El cruce entre Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, y Coscu (Martín Pérez Disalvo), streamer y figura digital, se ubicó en el centro de la conversación pública en Argentina.

La discusión surgió a partir de la viralización de un recorte televisivo que mostró a una jubilada relatando sus dificultades para cubrir gastos básicos, lo que generó una ola de reacciones y polémica en redes sociales.

La respuesta de Galperin, quien utilizó un emoji de carita sonriente, desencadenó cuestionamientos y críticas, principalmente por parte de Coscu, que lo acusó de burlarse de la situación de la mujer. El empresario tiene una fortuna personal de más de USD 7.500 millones y es el segundo argentino más rico, según Forbes.

El video que circuló por redes sociales fue emitido originalmente por Todo Noticias, donde una mujer mayor contó en cámara que no podía afrontar los gastos mensuales con su haber jubilatorio. La entrevistada explicó que el precio de los medicamentos la afectaba de manera directa y que necesitaba la ayuda de sus hijos para sostenerse. Además, aclaró que nunca tuvo empleo formal porque se dedicó a las tareas del hogar.

El recorte se difundió en la cuenta de X (ex Twitter) de Mati Smith (@Trumperizar), con el texto:

“- Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación 😡 + ¿Y de qué trabajaste???

Kukismo en estado puro”

El video, acompañado por la frase “Haberlos dejado feriado”, sumó miles de visualizaciones en pocas horas.

Sobre este tuit, Galperin respondió el 3 de mayo con un emoji de “carita sonriente” (😂). El gesto, simple en su forma, cobró dimensión al ser interpretado por una parte significativa de los usuarios como una burla hacia la mujer que protagonizaba el video. Esta reacción de Galperin acumuló miles de interacciones y se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

En ese contexto, Coscu decidió manifestarse con un tuit dirigido a Galperin: “Pero como siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? Eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa…”

La intervención de Coscu reflejó el tono de indignación que predominó en buena parte de los comentarios, y aportó una perspectiva sobre la situación histórica y social de las amas de casa que durante años realizaron tareas no remuneradas. Su mensaje obtuvo un alto nivel de repercusión, con más de 29 mil “me gusta” y cientos de respuestas en la plataforma.

La discusión continuó cuando Coscu publicó un segundo mensaje, esta vez citando el tuit original de Galperin. “Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuérdense de este ejemplo: La persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada que no le alcanza para los remedios”

Este segundo tuit profundizó el debate y fortaleció la posición crítica hacia Galperin, quien no realizó declaraciones adicionales ni respondió públicamente a los cuestionamientos. El intercambio puso en evidencia la sensibilidad social respecto al trato y reconocimiento de los adultos mayores, especialmente en un contexto de crisis económica y pérdida del poder adquisitivo.

La situación de la jubilada, cuyo testimonio originó la controversia, funcionó como catalizador para que distintas voces manifestaran preocupación por las condiciones de vida de este sector. El episodio evidenció también cómo una reacción en redes sociales puede escalar rápidamente y convertirse en un tema de impacto mediático, involucrando a figuras de alto perfil y generando tendencia en plataformas digitales.

El cruce entre Galperin y Coscu no sólo expuso posturas individuales, sino que reflejó la tensión social vinculada a la distribución de la riqueza, el valor del trabajo doméstico y el rol de las figuras públicas en la esfera digital. Los usuarios, a través de miles de comentarios, alimentaron el debate sobre el costo de vida y la desigualdad, señalando la responsabilidad de quienes ostentan visibilidad y poder económico.

El episodio se instaló en la agenda pública, con repercusiones que trascendieron las redes y alcanzaron a medios y espacios de debate político y social. La viralización del video y las respuestas de ambos protagonistas generaron un efecto multiplicador, permitiendo que la discusión sobre la situación de los jubilados y el rol de los empresarios y referentes digitales se mantuviera en el centro de la escena.

La secuencia de tuits y respuestas ilustró la manera en que la interacción digital puede amplificar debates que atraviesan a la sociedad argentina, en particular en momentos de incertidumbre económica. Durante las horas posteriores, la polémica se mantuvo vigente en X, con nuevas intervenciones de usuarios, periodistas y otros actores públicos que sumaron su opinión sobre lo ocurrido.

El episodio entre Galperin y Coscu se sumó a una serie de discusiones recientes donde la reacción de figuras reconocidas en redes sociales tuvo consecuencias inmediatas en la conversación pública, reafirmando la capacidad de estos intercambios para instalar temas y generar repercusión más allá del universo digital.

