El Gobierno nacional aclaró que las personas con discapacidad, trasplantadas y los niños y adolescentes con cáncer seguirán viajando gratis en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, pese a la polémica desatada por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.

En el gobierno hicieron notar que la distinción es central: lo que se suprimió no es el beneficio que reciben los usuarios, sino el mecanismo financiero mediante el cual el Estado reembolsaba a los operadores privados el costo de esos pasajes. La resolución es explícita en su artículo 2°, que establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó expresamente encargada de fiscalizar ese cumplimiento.

La respuesta llegó a partir de las críticas de la oposición, que luego de la novedad salió a cuestionar la medida con dureza. .

Qué dice la resolución

El texto de la Resolución 28/2026 fundamenta la supresión del régimen compensatorio tiene como base el cambio regulatorio introducido por el decreto 883 del 4 de octubre de 2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor interjurisdiccional. Hasta ese momento, las empresas operaban bajo un esquema de tarifas reguladas con bandas de precios fijadas por el Estado, lo que les impedía trasladar libremente a sus precios el costo de los pasajes gratuitos. Las compensaciones nacieron, precisamente, para cubrir ese desfasaje.

Con la liberalización del mercado, el argumento oficial es que los operadores ahora pueden incorporar ese costo en su estructura de precios. El documento señala que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”. En esa lógica, el subsidio habría perdido su razón de ser.

Las compensaciones que se eliminan habían sido establecidas a partir de enero de 2018 mediante la Resolución 717 de ese año del entonces Ministerio de Transporte, y fueron sucesivamente modificadas por las resoluciones 567 de 2019, 536 de 2022 y 549 de 2023. Todas quedaron derogadas por el artículo 1° de la nueva norma.

Las críticas de la oposición y la respuesta del Ejecutivo

El diputado nacional peronista Carlos Castagneto fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó la medida con una pregunta que sintetizó el núcleo del debate: “¿Puede el Estado obligar a un privado a prestar un servicio gratis sin ningún tipo de compensación? ¿Y quiénes quedan de rehenes en el medio?”. Castagneto calificó al Gobierno de “tramposo” y sostuvo que la resolución usa el “versito del ahorro” para encubrir el abandono de sectores vulnerables.

En la misma línea se expresó el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien afirmó en X que el Ejecutivo “suma un nuevo capítulo a su maltrato sistemático con las personas con discapacidad” y advirtió que la medida deja “a miles sin la posibilidad de viajar para atenderse, estudiar o trabajar”.

La respuesta oficial llegó desde la cuenta identificada como Oficina de Respuesta Oficial, que calificó de “falso” el planteo opositor. “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan”, sostuvo el comunicado. El texto oficial agregó que los kirchneristas “usan a los sectores vulnerables como escudo para defender el curro de los millonarios subsidios a empresas privadas”.

Quiénes son los beneficiarios y qué garantizan las leyes vigentes

Las tres leyes que amparan la gratuidad en el transporte tienen alcances distintos. La ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo terrestre bajo control nacional deben trasladar sin cargo a las personas con discapacidad en el trayecto entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir. La ley 26.928 extiende ese derecho a quienes hayan recibido un trasplante o estén inscriptos en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA), con residencia permanente en el país. La ley 27.674 incorporó a los niños, niñas y adolescentes con cáncer bajo el mismo régimen.

Ninguna de esas tres leyes fue modificada ni derogada por la Resolución 28/2026.

La resolución encomienda a la CNRT el “mantenimiento de los procedimientos pertinentes” para garantizar la emisión de pasajes gratuitos, aunque no detalla mecanismos sancionatorios nuevos ni recursos adicionales para esa fiscalización. La norma entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

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El senador nacional Sergio Uñac apuntala su estructura antes de su recorrida como candidato presidencial, de cara a la interna del peronismo. Este viernes, reunió a los principales referentes del PJ de San Juan en Pocito, la región donde nació, para darle comienzo a una nueva etapa con proyección nacional.

El encuentro fue interpretado como una señal de ordenamiento interno, antes de que el dirigente inicie una serie de recorridas por el país, con eje en el federalismo, las economías regionales y proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Consultado por la interna partidaria del peronismo, donde ya hay varios aspirantes que se perfilan como los sucesores de Javier Milei en la Casa Rosada, Uñac evitó confrontar con la principal figura del peronismo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof.

