POLITICA
El canciller Quirno informó los motivos por los que el gobierno de Bolivia rechazó el ingreso de diputados argentinos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó que Bolivia rechazó el ingreso de un grupo de ciudadanos argentinos que viajaron al país andino como parte de una “autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El canciller Pablo Quirno difundió un comunicado oficial en el que detalló que las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó el funcionario.
La delegación había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”, escribió el funcionario. Entre sus integrantes se encontraban legisladores nacionales y porteños, así como referentes sindicales. El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en la red social X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anunció una conferencia de prensa para las 16:30 en el aeropuerto de Ezeiza.
El comunicado de Cancillería precisó además que los miembros del grupo se encontraban retornando al país y que la Embajada argentina en Bolivia, junto con los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes.
“Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, detalló Quirno.
Luego agregó: “en función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.
Desde el aeropuerto de La Paz, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandra Barry grabó un video en el que describió lo ocurrido en primera persona. “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”, relató Barry, quien subrayó que la misión tenía como objetivo “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez aportó un dato que complejiza el cuadro: según indicó en su cuenta de X, Marino “ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz” antes de ser retenido en el aeropuerto de La Paz. Martínez exigió a las autoridades bolivianas que el legislador pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a los funcionarios consulares argentinos a “garantizar su libertad e integridad física”.

La reacción desde el lado boliviano fue igualmente contundente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetaran la soberanía del país. Yarhui señaló que la Cancillería boliviana debía asumir cualquier injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debía mantener buenas relaciones con otras naciones, “pero sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
En la misma línea, el diputado boliviano por Unidad Alejandro Reyes afirmó que la llegada del grupo evidenciaba “una coordinación internacional para favorecer el retorno de regímenes autoritarios” y solicitó investigar quién financiaba los pasajes, la estadía y otros gastos de los visitantes. Reyes también pidió la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan a Evo Morales.
El comunicado de Cancillería argentina resaltó que los Estados poseen “facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, y confirmó que los mecanismos de asistencia consular permanecen activos.
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POLITICA
Milei cerró la Argentina Week con un cóctel en un exclusivo salón de la Torre Eiffel

En un exclusivo salón ubicado en el primer piso de la mítica Torre Eiffel, el presidente Javier Milei cerró este viernes la Argentina Week de París con un cóctel rodeado por empresarios, gobernadores y funcionarios. El acto incluyó música, comida y un breve discurso del mandatario, quien aseguró que fueron “jornadas espectaculares”.
En su último día en Francia, y luego de haber recibido una distinción del Foro Económico de París, Milei se acercó a la histórica torre situada frente al Río Sena para darle un cierre al evento que inició el miércoles y que, según el Gobierno, contó con los anuncios de inversión en la Argentina por parte de empresas por un monto de US$27.000 millones.
“Quiero agradecer a los participantes y organizadores del Argentina Week París. También quiero agradecer a las autoridades francesas y al presidente [Emmanuel] Macron por la hospitalidad que nos brindaron”, expresó Milei.
El cóctel inició a las 19 hora local (16 de Argentina), duró cerca de tres horas y contó con un bandejeo austero, con comida y vino y jugo de naranja como bebidas. Además, una orquesta lírica -que trabajó ad honorem- llenó de música el ambiente y tocó el himno.
En su llegada, el mandatario fue recibido por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte de su Gabinete, entre ellos, el canciller, Pablo Quirno, y los ministros de Economía y Desregulación y Transformación del Estado, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, que estaban esperándolo.
También estuvieron el secretario de Prensa, Fabián Fernández, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Luego, saludó al resto de los invitados, uno por uno. Entre los gobernadores estuvieron Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).
Del lado empresario, en tanto, participaron Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía; Francisco de Narváez, presidente del Grupo de Narvaéz; Federico Ovejero, vocero de Roche; Marisa Brisher, CEO de Biglobal; Diego Sucalesta, presidente de PromArgentina y Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Fueron unas jornadas espectaculares donde pudimos compartir nuestra pasión por el futuro del país. Creemos que Argentina se encuentra frente un cambio de página respecto de sus 100 años de historia y queremos que todos ustedes también puedan ser parte. Argentina se dirige a paso a firme hacia el futuro”, manifestó Milei.
