POLITICA
El Gobierno aclaró que siguen vigente los viajes gratuitos para personas con discapacidad y problemas de salud

El Gobierno nacional aclaró que las personas con discapacidad, trasplantadas y los niños y adolescentes con cáncer seguirán viajando gratis en el transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional, pese a la polémica desatada por la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
La medida, firmada el 22 de mayo por el secretario Mariano Ignacio Plencovich, eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas del sector por los pasajes gratuitos otorgados en virtud de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674, pero no tocó el derecho a la gratuidad en sí mismo.
En el gobierno hicieron notar que la distinción es central: lo que se suprimió no es el beneficio que reciben los usuarios, sino el mecanismo financiero mediante el cual el Estado reembolsaba a los operadores privados el costo de esos pasajes. La resolución es explícita en su artículo 2°, que establece que la medida “no afecta el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674 y sus respectivas reglamentaciones ni la obligación de los transportistas de dar cumplimiento a lo dispuesto en dichas normas”. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó expresamente encargada de fiscalizar ese cumplimiento.
La respuesta llegó a partir de las críticas de la oposición, que luego de la novedad salió a cuestionar la medida con dureza. .
Qué dice la resolución
El texto de la Resolución 28/2026 fundamenta la supresión del régimen compensatorio tiene como base el cambio regulatorio introducido por el decreto 883 del 4 de octubre de 2024, que habilitó la libertad tarifaria en el transporte automotor interjurisdiccional. Hasta ese momento, las empresas operaban bajo un esquema de tarifas reguladas con bandas de precios fijadas por el Estado, lo que les impedía trasladar libremente a sus precios el costo de los pasajes gratuitos. Las compensaciones nacieron, precisamente, para cubrir ese desfasaje.
Con la liberalización del mercado, el argumento oficial es que los operadores ahora pueden incorporar ese costo en su estructura de precios. El documento señala que “la introducción de la libertad tarifaria implica una reconfiguración sustancial de la ecuación económico-financiera del sector, otorgando a los operadores capacidad para internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”. En esa lógica, el subsidio habría perdido su razón de ser.

Las compensaciones que se eliminan habían sido establecidas a partir de enero de 2018 mediante la Resolución 717 de ese año del entonces Ministerio de Transporte, y fueron sucesivamente modificadas por las resoluciones 567 de 2019, 536 de 2022 y 549 de 2023. Todas quedaron derogadas por el artículo 1° de la nueva norma.
Las críticas de la oposición y la respuesta del Ejecutivo
El diputado nacional peronista Carlos Castagneto fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta en la red social X, cuestionó la medida con una pregunta que sintetizó el núcleo del debate: “¿Puede el Estado obligar a un privado a prestar un servicio gratis sin ningún tipo de compensación? ¿Y quiénes quedan de rehenes en el medio?”. Castagneto calificó al Gobierno de “tramposo” y sostuvo que la resolución usa el “versito del ahorro” para encubrir el abandono de sectores vulnerables.
En la misma línea se expresó el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, quien afirmó en X que el Ejecutivo “suma un nuevo capítulo a su maltrato sistemático con las personas con discapacidad” y advirtió que la medida deja “a miles sin la posibilidad de viajar para atenderse, estudiar o trabajar”.
La respuesta oficial llegó desde la cuenta identificada como Oficina de Respuesta Oficial, que calificó de “falso” el planteo opositor. “La gratuidad se mantiene totalmente vigente. Las empresas de micros están obligadas a seguir entregando los pasajes gratis y la CNRT va a seguir controlando que lo cumplan”, sostuvo el comunicado. El texto oficial agregó que los kirchneristas “usan a los sectores vulnerables como escudo para defender el curro de los millonarios subsidios a empresas privadas”.
Quiénes son los beneficiarios y qué garantizan las leyes vigentes
Las tres leyes que amparan la gratuidad en el transporte tienen alcances distintos. La ley 22.431 establece que las empresas de transporte colectivo terrestre bajo control nacional deben trasladar sin cargo a las personas con discapacidad en el trayecto entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir. La ley 26.928 extiende ese derecho a quienes hayan recibido un trasplante o estén inscriptos en lista de espera del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante (SINTRA), con residencia permanente en el país. La ley 27.674 incorporó a los niños, niñas y adolescentes con cáncer bajo el mismo régimen.
Ninguna de esas tres leyes fue modificada ni derogada por la Resolución 28/2026.
La resolución encomienda a la CNRT el “mantenimiento de los procedimientos pertinentes” para garantizar la emisión de pasajes gratuitos, aunque no detalla mecanismos sancionatorios nuevos ni recursos adicionales para esa fiscalización. La norma entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
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POLITICA
“Si tenemos que ir en cana, iremos”: la advertencia de un jefe de la CGT que preanuncia la dura batalla que promueven contra Milei

