En medio de una agenda económica marcada por reformas estructurales y un mercado laboral tensionado por altos niveles de informalidad, un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 comienza a ganar relevancia, aunque todavía sin el protagonismo mediático de otros instrumentos: el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER).

Mientras gran parte del debate público se concentra en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado a promover nuevas contrataciones, el PER propone un enfoque distinto y complementario: ordenar el pasado. En términos prácticos, funciona como un mecanismo de «sinceramiento» que busca regularizar relaciones laborales ya existentes, muchas de ellas atravesadas por la informalidad o por registraciones incompletas.

La apuesta oficial es clara: reducir la litigiosidad, ampliar la base contributiva y, al mismo tiempo, ofrecer un alivio concreto a las empresas que arrastran pasivos laborales difíciles de afrontar en el contexto actual.

Regularizar el pasado: el eje central del PER

El régimen permite a empleadores del sector privado declarar y formalizar vínculos laborales iniciados con anterioridad a la promulgación de la ley. Esto incluye tanto a trabajadores completamente no registrados como a aquellos que se encuentran parcialmente declarados -por ejemplo, con jornadas o salarios inferiores a los reales-.

Se trata de una herramienta de amplio alcance que reconoce una realidad extendida en la economía argentina: la informalidad no es un fenómeno marginal, sino estructural. En ese contexto, el PER intenta generar un puente entre la economía informal y el sistema formal, sin recurrir exclusivamente a sanciones, sino ofreciendo incentivos concretos.

Condonación de deudas y alivio financiero

Uno de los pilares del régimen es el tratamiento de la deuda previsional. La normativa establece una condonación que no podrá ser inferior al 70% del total adeudado por aportes y contribuciones, incluyendo capital e intereses.

Este beneficio alcanza a múltiples subsistemas de la seguridad social, entre ellos:

• El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
• El PAMI
• El Fondo Nacional de Empleo
• El régimen de asignaciones familiares

Para el saldo restante -que no superará el 30%-, el esquema prevé condiciones de pago altamente favorables: planes de hasta 72 cuotas, con una tasa nominal anual máxima del 12% y un anticipo inicial de apenas el 5%.

Además, se contempla un incentivo adicional para quienes puedan cancelar de contado, con descuentos de hasta el 10% sobre la deuda consolidada.

En un escenario de alta inflación y restricciones financieras, estas condiciones buscan otorgar previsibilidad y viabilidad económica a las empresas, especialmente a las MiPyMEs, que concentran la mayor parte del empleo en el país.

Fin de sanciones y alivio judicial

El PER también introduce beneficios de fuerte impacto en el plano legal. La adhesión al régimen implica la extinción de la acción penal prevista en el Régimen Penal Tributario vinculada a la falta de registración laboral.

A esto se suma la condonación total de multas, infracciones y sanciones administrativas pendientes, siempre que se encuentren impagas al momento de la adhesión.

Otro aspecto clave es la posibilidad de salir del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), una base que en la práctica limita severamente la operatoria de las empresas, al impedirles acceder a financiamiento, beneficios estatales o contratos con el sector público.

Asimismo, el régimen permite incluir deudas que se encuentren en discusión judicial o administrativa. Para acceder a este beneficio, el empleador deberá desistir de las acciones legales en curso y asumir las costas del proceso.

Impacto en los trabajadores: reconocimiento de aportes

A diferencia de otros procesos de regularización, el PER incorpora un componente relevante para los trabajadores: el reconocimiento retroactivo de aportes previsionales.

El esquema permite computar hasta 60 meses de servicios con aportes -equivalentes a cinco años- para los trabajadores regularizados. Este reconocimiento se calcula sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil o sobre la remuneración declarada, si esta fuera mayor.

El impacto no es menor: esos períodos serán válidos para acceder a la jubilación, así como a pensiones por invalidez o fallecimiento, y a prestaciones por desempleo.

Si bien la normativa aclara que estos aportes no incidirán en todos los componentes del haber previsional, el hecho de recuperar años de aportes perdidos representa una mejora sustancial para trabajadores históricamente excluidos del sistema.

Seguridad jurídica y garantías para la adhesión

Uno de los puntos críticos en este tipo de regímenes es la confianza del sector privado. En ese sentido, el PER incorpora una cláusula de «blindaje» que busca garantizar seguridad jurídica: los organismos fiscales no podrán realizar determinaciones de deuda, ajustes ni sanciones sobre los períodos regularizados.

Esta previsión apunta a evitar que el blanqueo se convierta en una puerta de entrada a futuras fiscalizaciones o conflictos, una de las principales preocupaciones empresarias.

La implementación estará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que deberá reglamentar el régimen sin introducir restricciones arbitrarias que limiten el acceso.

Un plazo limitado y una oportunidad estratégica

El régimen no estará disponible de manera indefinida. Las empresas tendrán un plazo de 180 días corridos desde la entrada en vigencia de la reglamentación para adherirse.

Este límite temporal introduce un factor de urgencia que podría acelerar decisiones empresarias, especialmente en un contexto donde la informalidad representa un riesgo creciente en términos legales y financieros.

Una herramienta clave para ordenar el mercado laboral

En perspectiva, el PER se posiciona como una de las herramientas más ambiciosas para abordar la informalidad en Argentina desde un enfoque pragmático.

Lejos de centrarse exclusivamente en sanciones, el régimen combina incentivos económicos, alivio fiscal y reconocimiento de derechos laborales, con el objetivo de generar un cambio estructural en la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

El desafío, sin embargo, no será menor. El éxito del programa dependerá de la capacidad del Gobierno para generar confianza, de la rapidez en la reglamentación y, sobre todo, de la decisión del sector privado de abandonar la informalidad.

En un mercado laboral fragmentado y con alta litigiosidad, el PER aparece como una apuesta de equilibrio: un intento de cerrar heridas del pasado para construir un escenario más previsible hacia el futuro.