POLITICA
Por qué nadie le cree a la Justicia
Un rumor está creciendo en los tribunales federales cercanos al río, en Comodoro Py, donde están los jueces penales que deben resolver casos de corrupción política, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, entre pocas investigaciones más, aunque son las más llamativas y las que hacen famosos a sus magistrados. Dice la versión que una sala de la Cámara de Casación (hay cuatro tribunales integrados por tres magistrados cada uno) estaría a punto de devolverle al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el expediente judicial que indaga sobre la verdadera propiedad de la mega mansión de Pilar, cuyo dueño supuesto sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su socio permanente, Chiqui Tapia.
La quinta, si la llamamos así subestimándola, está a nombre de un monotributista y de su madre jubilada. La Argentina es un país raro, donde hay jubiladas que tienen enormes propiedades o les prestan miles de dólares a funcionarios públicos, mientras el resto de los jubilados vive peor que mal. González Charvay es el juez predilecto de los dos caciques del fútbol que ya están procesados en el fuero Penal Económico por evasión fiscal agravada, retención indebida de tributos y de aportes a la seguridad social. El delito presunto rondaría, si se confirmara, unos 400 millones de dólares y no incluye todavía la vasta propiedad de Pilar.
La causa por la propiedad de esa casona en el rico norte del conurbano, donde ocurrió una fiesta de jueces que abrió el expediente sobre la riqueza indebida de los dirigentes de la AFA, pasó ya por las manos del juez federal Daniel Rafecas y del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quienes le dieron un fuerte impulso inicial. Ahora se tramita en el despacho de la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia, una magistrada con fama de seria y trabajadora que cultiva el bajo perfil.
Según el rumor, aquella sala de Casación (la instancia más alta de la justicia penal), con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, le sacaría a ella el manejo de la investigación y se la devolvería a González Charvay, el amigo de los dueños de la AFA. Sería el sueño hecho realidad de Tapia y Toviggino.
Es probable que la justicia norteamericana, que también investiga los movimientos de dinero de los jefes del fútbol argentino en los Estados Unidos, termine siendo más rápida y más dinámica que la argentina. Tal vez. Pero no hay que apresurarse: Borinsky quiere ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y su candidatura está avalada por el expresidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti. Extrañaría sobremanera que Borinsky haga estallar por su cuenta semejante escándalo judicial con él como protagonista cuando aspira a llegar limpio e incuestionado a una de las principales poltronas de la Justicia.
La especie que circula vincula esta eventual decisión con gestiones que habría hecho el viceministro de Justicia, Santiago Viola, seguramente en nombre del ministro, Juan Bautrista Mahiques, quien cumplió funciones en la AFA de Tapia y Toviggino. Viola es el mismo que en otro tiempo sembró testigos falsos para apartar al juez Sebastián Casanello cuando él defendía a los hijos de Lázaro Báez en la causa llamada “la ruta del dinero K”.
Viola pasó de ser abogado defensor de kirchneristas acusados de corrupción a viceministro de Justicia de Milei y representante de su gobierno ante el Consejo de la Magistratura, además de apoderado nacional de La Libertad Avanza. Eximio trapecista. Viola es un disciplinado subordinado de Karina Milei, que está siendo investigada por el caso $LIBRA, porque ella les abrió las puertas de la Casa de Gobierno a los oportunistas argentinos y norteamericanos que crearon esa criptomoneda, lo comprometieron al presidente de la Nación y dejaron un tendal de perdedores y muy pocos ganadores. Supongamos, por lo tanto, que se trata solo de un rumor y de la maledicencia que suele acompañar a los jueces que podrían ascender a destacados cargos. Supongamos.
Hay otros jueces que ya frecuentan el escándalo sin conmoverse. El caso más reciente es el que tiene como protagonista al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien acaba de apartar como querellantes a los damnificados precisamente por los raros manejos de la criptomoneda $LIBRA. ¿El argumento? El magistrado señaló que los que se meten por su propia cuenta en el mundo cripto saben que pueden ganar o perder, y que perdieron. Esa razón existe, siempre que el juego sea limpio y que la cancha no esté inclinada. Esta vez el apoyo del Presidente a la criptomoneda, que duró muy poco tiempo, jugó a favor de los especuladores.
