POLITICA
El Gobierno aclaró que siguen vigente los viajes gratuitos para personas con discapacidad y problemas de salud
El Gobierno nacional aclaró que las personas con discapacidad, trasplantadas y los niños y adolescentes con cáncer seguirán viajando gratis en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, pese a la polémica desatada por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.
En el gobierno hicieron notar que la distinción es central: lo que se suprimió no es el beneficio que reciben los usuarios, sino el mecanismo financiero mediante el cual el Estado reembolsaba a los operadores privados el costo de esos pasajes. La resolución es explícita en su artículo 2°, que establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó expresamente encargada de fiscalizar ese cumplimiento.
La respuesta llegó a partir de las críticas de la oposición, que luego de la novedad salió a cuestionar la medida con dureza. .
Qué dice la resolución
El texto de la Resolución 28/2026 fundamenta la supresión del régimen compensatorio tiene como base el cambio regulatorio introducido por el decreto 883 del 4 de octubre de 2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor interjurisdiccional. Hasta ese momento, las empresas operaban bajo un esquema de tarifas reguladas con bandas de precios fijadas por el Estado, lo que les impedía trasladar libremente a sus precios el costo de los pasajes gratuitos. Las compensaciones nacieron, precisamente, para cubrir ese desfasaje.
Con la liberalización del mercado, el argumento oficial es que los operadores ahora pueden incorporar ese costo en su estructura de precios. El documento señala que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”. En esa lógica, el subsidio habría perdido su razón de ser.
Las compensaciones que se eliminan habían sido establecidas a partir de enero de 2018 mediante la Resolución 717 de ese año del entonces Ministerio de Transporte, y fueron sucesivamente modificadas por las resoluciones 567 de 2019, 536 de 2022 y 549 de 2023. Todas quedaron derogadas por el artículo 1° de la nueva norma.
Las críticas de la oposición y la respuesta del Ejecutivo
El diputado nacional peronista Carlos Castagneto fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó la medida con una pregunta que sintetizó el núcleo del debate: “¿Puede el Estado obligar a un privado a prestar un servicio gratis sin ningún tipo de compensación? ¿Y quiénes quedan de rehenes en el medio?”. Castagneto calificó al Gobierno de “tramposo” y sostuvo que la resolución usa el “versito del ahorro” para encubrir el abandono de sectores vulnerables.
En la misma línea se expresó el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien afirmó en X que el Ejecutivo “suma un nuevo capítulo a su maltrato sistemático con las personas con discapacidad” y advirtió que la medida deja “a miles sin la posibilidad de viajar para atenderse, estudiar o trabajar”.
La respuesta oficial llegó desde la cuenta identificada como Oficina de Respuesta Oficial, que calificó de “falso” el planteo opositor. “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan”, sostuvo el comunicado. El texto oficial agregó que los kirchneristas “usan a los sectores vulnerables como escudo para defender el curro de los millonarios subsidios a empresas privadas”.
Quiénes son los beneficiarios y qué garantizan las leyes vigentes
Las tres leyes que amparan la gratuidad en el transporte tienen alcances distintos. La ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo terrestre bajo control nacional deben trasladar sin cargo a las personas con discapacidad en el trayecto entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir. La ley 26.928 extiende ese derecho a quienes hayan recibido un trasplante o estén inscriptos en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA), con residencia permanente en el país. La ley 27.674 incorporó a los niños, niñas y adolescentes con cáncer bajo el mismo régimen.
Ninguna de esas tres leyes fue modificada ni derogada por la Resolución 28/2026.
La resolución encomienda a la CNRT el “mantenimiento de los procedimientos pertinentes” para garantizar la emisión de pasajes gratuitos, aunque no detalla mecanismos sancionatorios nuevos ni recursos adicionales para esa fiscalización. La norma entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
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POLITICA
Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, defendió la política de seguridad implementada por la Provincia, rechazó que existan zonas liberadas y aseguró que los principales indicadores de violencia muestran una evolución favorable en los últimos años. En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la falta de recursos nacionales para combatir el narcotráfico y habló sobre la interna del peronismo y el futuro político de Axel Kicillof.
Frente a la sucesión de robos, entraderas, tiroteos y homicidios registrados en distintos puntos del conurbano, Alonso defendió las estadísticas oficiales y destacó la reducción de los asesinatos en territorio bonaerense.
“Hace 20 años teníamos 2.700 homicidios por año en la provincia. Hace diez años teníamos 1.700. Desde que estamos nosotros, estamos en torno a los 800. El año pasado tuvimos 780. En 2022 tuvimos 740, cifras muy bajas”, sostuvo.