“Nuestro adversario es el daño que las políticas de Milei están provocando en la vida de los argentinos. Reafirmo la necesidad de impulsar una elección que permita fortalecer al peronismo, debatir de cara a la sociedad las respuestas que tenemos para ofrecer”, planteó, ante una posible competencia con el mandatario.

“La propuesta que estamos impulsando -continuó- pretende construir complementariedad y que permita que las agendas de las provincias del interior estén representadas y sean centrales en la propuesta electoral del peronismo”.

La convocatoria sumó a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, autoridades partidarias, concejales, dirigentes sindicales y referentes territoriales del Partido Justicialista.

Hubo una línea rectora unánime: “No hay proyecto nacional que podamos construir si no recuperamos San Juan”, dijo el senador sobre la situación política del distrito, en el que gobierna Marcelo Orrego, quien ganó en 2023 por la alianza Juntos por el Cambio. “Voy a recorrer la Argentina, pero con los pies en San Juan”, subrayó.

Durante el encuentro, Uñac realizó un diagnóstico sobre la situación económica del país y escuchó a los intendentes y dirigentes territoriales acerca la realidad en los municipios. “El supuesto equilibrio fiscal del Gobierno se hizo a costa del desequilibrio en el bolsillo de las familias sanjuaninas y argentinas”, afirmó Uñac.

El senador remarcó la necesidad de construir una alternativa nacional que devuelva tranquilidad económica y social a los argentinos. A modo de ejemplo, destacó que San Juan puede aportar una experiencia de gestión basada en un equilibrio fiscal real, acompañado por calidad de vida, desarrollo productivo, obra pública, minería, energías renovables, entre otros aspectos.

También planteó que la defensa de San Juan debe ser parte de una agenda nacional más amplia. “Nadie va a venir de afuera a defender lo que nosotros no defendamos”, expresó. “San Juan no es un punto de llegada ni un lugar desde donde uno se va. San Juan es el punto de partida para mirar la Argentina desde otro lugar”, agregó.

Con una identidad propia, Uñac apeló a la tradición sanjuanina de pensar el país desde el interior: “Sarmiento nos enseñó que desde San Juan se podía pensar la Nación. Salvando la enorme distancia, nosotros creemos exactamente lo mismo”.

“Peronismo de soluciones”

La reunión tuvo también un fuerte componente de unidad interna. Uñac convocó al peronismo a ampliar los espacios de diálogo, ordenar prioridades y construir una propuesta política para una sociedad atravesada por la incertidumbre económica y la pérdida de poder adquisitivo.

“El peronismo tiene que volver a escuchar, volver a caminar y volver a ofrecer respuestas concretas. Por eso planteo avanzar hacia un peronismo de soluciones: frente a un gobierno desconectado, la política debe volver a dar tranquilidad con experiencia, gestión, responsabilidad, respeto y orden”, subrayó.

El senador insistió en que “la unidad no puede ser solo una consigna”, sino “una herramienta para representar mejor a la gente”. “Tenemos que definir puntos básicos desde dónde empezar a construir”, apuntó.

En esa línea, el senador subrayó que muchos argentinos viven en modo supervivencia, donde se “calcula todo”, hay miedo a perder el trabajo y se hacen malabares para llegar a mitad de mes. “La política no está para generar más dificultades. Está para ofrecer soluciones, abrir caminos, crear oportunidades y mejorar la vida de las personas”, concluyó.

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El Gobierno no planea realizar el desfile militar del 9 de Julio por el ajuste en Defensa y, por ahora, no tiene previsto ordenar un despliegue de las Fuerzas Armadas para la fecha patria. Fuentes oficiales aseguran que no hubo ninguna indicación para preparar el operativo y en el sector castrense sostienen que no están dadas las condiciones presupuestarias ni de clima interno para repetir una movilización de ese tipo.

“Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario”, expresan en las Fuerzas Armadas. En la Casa Rosada evitan una definición pública cerrada, pero admiten que el evento no figura en la agenda operativa. La lectura interna es que organizar una movilización nacional de tropas, vehículos, aviones, seguridad, combustible, viáticos y logística se complica en medio del ajuste sobre el área de Defensa y del malestar salarial en los cuarteles.