El magistrado argumentó también que los supuestos damnificados no pueden sostener que la inversión haya sido suya. Hagamos otra pregunta: ¿por qué los querellantes gastarían tiempo y energías en un pleito que no es de ellos y que podrían perder? Sea como fuere, la causa se quedó sin el impulso de los que eran querellantes, que son quienes tienen la facultad de conocer el expediente y de pedir medidas de pruebas y la presencia de testigos. Solo el fiscal Eduardo Taiano podría ahora impulsar el caso, pero ya transcurrieron dos años y no citó a nadie, pidió pocas pruebas y no movió con premura y atención el expediente. Taiano es siempre así con los casos que comprometen al poder.
A su vez, Martínez de Giorgi tiene a su esposa, Ana María Juan, con el acuerdo del Senado para ser jueza federal de Hurlingham, pero su designación final está pendiente todavía de un decreto del Presidente. Resulta también que el propio Martínez de Giorgi aspira desde hace tiempo a ascender a camarista. Puede ser que tales incertidumbres hayan promovido la insólita resolución del juez, que seguramente será revisada por la Cámara Federal. Esa Cámara ya lo enmendó en el caso de $LIBRA a Martínez de Giorgi; está integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.
¿Será por eso que al impecable juez Irurzun no le respondieron siquiera el formal pedido para conseguir el acuerdo del Senado y seguir siendo juez durante cinco años más, después de los 75 que cumplirá el próximo 18 de julio? Es el destino argentino de los buenos jueces. Puede ser también que la decisión de Martínez de Giorgi se trate de una casualidad, si es que las casualidades existen en los tribunales que investigan a los que mandan.
Nunca antes, debe reconocerse, el gobierno de Milei había sido sospechado de incursionar por donde revolotean los jueces, sobre todo cuando al frente del Ministerio de Justicia estaban Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, entonces ministro y viceministro de esa cartera. Mahiques y Viola, que reemplazaron a Cúneo Libarona y a Amerio cuando Karina Milei le arrebató a Santiago Caputo su influencia en la cartera de Justicia, no le están haciendo un favor al jefe del Estado, sino todo lo contrario.
A propósito de los magistrados, el abogado Bernardo Saravia Frías denunció cómo se están eligiendo los nuevos jueces: “Se están designando centenares de jueces a los empellones, abusando de procedimientos para alterar órdenes de mérito y privilegiando afinidades sobre excelencia”. Esa es una buena interpretación sobre los pliegos de candidatos a jueces que da vueltas intensamente por la política y la Justicia. Y es lo que se observa con los pliegos que Mahiques y Viola envían al Senado para su aprobación.
Hay que aceptar que Milei no sabe mucho de estas cosas (su obsesión es la economía) y que los dos cabecillas de la Justicia están haciendo de las suyas seguramente sin conocimiento del Presidente. También Cúneo Libarona y Amerio habían prometido que respetarían escrupulosamente el orden de mérito que enviara el Consejo de la Magistratura para designar jueces. La pregunta que surge entonces no refiere a lo que está sucediendo, sino por qué cambió lo que sucedía.
Otro ahijado permanente del poder, el juez Ariel Lijo, candidato frustrado a miembro de la Corte Suprema y eterno postulante a procurador general de la Nación (jefe de todos los fiscales), fue recientemente censurado de manera implícita cuando una Cámara le ordenó que aceptara como querellante en la causa de YPF a una ONG que tiene entre sus integrantes a prestigiosas figuras como María Eugenia Talerico y Marcela Campagnoli.
La Cámara, integrada también por buenos jueces como Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, corrigió una decisión anterior de Lijo que le impidió a esa ONG ser querellante en el caso del vaciamiento de YPF por parte de la empresa Petersen, de la familia Esquenazi, y de la petrolera española Repsol. El expediente por el vaciamiento de la principal empresa argentina comenzó hace 20 años en el juzgado de Lijo y nunca avanzó hacia ninguna parte. La denuncia inicial la hizo Elisa Carrió en 2007 y luego se sumaron las provincias de Mendoza y Chubut, patrocinadas precisamente por el abogado Saravia Frías.