El funcionario atribuyó parte de esa evolución a una mayor coordinación entre los municipios, la Policía Bonaerense, los fiscales, los jueces y los sistemas de monitoreo. “El hecho característico fue haber logrado alinear los esfuerzos de los gobiernos municipales con el gobierno provincial, la actuación de la Policía con todo lo que tiene que ver con el monitoreo de cámaras, con la articulación con los jueces, con los fiscales, con muchas mesas de coordinación”, explicó.
Alonso también rechazó que haya sectores de la provincia sin presencia policial. “No hay zonas liberadas”, afirmó, y explicó que los intendentes pueden conocer dónde se encuentra cada patrullero mediante un sistema de GPS y controlar los tiempos de respuesta ante las llamadas al 911.
Para el ministro, el homicidio constituye uno de los principales indicadores para evaluar la evolución de la inseguridad. “El homicidio es un punto de llegada, la cifra más blanca que hay sobre la seguridad. Cuando bajan los homicidios, en general hay un correlato también en los otros delitos”, sostuvo.
La situación en La Matanza
Alonso también se refirió a la situación de La Matanza, uno de los distritos más poblados y complejos de la provincia. Allí destacó el despliegue policial y los resultados de los operativos realizados durante el año.
“En estos ocho meses llevamos 4.600 personas detenidas en La Matanza. Tenemos 400 vehículos patrullando La Matanza”, aseguró.
El funcionario destacó además una reducción del robo automotor. Según las cifras que presentó, el delito cayó un 41% entre 2024 y 2025 y volvió a reducirse un 15% entre 2025 y 2026.
También señaló una disminución de los homicidios en ocasión de robo: 24 casos en 2024, 18 en 2025 y 14 durante el año en curso. “En todo septiembre tuvimos un homicidio en ocasión de robo”, afirmó.
Alonso vinculó parte de los problemas de seguridad de determinados barrios con la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura. En ese contexto, destacó las intervenciones realizadas en Puerta de Hierro y San Petersburgo, donde, según explicó, se desarmaron cientos de construcciones y búnkeres vinculados al narcomenudeo.
El reclamo por los recursos contra el narcotráfico
El combate contra el narcotráfico fue otro de los ejes centrales de la entrevista. Alonso aseguró que existe coordinación con el Gobierno nacional, pero cuestionó la cantidad de recursos destinados a la Provincia. “La coordinación está, lo que no están son los recursos”, afirmó.
El ministro señaló que durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación mantuvo numerosas reuniones y compartió información de inteligencia criminal. Sin embargo, cuestionó el equipamiento que, según su perspectiva, recibió la Provincia.
“¿Vos sabés cuántos patrulleros compró el Gobierno nacional? Yo no lo sé, no vi ninguno. Bullrich una sola vez anunció la compra de 90 motos”, sostuvo.
Alonso también planteó una diferencia entre la estructura destinada a combatir el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Según indicó, en Santa Fe hay un fiscal dedicado a la lucha contra la droga cada 88.000 habitantes, mientras que en territorio bonaerense hay uno cada un millón.
El funcionario sostuvo además que algunas investigaciones recientes permitieron detectar redes con conexiones internacionales y movimientos de personas entre distintos países de la región. “La frontera no existe”, afirmó.
Más detenidos y una mirada sobre los homicidios
Otro de los datos utilizados por Alonso para defender la política de seguridad fue el crecimiento de la población penitenciaria bonaerense.
“En toda la provincia hay 18 mil personas más en la cárcel que cuando llegué. Había 47 mil personas en el sistema penitenciario y hoy hay 65 mil”, afirmó.
El ministro también desglosó las principales causas de los homicidios registrados en la provincia. Según explicó, el 25% corresponde a ajustes de cuentas entre delincuentes, vinculados con disputas territoriales, narcotráfico o deudas; el 18% se relaciona con conflictos interpersonales y el 13% ocurre durante robos.
Alonso agregó que un 20% corresponde a delincuentes abatidos y que el resto se distribuye entre otras categorías, entre ellas los femicidios.
En relación con la violencia de género, destacó la utilización de dispositivos de prevención para las mujeres que realizan denuncias. “Apenas una mujer hace la denuncia, se pone una aplicación en el teléfono, con un botón antipánico. Cada vez que el violento se acerca a la casa, eso nos permitió una presencia permanente”, explicó.
Alonso habló de Kicillof y la interna peronista
La entrevista también derivó hacia la interna del peronismo y el futuro político del gobernador bonaerense. Consultado por las diferencias con sectores de La Cámpora, Alonso distinguió entre las posiciones de algunos dirigentes y el respaldo que, según afirmó, existe entre las bases electorales. “La base electoral de La Cámpora quiere que Axel Kicillof sea presidente”, sostuvo.