Los líderes de la CGT, enrolados en el sector dialoguista, sufren presiones del ala dura para hacer otro paro general contra el Gobierno, pero ahora pasaron a la ofensiva contra sus críticos internos: exigirán que los números uno de los gremios vayan a las reuniones del Consejo Directivo cegetista y no deleguen su presencia en dirigentes de segunda o tercera línea, como sucede hoy.
“No vienen cuando debatimos qué hacer y mandan a otros en nombre de ellos, pero si tomamos decisiones con los que están presentes después nos critican por lo resuelto”, afirmó, furioso, un jefe de la CGT a Infobae.
La acusación de “falta de compromiso” de varios dirigentes con la vida orgánica de la central obrera se convirtió en estas horas en el detonante de nuevas intrigas en el nivel más encumbrado del sindicalismo.

Por eso el triunvirato cegetista tomó una drástica decisión para la próxima reunión del Consejo Directivo, que tendrá lugar el jueves próximo en la sede de Azopardo 802. En la convocatoria dirigida a la cincuentena de dirigentes que integran la cúpula de la CGT, se pide que cada sindicato confirme quién será su representante en el encuentro “garantizando el orden institucional”.
El malestar de Jorge Sola (seguros), Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), los cotitulares de la CGT, está dirigido a gremios como la UOM, La Fraternidad y Gastronómicos, entre otros, cuyos líderes vienen cuestionando la pasividad de la central obrera y reclaman otro paro general de 36 horas o por tiempo indeterminado, como planteó esta semana Omar Maturano (La Fraternidad) en una reunión de la CGT con las confederaciones de la industria, el transporte, la energía, la alimentación y las comunicaciones.
Según se quejan algunos jefes de la CGT, varios de dirigentes que tanto exigen medidas de fuerza más extremas luego, si hay un paro general, no consiguen la adhesión masiva de sus propios trabajadores.

La crítica pone en la mira a Maturano, ya que, según sus rivales internos, los conductores de locomotoras trabajaron “casi normalmente” en el último paro general de la CGT, en febrero. De la misma forma, otro dirigente apuntado es Luis Barrionuevo (Gastronómicos), promotor del paro de 36 horas, aunque en las huelgas generales, según deslizan desde la conducción cegetista, “los bares están llenos de mozos trabajando”.
El más apuntado, de todas formas, es Abel Furlán (UOM), quien desde hace largos meses hostiga a la CGT por su estrategia moderada e incluso armó un espacio sindical ultraopositor como el FRESU con las dos CTA, ATE y Aceiteros, pero, de acuerdo con sus adversarios, no hace paros de su gremio (que ahora está intervenido por la Justicia) y su representante en la cúpula cegetista, Osvaldo Lobato, “casi ni habla” en las reuniones del Consejo Directivo de la CGT, donde se desempeña como secretario Gremial, un puesto clave en el que hasta ahora, a juicio de sus oponentes, tuvo un papel “desdibujado”.
La interna perpetua de la CGT hace que, por ejemplo, se reproche al triunvirato que no haya ido a la Justicia para impugnar la reglamentación de la reforma laboral, las visitas de sus cotitulares a empresas en crisis sin previo aviso a la dirigencia del sector o haber adoptado un cerrado sistema de decisiones en el que “todo se resuelve entre 5 o 6 y el resto ni es consultado”.

Desde el trío de conducción cegetista se defienden: aseguran que se decidió que cada sindicato fuera a la Justicia contra el decreto 407 que reglamentó la Ley de Modernización Laboral porque si lo hacía la CGT el caso invariablemente hubiera terminado en el fuero contencioso administrativo, considerado afín a la administración libertaria. A la vez, advierten: “Nos critican por ser pasivos, pero cuando vamos a ver a los trabajadores en conflicto no les gusta”. Y, sobre las críticas a su estilo “cerrado”, responden: “Cuando llamamos a una reunión, algunos buscan excusas para no venir y mandan a cualquiera sin poder de decisión, pero tenemos que superar las diferencias y ponernos en acción porque Milei nos va a llevar puestos”.
Ese “ponernos en acción” ya está tomando forma: será el plan de lucha “sectorial y a largo plazo” basado en las protestas sindicales de Francia contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron, como anticipó Infobae. La idea se tratará de consensuar el jueves en el Consejo Directivo: proyectan desde volanteadas en estaciones de trenes, aeropuertos y universidades hasta paros alternados y rotativos en el transporte y la industria, asambleas y movilizaciones a varios ministerios. Y todo finalizará en una “gran protesta nacional”, imaginado como el quinto paro general contra Milei: no se descarta que termine siendo de 36 horas para combinar una huelga de 24 horas con una marcha multitudinaria.
Claro que, para que esa estrategia tenga impacto, los sindicalistas saben que deben buscar la adhesión no sólo de los trabajadores sino también de otros sectores castigados por el plan económico de Milei. Se apunta a contactos con organizaciones representativas de la clase media, comerciantes, estudiantes, jubilados y pymes, además de que se buscará un guiño de la Iglesia.