Saravia Frías fue el procurador del Tesoro y, por consiguiente, el jefe de los abogados del Estado en tiempos de Mauricio Macri; él imaginó la estrategia judicial para sacarle a la jueza de Nueva York Loreta Preska la demanda del fondo de inversión Burford por las acciones de la familia Esquenazi, que en su momento compró el 25 por ciento de las acciones de YPF con un anticipo de los dividendos de la petrolera. Los dividendos se los llevaron todos los accionistas rápidamente, incluida la empresa Repsol, y ninguno invirtió nada. Ese fue el vaciamiento que debía investigar Lijo y que nunca investigó. Ahora deberá vérselas con la insistencia y el conocimiento de Talerico y Campagnoli. Talerico fue subdirectora de la UIF, la Unidad de Investigaciones Financieras que previene el lavado de dinero, y Campagnoli es una amiga cercana de Carrió.
La jueza Preska había dispuesto una indemnización de 16.000 millones de dólares al fondo de inversión Burford porque este le compró a los Esquenazi el derecho a litigar en los tribunales norteamericanos luego de la pésima estatización de YPF que hicieron Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Ellos convirtieron en víctimas a los culpables. El populismo es caro. Pero una definitiva Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó luego la decisión de la jueza Preska y salvó a la Argentina de otra monumental deuda por la mala praxis del kirchnerismo.
El nuevo procurador del Tesoro con Milei, que ya es el propio Amerio, exviceministro de Justicia, continuó con la estrategia de Saravia Frías. La continuidad es un buen remedio, cuando el remedio es bueno. En un artículo reciente, Saravia Frías reflexionó de esta manera: “Podemos declarar con leyes que no vamos a emitir más de la cuenta, pero si quienes las juzgan (los jueces) no son independientes o los mejores, pues nos estamos engañando al solitario”. Están engañando: algunos jueces son los que tiran abajo la institución judicial en nombre de meras ambiciones personales.
mega mansión de Pilar,Verónica Straccia,sembró testigos falsos,escándalo,Joaquín Morales Solá,Javier Milei,Marcelo Martínez de Giorgi,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,Javier Milei,,Reformas. Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto de «shutdown» al estilo norteamericano,,Nuevo máximo. Las reservas brutas del Banco Central alcanzaron su mayor nivel en casi nueve años,,Como en Paraguay. Un gremio le pide a Milei que declare «asueto» por el triunfo de Argentina
POLITICA
En lo que va de la gestión Milei, se invirtieron USD 445 millones en insumos para armamentos, equipos militares y de seguridad
Pese al ajuste en múltiples dependencias del Estado, el área de Defensa y Seguridad no fueron alcanzados por la motosierra. Javier Milei decidió bajo su gestión reequipar y modernizar las Fuerzas Armadas, reconstruir la deteriorada operatividad militar y, a la vez, consolidar alianzas geopolíticas.
Desde que asumió, el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) inició la mayor renovación militar en décadas, con la adquisición de cazas supersónicos F-16, blindados de combate Stryker, helicópteros, camiones Unimog y aviones de patrulla para la Aviación Naval.
Desde la Casa Rosada justificaron estas adquisiciones en la intención de reposicionar a la Argentina en el plano internacional, y como parte del realineamiento del Presidente hacia Occidente.
“La Argentina necesita Fuerzas Armadas con más capacidades, preparación y medios para defender su soberanía y sus intereses estratégicos”, posteó el viernes el ministro de Defensa, Carlos Presti, al destacar en un video la incorporación de los aviones F-16 como parte como parte del “proceso de modernización que mira hacia el futuro y acompaña el crecimiento” del país.
Con Milei en el poder, también aumentaron las compras para el área de Seguridad, con la adquisición de pistolas de calibre 9mm y semiautomáticas, escopetas y chalecos antibalas, entre otros insumos para las fuerzas federales bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva.
Desde que asumió y hasta agosto pasado, el Ejecutivo gastó en armamentos, equipos militares y de seguridad USD 445.026.954 millones, según calculó la Unidad de Datos a partir de analizar los datos on line del Sistema de Contrataciones Electrónicas, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. La base recoge la información del sitio oficial de contrataciones Comprar.gob.ar, a la que Infobae sumó los acuerdos firmados con otros países para la compra de equipamiento pesado, de combate y aviones.
