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El cálculo electoral de la Casa Rosada: la verdadera amenaza para Javier Milei es de derecha

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Luis “Toto” Caputo está en constante búsqueda de hipérboles para transmitir lo que los mercados quieren escuchar: que las próximas elecciones presidenciales no van a modificar el rumbo macroeconómico. Se lo viene diciendo de una y mil maneras al círculo rojo. Que el 2027 va a ser un “paseo por el parque”. Que “la economía se va a llevar puesta a la política”. Que “el kirchnerismo no será una opción”. “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero (Axel) Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”, fue su último exceso discursivo. El ministro de Economía, autor intelectual del “riesgo kuka”, cambió definitivamente de libreto para esta etapa.

Lo que no puede decir Caputo -y no es que no lo vea- es la idea que va tomando fuerza en lo más alto del Gobierno: que el verdadero peligro para la reelección de Javier Milei es de derecha. Ese es el cálculo electoral que hacen tanto Karina Milei como Santiago Caputo. Por más enemistados que estén, los dos principales laderos del Presidente coinciden en que el Gobierno no puede permitir que crezca un candidato con volumen que le dispute electorado a La Libertad Avanza (LLA). Que dividir la oferta no peronista puede plantear un escenario complejo para el Gobierno, de derivaciones impredecibles en plena temporada electoral.

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Eso explica por qué, pese a que Patricia Bullrich está cada vez más insubordinada, Karina la “abraza” y se saca con ella una foto forzada para mostrar que no están peleadas. La secretaria general de la Presidencia, que nunca dudó en expulsar a importantes referentes propios ante el primer desacato, esta vez no tuvo más opción que contener a la jefa del bloque de LLA en el Senado. Mejor tenerla adentro que afuera.

“Hoy, si hay una alternativa a Milei es de centroderecha. En la opinión pública hay un consenso sobre el equilibrio fiscal, sobre el fin de los piquetes y sobre la política de seguridad. El espectro electoral está corrido hacia ahí”, analizó un importantísimo colaborador oficial. Y agregó: “Lo mejor que nos puede pasar es competir solos contra (Axel) Kicillof, que tiene techo. Tenemos la responsabilidad de no tener fragmentación en nuestro espectro. Que no nos crezca el pasto al lado”.

El ministro de Economía sostiene que la economía le va a ganar a la política en las elecciones presidenciales del año próximo

Aunque en las últimas horas aseguró que “no hay riesgo de fractura”, Bullrich seguirá tensionando desde adentro. Ya le avisó a Milei que no cuenten con ella para algunas cosas. Y en la Casa Rosada captaron cuál es su juego: volverse necesaria. Si los hermanos libertarios la contienen, podrían ofrendarle una candidatura a jefa de gobierno porteño o, más probablemente, un lugar en la fórmula como candidata a la vicepresidencia (casillero con el que alguna vez sonó Manuel Adorni). Nadie se la imagina como una eventual vice decorativa, sino como alguien que reclamará lugares de poder para un segundo mandato. El cálculo es que cuanto más suba su precio en el camino al 2027, más caro cobrará su lugar en una eventual segunda gestión.

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Si los Milei la expulsan, Bullrich podría apostar a jugar por afuera y esperar a ver si las vueltas de la economía argentina frustran la reelección presidencial y le dan la oportunidad de su vida. Es una apuesta que debe ser vista con su prisma, el de una mujer que tiene más de 50 años de carrera política y que festejará su natalicio 70 dentro de exactamente una semana.

Así como planteará objeción de conciencia con el retiro del pliego de María Verónica Michelli -la candidata a jueza a la que el Presidente busca obturar la carrera judicial tras descubrir que es la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon-, Bullrich también le advirtió al jefe de Estado que no votará dos de los pliegos que envió el Poder Ejecutivo, los de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania, porque (según dijo puertas adentro) “no son trigo limpio”. Y dejó saber que si el Gobierno llega a promover una ley para controlar la tarea periodística —como viene trascendiendo desde algunos despachos oficiales— tampoco apoyará.

“Ella es viva y mete el dedo en la llaga en cuestiones difíciles de defender, como el caso de Adorni o el retiro del pliego de Michelli”, reconoció un colaborador de la Casa Rosada.

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María Verónica Michelli fue propuesta para un tribunal de La Plata

Respecto a los pliegos de Catania y Greenway, en el Ministerio de Justicia, que conducen Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, están enfurecidos. Despotrican porque la postura de Bullrich tiene mareados a los senadores de LLA. Los pliegos necesitan nueve firmas en la comisión de Acuerdos, y hasta hace algunas horas solo tenían siete rúbricas, ninguna de los libertarios. “Patricia es singlista y los senadores nuestros quedan tironeados”, se quejaron esta semana en esa cartera, donde se ocuparon personalmente de persuadir a los legisladores para que se desmarquen de la ex ministra de Seguridad.