Y añadió: “No vamos a mirar atrás y por eso esperamos poder repetir tanto en París como en otros foros globales este tipo de eventos. Porque queremos atraer inversiones, potenciar el talento argentino, conectarlo con el mundo y mejorar la calidad de vida todos nuestros ciudadanos”, cerró el Presidente, no sin antes lanzar, como es habitual, su arenga “¡Viva la libertad carajo!“.
Tras el evento, la comitiva se marchó y ya emprendió su regreso a Buenos Aires. El arribo a la Aeroestación Militar de Aeroparque está estipulado para este sábado a las 10.
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POLITICA
La fiscalía pidió nuevas medidas para comprobar si Adorni concretó las operaciones con las criptomonedas

La fiscalía que investiga el patrimonio de Manuel Adorni pidió nuevas medidas de prueba para establecer si las operaciones con Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete justifica casi US$600.000 en efectivo fueron realmente suyas. Le encargó al Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) un informe que responda 29 preguntas sobre quién controló esas cuentas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018, según supo TN de fuentes judiciales.
El pedido llega un día después de una primera verificación. Ayer, en la sede de la Fiscalía Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, se comprobó que las ocho direcciones de Bitcoin que aportó la defensa existen y que sus movimientos coinciden con los que informó Adorni. También certificó que sus abogados tienen hoy las claves de acceso a esas cuentas.
Cada dirección de Bitcoin funciona como una cuenta y solo puede operarla quien tiene la clave privada. Quien tiene hoy esa clave puede demostrarlo, pero eso no prueba que la haya tenido siempre: las claves se pueden transferir y una persona puede obtener cuentas con operaciones ya registradas. Las nuevas preguntas de la fiscalía apuntan a despejar esa posibilidad.
La fiscalía les preguntó a los especialistas si existe alguna herramienta técnica para establecer desde cuándo alguien tiene las claves, o para comprobar si quien las tiene hoy es la misma persona que manejó las direcciones entre 2014 y 2018. También consultó si las firmas digitales de ayer acreditan un control exclusivo o compartido de las claves, y si es posible producir una firma válida sin tenerlas.
En la verificación de ayer, los abogados de Adorni firmaron en cada dirección un “mensaje de desafío” generado por la fiscalía. El método permite demostrar que alguien tiene la clave de una cuenta sin revelarla. Los defensores usaron las claves privadas que Adorni había entregado antes ante escribano, en un sobre cerrado, y técnicos del Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA confirmaron que todas las firmas eran válidas. Todo quedó filmado y registrado en un acta, y las claves se volvieron a guardar en un sobre lacrado sin que nadie las viera.
En su respuesta al requerimiento de justificación patrimonial que le hizo la fiscalía en agosto, Adorni sostuvo que obtuvo US$591.544 con operaciones de Bitcoin. Según su presentación, hizo una primera inversión en 2014 y otra cercana a US$200.000 en 2017, compró las criptomonedas en encuentros presenciales con vendedores y las vendió en efectivo, por fuera de plataformas reguladas. Dijo además que guardó el dinero en su domicilio hasta diciembre de 2023.
En paralelo, Pollicita pidió a principios de esta semana reconstruir los ingresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde que fueron mayores de edad, levantar el secreto fiscal y relevar compras de moneda extranjera entre 2011 y 2015, entre otras medidas. La causa tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo.
Las nuevas pruebas que pide la fiscalía
Uno de los puntos del pedido resume el estado de la investigación. La fiscalía señala que las direcciones se quedaron sin saldo entre el 26 de marzo de 2017 y el 11 de septiembre de 2018. También dice que los movimientos registrados coinciden con los que informó la defensa y que la verificación criptográfica dio resultado positivo. Con esos elementos, les pregunta a los técnicos si es “técnicamente compatible” que el imputado haya controlado las direcciones mientras funcionaron. Y, en contrapartida, si existe alguna medida que permita afirmar con certeza que en ese período las manejaba otra persona.

El informe también tiene que analizar los 41 movimientos registrados en las ocho direcciones: si los pudo haber hecho una sola persona, si necesariamente intervino un tercero y si el registro público de Bitcoin, la llamada “blockchain”, tiene algún dato que identifique a quien controlaba las cuentas en ese momento. La fiscalía pregunta en particular si hay alguna forma de identificar quién depositó fondos en 2014 en cinco de las ocho direcciones. Según el pedido, en esas operaciones no aparecen conexiones con plataformas de intercambio.