La cifra sumariza tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos al valor promedio de la divisa para cada año. La misma metodología se usó en todos los cálculos de este informe, para unificar y actualizar los montos.
Los insumos para armamentos incluyen desde municiones y cartuchos, hasta explosivos y pirotecnia para supervivencia. En tanto, los equipos militares y de seguridad comprenden pistolas, fusiles, chalecos antibalas, escudos antidisturbios y aeronaves.
Según el análisis por año, el gasto total en esos conceptos en 2024 fue de USD 357,8 millones; de USD 59,4 millones en 2025; y de USD 27,8 millones en los primeros siete meses de 2026.
Estos montos incluyen tanto las compras en dólares como las que se hicieron en pesos, convertidos a dólar por la Unidad de Datos de Infobae al valor promedio para cada año. En el análisis no se tuvieron en cuenta las adquisiciones de otros ítems como textiles, herramientas, fármacos, informática, ferretería, entre otros, o servicios de mantenimientos.
Las compras para Defensa
Específicamente para las Fuerzas Armadas, las compras de insumos para armamento y equipos militares y de seguridad ascendieron a USD 381.358.597 desde diciembre de 2023 a agosto pasado. Esta cifra no incluye sueldos de los militares, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas, ni erogaciones administrativas, o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La adquisición más cara fue la de los 24 aviones de combate F-16 (16 monoplazas y 8 biplazas) en 2024. Según la decisión administrativa del Ministerio de Defensa de abril de ese año, se acordó pagar USD 301,2 millones en cinco cuotas anuales.
Fue una adquisición a Dinamarca que concretó el ex ministro Luis Petri en abril de ese año, quien incluso viajó a ese país para cerrar el acuerdo. Son aviones caza de combate supersónico compacto y multifunción destinados a la Fuerza Aérea que, según los especialistas, podrían recuperar la capacidad perdida en 2015 con el retiro de los Mirage, aunque señalan limitaciones para Malvinas.
La llegada de los primeros 6 aviones F-16 tuvo lugar el 5 de diciembre de 2025. El propio Milei, junto a autoridades de las Fuerzas Armadas, presidió el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. “Después de una ansiosa espera, tengo finalmente detrás mío los primeros seis aviones de combate F-16. Con esta importante inversión en armamento militar, vamos a robustecer sustancialmente nuestra Fuerza Aérea”, afirmó el mandatario durante el acto.
La segunda tanda de 6 llegó en septiembre pasado y la Fuerza Aérea Argentina estima que podría adelantarse la recepción de los 12 restantes antes de diciembre de 2027.
No fue la única compra importante de equipos militares. Este año, el Gobierno firmó una carta de oferta y aceptación con Estados Unidos para adquirir 8 vehículos blindados a rueda Stryker 8×8 por USD 20 millones destinados a modernizar la flota del Ejército, en medio de las conversaciones para tratar de ingresar a la OTAN.
El acuerdo fue formalizado en el Pentágono por Petri, con el objetivo de “estandarizar y profundizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses”. Los primeros vehículos llegaron desde Estados Unidos al país el 25 de noviembre de 2025 y fueron descargados en el puerto bonaerense de Zárate.
“Constituyen un sistema probado en múltiples escenarios y su llegada representa un salto cualitativo en materia de movilidad táctica, protección blindada y despliegue en diversos entornos operacionales”, los promocionó el Ministerio de Defensa en un comunicado al destacar el uso de estos vehículos de guerra.
La carta de intención firmada por Presti contempla la incorporación de más unidades a futuro, hasta un total de 235, para el transporte de infantería, comando, evacuación médica y apoyo de fuego.
Otra de las incorporaciones durante este Gobierno fue la de 4 aviones Lockheed Martin P-3 Orion de patrulla marítima de largo alcance para la Armada P-3 Orion para el control del espacio marítimo y la zona económica exclusiva argentina en el Atlántico. La adquisición a Noruega fue gestionada en octubre de 2023 por USD 60 millones.
