Connect with us

POLITICA

El cálculo electoral de la Casa Rosada: la verdadera amenaza para Javier Milei es de derecha

Published

on



Luis “Toto” Caputo está en constante búsqueda de hipérboles para transmitir lo que los mercados quieren escuchar: que las próximas elecciones presidenciales no van a modificar el rumbo macroeconómico. Se lo viene diciendo de una y mil maneras al círculo rojo. Que el 2027 va a ser un “paseo por el parque”. Que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Que “el kirchnerismo no será una opción”. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, fue su último exceso discursivo. El ministro de Economía, autor intelectual del “riesgo kuka”, cambió definitivamente de libreto para esta etapa.

Lo que no puede decir Caputo -y no es que no lo vea- es la idea que va tomando fuerza en lo más alto del Gobierno: que el verdadero peligro para la reelección de Javier Milei es de derecha. Ese es el cálculo electoral que hacen tanto Karina Milei como Santiago Caputo. Por más enemistados que estén, los dos principales laderos del Presidente coinciden en que el Gobierno no puede permitir que crezca un candidato con volumen que le dispute electorado a La Libertad Avanza (LLA). Que dividir la oferta no peronista puede plantear un escenario complejo para el Gobierno, de derivaciones impredecibles en plena temporada electoral.

Advertisement

Eso explica por qué, pese a que Patricia Bullrich está cada vez más insubordinada, Karina la “abraza” y se saca con ella una foto forzada para mostrar que no están peleadas. La secretaria general de la Presidencia, que nunca dudó en expulsar a importantes referentes propios ante el primer desacato, esta vez no tuvo más opción que contener a la jefa del bloque de LLA en el Senado. Mejor tenerla adentro que afuera.

“Hoy, si hay una alternativa a Milei es de centroderecha. En la opinión pública hay un consenso sobre el equilibrio fiscal, sobre el fin de los piquetes y sobre la política de seguridad. El espectro electoral está corrido hacia ahí”, analizó un importantísimo colaborador oficial. Y agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra (Axel) Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”.

El ministro de Economía sostiene que la economía le va a ganar a la política en las elecciones presidenciales del año próximo

Aunque en las últimas horas aseguró que “no hay riesgo de fractura”, Bullrich seguirá tensionando desde adentro. Ya le avisó a Milei que no cuenten con ella para algunas cosas. Y en la Casa Rosada captaron cuál es su juego: volverse necesaria. Si los hermanos libertarios la contienen, podrían ofrendarle una candidatura a jefa de gobierno porteño o, más probablemente, un lugar en la fórmula como candidata a la vicepresidencia (casillero con el que alguna vez sonó Manuel Adorni). Nadie se la imagina como una eventual vice decorativa, sino como alguien que reclamará lugares de poder para un segundo mandato. El cálculo es que cuanto más suba su precio en el camino al 2027, más caro cobrará su lugar en una eventual segunda gestión.

Advertisement

Si los Milei la expulsan, Bullrich podría apostar a jugar por afuera y esperar a ver si las vueltas de la economía argentina frustran la reelección presidencial y le dan la oportunidad de su vida. Es una apuesta que debe ser vista con su prisma, el de una mujer que tiene más de 50 años de carrera política y que festejará su natalicio 70 dentro de exactamente una semana.

Así como planteará objeción de conciencia con el retiro del pliego de María Verónica Michelli -la candidata a jueza a la que el Presidente busca obturar la carrera judicial tras descubrir que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon-, Bullrich también le advirtió al jefe de Estado que no votará dos de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo, los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, porque (según dijo puertas adentro) “no son trigo limpio”. Y dejó saber que si el Gobierno llega a promover una ley para controlar la tarea periodística —como viene trascendiendo desde algunos despachos oficiales— tampoco apoyará.

“Ella es viva y mete el dedo en la llaga en cuestiones difíciles de defender, como el caso de Adorni o el retiro del pliego de Michelli”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.

Advertisement

María Verónica Michelli fue propuesta para un tribunal de La Plata

Respecto a los pliegos de Catania y Greenway, en el Ministerio de Justicia, que conducen Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, están enfurecidos. Despotrican porque la postura de Bullrich tiene mareados a los senadores de LLA. Los pliegos necesitan nueve firmas en la comisión de Acuerdos, y hasta hace algunas horas solo tenían siete rúbricas, ninguna de los libertarios. “Patricia es singlista y los senadores nuestros quedan tironeados”, se quejaron esta semana en esa cartera, donde se ocuparon personalmente de persuadir a los legisladores para que se desmarquen de la ex ministra de Seguridad.