Otra parte del cuestionario apunta a cómo se generaron y se guardaron las claves. Los investigadores también quieren saber si todavía se pueden rastrear las conexiones a internet desde las que se hicieron las operaciones.
Ante los empresarios de IDEA, Luis Caputo prometió una reforma tributaria para 2031
El pedido incluye preguntas sobre las plataformas de intercambio de criptomonedas y consulta qué tan confiables son las herramientas comerciales que vinculan direcciones de Bitcoin con plataformas y si sus resultados son auditables por terceros.
Por último, pidió precisiones sobre el marco legal de la época. Pregunta qué normas regían en la Argentina para las operaciones con monedas virtuales entre 2014 y 2018, qué alcance tenía la Resolución 300/2014 de la Unidad de Información Financiera (UIF), desde cuándo existe el registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y cuándo incorporó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) estándares específicos para estos proveedores.
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Murió el juez Augusto Belluscio, el último de los integrantes de la Corte del regreso a la democracia

A los 96 años, murió Augusto Belluscio, el último sobreviviente de la Corte Suprema de Justicia que refundó Raúl Alfonsín en 1993 con el regreso de la democracia. Se trata del último de los jueces que dejaron firme la histórica sentencia contra los excomandantes que lideraron el terrorismo de Estado en la Argentina.
Lo propuso para la Corte Suprema de Justicia el ministro de Justicia de Alfonsín, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado ante su juzgado federal.
Puntilloso, de origen radical y obsesivo en la corrección de la sintaxis de sus votos, en la Corte, aun quienes discreparon ideológicamente con él, le tenían gran respeto como jurista.
Civilista de prestigio y autoridad indiscutida en derecho de familia, Belluscio fue juez de la Corte durante casi 22 años, entre diciembre de 1983 y septiembre de 2005.
Atravesó tres Cortes distintas, cuatro presidencias y algunos de los fallos más decisivos de la democracia recuperada.
Votó contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Convalidó la obediencia debida, pero rechazó los indultos de Carlos Menem.
Enfrentó a Domingo Cavallo en el apogeo del superministro y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.
Había nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930. Se recibió de abogado en la UBA en 1955 y se doctoró en 1960. Fue a la misma escuela primaria que Enrique Petracchi, con quien compartiría después dos décadas de Corte, aunque nunca coincidieron en las aulas: le llevaba cinco años.
Entró a Tribunales en 1957 como secretario de un juzgado civil. En 1965 fue designado juez nacional en lo civil y comercial federal y en 1974 ascendió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Dejó ese cargo durante la dictadura. Años más tarde explicaría que se fue porque la situación se había vuelto peligrosa.
Fue profesor de Derecho Civil V en la UBA desde 1962 y titular de la cátedra entre 1973 y 1996. Su Manual de Derecho de Familia es un clásico con nueve ediciones y dirigió el Código Civil comentado, anotado y concordado, de nueve tomos que le llevó un cuarto de siglo.
Alfonsín lo propuso el 13 de diciembre de 1983, al tercer día de su gobierno, por sugerencia de su ministro de Justicia, Alconada Aramburu. El Senado le dio acuerdo por unanimidad el 21 de diciembre.
Conformó el alto tribunal renovado por completo junto con Genaro Carrió, José Severo Caballero, Carlos Fayt y Enrique Petracchi: un radical, un radical cordobés, un socialista, un peronista y un jurista sin filiación, según los escribió él mismo en una entrevista con estudiantes de una revista universitaria en 2017.
Irónico, decía que Alfonsín había cometido el error de aceptar la propuesta, y que lo único que lo sorprendió en 1983 fue que el entonces presidente ganara esas elecciones.
Era el último de los jueces vivo que el 30 de diciembre de 1986 confirmó la sentencia del Juicio a las Juntas. Tuvo, sin embargo, un voto donde redujo las penas de Viola y Agosti y, con Caballero, argumentó en un voto por separado sobre el grado de responsabilidad de los excomandantes.
Meses después, tras la crisis de Semana Santa, convalidó con la mayoría la ley de obediencia debida en el caso Camps. En esos años firmó el fallo Bazterrica que declaró inconstitucional castigar la tenencia de drogas para consumo personal, en nombre de la esfera privada que protege el artículo 19 de la Constitución.
Y ese año votó contra el divorcio vincular al sostener que esa decisión le correspondía al Congreso, no a los jueces. Treinta años después contó que Alfonsín les había pedido en una reunión que declararan inconstitucional la vieja ley de matrimonio civil, y que él votó en contra igual.