Por eso no será nada casual la presencia de Jorge Sola en un acto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en Parque Norte, el jueves próximo, para celebrar el Día Internacional de las Pymes.
¿Cambiará algo después de esa protesta “a la francesa”? Nadie lo cree, pero la consigna de la CGT es “hacer algo”. En palabras de un líder sindical, “los caminos que tenemos son el diálogo, ganar la calle o no hacer nada, pero el diálogo es imposible con este gobierno y no es viable no hacer nada, así que la opción es una sola”.
Por algo Cristian Jerónimo habló en duros términos ante sus colegas en la reunión del miércoles en la CGT. Dijo que “es hora de debatir protestas concretas” contra Milei y concluyó: “Si hay que ir en cana, iremos en cana”.
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Manuel Adorni confirmó quién será el nuevo vocero presidencial

Luego de la reunión que mantuvo con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Manuel Adorni confirmó que Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial.
Lo anunció el jefe de Gabinete en su cuenta de X: “Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”.
El asesor presidencial, Santiago Caputo, también felicitó la designación del diputado como vocero en redes. “Felicitaciones Adrian Ravier. Que las fuerzas del cielo te acompañen”, escribió.
Con la designación de Ravier, el Gobierno busca oxigenar el área de comunicación en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra el jefe de Gabinete.
La última conferencia de prensa que realizó Manuel Adorni fue el 8 de mayo y estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva donde se realizaron anuncios vinculados al “Super RIGI” y al récord de incautación de drogas.
Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial
El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa, Adrián Ravier es quien asumirá el rol de vocero presidencial. Tiene 48 años y es licenciado en Economía en Universidad de Buenos Aires (UBA).
Durante su carrera académica, Ravier fue docente en universidades como la UBA, ESEADE, UCES, Universidad del Salvador (USAL) y la Universidad Católica Argentina (UCA).
En la actualidad, el diputado dicta clases de Macroeconomía en UCEMA y Fundamentos de Economía en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM).
En 2025, Ravier ganó una banca como legislador al encabezar una alianza electoral por la fusión con el PRO. Luego, se convirtió en el presidente de LLA en La Pampa.
“Agradezco a Javier y Karina Milei la confianza que han depositado en mí para presidir La Libertad Avanza en La Pampa. Si el Presidente pretende que Argentina sea el país más libre del mundo, en este espacio trabajaremos para que La Pampa sea la provincia más libre de la Argentina”, escribió a finales de junio del 2025.
Además, Ravier tiene un vínculo cercano con el presidente Javier Milei con quien firmó su último libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.
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POLITICA
El PRO publicó su diagnóstico más crítico sobre el modelo económico de Milei en medio de la tensión por el caso Adorni

En paralelo al pedido público para que Manuel Adorni deje su cargo y la amenaza parlamentaria de acompañar los pedidos de interpelación al Jefe de Gabinete, prevista para el próximo 2 de julio con riesgo de moción de censura, el PRO hizo público en las últimas horas su informe más crítico sobre el modelo económico del gobierno de Javier Milei.
Con datos de INDEC, y una encuesta de la consultora Casa Tres, la Fundación Pensar, la usina de ideas del partido que preside Mauricio Macri, presentó un diagnóstico que contradice el relato oficial del derrame y propone una agenda propia para los sectores más golpeados por el actual esquema de crecimiento.
Según el documento, los sectores intensivos en capital, recursos naturales y exportaciones —como energía, minería, agro y banca— experimentaron un crecimiento notable bajo la administración libertaria. El sector financiero, además, avanzó un 24,7% durante 2025, más de cinco veces el crecimiento del PIB total. El complejo petrolero-petroquímico exportó 11.772 millones de dólares, mientras la minería de oro, plata y litio sumó 5.818 millones en exportaciones, con incrementos de hasta 42% interanual.
Sin embargo, el PRO advirtió que estos logros conviven con realidades opuestas para el resto de la economía. Y detalló en el informe: la industria manufacturera creció solo 0,8% en 2025, muy por debajo del promedio general, y desde septiembre de 2023 hasta enero de 2026 se perdieron casi 73.000 empleos formales, de los cuales 43.000 corresponden a los últimos doce meses.
A su vez, puntualizó que la construcción registró una caída de 88.000 puestos desde el pico de 2023, directamente relacionada con la paralización de la obra pública. Y agregó que el comercio minorista mostró ventas negativas entre enero y abril de 2026, con una baja acumulada de 3,5%.
“Desde el PRO no nos resignamos a creer que desde el Estado no podemos ayudar a aquellos sectores que hoy se están quedando atrás, como la industria y la construcción”, se afirmó en el documento de Pensar, que preside la exdiputada y exgobernadora María Eugenia Vidal. En esta línea, el partido volvió a reclamar la reactivación de la obra pública, algo que Macri menciona cada vez que puede.
De manera puntual, en el PRO aseguran que los sectores que “sufren” el actual modelo económico son los sectores intensivos en empleo, pymes, mercado interno, obra pública, consumo popular y salarios: construcción, industria pyme, comercio tradicional, gastronomía masiva, empleo público, servicios personales, educación, salud y cultura.