Mahiques y Viola son los dos funcionarios que confeccionan las listas con las decenas de pliegos de jueces que el Gobierno viene enviando al Senado. Hay una instancia de validación con Javier y Karina Milei, en general telefónica, que no suele alterar esas nóminas, por el amplio desconocimiento que tienen los hermanos de la cuestión judicial. Eso explica el papelón con pliego de Michelli: los funcionarios de Justicia, naturalmente, no consideraron que ser familiar de un periodista podía ser motivo de veto. El Presidente se dio cuenta después y no dudó en retirar el pliego que él mismo había mandado en marzo, cuando reconocía la idoneidad de la candidata.

Adorni, por el salvataje legal

Las diferenciaciones con Milei no son la única arena en la que está jugando Bullrich. Esta semana viajó a Mendoza a dar una charla de ciberseguridad. De paso, apoyó públicamente a Luis Petri como candidato a gobernador de la provincia cuyana, generando un conflicto con la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem. Allí los karinistas tienen un acuerdo político con el gobernador Alfredo Cornejo, que quiere promocionar a un delfín suyo para sucederlo. Las cosas cambian rápido. Bullrich y Petri supieron ser dos ministros halcones de Javier Milei. Pero ahora se mueven con autonomía y reeditan fotos que recuerdan que allá por 2023 fueron una fórmula presidencial.

Advertisement

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no presentó su declaración jurada

Lo que no parece volver es la sociedad de Bullrich con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que en el campamento de la ex ministra “hacen gestiones vía terceros para un acercamiento”. “Nos hacen gestos, pero no, Mauricio da por terminada esa etapa”, dijeron en el primer anillo del ex mandatario. La reticencia es llamativa teniendo en cuenta que podrían tener intereses congruentes para llegar a un acuerdo entre LLA y PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Con los reflectores puestos en otro lugar, Adorni aprovecha esta semana para seguir dando vueltas con sus números y aplazar varios días más la presentación de su declaración jurada. Lo hará recién hacia el final de la semana próxima o el inicio de la siguiente: ¿Qué está esperando? Conocer los resultados del informe que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para analizar las incongruencias en su patrimonio.

Pasaron cuatro semanas desde que Milei dijo que el jefe de Gabinete tenía “todas las cosas listas” para presentar sus papeles. Es evidente que ya no importa que el Presidente se haya expuesto con el tema. Tampoco pesa la opinión pública, que probablemente, cuando lleguen los papeles del ministro coordinador, estará distraída con el inicio del Mundial. Más allá de lo reputacional, Adorni está pensando en el expediente y necesita un salvataje legal.

Advertisement

Adorni declararía no solo una herencia -la sucesión de su padre y su abuela se quedaría corta para explicar su nuevo tren de vida, sobre todo porque figura como compartida con su hermano Francisco-, sino otra fuente de ingresos. Se habla de un mutuo entre privados y de una tenencia no declarada en criptomonedas. Es muy probable que Pollicita requiera que Adorni explique el origen de los fondos en una instancia previa a la indagatoria. Para eso el jefe de Gabinete pretende apoyarse en su tan esperada y meditada declaración jurada.

Con los frentes internos aplacados, pero no resueltos, esta semana la Casa Rosada no celebró su reunión de mesa política, ni tampoco un encuentro del gabinete. Pero la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo atravesó nuevos frentes de batalla. La novedad de las últimas horas es que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que alguna vez controló la tropa del consultor y que ahora está bajo la órbita de Mahiques, pidió que la Fundación Faro detalle quiénes fueron sus principales donantes. Se trata del think tank libertario presidido por Agustin Laje donde talla Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial.

Fuentes consultadas por Infobae aseguraron que Bullrich haría gestiones para retomar el contacto con el ex presidente Macri

Una investigación de Chequeado reveló que Faro declaró en sus balances 4.957 millones en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención” solo durante 2024. Ese año el equipo de Karina trabajó con la mesa chica de Caputo para organizar floridas cenas de recaudación y juntar dinero para la causa con la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero. Eran otros tiempos. Ahora es la era de las vendettas.

