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La Cámara de Diputados comenzará a definir este mes los dictámenes de los proyectos que fueron emplazados por 249 legisladores en la última sesión de la semana pasada. Se trata de iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la extensión de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

Aunque la agenda fue impulsada por sectores de la oposición, incluidos bloques aliados a la Casa Rosada, el oficialismo se mostró conforme con la resolución aprobada por unanimidad. Considera que los proyectos sobre desendeudamiento familiar no tendrían impacto fiscal en las medidas que finalmente se adopten.

Por ese motivo, las iniciativas no fueron giradas a la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch. Se trata de un punto central para evitar, en principio, un eventual veto del Poder Ejecutivo. En el oficialismo entienden que, si no se afecta el equilibrio fiscal, las propuestas podrían ser acompañadas, aunque ya anticiparon que presentarán dictámenes propios.

Los emplazamientos aprobados por la Cámara fijaron las fechas para el tratamiento y la firma de los despachos. En ese marco, la Emergencia en Discapacidad será debatida en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Las reuniones fueron convocadas para el 16 de septiembre a las 12 y para el 23 de septiembre, fecha prevista para la firma de los dictámenes.

Se analizará un único expediente: el proyecto que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (PU), Yolanda Vega (AF), María Inés Zigarán (PU), Victoria Tolosa Paz (UxP), Yamila Ruiz (AF), Nicolás Massot (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).

Por su parte, las iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar tendrán un cronograma que contempla reuniones los días 15, 22 y 29 de septiembre a las 14. La firma de los dictámenes está prevista para la última jornada. El diputado fueguino de La Libertad Avanza Santiago Pauli adelantó a TN que el próximo 15 de septiembre participarán invitados especiales.

La postura del oficialismo

La Libertad Avanza sabía antes de la sesión del miércoles pasado que la oposición había construido mayorías para avanzar con estos temas. Frente a ese escenario, el oficialismo resolvió elaborar dictámenes propios.

Sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, los libertarios consideran que los objetivos de la declaración ya fueron cumplidos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada Silvana Giudici.

Sin embargo, reconocen que aún quedan cuestiones pendientes. Según explican, esos temas serán abordados en las próximas semanas y en el proyecto de Presupuesto 2027, mediante un cronograma destinado a completar el pago de compensaciones a prestadores de salud y garantizar las partidas presupuestarias para el próximo año.

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Esa posición coincide con el reclamo planteado por sectores aliados del PRO y de la UCR, encabezados por Cristian Ritondo y Pamela Verasay, junto con las diputadas Karina Maureira y Karina Banfi, y el legislador Javier Sánchez Wrba.

En relación con el endeudamiento familiar, el oficialismo observa con atención las medidas adoptadas por el Banco Central respecto del Costo Financiero Total (CFT), indicador que refleja el costo total de un crédito y que suele aparecer en la información de los préstamos con escasa visibilidad para los usuarios.

Ante la Mesa Política de la Casa Rosada, de la que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora libertaria Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema de información transparente y explícita antes de contratar un crédito. El objetivo es que los usuarios conozcan con claridad el costo real de la deuda.

La iniciativa involucraría al Banco Central, a las entidades bancarias y a las empresas fintech en los procesos de refinanciación y revisión del CFT.

A partir de esa propuesta, el oficialismo elaboraría un dictamen alternativo que presentará el 29 de septiembre, cuando se firmen los despachos de los distintos bloques. De esta manera, La Libertad Avanza pasó de no involucrarse en el tema a buscar alternativas de solución.

Diferencias entre medio centenar de proyectos

Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli (La Libertad Avanza) y Hugo Yasky (Unión por la Patria), reúnen cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad familiar.

Pauli ya lleva dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un cronograma similar al que finalmente aprobó la Cámara. Sin embargo, ahora son los bloques opositores los que buscan acercar posiciones para unificar propuestas.

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Entre los proyectos que aparecen mejor posicionados figuran los presentados por el radical Pablo Juliano y por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Otras iniciativas con impacto fiscal tendrían menos posibilidades de avanzar, ya que la Comisión de Presupuesto y Hacienda no fue convocada para integrar el plenario.

Juliano propuso la creación de un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. El proyecto promueve el acceso al crédito responsable, la prevención del sobreendeudamiento, la transparencia en las condiciones de contratación, la responsabilidad social en el otorgamiento del crédito y la inclusión financiera con enfoque de derechos.

La iniciativa también busca garantizar la tutela efectiva de las personas frente a prácticas abusivas, mecanismos de endeudamiento predatorio y sistemas automatizados que puedan afectar sus derechos dentro del sistema financiero y digital.

Al fundamentar la propuesta, Juliano sostuvo que: “La expansión de plataformas digitales, billeteras virtuales, aplicaciones móviles, sistemas automatizados de otorgamiento de crédito y proveedores no financieros de financiamiento modificó radicalmente las formas de acceso al consumo, al crédito y a los servicios financieros en general. Procesos que anteriormente requerían evaluación presencial, análisis documental y tiempos relativamente prolongados hoy pueden concretarse en cuestión de segundos mediante decisiones automatizadas, interfaces digitales y mecanismos de aprobación inmediata”.

Por su parte, Mónica Frade centró su proyecto en el uso responsable de las tarjetas de crédito. La iniciativa establece la obligación para todas las entidades emisoras de ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto autocontrolados, con el objetivo de promover la responsabilidad financiera y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.

La propuesta define como “tarjeta autocontrolada” a aquella que permite al titular establecer voluntariamente límites de consumo mensual inferiores a los autorizados por la entidad emisora.

