa partida durante el período de sospecha.
A partir de esos listados, se pidieron historias clínicas e informes bacteriológicos de los pacientes que recibieron cinco ampollas o más de fentanilo, considerado el umbral suficiente de exposición. Luego, se analizaron los cultivos microbiológicos de cada paciente y, en caso de hallarse las mismas bacterias detectadas en las ampollas contaminadas (Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia mannitolilytica), se compararon los perfiles de resistencia y características fenotípicas. Solo se incluyeron los casos con infecciones confirmadas y con muestras extraídas de sitios estériles, descartando los casos de colonización o cultivos de vigilancia.
El esquema del gráfico permite visualizar cómo se clasificaron los pacientes en tres grupos:
- Casos confirmados: pacientes con infección comprobada por las bacterias halladas en el fentanilo contaminado y con coincidencia de perfiles microbiológicos.
- Casos excluidos: pacientes en los que no se pudo confirmar una infección por las bacterias investigadas, ya sea porque no se realizaron cultivos adecuados, las muestras no fueron de sitios estériles o porque no hubo coincidencia fenotípica.
- Casos sospechosos: aquellas personas expuestas al fármaco, pero sin confirmación bacteriológica concluyente.
Este abordaje permitió delimitar el universo de víctimas judicialmente confirmadas, aunque la propia resolución advierte que el número real podría ser mayor debido a limitaciones en la obtención de pruebas y registros en el sistema sanitario.
El fallo reconoce que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”, y detalla la metodología judicial implementada para superar las limitaciones del sistema sanitario, que incluyó requerimientos a 32 establecimientos de salud para el envío de historias clínicas y listados de pacientes tratados con el potente anestésico.
Esto queda expuesto en los siguientes datos:
- 10.539 pacientes recibieron fentanilo en el período investigado. La enorme mayoría recibió solo una ampolla, en procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con bajo riesgo y sin realización de cultivos microbiológicos.
- Pacientes con 5 o más ampollas: se seleccionó a quienes recibieron cinco o más ampollas del lote 31202, umbral considerado suficiente para que la exposición implique riesgo de contagio o infección. De este subgrupo, se solicitaron historias clínicas y estudios bacteriológicos, priorizando a pacientes en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica.
- Pacientes con cultivo bacteriológico: de los expuestos con cinco o más ampollas, muchos fueron excluidos porque no se les realizó ningún cultivo. En otros casos, las muestras se descartaron o los resultados no se incorporaron a la historia clínica, especialmente por el fallecimiento previo del paciente.
- Pacientes con cultivo positivo para las bacterias investigadas: posteriormente, sólo se consideraron aquellos pacientes en quienes se detectó en los cultivos la presencia de las bacterias vinculadas a las ampollas contaminadas: Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y Ralstonia mannitolilytica. Se descartaron todos los pacientes cuyos cultivos fueron negativos o identificaron otras bacterias distintas.
El resultado final, según la resolución, fue el siguiente:
- 70 pacientes fallecidos y 44 pacientes no fallecidos cumplen con los parámetros judiciales de caso confirmado y se suman a los 20 fallecidos de la resolución anterior, totalizando 90 casos fatales y 44 no fatales judicialmente probados y vinculados al brote.
- En ese mismo, punto Kreplak informó: “Se analizaron setenta historias clínicas de pacientes a quienes se administró fentanilo contaminado, y documenta que el contagio bacteriano produjo ‘un agravamiento significativo del cuadro de salud de los pacientes infectados y, por tanto, un peligro suplementario para su supervivencia’“. La resolución destaca la dificultad para identificar a todas las víctimas debido a la propia dinámica de funcionamiento del sistema sanitario argentino, la falta de vigilancia epidemiológica obligatoria y los errores frecuentes en la consignación bacteriológica.