Advertisement

Santiago Caputo recibió el pedido de la IGJ como una “mojada de oreja” de la hermana presidencial. Una señal de que lo está controlando, de la misma manera que audita a los fondos reservados de la SIDE a través de Sebastián Pareja, el flamante titular de la comisión bicameral de Inteligencia.

La otra pelea entre bandos se da por el proyecto de nuevo Código Penal. Tanto Mahiques, (del riñón de Karina) como Caputo y su equipo jurídico (integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabajaron un texto con el juez federal de Casación, Mariano Borinsky) mantuvieron audiencias con Javier Milei para presentarle sendas versiones del proyecto. La del ministro de Justicia prevé modificaciones más acotadas, mientras que la iniciativa que comanda Caputo es más amplia y ambiciosa. Ambos sectores pujan para que se imponga su borrador.

Pero coinciden en un punto: ninguno modifica el artículo 80, que es el que plantea los casos de homicidio agravado con prisión perpetua y que incluye los incisos que introdujo la Ley de Femicidio de 2012. Es una decisión pragmática, porque creen que si se meten con ese tema, el proyecto no pasaría el Congreso.

Advertisement

En Davos, el año pasado, Milei había dicho que el femicidio es una “aberración constitucional” y un “ridículo”. Por ahora, las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo no dan marcha atrás con esa figura. Todos esperan que el Presidente no dé un volantazo de último minuto. Bullrich, por lo pronto, ya fijó postura. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años. Condena efectiva y cárcel de por vida”, dijo la senadora en alusión al femicidio de Agostina Vega, en un tuit en el que criticó al feminismo durante el 3J. La senadora, no obstante, cerró con una consigna de ese colectivo: #NiUnaMenos.

mujer,política,Senado,Argentina,conferencia,funcionaria,discurso,Buenos Aires,evento,legislatura,maría verónica michelli

Advertisement

POLITICA

Los piqueteros protestaron contra Pettovello y los jueces de la Corte

Published

on



Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.

En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Advertisement

Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).

En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.

El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.

Advertisement
Carteles contra Pettovello en una protesta pasada por el recorte a los comedoresmarelli

A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.

Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.




una marcha contra la Corte Suprema de Justicia,fallo,reemplazar por vouchers de capacitación,procesamiento de Juan Grabois,un paro de media jornada,Javier Fuego Simondet,Cortes y piquetes,Corte Suprema de Justicia,Conforme a

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

El Gobierno homologó la paritaria del Sindicato de Camioneros: qué obligaciones adicionales se incluyeron en el acuerdo

Published

on



El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó este martes la paritaria firmada hace dos semanas por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.

Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.

Advertisement

La mejora, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $ 29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.

En la homologación, la Secretaría de Trabajo que encabeza Julio Cordero advierte a las partes sobre dos obligaciones específicas que se desprenden del texto legal. La primera refiere al carácter de ciertas sumas pactadas: se recuerda lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que delimita qué conceptos integran el salario y cuáles no.

Advertisement

La segunda obligación concierne a las contribuciones empresarias contenidas en el acuerdo. El texto ordena que esos fondos sean administrados de forma separada respecto del patrimonio sindical general, en los términos del artículo 4° del Decreto N° 467/88, reglamentario de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. La medida apunta a garantizar transparencia en el manejo de esos recursos.

Hugo Moyano y su hijo Pablo, quien volvió a negociar las paritarias luego de una ausencia de 5 años

La homologación fija además un paso posterior para las partes: deberán presentar el cálculo del tope indemnizatorio correspondiente al convenio colectivo aplicable. Ese cálculo deberá ser examinado por la Dirección Técnica sobre Regulación del Trabajo, en cumplimiento del artículo 245 de la Ley N° 20.744, que establece el mecanismo para determinar el salario base de las indemnizaciones por despido sin causa.

El convenio firmado por Camioneros también fijó condiciones particulares para distintas ramas de la actividad. En Caudales se fijó un adicional equivalente al 20% de los valores de viáticos y comida, pagadero en dos cuotas del 10% en septiembre y enero de 2027.

Advertisement

Los trabajadores de Caudales recibirán además un premio por presentismo y puntualidad con el mismo monto y alcance que el vigente para las ramas de Logística, Transporte de Clearing y Carga Postal. La rama de Residuos Patológicos y Residuos Industriales Especiales tendrá un incentivo de presentismo equivalente.