El antecedente inmediato refuerza esa línea. El año pasado tampoco se realizó el desfile militar por el Día de la Independencia. En 2025, el Gobierno había descartado repetir el despliegue por falta de fondos y porque no había dado instrucciones a las fuerzas para poner en marcha los preparativos. Este año, según fuentes oficiales, el escenario se mantiene: no hay orden para alistar unidades ni para activar la organización del operativo.

El último desfile militar fue el de 2024, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel participaron de la puesta sobre la avenida Del Libertador. Ese despliegue incluyó cerca de 9900 efectivos, veteranos de Malvinas, aviones, helicópteros, tanques, vehículos de combate y unidades de distintas provincias. El costo informado entonces superó los $720 millones, por gastos de traslado, combustible, alimentación, viáticos, seguridad, limpieza y apoyo logístico.

Actualizado por inflación, ese gasto sería hoy sensiblemente mayor. En sectores de Defensa sostienen que una erogación de esa magnitud chocaría con el estado actual de las partidas militares y con el clima interno de las fuerzas. El Gobierno mantiene tensiones por reclamos salariales, el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la falta de una equiparación plena con las fuerzas de seguridad.

La discusión presupuestaria se agravó tras la última reestructuración de partidas. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso una reducción general de créditos en distintas áreas del Estado y, dentro de ese esquema, las Fuerzas Armadas recibieron un recorte estimado en $59.600 millones. Según el desagregado que circula en el área militar, el ajuste alcanza unos $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3762 millones en el Estado Mayor Conjunto.

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La Armada aparece como la fuerza más afectada por la poda. En las planillas presupuestarias, los recortes impactan sobre componentes de alistamiento operacional, entre ellos el proyecto de helicópteros navales livianos, servicios de mantenimiento y partidas vinculadas a sanidad naval. En la Fuerza Aérea, el ajuste recae sobre equipamiento militar y de seguridad y sobre gastos de mantenimiento. En el Ejército, la reducción se distribuye entre maquinaria, transporte y equipos militares.

El Estado Mayor Conjunto también sufrió una reducción en partidas de planeamiento militar y en la campaña de sostén logístico antártico, especialmente en productos químicos, combustibles y lubricantes. A eso se suma el recorte de créditos vinculados al Fondo Nacional de la Defensa y a servicios de Hidrografía. En el Gobierno relativizan el impacto y sostienen que las bajas fueron distribuidas para no paralizar proyectos, pero en las fuerzas advierten que el margen de maniobra se achicó.

Ese contexto explica la cautela con el desfile. Para realizarlo, Defensa debería coordinar el traslado de tropas desde distintas unidades del país, movilizar vehículos pesados, prever aeronaves, organizar alojamiento, alimentación, seguridad y cortes de tránsito, además de pagar viáticos. En el sector militar remarcan que el evento tiene impacto simbólico, pero también un costo operativo alto para una estructura que viene de recibir recortes y que todavía enfrenta reclamos internos.

La Casa Rosada, en cambio, busca sostener una agenda militar más selectiva. El Ejecutivo espera la llegada de la segunda tanda de aviones F-16 entre fines de este año y principios del próximo, como parte del cronograma plurianual de incorporación de las 24 aeronaves compradas a Dinamarca. En informes al Congreso, Defensa sostuvo que los aviones ingresarán por etapas hacia el final de cada año y que el proceso terminará en 2028.

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El Gobierno presenta la adquisición de los F-16 como el eje principal de “modernización de la Fuerza Aérea” y como una recuperación de la capacidad supersónica que la Argentina perdió tras la salida del sistema Mirage. Según Defensa, el acuerdo no contiene restricciones de despliegue geográfico ni limitaciones de uso del armamento AMRAAM, y existen previsiones presupuestarias plurianuales para el sostenimiento de la flota y la disponibilidad operativa.

La agenda presidencial también pesa en la definición del 9 de Julio. En Nación sostienen que lo más probable es que Milei viaje con parte del Gabinete a Tucumán para las actividades por el Día de la Independencia. Antes, el Presidente estará en Washington para participar de la celebración del 4 de julio por la Independencia de EE.UU., en una visita que se inscribe en el alineamiento político con la administración de Donald Trump.

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