Por esa razón, Kreplak reafirmó que “la metodología fue estricta y muchos pacientes quedaron excluidos por no cumplir los criterios de dosis mínima, ausencia de cultivos o falta de confirmación bacteriológica, aunque la propia resolución reconoce que la cifra real de víctimas podría ser mayor por las deficiencias en registros y trazabilidad dentro del sistema sanitario argentino”.
Críticas a los organismos de control
El juez detalló que la investigación se vio obstaculizada por la ausencia de registros confiables y la fragmentación de la información sanitaria. “Las dificultades que debimos afrontar responden en términos generales a que el suceso investigado no hizo eclosión en condiciones controladas sino en la operatoria cotidiana del sistema sanitario argentino”, señala la resolución.
El fallo remarca que la tarea de “recupero judicial” de ampollas de fentanilo debió ser ejecutada directamente por el juzgado ante la “incapacidad de los organismos de control en la materia”, en referencia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), que admitieron la imposibilidad operativa de realizar un retiro efectivo de los lotes adulterados. La resolución documenta que fue el propio juzgado quien debió ordenar la inmovilización y retiro de ampollas en 572 establecimientos de salud de 17 jurisdicciones del país.
Sobre la ANMAT, el magistrado es muy crítico por la pasividad del máximo organismo de control al momento de solicitarle retirar del mercado el fentanilo adulterado con dos bacterias. En la resolución lo describe así: “El día 24 de mayo de 2025, es decir, poco más de una semana desde la radicación del expediente y en el marco de la adopción de diversas medidas urgentes, se ordenó a la autoridad de control en la materia -ANMAT- que ejecute el inmediato retiro del mercado de todas las ampollas correspondientes a los lotes sospechados del medicamento Fentanilo HLB”. Tres días después, el organismo que en ese momento estaba a cargo de Nélida Agustina Bisio respondió: “’Una recuperación efectiva solo puede lograrse conociendo la cantidad real fabricada y comercializada por el laboratorio’. Es decir, el primer impedimento informado para abordar la tarea designada a partir del contexto de riesgo palmariamente conocido”.
Por esa razón, el juzgado “resolvió oficiar a los responsables de cada uno de los establecimientos y efectores de salud identificados, a fin de hacerles saber su deber de poner en cuarentena todas las unidades del producto Fentanilo HLB que hayan adquirido correspondientes a los lotes 31200, 31201, 31202, 31244, 31245, 31246 y 31247, hasta tanto se disponga el modo en que serán retirados de sus instalaciones”.
La resolución sostiene que el juzgado debió suplir las falencias regulatorias y subrayó la “insuficiencia de la respuesta estatal ante un riesgo sanitario de esta magnitud”, advirtiendo sobre la falta de tecnología adecuada en hospitales para identificar bacterias y la ausencia de mecanismos de vigilancia centralizada.
El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.
Según pudo reconstruir Infobae, en la segunda fase de investigación judicial los instructores judiciales avanzan sobre otros posibles empleados de los establecimientos ya clausurados y la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
Los hallazgos de la instrucción
El punto 3 de la resolución de 382 fojas recapitula que, tras el primer procesamiento centrado en veinte víctimas fatales, la continuidad de la investigación permitió ampliar el universo de casos vinculados al brote. El análisis de los peritajes del ANLIS Malbrán y el Cuerpo Médico Forense acreditó la identidad fenotípica, genómica y molecular de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica halladas en pacientes y en las ampollas de fentanilo adulterado, identificados como los lotes 31202 y 31244, lo que permitió “acreditar con certeza científica” la asociación entre ambos.
La sentencia subraya que la intervención de ANLIS Malbrán “se limitó a analizar los aislamientos espontáneamente derivados por diferentes hospitales, una práctica no obligatoria en el sistema de salud, mucho antes de que se produjera la intervención judicial”.
Falencias productivas y responsabilidades empresariales
La resolución también expone las respuestas de los imputados y destaca la falta de organigrama, controles de calidad inexistentes, ausencia de personal calificado y registros manipulados. El documento resalta: “Los responsables del laboratorio sabían con claridad que, en las condiciones en que se encontraba funcionando, cualquier producto estaba muy por fuera de las Buenas Prácticas de Fabricación y, en consecuencia, tenían absoluto conocimiento del grado de riesgo que podrían introducir en la sociedad como consecuencia de desvíos de calidad en las sustancias medicinales que liberaban a la circulación”.