Los camioneros recibirán un aumento del 9,9% para el período septiembre 2026-febrero 2027

Para los peones especializados de esa última actividad, se acordó un adicional del 8% del sueldo básico de la categoría cuando cumplan tareas de acompañante de chofer. Las condiciones específicas deberán ser definidas entre la cámara empresarial del sector y el gremio.

El pedido de un premio por presentismo y una mejora porcentual para la rama de Expresos y Mudanzas quedó fuera del acuerdo por el rechazo de las empresas.

Advertisement

Una semana antes, el sindicato de Moyano había reclamado una “instancia integral de negociación” para discutir una recomposición de los salarios desde el 1° de septiembre y revisar lo firmado en marzo: argumentó que buscaba “recomponer el poder adquisitivo de los salarios, así como establecer condiciones salariales y convencionales para los próximos meses”.

El acuerdo se ajusta a la política del Ministerio de Economía, que promueve incrementos inferiores al 2% mensual y convenios de mayor duración.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca mantener las paritarias por debajo de la inflación (Foto: EFE/Lenin Nolly)

El antecedente inmediato fue la paritaria firmada el 11 de septiembre de 2025, presentado como un modelo para el resto de las paritarias. Aquella negociación estableció un aumento del 3,3% con vigencia semestral, desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

Advertisement

En 2025, el Ministerio de Capital Humano difundió aquel acuerdo mediante un comunicado de prensa en el que sostuvo que los porcentajes “reflejaban el compromiso y el acompañamiento de los actores involucrados con la estabilidad económica”.

En este caso, la reunión con las cámaras empresariales marcó la primera participación de Pablo Moyano en una paritaria del gremio en los últimos 5 años. El dirigente había sido apartado en 2021 de la Secretaría Adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, en medio de una fuerte disputa con su padre vinculada a la crisis financiera de la obra social.

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC

Padre e hijo se reconciliaron en marzo. Desde entonces, Pablo Moyano retomó presencia en la vida cotidiana del sindicato después de haberse concentrado en su tarea como presidente del Club Deportivo Camioneros.

Advertisement

Las paritarias son suscriptas habitualmente con la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), pero esta última no participó de esta negociación porque el Ministerio de Justicia ordenó su intervención, desplazó a sus autoridades y fijó un plazo de 180 días hábiles para revisar su situación institucional, económica, financiera y patrimonial.

Hugo Moyano,Pablo Moyano,Moyano,sindicalismo,Argentina,líderes,gremial,familia,política,camioneros

Advertisement
Continue Reading

POLITICA

Arrancó el juicio político contra el juez federal Gastón Salmain con una fuerte polémica entre la defensa y los acusadores

Published

on



El juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain arrancó este martes con cruces fuertes entre los acusadores y defensores del magistrado que está siendo juzgado en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño en dos hechos: un supuesto cobro de 200.000 dólares de coima al financista Fernando Whpei, que admitió que pagó tras arrepentirse en una causa judicial; y otro caso donde se cuestiona al juez federal por no haber informado sobre una causa judicial en su contra hace más de 20 años que derivó en una cesantía en el Poder Judicial.

Fue en el segundo caso en el que Salmain trastabilló, cuando decidió declarar en el jury de enjuiciamiento. Cuando la acusación comenzó a formularle preguntas, Salmain dijo que no se acordaba por qué lo habían echado hace dos décadas del Poder Judicial, afirmó que no lo declaró en su currículum para concursar porque no le “sumaba puntos” e insistió en calificar de “arrepentido serial” al financista que declaró cómo pactó una coima de 200.000 dólares a cambio de un fallo.

Advertisement

“Cortemos con la dulzura, Salmain tendría que estar preso”, disparó el senador Luis Juez, uno de los tres acusadores junto con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre. Sobre el juez suspendido pesa un procesamiento por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, con prisión preventiva dictada que no se hizo efectiva por contar con fueros. Si Salmain es destituido pasará a hacerse efectiva la prisión preventiva en su contra.

Salmain está acusado de autorizar a los tenedores del fideicomiso Attila, administrado por el financista rosarino Whpei, a adquirir los 10.000.000 de dólares al tipo de cambio oficial, pese a que el Banco Central se oponía, en momentos en que regía el cepo cambiario. Según la investigación penal, el favor tenía un precio: el 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el blue, un pago que los fiscales calcularon en unos 200.000 dólares. Whpei es imputado colaborador en esa causa y, a la vez, está procesado en un expediente por extorsión en el que también está acusado el exjuez federal Marcelo Bailaque.