El primero de los P-3 Orion llegó el 2 de septiembre de 2024 a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Chubut, para prestar servicios en la Escuadrilla de Exploración de la Fuerza Aeronaval N°3 con base en Trelew. En diciembre de ese año, se aprobó una adenda para su mantenimiento y servicio técnico por otros USD 2,4 millones.
El segundo P-3 Orion arribó en noviembre del año pasado, y el tercero en marzo último. Estos tres son aviones cuatrimotores P-3C para exploración y vigilancia marítima, en tanto, el cuarto, un P-3N, está especializado en tareas de búsqueda y rescate. Su arribo está previsto para el segundo semestre de 2026.
Además, se incorporaron 6 helicópteros nuevos Bell 407GXi para operaciones del Ejército y la Fuerza Aérea. Fueron comprados a Canada a través de un contrato de gobierno a gobierno firmado en 2022, con Jorge Taiana como ministro de Defensa, entre la empresa Bell Textron y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con financiamiento de la Canadian Commercial Corporation (CCC) por un total de USD 32,4 millones.
El primero de esos Bell 407GXi llegó en octubre de 2023 y se destinó para la IV Brigada de la Fuerza Aérea, ubicada en la provincia de Mendoza. Otros dos llegaron en marzo de 2025 y fueron para el Ejército. En diciembre de ese mismo año llegaron otros dos más, también para la Fuerza Aérea. El último arribó a nuestro país en septiembre pasado, para uso del Ejército.
La modernización terrestre se completó con la compra de 48 camiones nuevos Unimog U4000, por USD 8,16 millones. Fueron provistos por Mercedes-Benz Camiones y Buses Argentina para el área logística del Ejército, luego de una licitación donde ese evaluaron distintos modelos de procedencia internacional. La eleción de los Unimog se basó en su capacidad de operar en terrenos extremos de montaña, barro, nieve, ríos o zonas rocosas.
El gasto para el área de Seguridad
En cuanto al área de Seguridad, bajo la conducción primero de Patricia Bullrich y luego de la actual ministra Monteoliva, el gasto en armamento, insumos y equipos con ese destino, ascendió a USD 63.668.358 en los 2 años y 8 meses del gobierno libertario analizados. Esta cifra incluye los valores expresados en dólares y los consignados en pesos, convertidos al tipo de cambio promedio de cada año.
No se consideraron en el cálculo sueldos, ni gastos de funcionamiento de las fuerzas de seguridad, ni erogaciones administrativas o de mantenimiento de edificios o vehículos.
La compra más costosa en dólares en el área de Seguridad fue en 2024: 7.200 pistolas semi automáticas, 800 pistolas calibre 9mm, y 2.000 escopetas semiautomáticas por USD 8,3 millones en total.
En pesos, la adquisición más onerosa también fue en 2024 cuando el Ministerio de Seguridad adquirió 19.700 chalecos antibalas por $14.763 millones, 810 escudos antidisturbios por $201 millones, y 3,3 millones de municiones por $4.286 millones.
Comparación con gobierno anteriores
El gasto total en armamento y equipos militares y de seguridad en los dos años y ocho meses del gobierno de Milei supera al gasto total en este rubro durante la gestión de Alberto Fernández, y a lo erogado en el mandato de Mauricio Macri, aún considerando que el libertario no cumplió su tercer año mandato.
Según calculó Infobae, en el gobierno de Fernández, la cifra ascendió a USD 428,7 millones, incluyendo las compras en pesos convertidas al valor dólar promedio de cada año de su mandato. Esta cifra incluye USD 76,6 millones por la provisión de aviones IA-63 Pampa III a la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FADEA), destinados a la Fuerza Aérea, en una contratación directa interadministrativa de mayo de 2021.
En el gobierno de Macri, la cifra total fue muy inferior: USD 72 millones. Su compra más costosa fueron, en abril de 2019, 3 aviones Pampa III por $901,7 millones, equivalentes a USD 18,1 millones, tomando el valor promedio del dólar de ese año.
Visualizaciones: Daniela Czibener
Chequeo de datos: Desiré Santander
La influencer Candela Arizaga volvió el domingo al país pero, a pesar de estar citada por la Justicia para este lunes, no se presentará ante la Violencia de Violencia Doméstica (OVD) para una nueva pericia, en el marco de la causa contra su pareja, Facundo Moyano, por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Así lo confirmó a TN su abogado, Roberto Herrera, que también adelantó que durante la semana presentará un escrito para que se levante la restricción contra Moyano.