La situación de los imputados
El juez Ernesto Kreplak acusó a los 13 imputados procesados de por los presuntos delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte de 90 personas-respecto de la contaminación del Lote 31202-, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud -respecto de la contaminación del Lote 31244 (arts. 200 y 201 bis CP)”. La expectativa de pena es de 10 a 35 años.
El magistrado entendió que “por sus intervenciones y aportes en los hechos prima facie acreditados en la investigación, las líneas intermedias y superiores de índole técnica vinculadas a la producción y control de calidad de fentanilo HLB, así como el Director Técnico del titular del producto, quedaron comprendidos dentro del concepto de coautoría funcional en la producción del resultado disvalioso establecido: la contaminación y la muerte de alguna persona como su resultado, a saber: José Antonio Maiorano, Carolina Ansaldi, María Victoria García, Eduardo Darchuk, Edgardo Sclafani, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay”. Esto se extendió también “al director general de ambos Laboratorios, así como a los dueños con injerencia directa en las actividades de los establecimientos: Javier Martín Tchukrán, Ariel Fernando García y Diego Hernán García”. En cuanto a Nilda Furfaro (madre de Ariel y Diego), “su rol en los hechos la llevó a revestir la calidad de partícipe necesaria”.
Para todos los imputados se mantiene la inhibición general de bienes y el embargo sobre sus bienes como garantía de eventuales responsabilidades civiles y/o penales.
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POLITICA
Hotesur-Los Sauces: Cristina y Máximo Kirchner no tendrán que asistir a Comodoro Py para el inicio del juicio
Tras la decisión de la Cámara de Casación de unificar en un solo juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de juzgar a Cristina y Máximo Kirchner, entre otros, introdujo cambios en la organización del debate y permitirá que los imputados participen de manera virtual durante la primera etapa del proceso.
Por ese motivo, la expresidenta y el diputado nacional finalmente no deberán asistir este viernes a Comodoro Py para la primera audiencia del juicio.
“La decisión adoptada por el tribunal revisor [la Casación] impone adecuar determinados aspectos de la organización del juicio, particularmente aquellos vinculados con la convocatoria de los imputados y su comparecencia a la audiencia inicial”, dijo el presidente del tribunal, José Michilini, en la resolución.
“No puede soslayarse que el pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal -siguió- ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.
Michili aclaró que la decisión comprende solo a la primera etapa del juicio, destinada a la lectura de las acusaciones. “Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente”, señaló.
Los abogados defensores, en cambio, sí deberán concurrir presencialmente a Comodoro Py desde este viernes.
La decisión fue adoptada por la mayoría que conformaron Michilini y el juez Fernando Machado Pelloni.
La jueza Adriana Palliotti, en tanto, votó en disidencia. Consideró que los imputados deben concurrir personalmente a Comodoro Py tanto para la lectura de las acusaciones que se inician con la primera audiencia como para las declaraciones indagatorias que vendrán más adelante.
“A mi modo de ver, los imputados deberán estar presentes en la sala de audiencias durante la lectura de las piezas procesales”, marcó en su voto la jueza.
La resolución representa un alivio momentáneo para muchos funcionarios judiciales y el personal de seguridad, por el revuelo que genera la presencia de la expresidenta en los tribunales.
Esta semana, los abogados de Cristina y Máximo Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, habían solicitado al tribunal que ambos pudieran participar de todo el juicio de manera virtual. Para el caso de la expresidenta, fundamentaron el pedido en que cumple en su casa una condena de seis años de prisión por la causa Vialidad y en las dificultades que implicaría organizar su traslado. Para el caso de Máximo, en su actividad legislativa como diputado nacional.