“De fondo no debemos preguntarnos si habrá ganadores y perdedores. Toda transformación económica los tiene. La verdadera pregunta es si el crecimiento será capaz de expandirse desde los sectores más dinámicos hacia el resto de la economía. Y cómo hacemos para que ello ocurra. Durante muchos años la respuesta kirchnerista fue la de subsidios, cerrar la economía y que todos paguen más caro. El resultado: un enorme freno a la productividad, la inversión y el crecimiento de largo plazo. La respuesta libertaria está más cerca del ‘la supervivencia del más apto’. El Estado garantiza una red mínima de contención social, sin que aún hayan mostrado un plan B para los perdedores”, se afirmó en el texto.
Por otro lado, el informe incorpora el análisis del politólogo Andrés Malamud, quien define el modelo de Milei como un proyecto que prioriza la periferia territorial —la cordillera, la Patagonia, el mundo digital— sobre la Argentina pampeana y porteña. Según Malamud, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) funciona como herramienta política y económica al atraer a los gobernadores cordilleranos y dejar a Axel Kicillof, gobernador bonaerense, sin inversiones y con la carga política de los resultados.
“Si la estrategia del dirigente kirchnerista es la diferenciación, la de Milei es la responsabilización: cuando Buenos Aires se hunda, la culpa será del gobernador. Es la primera vez que un presidente se desentiende de la suerte de la mayor provincia argentina. Mejor dicho, no se desentiende: se frota las manos”, argumentó el politólogo.
Por otro lado, Pensar difundió una encuesta de Casa Tres, realizada entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2026 sobre 2.859 casos. Según el estudio, el 83% de los argentinos tiene una imagen favorable de la industria nacional, y el 66% prefiere que el Estado proteja a los sectores que generan empleo frente a la competencia importada. Solo el 31% respalda una apertura económica irrestricta, mientras que el 50% opta por reducir impuestos y costos para competir sin cerrar la economía.
Este posicionamiento, sobre todo la elección de la fecha para difundir el informe, se desarrolla en paralelo a una escalada parlamentaria y comunicacional para evitar que el apoyo político a Milei que el partido amarillo ejerció hasta el momento signifique un respaldo a Adorni.
En este marco, el Senado postergó ayer la sesión prevista para este jueves, luego de horas de tensión en torno a los pedidos de interpelación a Adorni. El acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria —en el despacho de la vicepresidenta Victoria Villarruel— fijó el jueves 25 de junio como fecha para aprobar el mecanismo de convocatoria al funcionario. El 2 de julio, el Jefe de Gabinete deberá comparecer ante la Cámara alta y enfrentar, antes de su informe de gestión, un proceso de interpelación que podría derivar en una moción de censura si no satisface a la oposición.
Es más, el PRO de Rosario fue más allá. La concejala Anita Martínez le pidió a Milei que evite concurrir con Adorni al acto del 20 de junio, en ocasión del Día de la Bandera. “Como bien sabe, la semana del 20 de junio es muy especial para nuestra ciudad. Cientos de niños de todo el país se acercan al Monumento para hacer su promesa y asumir un compromiso con nuestra bandera. Un compromiso sagrado que debe ser protegido y respetado por todos los argentinos”, indicó en una carta abierta.
Y agregó: “Es por ello que le escribo esta carta, a fin de solicitarle que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no integre la comitiva que lo acompañará durante su paso por nuestra ciudad. Sería imprudente que los conflictos y los escándalos del presente, empañen un ritual tan valioso y noble como la jura a la bandera”.
Consultada en Infobae al Regreso, Martínez concluyó: “La verdad que Manuel Adorni da vergüenza; tiene que ser juzgado”.
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