POLITICA
Endeudamiento familiar y Discapacidad: el oficialismo prepara iniciativas propias para el debate en Diputados

La Cámara de Diputados comenzará a definir este mes los dictámenes de los proyectos que fueron emplazados por 249 legisladores en la última sesión de la semana pasada. Se trata de iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar y la extensión de la Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
Aunque la agenda fue impulsada por sectores de la oposición, incluidos bloques aliados a la Casa Rosada, el oficialismo se mostró conforme con la resolución aprobada por unanimidad. Considera que los proyectos sobre desendeudamiento familiar no tendrían impacto fiscal en las medidas que finalmente se adopten.
Por ese motivo, las iniciativas no fueron giradas a la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch. Se trata de un punto central para evitar, en principio, un eventual veto del Poder Ejecutivo. En el oficialismo entienden que, si no se afecta el equilibrio fiscal, las propuestas podrían ser acompañadas, aunque ya anticiparon que presentarán dictámenes propios.
Los emplazamientos aprobados por la Cámara fijaron las fechas para el tratamiento y la firma de los despachos. En ese marco, la Emergencia en Discapacidad será debatida en un plenario de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Las reuniones fueron convocadas para el 16 de septiembre a las 12 y para el 23 de septiembre, fecha prevista para la firma de los dictámenes.
Se analizará un único expediente: el proyecto que propone prorrogar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa lleva las firmas de Juan Marino (Unión por la Patria), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Pablo Juliano (PU), Yolanda Vega (AF), María Inés Zigarán (PU), Victoria Tolosa Paz (UxP), Yamila Ruiz (AF), Nicolás Massot (EF), Maximiliano Ferraro (CC), Martín Lousteau (PU) y Jorge “Gato” Fernández (Primero San Luis).
Por su parte, las iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar tendrán un cronograma que contempla reuniones los días 15, 22 y 29 de septiembre a las 14. La firma de los dictámenes está prevista para la última jornada. El diputado fueguino de La Libertad Avanza Santiago Pauli adelantó a TN que el próximo 15 de septiembre participarán invitados especiales.
La postura del oficialismo
La Libertad Avanza sabía antes de la sesión del miércoles pasado que la oposición había construido mayorías para avanzar con estos temas. Frente a ese escenario, el oficialismo resolvió elaborar dictámenes propios.
Sobre la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, los libertarios consideran que los objetivos de la declaración ya fueron cumplidos. “La emergencia está cumplida”, sostuvo la diputada Silvana Giudici.
Sin embargo, reconocen que aún quedan cuestiones pendientes. Según explican, esos temas serán abordados en las próximas semanas y en el proyecto de Presupuesto 2027, mediante un cronograma destinado a completar el pago de compensaciones a prestadores de salud y garantizar las partidas presupuestarias para el próximo año.
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Esa posición coincide con el reclamo planteado por sectores aliados del PRO y de la UCR, encabezados por Cristian Ritondo y Pamela Verasay, junto con las diputadas Karina Maureira y Karina Banfi, y el legislador Javier Sánchez Wrba.
En relación con el endeudamiento familiar, el oficialismo observa con atención las medidas adoptadas por el Banco Central respecto del Costo Financiero Total (CFT), indicador que refleja el costo total de un crédito y que suele aparecer en la información de los préstamos con escasa visibilidad para los usuarios.
Ante la Mesa Política de la Casa Rosada, de la que participa el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora libertaria Patricia Bullrich presentó una propuesta para implementar un sistema de información transparente y explícita antes de contratar un crédito. El objetivo es que los usuarios conozcan con claridad el costo real de la deuda.
La iniciativa involucraría al Banco Central, a las entidades bancarias y a las empresas fintech en los procesos de refinanciación y revisión del CFT.
A partir de esa propuesta, el oficialismo elaboraría un dictamen alternativo que presentará el 29 de septiembre, cuando se firmen los despachos de los distintos bloques. De esta manera, La Libertad Avanza pasó de no involucrarse en el tema a buscar alternativas de solución.
Diferencias entre medio centenar de proyectos
Las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, presididas por Santiago Pauli (La Libertad Avanza) y Hugo Yasky (Unión por la Patria), reúnen cerca de 50 iniciativas vinculadas con la morosidad familiar.
Pauli ya lleva dos semanas realizando reuniones con invitados y trabajando sobre un cronograma similar al que finalmente aprobó la Cámara. Sin embargo, ahora son los bloques opositores los que buscan acercar posiciones para unificar propuestas.
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Entre los proyectos que aparecen mejor posicionados figuran los presentados por el radical Pablo Juliano y por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Otras iniciativas con impacto fiscal tendrían menos posibilidades de avanzar, ya que la Comisión de Presupuesto y Hacienda no fue convocada para integrar el plenario.