Salmain, entre sus defensores Castro Bianchi y UbeiraConsejo de la Magistratura de la Nación

El encargado de exponer la acusación por el caso Attila fue Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, quien sostuvo que Salmain actuó en connivencia con terceros para beneficiar al demandante a cambio de la promesa de un retorno económico. “Las evidencias permitirán desarrollar cómo fue el trámite, cómo fue la competencia y cuál fue la intervención del juez Salmain, qué hizo frente al planteo de rechazo del BCRA y qué hizo la Cámara Federal que revocó esa medida”, anticipó.

Advertisement

La defensa, a cargo de Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira, salió a negar cualquier vínculo entre el juez y el financista. “La acusación no va a poder probar nada. Va a quedar claro que Salmain no conoce a Whpei. Van a venir los secretarios a contar que esta persona ni siquiera entró al juzgado del doctor. Es imposible arreglar un sorteo en la Justicia Federal de Rosario que depende de la Cámara”, dijo Castro Bianchi. Y les pidió a los jurados que imaginaran a Salmain como alguien que estaba tomando un café en un lugar cualquiera y al que “después le hacen una cama”.

La segunda acusación se remonta a hace 24 años. Cuando Salmain era empleado de un juzgado de la seguridad social en Comodoro Py, y fue denunciado por intentar pagarle a una empleada para vulnerar el sistema informático de la Cámara Federal de la Seguridad Social y lograr que expedientes previsionales fueran asignados al juzgado N° 8, donde él trabajaba. Los nueve miembros de la Corte Suprema lo dejaron cesante por unanimidad, y la causa penal derivada terminó con una probation. El reproche es que nunca lo informó cuando concursó para ser juez. “Nadie en el Senado lo habría votado de saber ese antecedente”, había dicho el senador Luis Juez cuando el Consejo de la Magistratura resolvió, también por unanimidad, abrir el jury.

Castro Bianchi replicó que cuando llegó la cesantía su defendido ya había dejado el Poder Judicial. “Declararon cesante a alguien que ya había cesado”, dijo, y agregó que el sistema de inscripción a los concursos no permitía cargar ese tipo de antecedentes. Salmain fue en la misma línea, aunque con un lapsus que no pasó inadvertido: dijo que había dejado el cargo el 1° de febrero de 2002 “en virtud de la denuncia”, y enseguida se corrigió: “de la renuncia”. Con el vínculo laboral extinguido, planteó, la Corte ya no tenía potestad disciplinaria sobre él.

Advertisement
Los integrantes del Jurado de EnjuiciamientoConsejo de la Magistratura de la Nación

El argumento promete discusión, porque en los archivos del máximo tribunal hay una acordada unánime que documenta que fue echado por su participación en un intento de soborno. Salmain admitió que no consignó su paso por la Justicia al concursar “porque no daba puntos”, pero recordó que ante una pregunta del consejero Rodolfo Tailhade dijo haber trabajado dos años en el cargo más bajo. Lo que no mencionó, y es lo que le reprocha la acusación, es por qué se fue. Para reforzar su defensa apuntó contra el recién designado camarista de la Seguridad Social Fernando Strasser, quien según él concursó sin declarar dos sanciones de hace más de diez años. “No uso estos ejemplos para que juzguen a un tercero, sino para demostrar que en el propio reglamento pusieron diez años” como límite, explicó.

Ubeira, uno de los abogados más conocidos de Cristina Fernández de Kirchner, llevó la discusión al terreno político. Cuestionó que se haya rechazado la declaración de Whpei como testigo y trazó un paralelo con la causa Cuadernos por lo que considera un uso espurio de los arrepentidos. “Si la propia acusación lo baja a Whpei es porque no lo quiere escuchar. Y no lo quiere escuchar porque si lo escuchan encontrarán a un girador. Un girador al cual lo han apretado de la peor forma por otros crímenes cometidos. Y el girador a cambio entregó un juez”, afirmó. Según el defensor, detrás del caso hay una disputa de poder entre los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti que se pretende saldar “con la liquidación del doctor Salmain”.

El jurado está integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Advertisement



Germán de los Santos,Justicia Federal,Conforme a

Continue Reading

Tendencias