Mahiques y Viola son los dos funcionarios que confeccionan las listas con las decenas de pliegos de jueces que el Gobierno viene enviando al Senado. Hay una instancia de validación con Javier y Karina Milei, en general telefónica, que no suele alterar esas nóminas, por el amplio desconocimiento que tienen los hermanos de la cuestión judicial. Eso explica el papelón con pliego de Michelli: los funcionarios de Justicia, naturalmente, no consideraron que ser familiar de un periodista podía ser motivo de veto. El Presidente se dio cuenta después y no dudó en retirar el pliego que él mismo había mandado en marzo, cuando reconocía la idoneidad de la candidata.

Adorni, por el salvataje legal

Las diferenciaciones con Milei no son la única arena en la que está jugando Bullrich. Esta semana viajó a Mendoza a dar una charla de ciberseguridad. De paso, apoyó públicamente a Luis Petri como candidato a gobernador de la provincia cuyana, generando un conflicto con la estrategia electoral de Karina Milei y los Menem. Allí los karinistas tienen un acuerdo político con el gobernador Alfredo Cornejo, que quiere promocionar a un delfín suyo para sucederlo. Las cosas cambian rápido. Bullrich y Petri supieron ser dos ministros halcones de Javier Milei. Pero ahora se mueven con autonomía y reeditan fotos que recuerdan que allá por 2023 fueron una fórmula presidencial.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aún no presentó su declaración jurada

Lo que no parece volver es la sociedad de Bullrich con Mauricio Macri. Cerca del ex presidente aseguran que en el campamento de la ex ministra “hacen gestiones vía terceros para un acercamiento”. “Nos hacen gestos, pero no, Mauricio da por terminada esa etapa”, dijeron en el primer anillo del ex mandatario. La reticencia es llamativa teniendo en cuenta que podrían tener intereses congruentes para llegar a un acuerdo entre LLA y PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

Con los reflectores puestos en otro lugar, Adorni aprovecha esta semana para seguir dando vueltas con sus números y aplazar varios días más la presentación de su declaración jurada. Lo hará recién hacia el final de la semana próxima o el inicio de la siguiente: ¿Qué está esperando? Conocer los resultados del informe que el fiscal Gerardo Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para analizar las incongruencias en su patrimonio.

Pasaron cuatro semanas desde que Milei dijo que el jefe de Gabinete tenía “todas las cosas listas” para presentar sus papeles. Es evidente que ya no importa que el Presidente se haya expuesto con el tema. Tampoco pesa la opinión pública, que probablemente, cuando lleguen los papeles del ministro coordinador, estará distraída con el inicio del Mundial. Más allá de lo reputacional, Adorni está pensando en el expediente y necesita un salvataje legal.

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Adorni declararía no solo una herencia -la sucesión de su padre y su abuela se quedaría corta para explicar su nuevo tren de vida, sobre todo porque figura como compartida con su hermano Francisco-, sino otra fuente de ingresos. Se habla de un mutuo entre privados y de una tenencia no declarada en criptomonedas. Es muy probable que Pollicita requiera que Adorni explique el origen de los fondos en una instancia previa a la indagatoria. Para eso el jefe de Gabinete pretende apoyarse en su tan esperada y meditada declaración jurada.

Con los frentes internos aplacados, pero no resueltos, esta semana la Casa Rosada no celebró su reunión de mesa política, ni tampoco un encuentro del gabinete. Pero la guerra entre Karina Milei y Santiago Caputo atravesó nuevos frentes de batalla. La novedad de las últimas horas es que la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que alguna vez controló la tropa del consultor y que ahora está bajo la órbita de Mahiques, pidió que la Fundación Faro detalle quiénes fueron sus principales donantes. Se trata del think tank libertario presidido por Agustin Laje donde talla Francisco Caputo, el hermano mayor del asesor presidencial.

Fuentes consultadas por Infobae aseguraron que Bullrich haría gestiones para retomar el contacto con el ex presidente Macri

Una investigación de Chequeado reveló que Faro declaró en sus balances 4.957 millones en concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención” solo durante 2024. Ese año el equipo de Karina trabajó con la mesa chica de Caputo para organizar floridas cenas de recaudación y juntar dinero para la causa con la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero. Eran otros tiempos. Ahora es la era de las vendettas.

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Santiago Caputo recibió el pedido de la IGJ como una “mojada de oreja” de la hermana presidencial. Una señal de que lo está controlando, de la misma manera que audita a los fondos reservados de la SIDE a través de Sebastián Pareja, el flamante titular de la comisión bicameral de Inteligencia.