La diputada argumentó que: “El crédito constituye una herramienta valiosa para el desarrollo económico y para la inclusión financiera de amplios sectores de la población. No obstante, su utilización puede generar situaciones de vulnerabilidad cuando los compromisos asumidos superan la capacidad real de pago de los usuarios. En este contexto, las políticas públicas orientadas a promover un uso responsable del crédito adquieren especial relevancia”.

Diputados, endeudamiento, Discapacidad

El Gobierno sumará al Presupuesto 2027 una serie de obras reclamadas por gobernadores aliados y dialoguistas como parte de la estrategia para acercar posiciones antes de la negociación en el Congreso. La lista incluye proyectos viales, acueductos, plantas potabilizadoras y sistemas de saneamiento que las provincias vienen planteando en sus conversaciones con la Nación.

En la Casa Rosada aseguran que las obras que fueron elevadas durante las últimas rondas de conversaciones quedaron incorporadas al proyecto presupuestario. La definición alcanza a pedidos de Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán, Chaco, Chubut, Corrientes, Salta y Jujuy, entre otras jurisdicciones.

El proyecto será enviado formalmente al Congreso el lunes y tomará estado parlamentario el martes 15 de septiembre, según anticipan en el Ejecutivo. El Gobierno todavía no definió una presentación especial y, en principio, no prevé que Javier Milei vaya al recinto para exponer los lineamientos de la iniciativa.

Uno de los casos más avanzados es Entre Ríos. En Nación confirman que estarán contemplados proyectos de agua potable para Concordia, la ampliación del sistema de Diamante y obras cloacales en Villaguay. Las conversaciones incluyeron contactos del gobernador con Diego Santilli y Luis Caputo.

Mendoza también tendrá obras incorporadas. Entre los proyectos aparecen la continuidad de trabajos sobre la Ruta Nacional 40, los puentes sobre el río Mendoza en la zona de Anchoris y la conexión vial hacia San Juan. Algunas de esas intervenciones ya cuentan con presupuesto durante 2026, por lo que su inclusión en el nuevo proyecto permitirá garantizar continuidad durante el próximo ejercicio.

El gobierno de Alfredo Cornejo confirmó públicamente esta semana avances concretos con Nación. El ministro provincial Natalio Mema anunció el reinicio de trabajos en la RN40, los puentes de Anchoris y el tramo entre el aeropuerto y Lavalle después de reuniones con áreas de Interior, Infraestructura, Transporte y Coordinación Fiscal Provincial.

En el Ejecutivo también ubican dentro de la planificación la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras de Albigasta, que involucra a Catamarca y Santiago del Estero; el Acueducto de Vipos, en Tucumán; y el Segundo Acueducto del Interior, en Chaco.

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La nómina incluye además la presa Nacimiento del Río Senguer y un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Comodoro Rivadavia, en Chubut; la Planta Depuradora Sur de Salta; y la Ciudad Judicial de Orán. En Corrientes figuran proyectos vinculados con los puentes Alvear-Itaquí y Monte Caseros-Bella Unión, además de ampliaciones de la red de gas.

También aparecen intervenciones sobre corredores nacionales, entre ellas la RN89 entre General Pinedo y Quimilí, y trabajos sobre las rutas nacionales 34 y 50 en el norte del país. El detalle final de las partidas, los montos y el ritmo de ejecución quedará expuesto en las planillas anexas del proyecto presupuestario.

La confirmación nacional convive, sin embargo, con distintos grados de información en las provincias. Cercanos a gobiernos como los de Catamarca y Tucumán evitaron dar por cerrados acuerdos específicos durante las últimas horas, mientras que en Santa Fe aseguran que todavía no mantuvieron una negociación puntual por el Presupuesto. En Córdoba tampoco confirmaron hasta ahora la incorporación de los pedidos provinciales.

Esa diferencia responde en parte al mecanismo de negociación. La inclusión de una obra en el Presupuesto no implica necesariamente que todas comiencen en 2027 ni que Nación financie íntegramente su ejecución. En algunos casos se trata de garantizar la continuidad de contratos existentes; en otros, de habilitar partidas o dejar abierta la posibilidad de avanzar mediante convenios posteriores.

La discusión se cruza además con el nuevo esquema vial que impulsa el Ejecutivo. Vialidad Nacional ya acordó con distintas provincias la transferencia operativa o ejecución de trabajos sobre alrededor de 2000 kilómetros de rutas nacionales, con modelos en los que las jurisdicciones asumen el financiamiento y la Nación conserva la titularidad de los corredores.

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Mendoza, Santa Fe, San Juan, Río Negro, Catamarca y San Luis ya tienen convenios de distinto alcance. El Decreto 253/2026 habilitó además mecanismos de delegación en nueve provincias, mientras Nación analiza nuevos acuerdos con Corrientes, Córdoba, Neuquén y Santa Cruz. El Gobierno proyecta en paralelo nuevas licitaciones para recuperar y ampliar otros corredores.

En Balcarce 50 buscan que infraestructura, Presupuesto y acuerdos políticos con los gobernadores avancen en paralelo. La Casa Rosada necesita respaldos provinciales para sostener su agenda en Diputados y el Senado después de que legisladores vinculados con distintos mandatarios acompañaran los últimos emplazamientos opositores por morosidad y Discapacidad.

El Presupuesto 2027 será la próxima instancia de esa negociación. El Gobierno llegará al Congreso con parte de los reclamos de infraestructura incorporados y espera utilizar las próximas semanas para terminar de ordenar montos, convenios y apoyos. La apuesta es conceder avances concretos en obras sin abandonar el objetivo de equilibrio fiscal que Milei mantiene como condición central del proyecto.

Gobierno, Gobernadores, Presupuesto 2027