El tribunal todavía no se explayó sobre este pedido puntual, que refiere al desarrollo de todas las audiencias, pero en la resolución de hoy los jueces dejaron en claro que la regla general para el debate, más allá de estas primeras audiencias, será la presencialidad.
Giro
El tribunal tenía previsto comenzar este viernes únicamente con el juicio por Los Sauces y dejar para marzo del año próximo el debate por Hotesur, por diferencias en la instrucción complementaria entre uno y otro caso. Pero la Casación revocó ayer esa decisión y ordenó que ambas causas se juzgaran de manera conjunta.
El cambio, dispuesto apenas tres días antes de la fecha prevista para el inicio, empujó a los jueces a reorganizar el juicio oral. En la resolución de este miércoles, los magistrados dispusieron “mantener” el inicio del debate para este viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana.
En el debate se revisarán presuntas maniobras de lavado de dinero realizadas a través de las empresas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner. Según la acusación, los fondos que ingresaban al patrimonio familiar -de manera directa o por intermedio de la sociedad Hotesur- provenían de empresarios beneficiados por contratos o decisiones del Estado, como Lázaro Báez, Fabián de Sousa y Cristóbal López, estos últimos del Grupo Indalo.
la decisión,Federico González del Solar,Conforme a
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, habló este miércoles sobre la situación económica del país y reconoció que si bien la macroeconomía mejoró, “los motores de la economía, como el consumo, no arrancaron”.
En diálogo con TN, el mandatario salteño dijo: “Se tiene que reactivar rápidamente el consumo. Es la única forma que esto se puede resolver. Cuando el Presidente se enoja y dice lo del día 20, que lo toma literal, Lo que estamos diciendo es que claramente la gente no está bien, que a la gente no le está yendo bien”.
Por otra parte, Sáez también se refirió al discurso de Javier Milei en España, donde apuntó contra Pedro Sánchez, y las repercusiones que su viaje generó: “Milei está de campaña internacional, ya lo conocemos. Yo no comparto su forma, pero así ganó una elección”.
El salteño afirmó que tiene buena relación con Milei para preservar los intereses de Salta. “Eso de que el que gana gobierna y el que pierde acompaña es la gran mentira de este país. Acá el que gana gobierna como puede y el que pierde pone palos en la rueda para volver al gobierno”, agregó.
“Yo no soy rueda de auxilio de nadie. Busco auxilio para mi provincia. Acompañamos lo que hay que acompañar pero cuando afecta a los intereses de mi provincia, me planto”, aclaró el gobernador.
“Vengo de tener una reunión con el jefe de Gabinete, peleando por el ramal C14 y C15, que son el progreso del norte argentino. O sea, si el Estado no está presente -y yo se lo planteaba hoy al jefe de Gabinete y al ministro de Economía-, Vaca Muerta no sería Vaca Muerta si el Estado no hubiese participado”, consideró el mandatario provincial.
Sobre el Riesgo País, Sáenz afirmó que se dispara “porque no hay confianza en las políticas, no hay confianza en la dirigencia política, en la institucionalidad ni en la seguridad jurídica”.
Y amplió: “Imagínese que, si desde afuera un inversor está viendo que el Gobierno actual da unos beneficios impositivos para que vengan e inviertan y después salen desde la oposición diciendo ‘vamos a revisar todos esos beneficios que se dieron’, bueno, el Riesgo País va para arriba”.
“El Presidente tiene que entender que gobierna para los zurdos también”
“Entonces, creo que hay políticas públicas y políticas de Estado que deben mantenerse en el tiempo y convertirnos en un país serio”, remarcó.
“El Presidente tiene que entender que gobierna para los zurdos también, que gobierna para los que no opinan como él y que gobierna para todos los argentinos, como es el caso mío”, dijo.
“Es cierto que la macroeconomía mejoró, pero la microeconomía, los motores de la economía, el consumo, igual que todo el país, independientemente de que tengamos todo, si no tenemos las obras para poder mostrar ese potencial, se nos hace muy difícil. Creo que se tiene que reactivar rápidamente el consumo. Las inversiones tienen que llegar y esa es la única forma de que esto se pueda resolver”, afirmó.