El ministro consideró que las diferencias dentro del espacio responden principalmente a una discusión entre dirigentes y aseguró que el gobernador bonaerense está ampliando su respaldo político. “Axel está creciendo en cada una de las provincias donde va. Está creciendo como una esperanza, es un reconocimiento que viene de abajo hacia arriba”, afirmó.
Alonso también defendió la realización de elecciones primarias como mecanismo para definir candidaturas. “Para mí sería muy importante que la PASO exista, que haya una PASO y que se legitimen los candidatos en una PASO”, sostuvo.
Ante una eventual competencia entre Kicillof y Cristina Kirchner, evitó anticipar un escenario electoral concreto. Sobre la expresidenta, señaló: “Ojalá que la situación de Cristina sea de otra manera. Hoy entendemos que la situación está difícil para que sea candidata”.
Por último, Alonso cuestionó la relación institucional con el Gobierno nacional y aseguró que la Provincia solicitó en reiteradas oportunidades una reunión con el presidente Javier Milei. “21 cartas le enviamos al Presidente pidiendo audiencia”, afirmó.
El funcionario, sin embargo, destacó que hubo coordinación entre Nación y Provincia para preparar el operativo de seguridad previsto para la visita del papa León XIV. Según explicó, el dispositivo contempla los estándares exigidos por la Guardia Vaticana y un despliegue especial para las actividades previstas en el Cottolengo y la misa en Luján.
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El fallo de la Corte Suprema, el cepo, Kicillof, Bregman y los “energúmenos”: las principales frases de Milei en el coloquio de IDEA
El presidente Javier Milei expuso este miércoles en el 62° Coloquio de IDEA, bautizado “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, y dejó distintas definiciones sobre economía, inflación, las elecciones del año que viene, el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras y las posibilidades electorales de figuras de la oposición como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Myriam Bregman.
Entrevistado por José Del Rio, jefe de contenidos de , el mandatario se comunicó desde París, donde encabeza la comitiva argentina de la Argentina Week, y pidió tener “paciencia” en relación al crecimiento económico de la Argentina, además de advertir que, el año próximo, la sociedad deberá elegir entre “prosperidad o decadencia”.
A continuación, las principales frases del jefe de Estado:
Inflación
Economía
Los “energúmenos”
El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
Elecciones
Reforma laboral
Cepo al dólar para empresas
El crecimiento de figuras opositoras como Bregman y Kicillof
Reforma previsional
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POLITICA
Los docentes bonaerenses convocaron a un paro de 24 horas: reclaman mayor seguridad en las escuelas
Los docentes bonaerenses realizarán este jueves un paro de 24 horas en toda la provincia de Buenos Aires en rechazo a los hechos de violencia registrados contra trabajadores de la educación. La medida fue convocada por cuatro gremios y afectará el dictado de clases en las escuelas públicas.
El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) anunciaron la protesta bajo la consigna “Queremos una sociedad que cuide a las y los que enseñan”.
Según plantearon en un comunicado conjunto, durante los últimos días se produjeron agresiones físicas y episodios de hostigamiento digital en distintos distritos bonaerenses, a los que se sumó un nuevo caso en Trenque Lauquen. Frente a esa sucesión de hechos, reclamaron “medidas urgentes y concretas de consenso social” para proteger a quienes trabajan en las escuelas.
Los gremios advirtieron que esos episodios se suman a “un problema que desde hace un tiempo aqueja al sector” y plantearon que la respuesta debe contemplar tanto la prevención como la intervención ante las situaciones de violencia.
El reclamo de los gremios
Los sindicatos reclamaron políticas integrales y dispositivos comunitarios, pedagógicos e institucionales para que las escuelas sean espacios de enseñanza y aprendizaje libres de violencia. El planteo se produce después de distintos episodios que ya habían generado protestas y medidas de fuerza a niveles distritales.
Uno de ellos ocurrió en San Miguel, donde una docente denunció haber sido atacada por la madre de una alumna dentro de una escuela primaria. Otro caso se registró en Hurlingham, donde una directora fue agredida y el conflicto derivó en un paro local y una movilización de la comunidad educativa.
“Sostenemos que la Escuela Pública cumple un papel irremplazable: aloja, enseña, escucha, abraza y organiza a la comunidad”, afirmaron los sindicatos, y agregaron que, frente a escenarios de exclusión, miedo o desesperanza, “la escuela abre caminos de encuentro, palabra y democracia”.
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