La otra pelea entre bandos se da por el proyecto de nuevo Código Penal. Tanto Mahiques, (del riñón de Karina) como Caputo y su equipo jurídico (integrado por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que trabajaron un texto con el juez federal de Casación, Mariano Borinsky) mantuvieron audiencias con Javier Milei para presentarle sendas versiones del proyecto. La del ministro de Justicia prevé modificaciones más acotadas, mientras que la iniciativa que comanda Caputo es más amplia y ambiciosa. Ambos sectores pujan para que se imponga su borrador.

Pero coinciden en un punto: ninguno modifica el artículo 80, que es el que plantea los casos de homicidio agravado con prisión perpetua y que incluye los incisos que introdujo la Ley de Femicidio de 2012. Es una decisión pragmática, porque creen que si se meten con ese tema, el proyecto no pasaría el Congreso.

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En Davos, el año pasado, Milei había dicho que el femicidio es una “aberración constitucional” y un “ridículo”. Por ahora, las iniciativas que tiene el Poder Ejecutivo no dan marcha atrás con esa figura. Todos esperan que el Presidente no dé un volantazo de último minuto. Bullrich, por lo pronto, ya fijó postura. “No hay lugar para segundas oportunidades para alguien que asesinó a una chica de 14 años. Condena efectiva y cárcel de por vida”, dijo la senadora en alusión al femicidio de Agostina Vega, en un tuit en el que criticó al feminismo durante el 3J. La senadora, no obstante, cerró con una consigna de ese colectivo: #NiUnaMenos.

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Una jueza federal de Río Grande ordenó frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas

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La jueza federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, Mariel Borruto, ordenó frenar la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en torno a las islas Malvinas. Notificó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que cesen las perforaciones y las emplazó a que en 10 días informen el grado de avance del proyecto.

De este modo, la magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por las asociaciones de Abogados, Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que litiga en este caso.

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El financiamiento principal (un 65%) del proyecto proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y el resto de la británica Rockhopper Exploration.

La magistrada, en una resolución de 17 carillas a la que accedió , dispuso además que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar acción del proyecto Sea Lion, que en el fallo es mencionado como León Marino, en castellano.

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Además, prohibió eventuales ampliaciones y tareas en los pozos o instalaciones integrados al emprendimiento.

La prohibición alcanza a la perforación del lecho o subsuelo marino, la instalación permanente de infraestructura submarina para extracción o producción, la colocación de conductos, líneas de flujo y estructuras de fondeo.

Además, prohíbe la puesta en funcionamiento de unidades flotantes de producción, almacenamiento o descarga, el inicio de cualquier extracción comercial y también las obras terrestres y portuarias.

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La medida regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental nacional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en la Ley 25.675, o hasta que el propio juzgado disponga lo contrario.

En paralelo, la jueza intimó a las dos empresas a que, dentro de los diez días hábiles judiciales, informen bajo declaración jurada y con documentación respaldatoria el estado actual del proyecto: el cronograma de construcción y perforación, la cantidad y ubicación de los pozos proyectados, las unidades flotantes y de perforación contratadas.

Quiere saber la justicia, además, la nómina de contratistas y subcontratistas, la estructura societaria utilizada, las entidades financieras y aseguradoras involucradas, los desembolsos realizados y pendientes, los estudios ambientales y de riesgo de derrames ya realizados.

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También les ordenó preservar íntegramente, sin destruir, modificar u ocultar, toda la documentación técnica, ambiental, societaria, contractual, financiera y asegurativa vinculada al proyecto.

Noticia en desarrollo




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Los fundamentos del fallo que ordenó suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas

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La jueza federal Mariel Borruto, del Juzgado Federal de Río Grande, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una medida cautelar dictada en el expediente FCR 13706/2026 a pedido del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).

En su disposición, la jueza apuntó contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited. La resolución, además de frenar las obras, desarrolla en detalle los argumentos jurídicos que la sustentan, y está basada en distintos fundamentos.

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Eje ambiental

El primer fundamento es ambiental. La jueza tuvo por acreditado que ninguna autoridad argentina había iniciado un procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto: un informe de la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Jefatura de Gabinete, de febrero de este año, confirmó que no existía aviso de proyecto ni trámite iniciado con las empresas mencionadas.

La Ley General del Ambiente (25.675) exige esa evaluación previa para toda actividad capaz de degradar significativamente el ambiente y la Ley 26.659 prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. Para el juzgado, esa omisión configura por sí misma la conducta antijurídica que permite actuar preventivamente: quien debía evaluar el riesgo ambiental no lo hizo y, aun así, avanzó con la ejecución de la obra.