“Yo veía lo que el presidente hizo con inteligencia artificial, que recibió a un paciente terminal. Lo que pasa es que ya han pasado 3 años y todavía no se ve o no se nota. Sí es cierto que uno va a nivel internacional y habla con todos, y están mucho más conformes con la economía en Argentina que antes, pero tienen miedo de invertir acá”, aseguró.
POLITICA
Fentanilo contaminado: Diputados aprobó un proyecto para rastrear medicamentos y acelerar las alertas sanitarias
Por amplio consenso, y tras un acuerdo de casi todo el arco político, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reforzar los controles sobre los medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa surgió como respuesta a la tragedia del fentanilo contaminado, que provocó la muerte de al menos 90 personas, y busca evitar que una partida adulterada continúe en circulación sin que las autoridades puedan identificar rápidamente su origen y destino.
La propuesta obtuvo 241 votos a favor, el rechazo de Marcela Pagano (Coherencia) y cinco abstenciones del Frente de Izquierda (FIT) y Mónica Frade (Coalición Cívica).
Ahora será girada al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto establece un sistema obligatorio de trazabilidad que permitirá reconstruir el recorrido de cada medicamento, desde la fabricación hasta su aplicación a un paciente. Para ello, amplía el sistema existente e incorpora nuevas obligaciones para los establecimientos de salud y mecanismos de intercambio de información.
Así, ante la detección de una ampolla contaminada, las autoridades podrán identificar qué otras unidades del mismo lote fueron distribuidas, a qué centros de salud llegaron y a qué pacientes fueron administradas.
Además, establece que cualquier irregularidad deberá notificarse de inmediato y que, cuando existan elementos suficientes, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para activar una alerta sanitaria e inmovilizar preventivamente los lotes sospechosos en todo el país.
La investigación por el fentanilo adulterado, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, puso bajo la lupa las demoras y omisiones de los organismos encargados de fiscalizar a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. El magistrado procesó a la extitular de la Anmat Nélida Agustina Bisio y a la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos Gabriela Mantecón Fumadó, como presuntas partícipes necesarias del delito de adulteración de sustancias medicinales.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Manuel Quintar (LLA), reconoció que la tragedia dejó al descubierto una falla general del sistema sanitario. “Fallaron los controles de producción, fiscalización y alerta de la Nación y de todas las provincias”, sostuvo. Y destacó el acuerdo alcanzado para avanzar con una respuesta legislativa: “Buscamos reconstruir el recorrido de cada medicamento para que el Estado sepa cómo se produjo, dónde se almacenó, cómo se distribuyó y a qué paciente se aplicó”.
Desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque advirtió que la propuesta resulta insuficiente para prevenir nuevas tragedias. “Nos quedamos cortos. Esto sirve para encontrar lotes contaminados, pero no para evitar que existan”, cuestionó. En ese sentido, reclamó fortalecer la capacidad de fiscalización de la Anmat y aseguró que el organismo cuenta con apenas ocho inspectores para controlar laboratorios. “Necesitamos una estructura autárquica e independiente. Tratemos los proyectos de fondo para dar una respuesta verdadera”, insistió.
En contraste, Silvana Giudici (LLA) celebró el consenso alcanzado después de seis meses de trabajo parlamentario, en el que participaron legisladores de distintos bloques y familiares de las víctimas. “Es la primera vez que logramos trabajar ante una tragedia como esta con la madurez suficiente para dar respuestas contundentes y concretas”, destacó. También reconoció el papel de Mónica Fein y Victoria Tolosa Paz en las reuniones con los familiares.
La diputada peronista Tolosa Paz también celebró la medida: “El Estado falló en su obligación de cuidar la vida; hoy damos un paso para que la falta de controles y de herramientas no vuelva a provocar muertes evitables”.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
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