El Banco Central volvió a intervenir con saldo positivo en el mercado cambiario y profundizó su estrategia de acumulación de reservas. Este lunes compró u$s71 millones y ya suma más de u$s7.200 millones en lo que va de 2026, superando el 70% de la meta fijada para todo el año.

De esta manera, la autoridad monetaria encadenó 79 jornadas consecutivas con resultado comprador, en un esquema que combina intervenciones directas con acuerdos con empresas y organismos del sector público para reforzar la oferta de divisas.

El Banco Central registra compras récord: la meta en la mira

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA acumuló compras por u$s7.226 millones, lo que equivale a más del 72% del objetivo anual. Solo en abril, las adquisiciones alcanzaron u$s2.769 millones, convirtiéndose en el mejor mes del año.

Sin embargo, el impacto sobre las reservas fue más moderado durante el primer trimestre debido a los pagos de deuda del Tesoro, que utilizó dólares comprados al propio Banco Central, lo que limitó la acumulación neta.

Las proyecciones oficiales estiman que el saldo final de compras en 2026 se ubicará entre u$s10.000 y u$s17.000 millones, dependiendo del ingreso de divisas y la demanda de pesos en la economía.

Reservas: se sostiene la estrategia y superan los u$s45.000 millones

Para mantener el ritmo de compras, el Banco Central viene emitiendo pesos sin recurrir a mecanismos tradicionales de absorción de liquidez. En paralelo, el Tesoro coloca deuda en moneda local para retirar excedentes del mercado y evitar presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Este esquema busca sostener la estabilidad cambiaria sin frenar la acumulación de reservas, en un contexto donde el flujo de dólares resulta clave para consolidar el programa económico.

Al cierre de la última jornada, las reservas internacionales se ubicaron en u$s45.683 millones, tras un fuerte incremento diario de u$s1.200 millones.

Este salto respondió a movimientos técnicos habituales de fin de mes, cuando los bancos retiran depósitos en dólares del Banco Central y los reingresan en los primeros días hábiles siguientes.

El nivel más alto de reservas bajo la actual gestión se registró en febrero, cuando alcanzaron los u$s46.905 millones, el mayor stock desde 2018. La posterior caída se explicó por pagos de deuda y la volatilidad internacional que afectó activos como el oro y los bonos.

Más dólares en camino

Hacia adelante, el Gobierno apuesta a reforzar la acumulación de reservas con la liquidación de la cosecha gruesa, que suele incrementar la oferta de divisas en el segundo trimestre.

A esto se sumará el ingreso de fondos provenientes de emisiones de deuda corporativa en el exterior, que podrían aportar más de u$s3.200 millones en las próximas semanas.

Subió el dólar en todos los segmentos

En el mercado cambiario, el dólar mayorista subió $11,50 (0,8%) y cerró en $1.402,50, en una jornada con un volumen operado de u$s632 millones, impulsado por una mayor liquidación de exportadores.

La suba reflejó una demanda sostenida, vinculada tanto a la dolarización de ahorristas tras el cobro de salarios como a la propia intervención del Banco Central.

En este contexto, el tipo de cambio oficial se mantiene todavía 23% por debajo del techo de la banda cambiaria, fijado en $1.710,59.

En línea con el mayorista, el dólar minorista avanzó $15 (1,1%) hasta los $1.425 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió $5 (0,4%) y cerró en $1.405.

Con este escenario, el Banco Central avanza con rapidez en el cumplimiento de su meta de acumulación de reservas, apoyado en un mayor flujo de divisas y una estrategia coordinada con el Tesoro para evitar tensiones cambiarias.

En medio de una agenda económica marcada por reformas estructurales y un mercado laboral tensionado por altos niveles de informalidad, un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 comienza a ganar relevancia, aunque todavía sin el protagonismo mediático de otros instrumentos: el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER).

Mientras gran parte del debate público se concentra en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a promover nuevas contrataciones, el PER propone un enfoque distinto y complementario: ordenar el pasado. En términos prácticos, funciona como un mecanismo de «sinceramiento» que busca regularizar relaciones laborales ya existentes, muchas de ellas atravesadas por la informalidad o por registraciones incompletas.

La apuesta oficial es clara: reducir la litigiosidad, ampliar la base contributiva y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio concreto a las empresas que arrastran pasivos laborales difíciles de afrontar en el contexto actual.

Regularizar el pasado: el eje central del PER

El régimen permite a empleadores del sector privado declarar y formalizar vínculos laborales iniciados con anterioridad a la promulgación de la ley. Esto incluye tanto a trabajadores completamente no registrados como a aquellos que se encuentran parcialmente declarados -por ejemplo, con jornadas o salarios inferiores a los reales-.