Juliano propuso la creación de un Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito. El proyecto promueve el acceso al crédito responsable, la prevención del sobreendeudamiento, la transparencia en las condiciones de contratación, la responsabilidad social en el otorgamiento del crédito y la inclusión financiera con enfoque de derechos.
La iniciativa también busca garantizar la tutela efectiva de las personas frente a prácticas abusivas, mecanismos de endeudamiento predatorio y sistemas automatizados que puedan afectar sus derechos dentro del sistema financiero y digital.
Al fundamentar la propuesta, Juliano sostuvo que: “La expansión de plataformas digitales, billeteras virtuales, aplicaciones móviles, sistemas automatizados de otorgamiento de crédito y proveedores no financieros de financiamiento modificó radicalmente las formas de acceso al consumo, al crédito y a los servicios financieros en general. Procesos que anteriormente requerían evaluación presencial, análisis documental y tiempos relativamente prolongados hoy pueden concretarse en cuestión de segundos mediante decisiones automatizadas, interfaces digitales y mecanismos de aprobación inmediata”.
Por su parte, Mónica Frade centró su proyecto en el uso responsable de las tarjetas de crédito. La iniciativa establece la obligación para todas las entidades emisoras de ofrecer a sus clientes la posibilidad de fijar límites de gasto autocontrolados, con el objetivo de promover la responsabilidad financiera y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
La propuesta define como “tarjeta autocontrolada” a aquella que permite al titular establecer voluntariamente límites de consumo mensual inferiores a los autorizados por la entidad emisora.
La diputada argumentó que: “El crédito constituye una herramienta valiosa para el desarrollo económico y para la inclusión financiera de amplios sectores de la población. No obstante, su utilización puede generar situaciones de vulnerabilidad cuando los compromisos asumidos superan la capacidad real de pago de los usuarios. En este contexto, las políticas públicas orientadas a promover un uso responsable del crédito adquieren especial relevancia”.
Diputados, endeudamiento, Discapacidad
POLITICA
La UBA no impedirá el homenaje a Santucho, pero la nueva conducción de Sociales podría “revisarlo” en marzo próximo

La conducción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) no impedirá el inédito y polémico homenaje al máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, previsto para el próximo 10 de diciembre, en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios.
Altas fuentes del rectorado de la UBA, que encabezan Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector), afirmaron a que en principio respetarán la “libertad de cátedra” y no pondrán trabas a la realización del homenaje a Santucho, impulsado por el denominado Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología de la Facultad de Sociales, que encabeza la decana Ana Arias, dirigente vinculada al peronismo porteño.
“No nos vamos a meter, el que organiza el acto es un grupo marginal avalado por una decana que ya perdió la conducción de la Facultad y que se va en marzo”, afirmaron desde la actual minoría reformista (UCR y otros partidos) del consejo directivo de Sociales, que se opuso a la realización del evento y que en las próximas horas presentará ante el rectorado de la UBA una nota de repudio a la realización del homenaje a Santucho, que será tratado este miércoles en el Consejo Superior de la universidad estatal.
El homenaje, a realizarse en la renovada sede que la Facultad de Sociales tiene en el barrio porteño de Constitución, incluye la inauguración de una escultura en homenaje al jefe guerrillero, abatido por fuerzas de seguridad en 1976, y palabras a cargo de su hijo Mario Santucho.
El pasado 14 de agosto, el Consejo Directivo votó a Diego de Charras y Julián Rebón, del sector reformista, para conducir la Facultad de Sociales, como decano y vicedecano respectivamente, con mandato entre marzo próximo y 2031. “A la conducción de Arias les quedan estas actividades para hacer, no queremos subirles el precio”, afirmaron desde la conducción de la UBA, de mayoría radical. Y no descartan que la nueva conducción de Sociales “revise” la distinción al líder de la guerrilla guevarista a partir de marzo.
El 11 de diciembre, un día después del proyectado homenaje a Santucho, Yacobitti (ex diputado y dirigente de la UCR) asumirá como nuevo rector de la UBA, en plena guerra de las autoridades de la universidad y la comunidad educativa con el Gobierno por el financiamiento para las casas de estudio públicas.
El Consejo Directivo actual, que integran profesores, graduados y alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, había destacado en la resolución que avaló el homenaje “el recorrido de Mario Roberto Santucho como actor político de nuestro país y nuestra región latinoamericana”. Omitió mencionar la participación del jefe del PRT-ERP en la planificación y ejecución de distintos atentados y actos guerrilleros durante la cruenta década del 70, como el secuestro y asesinato del empresario de Fiat, Oberdán Sallustro (marzo de 1972); el violento asalto al Comando de Sanidad del Ejército (septiembre de 1973); el ataque a la guarnición militar de Azul (enero de 1974) y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo (diciembre de 1975), además de despliegue de la Compañía de Monte Ramón Jiménez, que intentó promover un foco guerrillero rural en la provincia de Tucumán en 1974 y 1975, durante el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, continuado luego de la muerte del líder por María Estela Martínez de Perón.