El mapa de las empresas petroleras que explotan crudo en las Islas Malvinas (Foto: Rockhopper)

Ese razonamiento se apoya en el principio precautorio, según el cual la falta de certeza científica sobre el impacto de una actividad no puede usarse como excusa para postergar medidas de protección cuando existe riesgo de daño grave.

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La resolución citó también la jurisprudencia de la Corte Suprema en los fallos “Mendoza” —sobre la contaminación del Riachuelo— y “Halabi”, que reconocen al ambiente como un bien colectivo, indivisible y no apropiable individualmente, y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su Opinión Consultiva OC-23/17 estableció que el derecho a un ambiente sano protege ecosistemas como el mar aun sin que exista una persona individualmente afectada. Sobre esa base, el juzgado concluyó que la función judicial ambiental no está limitada a intervenir una vez consumado el daño.

Eje en la soberanía

El segundo fundamento es la soberanía. Al analizar la legitimación de los demandantes, la jueza reconoció que la causa promovida por el CECIM “no se agota en una controversia técnico-ambiental”, porque involucra además la defensa de la soberanía nacional sobre Malvinas, a la que calificó como “bien colectivo indivisible” y “interés federal por antonomasia”.

Ese argumento le permitió sostener la competencia del juzgado sobre dos sociedades constituidas en el extranjero, en base al artículo 2603 del Código Civil y Comercial, que habilita a los jueces argentinos a dictar medidas cautelares aunque los bienes o las personas involucradas no se encuentren en el país. La resolución sostuvo que la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 son normas de aplicación inmediata que se imponen por sobre cualquier autorización o título extranjero que las empresas pudieran invocar.

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Una plataforma de la empresa Rockhopper, ahora apuntada por la justicia federal. (Foto TN)
Una plataforma de la empresa Rockhopper, ahora apuntada por la justicia federal. (Foto TN)

Peligro de demora

El tercer eje es el de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, los dos requisitos clásicos de toda cautelar. La jueza consideró acreditada la verosimilitud a partir de la existencia y localización del proyecto, la magnitud de las obras previstas —23 pozos, una unidad flotante de producción y una ampliación portuaria en Puerto Argentino— y los antecedentes de las empresas: según documentación oficial incorporada al expediente, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum LP ya habían sido alcanzadas por resoluciones de 2012, 2013 y 2022 que declararon “ilegales y clandestinas” sus actividades en la plataforma continental y dispusieron su inhabilitación para operar en el país por veinte años.

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El peligro en la demora, por su parte, surgió de que el proyecto ya había superado la etapa conceptual: las empresas habían adoptado la decisión final de inversión en diciembre de 2025 —rechazada formalmente por la Cancillería argentina el 11 de ese mes— y habían comenzado obras de adaptación de infraestructura, según la propia documentación de Rockhopper.

Alcance del fallo

La resolución aplicó, además, un criterio de proporcionalidad al definir el alcance de la medida. La jueza rechazó la fórmula que habían propuesto originalmente las organizaciones demandantes, que era mantener la suspensión hasta que las empresas obtuvieran un Certificado de Aptitud Ambiental: dado que Rockhopper ya tiene una inhabilitación de veinte años, esa condición habría convertido, en los hechos, una medida provisoria en una prohibición definitiva.

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Por eso, la suspensión regirá hasta que se sustancie ante la autoridad ambiental argentina el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, o hasta que el juzgado disponga lo contrario. Por el mismo criterio, difirió el pedido de bloquear de manera general nuevos contratos de financiación, pagos o transferencias de las empresas, al considerar que en esta etapa esa prohibición podría alcanzar a terceros no identificados, como bancos o aseguradoras, sin haber sido oídos.

La medida es provisoria y quedará sujeta a revisión una vez que Rockhopper y Navitas —intimadas a presentar en diez días hábiles información detallada sobre el estado del proyecto, sus contratistas, su estructura societaria y financiera— sean notificadas y puedan ejercer su defensa. Por tratarse de empresas domiciliadas en el exterior, esa notificación deberá tramitarse por la vía del Convenio de La Haya de 1965.

Islas Malvinas, Petróleo, justicia federal

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Cortocircuito y quiebre entre la Casa Rosada y sus diputados por la ley de discapacidad

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“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.

El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el Pro y vuelve a foja cero las conversaciones.

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“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.

Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada. El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.

El opositor Esteban Paulon, hoy, en la comisión informativa en DiputadosSoledad Aznarez –

Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.

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La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes. “Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.

Los cambios del presupuesto

Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

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El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno generó podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo.

No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

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