Se trata de una herramienta de amplio alcance que reconoce una realidad extendida en la economía argentina: la informalidad no es un fenómeno marginal, sino estructural. En ese contexto, el PER intenta generar un puente entre la economía informal y el sistema formal, sin recurrir exclusivamente a sanciones, sino ofreciendo incentivos concretos.

Condonación de deudas y alivio financiero

Uno de los pilares del régimen es el tratamiento de la deuda previsional. La normativa establece una condonación que no podrá ser inferior al 70% del total adeudado por aportes y contribuciones, incluyendo capital e intereses.

Este beneficio alcanza a múltiples subsistemas de la seguridad social, entre ellos:

• El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
• El PAMI
• El Fondo Nacional de Empleo
• El régimen de asignaciones familiares

Para el saldo restante -que no superará el 30%-, el esquema prevé condiciones de pago altamente favorables: planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas el 5%.

Además, se contempla un incentivo adicional para quienes puedan cancelar de contado, con descuentos de hasta el 10% sobre la deuda consolidada.

En un escenario de alta inflación y restricciones financieras, estas condiciones buscan otorgar previsibilidad y viabilidad económica a las empresas, especialmente a las MiPyMEs, que concentran la mayor parte del empleo en el país.

Fin de sanciones y alivio judicial

El PER también introduce beneficios de fuerte impacto en el plano legal. La adhesión al régimen implica la extinción de la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario vinculada a la falta de registración laboral.

A esto se suma la condonación total de multas, infracciones y sanciones administrativas pendientes, siempre que se encuentren impagas al momento de la adhesión.

Otro aspecto clave es la posibilidad de salir del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una base que en la práctica limita severamente la operatoria de las empresas, al impedirles acceder a financiamiento, beneficios estatales o contratos con el sector público.

Asimismo, el régimen permite incluir deudas que se encuentren en discusión judicial o administrativa. Para acceder a este beneficio, el empleador deberá desistir de las acciones legales en curso y asumir las costas del proceso.

Impacto en los trabajadores: reconocimiento de aportes

A diferencia de otros procesos de regularización, el PER incorpora un componente relevante para los trabajadores: el reconocimiento retroactivo de aportes previsionales.

El esquema permite computar hasta 60 meses de servicios con aportes -equivalentes a cinco años- para los trabajadores regularizados. Este reconocimiento se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si esta fuera mayor.

El impacto no es menor: esos períodos serán válidos para acceder a la jubilación, así como a pensiones por invalidez o fallecimiento, y a prestaciones por desempleo.

Si bien la normativa aclara que estos aportes no incidirán en todos los componentes del haber previsional, el hecho de recuperar años de aportes perdidos representa una mejora sustancial para trabajadores históricamente excluidos del sistema.

Seguridad jurídica y garantías para la adhesión

Uno de los puntos críticos en este tipo de regímenes es la confianza del sector privado. En ese sentido, el PER incorpora una cláusula de «blindaje» que busca garantizar seguridad jurídica: los organismos fiscales no podrán realizar determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones sobre los períodos regularizados.

Esta previsión apunta a evitar que el blanqueo se convierta en una puerta de entrada a futuras fiscalizaciones o conflictos, una de las principales preocupaciones empresarias.

La implementación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el régimen sin introducir restricciones arbitrarias que limiten el acceso.

Un plazo limitado y una oportunidad estratégica

El régimen no estará disponible de manera indefinida. Las empresas tendrán un plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación para adherirse.

Este límite temporal introduce un factor de urgencia que podría acelerar decisiones empresarias, especialmente en un contexto donde la informalidad representa un riesgo creciente en términos legales y financieros.

Una herramienta clave para ordenar el mercado laboral

En perspectiva, el PER se posiciona como una de las herramientas más ambiciosas para abordar la informalidad en Argentina desde un enfoque pragmático.

Lejos de centrarse exclusivamente en sanciones, el régimen combina incentivos económicos, alivio fiscal y reconocimiento de derechos laborales, con el objetivo de generar un cambio estructural en la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

El desafío, sin embargo, no será menor. El éxito del programa dependerá de la capacidad del Gobierno para generar confianza, de la rapidez en la reglamentación y, sobre todo, de la decisión del sector privado de abandonar la informalidad.

En un mercado laboral fragmentado y con alta litigiosidad, el PER aparece como una apuesta de equilibrio: un intento de cerrar heridas del pasado para construir un escenario más previsible hacia el futuro.