Una vez conocida la convocatoria, distintas organizaciones expresaron su repudio.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia es una de las instituciones que expresó su rechazo al homenaje al exlíder guerrillero. “Esto es lo que homenajea la UBA. Uno de los crímenes más resonantes del ERP que comandaba Santucho fue el secuestro y asesinato de Sallustro—10 de abril de 1972″, expresó la entidad en sus redes sociales.
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POLITICA
La Cancillería exigió frenar el proyecto Sea Lion a una semana de que el Tribunal del Mar emita su fallo – Nexofin

El canciller del Gobierno de Javier Milei, Pablo Quirno, volvió a exigir este domingo el cese de actividades relacionadas al proyecto Sea Lion, en las adyacencias marítimas de las Islas Malvinas, territorio reclamado por la República Argentina y gobernado de facto por Reino Unido.
Las declaraciones del jefe de la política exterior libertaria, vertidas en el programa La Noche de Mirtha este sábado a la noche, tienen lugar cuando falta una semana para que el Tribunal del Mar emita su fallo sobre el reclamo del Gobierno argentino.
Según Noticias Argentinas, el canciller reiteró que la demanda de Argentina ante dicho cuerpo judicial supranacional apunta a que se imponga un freno al proyecto que busca extraer petróleo de la plataforma marítima reclamada por el Estado sudamericano.
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Quirno fue contundente: “Estamos hoy ante la intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó en declaraciones a medios televisivos, según Ambito.com.
Además del cese de actividades de Sea Lion, Argentina también reclama ante el Tribunal del Mar que no tengan lugar futuros proyectos de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Norte de las Malvinas.
Complicaciones en Sea Lion
El proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, enfrenta complicaciones operativas luego de que dos contratistas desistieran de participar y un astillero de Singapur analizara cancelar trabajos vinculados con su principal buque de procesamiento de crudo.
Las dificultades se produjeron en el marco de las sanciones legales, regulatorias y diplomáticas impulsadas por el Gobierno argentino contra la exploración de hidrocarburos en el área disputada.
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La empresa británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos de sus contratistas abandonaron el proyecto ante el riesgo de posibles represalias judiciales y comerciales. En paralelo, el astillero Seatrium, con sede en Singapur, evalúa rescindir el contrato para remodelar el buque Aoka Mizu, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), necesaria para el procesamiento del petróleo.
El escenario se desarrolla a pocos días de una instancia clave: el 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, tiene previsto pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las perforaciones.
Desde la Cancillería sostuvieron que las sanciones comenzaron a generar consecuencias en las operaciones del consorcio. Como respaldo, señalaron que las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 1,2% en la Bolsa de Londres, mientras que los papeles de su socia israelí, Navitas Petroleum, retrocedieron un 6,59% en la Bolsa de Tel Aviv.
En paralelo, el Poder Ejecutivo impulsa en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a fortalecer el régimen de sanciones contra las empresas que participen en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en el Atlántico Sur. Sin embargo, el debate en la Cámara de Diputados no pudo avanzar durante la última semana por falta de quórum.
Pese a las dificultades operativas, Rockhopper sostuvo ante sus inversores que Navitas Petroleum mantiene la previsión de avanzar con Sea Lion hacia 2027, en una primera etapa denominada NDA 1, y que buscará reemplazar a los contratistas que se retiraron.
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POLITICA
La UBA, Santucho y un homenaje contra la democracia

Una facultad de la UBA ha decidido desafiar las reglas de la democracia.
Con el “homenaje institucional” que anuncia Ciencias Sociales al líder guerrillero Mario Roberto Santucho no solo se incurre en la provocación: se transgreden pactos tácitos de convivencia, se hace apología de la violencia política y se transmite a la sociedad un mensaje que genera perplejidad, pero también inquietud y temor.
Los hechos hablan por sí solos: el consejo directivo de esa facultad, presidido por la decana Ana Josefina Arias, declaró “de interés institucional” un homenaje al fundador y máximo líder del ERP. Consistirá en la inauguración de una escultura dedicada a él, que será emplazada en el patio “Indio Solari” de la propia unidad académica. Se reivindica, así, al responsable de crímenes y atentados escalofriantes que marcaron la historia argentina.
