El canciller Pablo Quirno intervino este martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, para reclamar una reforma profunda del organismo multilateral, con la advertencia de que la ONU corre el riesgo de volverse “irrelevante” si no recupera foco en su mandato fundacional. Al mismo tiempo, respaldó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General.

La sesión, convocada por la República Popular China en el marco de su presidencia del Consejo de Seguridad durante mayo, reunió a más de cien delegaciones de Estados miembros bajo el tema “Defensa de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y fortalecimiento del sistema internacional centrado en la Organización».

El debate se produjo el mismo día en que el Secretario General, António Guterres, advirtió ante el propio Consejo que la carta fundacional del organismo “está en peligro” por la erosión del derecho internacional, las divisiones geopolíticas y una regresión deliberada de los derechos humanos a escala global.

Quirno planteó ante el pleno que la legitimidad de la ONU depende de su capacidad real para actuar. “Cuando esa capacidad se debilita, la Organización pierde autoridad, se distancia de las realidades que atraviesan los Estados y comienza a diluir la relevancia que le dio sentido a su creación”, afirmó el canciller argentino.

Frente a ese diagnóstico, propuso avanzar hacia un multilateralismo que respete la soberanía estatal, administre sus recursos con responsabilidad, rinda cuentas y concentre su energía en mandatos concretos. “La retórica sin impacto erosiona la confianza e imposibilita la conducción”, señaló.

El funcionario articuló la posición argentina en torno a cuatro principios que el presidente Javier Milei expuso ante la Asamblea General en 2025:

• El mandato esencial de preservar la paz como eje ordenador de las prioridades del organismo.
• La subsidiariedad internacional, que reserva la acción de la ONU para problemas que exceden la capacidad de los Estados.
• La diligencia institucional, que exige evaluar toda estructura y programa por su utilidad real.
• La simplificación normativa, orientada a facilitar la libertad, el comercio y la prosperidad de las naciones.

Quirno vinculó estos principios con la Iniciativa ONU80 y reclamó una revisión de mandatos superpuestos, estructuras redundantes y agendas desconectadas de la realidad. “Las instituciones no se reforman por inercia. Se transforman cuando los Estados tienen la voluntad de expresar con claridad lo que durante demasiado tiempo se ha evitado decir”, sostuvo Quirno ante el Consejo.

El canciller también respaldó una reforma del CS orientada a ampliar la membresía no permanente y mejorar su capacidad de reacción, en línea con el llamado de Guterres, quien señaló que “un Consejo de Seguridad que no refleje las realidades geopolíticas del mundo actual no puede cumplir plenamente con sus responsabilidades”.

Sobre la candidatura de Grossi, Quirno fue explícito: la elección del próximo titular debe guiarse por el mérito, la experiencia, la independencia y la capacidad comprobada de gestión. “La Organización necesita un liderazgo con autoridad técnica, solvencia política y vocación de resultados, capaz de devolverle alma y predicamento a una estructura que debe reencontrarse con la memoria de su relevancia”, afirmó. Grossi dirige actualmente el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su candidatura fue presentada formalmente por Argentina.

Para anclar la postura argentina en una tradición diplomática propia, Quirno citó a Carlos Saavedra Lamas, canciller entre 1932 y 1938 y primer latinoamericano en recibir el Premio Nobel de la Paz, quien ante un escenario de tensiones globales sostuvo la necesidad de que las naciones libres se mantuvieran unidas para defender los principios de convivencia internacional. “La estabilidad no se preserva con inercia, sino con liderazgo y claridad moral”, recordó Quirno al retomar esa herencia.

La jornada en Nueva York incluyó una agenda bilateral extensa. Antes del debate, Quirno se reunió con el viceprimer ministro y canciller de República Checa, Petr Macinka. Tras la sesión, tenía actividad programada con el canciller de Indonesia, Sugiono; la canciller de Liberia, Sara Beysolow Nyanti; el canciller de Bahréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani; y el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. Y un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien presidió el debate abierto en representación del Consejo de Seguridad.

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El Gobierno no planea realizar el desfile militar del 9 de Julio por el ajuste en Defensa y, por ahora, no tiene previsto ordenar un despliegue de las Fuerzas Armadas para la fecha patria. Fuentes oficiales aseguran que no hubo ninguna indicación para preparar el operativo y en el sector castrense sostienen que no están dadas las condiciones presupuestarias ni de clima interno para repetir una movilización de ese tipo.