La defensa de Arizaga presentó ante la fiscalía el informe psicológico elaborado por su profesional tratante y pidió que se reconsidere la necesidad la convocatoria y se deje sin efecto la entrevista dispuesta
El argumento principal apunta a que Arizaga ya prestó declaración con anterioridad y que su versión y su voluntad respecto de los hechos constan en el expediente.
La citación había sido dispuesta para profundizar distintos aspectos de la investigación y determinar si Arizaga pudo haber sido objeto de algún tipo de presión. La convocatoria se produjo después de que trascendiera un encuentro de la pareja en Madrid.
El caso se tramita por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Sobre Moyano rige una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto en el país.
Arizaga, según la defensa, no impulsó la acción penal y expresó su intención de que esa medida sea revisada. La fiscalía a cargo de la investigación deberá analizar ahora el pedido presentado y resolver si mantiene la entrevista prevista o si accede a dejarla sin efecto.
Facundo Moyano y Candela Arizaga contaron qué hicieron en Madrid
Facundo Moyano y Candela Arizaga se mostraron juntos en España. Antes de que se confirmara oficialmente la reconciliación entre ellos, el exdiputado había tenido una comunicación con Moria Casán en la que le contó detalles sobre los días que pasa junto a la modelo.
Según relató la conductora en La mañana con Moria (eltrece), la pareja aprovechó su estadía en la capital española para recorrer la ciudad y hacer compras.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
Además, Moyano le había enviado a la diva una foto que se tomaron juntos en un bar de Madrid para que ella la difundiera. “Moria, empezamos a ver tu serie”, le comentó el dirigente a la presentadora.
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.
La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no incluye a organismos y excluye, además, a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior y otros sectores específicos.
ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.
Qué requisitos deben cumplir los empleados
Los principales requisitos y condiciones son los siguientes:
- Pertenecer a la planta permanente o tener un contrato laboral por tiempo indeterminado: el régimen está dirigido a empleados alcanzados por la Ley 25.164 y a quienes mantengan un vínculo por tiempo indeterminado en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. No incluye a contratados transitorios ni a personal vinculado bajo contratos del artículo 9 de la Ley Marco.
- Trabajar en la administración pública nacional centralizada: la medida se aplica a las jurisdicciones incluidas en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 24.156. Esto deja fuera a organismos descentralizados, entre ellos ANSES, que cuenta con una estructura jurídica propia.
- Grupo 1: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no tengan aportes suficientes para jubilarse. Podrán elegir entre una gratificación única o el cobro del 60 % del salario bruto mensual por hasta 36 meses.
- Grupo 2: mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64, con al menos 30 años de aportes. Recibirán un salario por cada año de antigüedad, con los topes del decreto, más cinco remuneraciones adicionales.
- Grupo 3: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Cobrarán un salario por cada año de antigüedad, hasta 20 remuneraciones, más un adicional de cuatro o cinco salarios según acumulen menos de 15 años de servicio o 15 años o más.
- No tener procesos penales o sumarios administrativos graves pendientes: no podrán ingresar quienes estén procesados por delitos contra la administración pública, salvo que obtengan una absolución firme antes del cierre de la inscripción. La prohibición también alcanza a agentes sometidos a sumarios que puedan derivar en cesantía, exoneración o un perjuicio fiscal.
- Desistir de reclamos laborales contra el Estado, si los hubiera: los empleados con demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados con su relación laboral deberán desistir formalmente de esas acciones para poder adherirse.
- No estar en disponibilidad ni haber presentado una renuncia pendiente de aceptación: tampoco podrán incorporarse quienes se encuentren en el cuarto año de licencia por afecciones o lesiones de largo tratamiento.
La adhesión implica el cese de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario. Quienes ingresen al régimen no podrán volver al Sector Público Nacional durante ocho años.
Las autoridades de cada jurisdicción podrán rechazarla si la baja afecta la prestación de servicios. Tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para resolver; sin aceptación expresa, el pedido se considerará rechazado.
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