“Por más que me presionen, no me sale jugo”, declaró. Una lección de independencia que trasciende las décadas.
En 1990, Carlos Menem amplió la Corte de cinco a nueve miembros y formó la “mayoría automática”. Belluscio fue la minoría de esa mayoría automática, junto con Petracchi y Fayt.
En 1990 la corte menemista volvió a penalizar la tenencia para consumo, pero Belluscio y Petracchi mantuvieron la disidencia. Cuando Menem indultó a los comandantes condenados, Belluscio votó en minoría por la inconstitucionalidad de esa medida presidencial.
En 1993, con Petracchi denunciaron el robo de una sentencia de la Corte del libro de protocolo. Ese fallo obligaba al Banco Central a pagar honorarios millonarios. Todos miraban a otro juez de la Corte en realidad.
Domingo Cavallo, en cambio, dijo que la habrían robado ellos mismos, y los jueces lo querellaron. Cavallo terminó pidiéndoles disculpas en público.
El episodio que más lo persiguió ocurrió en París, cuando en 1989, la abogada Mirta Schwartzman, de 40 años, murió al caer desde un cuarto piso en una habitación donde se encontraba con Belluscio. La policía francesa concluyó que se había tratado de un suicidio. Belluscio admitió ante los investigadores la relación sentimental que los unía.
El caso desató un escándalo político y su esposa le pidió el divorcio.
En la crisis de 2001 respaldó la pesificación y soportó la furia de los ahorristas que protestaban frente al Palacio de Justicia.
En 2003, Elisa Carrió pidió su juicio político por su actuación en sanciones a jueces inferiores. El pedido no avanzó, y en enero de 2004 Belluscio asumió la vicepresidencia del tribunal, junto a Petracchi como presidente.
En la reapertura de los juicios por la represión firmó con Fayt y Adolfo Vázquez una disidencia que consideraba prescripto el delito y rechazaba aplicar en forma retroactiva la convención de imprescriptibilidad.
Un fallo inspirado por sus ideas puede impactar aún hoy en la causa por la condena por corrupción contra Cristina Kirchner, que recurrió a tribunales internacionales para revocarla.
Se trata del caso Bullascio de 2004, por la muerte de Walter Bullascio en 1991 en una comisaría tras un recital en Obras de los Redonditos de Ricota.
Allí aceptó reabrir la causa. Petracchi y Eugenio Zaffaroni sostenían que la Corte debía subordinarse a la Corte Interamericana. Belluscio y Juan Carlos Maqueda, en cambio, admitieron que los fallos del tribunal internacional eran obligatorios, pero basaron la reapertura en que la sentencia que declaró prescripto el delito era arbitraria y había que dictar una nueva.
En 2017 mantuvo su idea y dijo que la Corte Interamericana no podía revocar un fallo de la Corte Suprema, salvo para liberar a un condenado.
El 7 de junio de 2005, a días de cumplir 75 años, entregó su renuncia al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, hy presidente de la Corte. Estaba por cumplir la edad límite que fijó la Constitución para seguir siendo juez.
Belluscio dijo que no quería beneficiarse de un fallo que él mismo había firmado cuando extendió en el caso de Fayt la posibilidad de seguir más allá de ese límite legal. Quedarse, escribió, sería una incompatibilidad ética que no estaba dispuesto a aceptar.
Sus pares lo despidieron con un brindis y aplausos, a diferencia de lo que ocurrió cuando la mayoría automática menemista dejó la Corte.
En la profesión seguía ejerciendo en el estudio fundado por el civilista y procesalista Santiago Fassi, cuyo retrato exhibía en su despacho. Tenía una idea austera, casi monacal, del oficio. A los futuros jueces les recomendaba pegar el traste al asiento.
Se definía como un liberal clásico, convencido de que cuanto menos se metiera el Estado en la vida de las personas, mejor. Estaba contra el matrimonio igualitario y el divorcio sin causa, pero dijo que lo había vencido el modernismo.
La Corte lo recordará con una acordada y la colocación de su nombre en la placa que recibe a los visitantes en el cuarto piso del edificio de los tribunales.
Con su muerte, desaparece el último integrante del máximo tribunal de cinco miembros que en 1983 le devolvió una idea republicana a la Corte de la democracia.
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