La organización liderada por Santucho ejecutó, por ejemplo, el secuestro y asesinato del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, en 1972; el ataque a la guarnición militar de Azul, durante el último gobierno constitucional de Perón, o el asalto al batallón de Monte Chingolo, en diciembre del 75. Más de cincuenta años después, cuando la Argentina parecía haber superado aquella historia trágica, aparece una reivindicación institucional de esa maquinaria criminal nada menos que en el seno de la Universidad de Buenos Aires.
Para el homenaje se elige una fecha cargada de simbolismo: el 10 de diciembre, día de la restauración de la democracia en nuestro país. Podría parecer solo una ironía macabra, pero encierra un mensaje: hay un sector de la política que, en el día de la democracia, rinde homenaje a alguien que la despreciaba, y además la combatía. No es un sector inorgánico y marginal: maneja resortes institucionales, un presupuesto del Estado y un poder administrativo para avalar y consagrar audacias de esta naturaleza.
El hecho plantea una prueba para la universidad en su conjunto. El rectorado de la UBA, el consejo superior, la comunidad académica en general e incluso el Consejo Interuniversitario Nacional, ¿avalarán en silencio o reivindicarán las reglas de la convivencia democrática? Tal vez sea necesario recordar lo obvio: defender la universidad pública es defender los valores del pluralismo y el Estado de derecho. ¿Se consentirá con indiferencia un acto que desafía esos principios elementales? Las primeras reacciones justifican la preocupación. Parece imponerse el mutismo, como si se esperara que el ruido se diluya en medio de una agenda pública siempre agitada y cambiante.
Por supuesto que una universidad es un mosaico de contrastes, y es muy sano que albergue ideas y posiciones antagónicas. La libertad de cátedra es un pilar fundamental, y habilita el debate y el estudio de las figuras y los movimientos históricos controvertidos, incluso los más tenebrosos, hasta desde posiciones que puedan ser condescendientes o expresar simpatías discutibles. Pero hay un límite ético y jurídico que no se puede transgredir: el de la apología y la reivindicación de la violencia. Un líder guerrillero puede ser objeto de estudio y de debate, pero no de homenaje ni de “canonización” institucional. El terrorismo de Estado -que tiene siempre una implicancia más peligrosa- no habilita, en ningún caso, a convertir en “héroes” a los partícipes de organizaciones guerrilleras, como estableció, en su momento, el consenso democrático de Alfonsín.
En un momento de efervescencia y debate sobre el sistema universitario, la decisión del consejo directivo de Ciencias Sociales plantea una oportunidad y una prueba. ¿Se defenderán los principios de una universidad plural y democrática o se avalará una concepción sectaria e ideologizada que concibe a las instituciones académicas como vehículos de militancia facciosa?
El episodio conecta con otros interrogantes: ¿Qué propone la universidad a la sociedad? ¿debates estimulantes e ideas innovadoras o visiones anacrónicas, en blanco y negro, con reivindicaciones dogmáticas de ideologías perimidas? ¿propicia el estudio crítico de nuestra propia historia o una exaltación panfletaria de ciertas corrientes ideológicas? ¿Todas sus cátedras son espacios de amplitud y diversidad o algunas se han convertido en trincheras de activismo y propaganda política?
Puede decirse, con razón, que Ciencias Sociales no representa al conjunto de la UBA, donde también germinan otras ideas y visiones. Pero ahí está “el test del silencio”. Se verá cuánto rechazo o cuánta aceptación tácita genera este “monumento a la violencia política”.
El hecho tal vez deba ser encuadrado en un contexto más amplio. Se enmarca en una Argentina donde los extremos se reivindican y se celebran a sí mismos. Se exaltan las posiciones radicalizadas, se desprecia el valor de la moderación, se estigmatiza “la tibieza” como una especie de debilidad moral. Es una atmósfera en la que las posiciones ultra, de izquierda o de derecha, se sienten habilitadas y hasta pierden los frenos inhibitorios.
El kirchnerismo inauguró, en sus años de apogeo, la romantización del setentismo. Estableció un lenguaje reivindicativo de “la juventud maravillosa” y propició una manipulación histórica que reabrió heridas y alentó los revanchismos. Eso no se disipó en el aire: se enquistó en estamentos institucionales y cooptó muchos espacios universitarios, convertidos en resortes de activismo militante, no ya de un partido sino de una facción. Aquel proceso político está en la base del homenaje a Santucho, pero quizá también incida la polarización de estos días, donde los fanatismos, la violencia verbal y la radicalización están “en temporada alta”.
Hay un amplio sector de la sociedad que mira con una mezcla de inquietud y estupor. Ve la violencia verbal, la polarización extrema, el resurgimiento de viejos antagonismos y, ahora, la agitación de un fantasma que representa la guerrilla armada. ¿Son solo fuegos de artificio o representan un peligro de retroceso democrático? La respuesta dependerá de cómo reaccionen las instituciones.
Luciano Román,LA NACION,Política
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