“Entendemos que no va a haber desfile por el recorte presupuestario”, expresan en las Fuerzas Armadas. En la Casa Rosada evitan una definición pública cerrada, pero admiten que el evento no figura en la agenda operativa. La lectura interna es que organizar una movilización nacional de tropas, vehículos, aviones, seguridad, combustible, viáticos y logística se complica en medio del ajuste sobre el área de Defensa y del malestar salarial en los cuarteles.

El antecedente inmediato refuerza esa línea. El año pasado tampoco se realizó el desfile militar por el Día de la Independencia. En 2025, el Gobierno había descartado repetir el despliegue por falta de fondos y porque no había dado instrucciones a las fuerzas para poner en marcha los preparativos. Este año, según fuentes oficiales, el escenario se mantiene: no hay orden para alistar unidades ni para activar la organización del operativo.

El último desfile militar fue el de 2024, cuando Javier Milei y Victoria Villarruel participaron de la puesta sobre la avenida Del Libertador. Ese despliegue incluyó cerca de 9900 efectivos, veteranos de Malvinas, aviones, helicópteros, tanques, vehículos de combate y unidades de distintas provincias. El costo informado entonces superó los $720 millones, por gastos de traslado, combustible, alimentación, viáticos, seguridad, limpieza y apoyo logístico.

Actualizado por inflación, ese gasto sería hoy sensiblemente mayor. En sectores de Defensa sostienen que una erogación de esa magnitud chocaría con el estado actual de las partidas militares y con el clima interno de las fuerzas. El Gobierno mantiene tensiones por reclamos salariales, el funcionamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la falta de una equiparación plena con las fuerzas de seguridad.

La discusión presupuestaria se agravó tras la última reestructuración de partidas. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso una reducción general de créditos en distintas áreas del Estado y, dentro de ese esquema, las Fuerzas Armadas recibieron un recorte estimado en $59.600 millones. Según el desagregado que circula en el área militar, el ajuste alcanza unos $12.600 millones en el Ejército, $27.040 millones en la Armada, $16.500 millones en la Fuerza Aérea y $3762 millones en el Estado Mayor Conjunto.

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La Armada aparece como la fuerza más afectada por la poda. En las planillas presupuestarias, los recortes impactan sobre componentes de alistamiento operacional, entre ellos el proyecto de helicópteros navales livianos, servicios de mantenimiento y partidas vinculadas a sanidad naval. En la Fuerza Aérea, el ajuste recae sobre equipamiento militar y de seguridad y sobre gastos de mantenimiento. En el Ejército, la reducción se distribuye entre maquinaria, transporte y equipos militares.

El Estado Mayor Conjunto también sufrió una reducción en partidas de planeamiento militar y en la campaña de sostén logístico antártico, especialmente en productos químicos, combustibles y lubricantes. A eso se suma el recorte de créditos vinculados al Fondo Nacional de la Defensa y a servicios de Hidrografía. En el Gobierno relativizan el impacto y sostienen que las bajas fueron distribuidas para no paralizar proyectos, pero en las fuerzas advierten que el margen de maniobra se achicó.

Ese contexto explica la cautela con el desfile. Para realizarlo, Defensa debería coordinar el traslado de tropas desde distintas unidades del país, movilizar vehículos pesados, prever aeronaves, organizar alojamiento, alimentación, seguridad y cortes de tránsito, además de pagar viáticos. En el sector militar remarcan que el evento tiene impacto simbólico, pero también un costo operativo alto para una estructura que viene de recibir recortes y que todavía enfrenta reclamos internos.

La Casa Rosada, en cambio, busca sostener una agenda militar más selectiva. El Ejecutivo espera la llegada de la segunda tanda de aviones F-16 entre fines de este año y principios del próximo, como parte del cronograma plurianual de incorporación de las 24 aeronaves compradas a Dinamarca. En informes al Congreso, Defensa sostuvo que los aviones ingresarán por etapas hacia el final de cada año y que el proceso terminará en 2028.

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El Gobierno presenta la adquisición de los F-16 como el eje principal de “modernización de la Fuerza Aérea” y como una recuperación de la capacidad supersónica que la Argentina perdió tras la salida del sistema Mirage. Según Defensa, el acuerdo no contiene restricciones de despliegue geográfico ni limitaciones de uso del armamento AMRAAM, y existen previsiones presupuestarias plurianuales para el sostenimiento de la flota y la disponibilidad operativa.

La agenda presidencial también pesa en la definición del 9 de Julio. En Nación sostienen que lo más probable es que Milei viaje con parte del Gabinete a Tucumán para las actividades por el Día de la Independencia. Antes, el Presidente estará en Washington para participar de la celebración del 4 de julio por la Independencia de EE.UU., en una visita que se inscribe en el alineamiento político con la administración de Donald Trump.

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